Informe Otálvora del 14 de diciembre de 2024
El 13SEP19 el magistrado Clarence Thomas toma juramento a Christopher
Thomas Landau como embajador de EEUU en
México. Foto: Departamento de Estado.
La renovación de un acuerdo administrativo de cooperación
militar entre EEUU y Trinidad y Tobago y un titular escandaloso de un medio
trinitario desataron una ola de rumores sobre una supuesta movilización de
tropas estadounidenses “en caso de un conflicto en Venezuela”.
El 10DIC24 el almirante Alvin Holsey, quien asumió la
jefatura del Comando Sur de EEUU el 07NOV24, realizó su primer compromiso
internacional con una visita a Puerto España para participar en la anual Conferencia
de Seguridad de las Naciones del Caribe. La presencia de Holsey fue ocasión
para la firma de cinco documentos bilaterales entre EEUU y Trinidad y Tobago.
Uno de ellos fue la versión actualizada del acuerdo de estatus de fuerza, “Status
of Forces” SOFA, un usual instrumento que norma los derechos de personal
militar en caso de ser estacionado en el país anfitrión. Asuntos como validez
de licencias de conducir o de documentos de identidad, exoneración de porte de
pasaporte o mecanismos para procesamiento de eventuales delitos son temas
típicos de un SOFA. Desde 2007 existe un SOFA entre EEUU y T&T y la
anterior versión prorrogada en 2022 expiraba el 01ENE25. Un SOFA no autoriza por
sí mismo el ingreso de tropas extranjeras a un país y sólo regula su eventual
presencia.
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El medio trinitario Newsday tituló el 11DIC24: “EEUU puede
enviar tropas a T&T: gobierno firma acuerdo mientras la Casa Blanca aumenta
presión sobre Maduro”. La versión de Newsday sobre la inminente llegada de
tropas estadounidenses a T&T fue publicada por numerosos medios y agencias
sin evaluar el alcance de la interpretación del medio trinitario. El 12DIC24 el
primer ministro trinitario, Keith Rowley, negó haber firmado un acuerdo
autorizando el ingreso de tropas de EEUU en caso de un conflicto en Venezuela. “Esto
no es una broma. Prometer que se enviarán tropas a tu territorio cuando hay
problemas en otro territorio es un asunto de gran importancia en los asuntos
internacionales.”, dijo Rowley citado por Trinidad Express.
El gobierno de Rowley mantiene estrechos contactos con el
régimen chavista para la explotación del yacimiento costa afuera de gas
venezolano “Campo Dragón”. El proyecto que sería desarrollado por la petrolera
Shell ya cuenta con una licencia del Departamento del Tesoro de EEUU.
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El régimen chavista ha ignorado los pedidos del gobierno de su
otrora aliado Lula da Silva para la emisión de salvoconductos que permitan la
salida de Venezuela de seis opositores asilados en la residencia diplomática
argentina en Caracas. La versión fue confirmada oficialmente el 11DIC24 por el
embajador Benoni Belli quien ejerce como representante permanente de Brasil en
la OEA.
Tras la expulsión de los diplomáticos argentinos de
Venezuela el 29JUL24, el gobierno de Brasil a pedido de Argentina y con el
beneplácito de la cancillería de Maduro asumió el 05AGO24 la representación argentina
en Venezuela así como la custodia de las edificaciones diplomáticas y sus
archivos. Eso significó que Brasil asumió la custodia de la residencia del
embajador argentino donde permanecen seis opositores perseguidos por el régimen
y a los cuales Argentina le concedió la condición de asilados. La dictadura se
niega a otorgar los salvoconductos necesarios para que los asilados abandonen
el país.
El 06SEP24 la cancillería chavista remitió a la embajada
brasileña en Caracas una nota verbal informándole que revocaba el
consentimiento para que Brasil representara los intereses argentinos. Ese mismo
día, también mediante nota verbal, la embajada brasileña informó a la
cancillería chavista que en razón de los tratados internacionales que norman la
materia, Brasil seguiría representando a Argentina y custodiando sus
edificaciones hasta que un tercer país asumiera tan responsabilidad. Desde
entonces el régimen mantiene una prohibición para que diplomáticos brasileños
ingresen a las edificaciones argentinas en Caracas.
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El Consejo Permanente de la OEA fue convocado para una
sesión especial el 11DIC24 a solicitud de los representantes de Argentina,
Canadá, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay con el objeto de recibir al ministro de exteriores
argentino, Gerardo Werthein, quien informaría sobre la “situación de los
asilados venezolanos en la residencia oficial de la embajada de Argentina en
Caracas”. Aparte de las intervenciones de diversos gobiernos en rechazo a la
conducta de la dictadura venezolana, durante la sesión se produjo la
intervención del representante brasileño quien de esta manera rompía el
silencio mantenido por el gobierno de Lula da Silva sobre lo que ocurre en
relación a la sede diplomática argentina en Caracas que teóricamente está bajo
protección brasileña.
