Nicolás Maduro dictando y firmando decenas de leyes, escoltado de cerca
por un guardaespaldas en el Palacio de Miraflores el 19NOV14. Foto:
@teresamaniglia
Un salto adelante hacia el control absoluto del
Estado lanzó el régimen venezolano mediante un paquete de leyes dictadas por
Nicolás Maduro. Varias decenas de leyes confirman la alianza del chavismo con
la élite militar, ratifica su esquema de economía estatista en procura de
capital extranjero al estilo cubano, y deja en evidencia el desespero oficial
por aumentar sus ingresos a cuenta de los bolsillos privados.
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La noche del 19NOV14, en el salón Simón Bolívar del
Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro reunió a los altos jerarcas del régimen,
ministros, parlamentarios y jefes de los poderes públicos nacionales. Como era
de esperarse, no había presencia de representantes de fuerzas políticas
distintas del oficialismo. Sin embargo, a pocos metros del mandatario fue
colocado uno de los espalderos presidenciales, quien dirigía su mirada a los
asistentes al acto que era televisado en vivo. Durante el evento, Maduro firmó
decenas de leyes, parte de un paquete de normas legales redactadas por el
Gobierno y dictadas por el mandatario, sin trámite legislativo, en razón de una
“ley habilitante” que le fuera aprobada por la mayoría parlamentaria chavista
el 19NOV13. Si bien esa “ley habilitante” fue aprobada para dictar leyes
“contra la corrupción y la guerra económica desatada contra la Patria”, el
instrumento ha sido utilizado por Maduro para crear una estructura legal que
deja sin poder las instancias de gobierno estadal y municipal, refuerza las
instancias comunales controladas por el gobierno, crea una estructura de
espionaje interno y reorienta el aparato militar.
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Durante el mes de noviembre, a pocos días de
finalizar la vigencia de la “ley habilitante”, Maduro dictó más de medio
centenar de leyes. La mayoría de ellas, pasada casi una semana, aún no habían
sido publicadas y, por lo tanto su contenido era desconocido para la población.
La legislación dictada por Maduro impacta sobre toda la vida de la sociedad
venezolana y su contenido nunca fue objeto de divulgación y debate, ni siquiera
entre altos cuadros del régimen.
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Mediante la ley denominada de “Seguridad de la
Nación”, Maduro crea una nueva policía política con el sigloide SP3. Será el
“centro integrado para procesar esa información que se obtendrá de esa
inteligencia en conjunto con agentes especializados”, explicó la almirante Carmen Meléndez, Ministra de
Relaciones Interiores. Se trata de un “sistema” que estará bajo la jefatura de
un “comandante” y un “estado mayor”, que conectará a los grupos de base
controlados por el chavismo (comunas, consejos comunales, “movimientos
sociales”, etc.) con los diversos organismos militares y policiales (desde el
Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Presidencial o la policía política
Sebin). En la práctica es un esquema de espionaje interno a manos de los
cuadros políticos del régimen. Confirmando la ausencia de independencia de los
poderes públicos en Venezuela, la ley dictada por Maduro incluye incluso al
Consejo Nacional Electoral como parte de este “sistema” de control policial. El
SP3 contará con su propia instancia operativa que actuará como “centro
integrado de procesamiento de información”. Las connotaciones políticas de esta
instancia policial fueron debidamente resaltadas por Maduro y Meléndez. El SP3 derrotará la "amenaza
paramilitar que se ha metido por culpa de la derecha en nuestro país",
afirmó Maduro el 19NOV14. Su ministra confirmó que el sistema busca hacer
frente a eventos como las protestas registradas en Venezuela a principios del
año 2014, las cuales durante una entrevista televisada el 20NOV14 en el canal
VTV, Meléndez calificó como “terroristas”.
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En copia del funcionamiento del gobierno cubano, Maduro
reformó la Ley de la Administración Pública para crear las “Vicepresidencias
sectoriales”, figura no contemplada en la Constitución vigente.
A los efectos del “socialismo
territorial”, el país queda dividido en regiones de desarrollo integral, zonas
de desarrollo estratégico, distritos motores, zonas económicas especiales,
zonas de conocimiento productivo. El Presidente podrá crear otras “figuras
organizativas” y ordenar regímenes tributarios especiales para atraer
inversiones. Maduro dictó igualmente una ley de inversiones extranjeras que
junto a las zonas especiales de desarrollo, son remedos de las actuales recetas
del régimen cubano.