El embajador Benoni Belli en un intervención leída,
probablemente redactada en Brasilia, calificó como un “impasse diplomático” la
decisión del gobierno chavista de no aceptar que Brasil continue representando
a Argentina y aclaró que su país está actuando sobre una “base jurídica
sólida”. Sobre los salvoconductos para
los asilados, Belli informó que su gobierno “viene actuando para viabilizar la
concesión de salvoconductos para asilados. El tema viene siendo objeto de
tratamiento a alto nivel involucrando a las autoridades venezolanas”. Belli
aseguró que el asunto de los salvoconductos fue expuesto por el canciller
brasileño Mauro Viera a “su homólogo venezolano”, dejando en evidencia que el
régimen decidió no atender la solicitud del gobierno de Lula da Silva.
Ante los temores de un ingreso de tropas del régimen a la
misión argentina en Caracas, Brasil habría reiterado en todas sus
conversaciones con los funcionarios chavistas de alto nivel “la importancia”
del articulo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que
sostiene la “inviolabilidad” de los locales diplomáticos. A juicio de Brasil
“el eventual incumplimiento” de estas normas “implicaría una violación grave
del derecho internacional”. Ante la posición brasileña, los funcionarios
chavistas has dado como respuesta sólo “manifestaciones informales” en las
cuales han dicho que “la inviolabilidad del inmueble será preservada”.
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Mientras en Washington los países miembros de la OEA
discutían sobre la situación, el régimen chavista mantenía un virtual sitio a
la sede diplomática argentina impidiendo el ingreso de suministros y de
personal de apoyo. En un comunicado emitido el 13DIC24 por la cancillería
argentina, denunció la detención de un empleado local de la embajada argentina
en Caracas. Se entiende como “empleado local” a una persona sin condición de
funcionario diplomático acreditado, usualmente de nacionalidad del país receptor,
quien cumple tareas de apoyo a la misión diplomática extranjera en tareas
administrativas, domésticas o de apoyo logístico. Tras la expulsión de sus
diplomáticos y como parte del acuerdo con Brasil, la cancillería argentina
decidió mantener el pago del personal local encargado de tareas en las
edificaciones diplomáticas. La detención de un “empleado local” fue calificado
por Argentina como parte de la “campaña sostenida de hostigamiento,
intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la
misión argentina”. La cancillería argentina denunció la presencia de
francotiradores apostados en edificaciones con acceso visual a la sede diplomática,
así como la ocupación por agentes del régimen de las viviendas que rodean la
sede argentina en Caracas.
Aparte, el aparato de espionaje del régimen chavista detuvo
a un ciudadano argentino que ingresó a Venezuela por la frontera terrestre con
Colombia para visitar a su familia que reside en el fronterizo estado Táchira,
según el gobierno argentino. El cabo Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería
Nacional Argentina fue detenido el 08DIC24 cuando se trasladaba en un taxi
dentro de territorio fronterizo venezolano. La cancillería argentina en otro
comunicado del 13DIC24 califica el hecho como “detención arbitraria e
injustificada”. La acción contra Gallo es similar a la realizada por agentes de
policía del régimen contra ciudadanos estadounidenses que a la larga se
convirtieron en rehenes del régimen como activos para negociar con EEUU.
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Las designaciones de funcionarios de primera línea en
materia de relaciones exteriores y seguridad nacional por parte de Donald Trump
deja ver que, de ser confirmados, se estaría conformando un equipo con amplio
conocimiento e interés sobre Latinoamérica. Tres designaciones claves son la
del senador por Florida Marco Rubio como Secretario de Estado, el representante
a la Cámara por Florida Michael Waltz y el exembajador en México Christopher Thomas
Landau quien está señalado para ocupar
el cargo de subsecretario de Estado. Todos ellos se inscriben en una línea dura
contra las dictaduras castrochavistas.
Marco Rubio, nacido en Florida, abogado hijo de emigrantes
cubanos y con esposa nacida en Colombia, ha desarrollado su carrera política
asociándola a temas de política exterior y especialmente latinoamericana. Michael
Waltz, exoficial del Ejercito donde formó parte de los Boinas Verdes, nacido en
Florida, ha actuado desde el Departamento de Defensa y en la Casa Blanca como
asesor en temas de antiterrorismo. En su condición de miembro de la Cámara de
Representantes desde 2019 ha mantenido una línea dura en los asuntos de
política exterior incluyendo la promoción de legislación sancionatoria contra
el régimen chavista.
Quizás el menos conocido de los tres es Landau. Hijo del
diplomático estadounidense George Landau, Christopher Thomas creció mientras su
padre ejercía como embajador en Paraguay, Chile y Venezuela lo que le permitió
conocer directamente a tres países latinoamericanos y poder comunicarse
fluidamente en español idioma que incluso rutinariamente utiliza en sus
publicaciones en X. Fue embajador de Trump en México, posee una reconocida
carrera como jurista y conoce el departamento de Estado con el cual se ha mantenido
en contacto por intermedio del US Diplomacy Center. Desde su cuenta en X ha
mostrado un abierto respaldo a la oposición venezolana.
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Aparte de su experiencia vital infantil y juvenil en
Latinoamérica y, más específicamente en Venezuela, Landau es un experto en los
golpes de Estado vividos en Venezuela en 1945 y 1948 y sobre el papel de EEUU.
En 1985 presentó, como parte de los requerimientos para su
grado de Bachelor of Art del Departamento de Historia en Harvard College, una
tesis denominada “Auge y caída del petroliberalismo: relaciones de los EEUU con
la Venezuela socialista, 1945-1948”. La tesis en una reconstrucción desde el
punto de vista de un estadounidense, usando fuentes primarias oficiales, del
proceso político venezolano desde el derrocamiento del presidente Isaías Medina
Angarita en 1946, la instalación de una junta de gobierno encabezada por Rómulo
Betancourt jefe del partido Acción Democrática, la primera elección por voto
universal en 1947 en la cual resultó
electo Rómulo Gallegos del partido de Betancourt y, el derrocamiento de
Gallegos a manos militares en 1948. Todo ellos evaluado con el tema del
petróleo como telón de fondo y con las acciones de agentes estadounidenses,
diplomáticos, militares y empresas petroleras, en una dinámica de acuerdos y
desacuerdos con lo que Landau califica como gobiernos “socialistas”
venezolanos.
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En su tesis escolar de 1985, Landau explica que EEUU en un
momento de poder mundial sin precedentes, desarrolló una estrecha relación con
los socialistas venezolanos y por qué esa relación se volvió amarga a finales
de 1948. Landau advierte que a mediados
de los años cuarenta del siglo pasado, “debido a que Venezuela no era
generalmente considerada como un actor internacional importante, ni siquiera
regional, sus asuntos se manejaban en niveles medios e inferiores en el
gobierno de EEUU”.
Tras el derrocamiento de Medina en 1945 evento que, según
Landau, habría tomado por sorpresa a EEUU, y la puesta en escena de una agenda
“nacionalista”, “progresista” por Betancourt y su partido AD, dice Landau que “los
imperativos estratégicos indicaban la sensatez de una política de conciliación.
EEUU necesitaba una fuente constante y confiable de petróleo en Venezuela, y
una disputa entre los dos gobiernos o entre la Junta ¨[de gobierno] y las
compañías petroleras podría poner en peligro la producción. El embajador de
EEUU en Caracas [Francis Patrick Corrigan], simpatizaba con los objetivos
políticos del régimen y buscaba proteger los intereses esencialmente
conservadores de EEUU mediante la cooperación con los progresistas. El
liberalismo venezolano estaba bien, pero había que influir en él para que no
perjudicara los vitales intereses petroleros estadounidenses. Este era el
núcleo del enfoque petroliberal: la convicción de que la cooperación con el
régimen socialista podría beneficiar en última instancia a EEUU, y que, al
provocar la confrontación, todos perderían”.
Landau expone la tesis según la cual EEUU no propició ni
dirigió el golpe contra el gobierno democrático de Rómulo Gallegos y resta
importancia a evidencia de la presencia de militares estadounidenses en
situaciones comprometedoras el día del golpe. Narra que a “medida que la
política venezolana se volvía cada vez más tensa [se refiere a las tensiones
entre sectores militares en contra del gobierno electo], la Embajada exhibía
parálisis, no podía decidir ninguna estrategia para resolver la situación. Si
bien simpatizaba con Gallegos, el embajador [Walter Joseph] Donnelly quería
evitar enredarse demasiado en la creciente crisis. Se sintió decepcionado por
el manejo inflexible de la amenaza por parte del Presidente y expresó poca
confianza en su capacidad para tratar eficazmente con la oposición. Consciente
de la creciente hostilidad hacia el régimen en los círculos militares y
conservadores, Donnelly rechazó instintivamente la participación, prefiriendo
dejar que los venezolanos resolvieran sus propios asuntos. Tal actitud era
factible ya que ambas partes proclamaban su amistad con EEUU”. Al menos esa es
la versión que Landau, quien ha sido señalado por Trump como próximo
subsecretario de Estado, narraba en sus años de estudiante de historia.
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Una de usuales señalamientos contra los equipos que desde el
Departamento de Estado y de la Casa Blanca han concebido y ejecutado la
política hacia el chavismo gobernante desde 1999, ha sido el del usual
desconocimiento de las particularidades venezolanas. El equipo asomado por
Trump: Rubio, Waltz y Landau parecieran superar esa limitante. Hablan español,
han estado enfocados en temas de Latinoamérica durante sus vidas y tienen
experiencia como hombres de Estado.