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Las nuevas divisiones
territoriales creadas por Maduro se sobreponen sobre estados y municipios,
restándole la capacidad de gestión a esas instancias.
Los gobiernos municipales pierden
su autoridad en materia de servicios urbanos, es decir, su razón de ser. La ley
sobre “Desarrollo
Socio-productivo de la Patria”, alegando “el derecho a la ciudad consagrado en
la construcción del socialismo” establece que el
equipamiento y los servicios urbanos pasan a manos del Gobierno nacional. Los
gobernadores y alcaldes (electos popularmente…) “podrán elaborar planes de
equipamiento urbano” pero su ejecución dependerá de la aprobación de un
ministerio. Incluso las decisiones sobre uso del suelo, materia típicamente
municipal, fue tomada por Maduro y entregada a las funciones de un ministerio.
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La Ley para “gestión comunitaria”, parte del
paquete de leyes de Maduro, amplia la transferencia de recursos en detrimento
de las instancias municipales y a favor del “Poder Popular” (inexistente en la
Constitución) y que está formado por la red de comunas, consejos comunales y “empresas sociales” controladas
por el chavismo a través del Ministerio de las Comunas encabezado por Elias
Jaua.
En medio de los preparativos para los comicios
legislativos del año 2015, el régimen chavista ha definido el “poder popular”
reconocido y financiado por el Estado, como una de las llaves operativas para
su campaña. Mediante la Ley de financiamiento a “las organizaciones de base del
Poder Popular”, Maduro dispone un mecanismo para financiar “emprendedores” de
los consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social, unidades
productivas familiares y “sistemas de trueque” (sic!!!). Los recursos
estatales, supuestamente reembolsables, serán drenados por el “Banco del Pueblo
Soberano” y por el “Fondo de Desarrollo Microfinanciero” (bajo control de Jaua)
y podrán ser destinados a una extensa gama de objetivos: formación para el
trabajo, compra de vehículos, capital de trabajo, salud comunal o
“esparcimiento y recreación”.
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Las
nuevas leyes amplían los ya masivos controles sobre la actividad económica
privada. La ley del “Sistema
Nacional Integral Agroalimentario” consagra el sistema de controles y permisos para la
movilización de insumos y productos en toda la cadena, incluyendo el mercadeo
al detal. Esa ley crea además un “sistema de registro integral de
“procesos, actores y sectores” del sector agrícola. Una ley con apariencias de promover la libre
competencia económica también fue dictada por Maduro, bajo el título de Ley
Antimonopolio. La ley no será aplicada a las empresas del gobierno o aquellas
que pertenezcan al “poder popular”. La ley prohíbe prácticas que limiten la
“competencia económica”, pero igualmente aquellas que afecten la
“democratización” en la producción. La confiscación, sin proceso de defensa del
acusado, fue establecida en la “Ley de
Precios Justos” en casos de “contrabando de extracción”.
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Las leyes Maduro incluyen la creación de decenas de
nuevos organismos burocráticos, muchos de los cuales no reemplazan a los
preexistentes sino que se suman a la larga lista de entidades oficiales. Una
breve lista de los nuevos organismos: Sistema Popular de
Protección de la Paz (SP3), Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Policía
Nacional Anticorrupción, Coordinación General Nacional de Misión Agrovenezuela,
Superintendencia Antimonopolio, consejos
de gestión para cada zona de desarrollo estratégico, Consejo de Planificación
Comunal, brigadas mineras, Fondo social
para la minería, entre otros.
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Con un inocultable sentido
fiscalista, pero con un impacto directo en la capacidad de movilización de la
población, Maduro decidió encarecer la emisión de pasaportes, quitándoles su
condición de documento de identidad y calificándolo como “documento de viaje”.
La tarifa para la emisión del pasaporte subió de US$141 a US$231 (equivalencia
en tasa oficial de cambio). La búsqueda
de más ingresos no se olvidó de pechar agresivamente bienes negativos: el
impuesto a la manufactura de cigarrillos y otros de tabaco fue incrementada a
70% y exigen a los fabricantes el pago del tributo antes de poner en
circulación el producto. La tasa de impuesto a los licores subió de 20% a 50%.
Con las universidades privadas en la mira, Maduro dictó una reforma tributaria
que elimina las exoneraciones que beneficiaban a fundaciones privadas.
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La legislación militar también fue
objeto de cambios por las leyes dictadas por Maduro. Sobre el tema nos
enfocaremos en el próximo Informe Otálvora.
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