Informe Otálvora del 30 de noviembre de 2024
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Donald
Trump firmando el 19MAR18 una orden ejecutiva prohibiendo transacciones con
criptomonedas emitidas por el régimen chavista. A su lado, el exvicepresidnete
Mike Pence. Foto: @WhiteHouse45 El gobierno
de Brasil no está brindando protección diplomática a los seis venezolanos
opositores que permanecen en la sede de la embajada argentina en Caracas. Desde
principios del mes de septiembre, los agentes de las varias policías políticas y
militares que controlan las afueras de la residencia diplomática argentina
impiden el acceso de funcionarios diplomáticos de Brasil, país que fue
comisionado por Argentina para representarla en Venezuela. El gobierno de Lula
da Silva ha mantenido silencio sobre la conducta del régimen. ***** El 31JUL24
los miembros de la misión diplomática argentina debieron abandonar a toda prisa
Venezuela luego que el régimen les expulsara. Los diplomáticos argentinos
corrieron la misma suerte que sus colegas de Chile, Costa Rica, Panamá,
República Dominicana y Uruguay cuyos gobiernos se habían pronunciado contra las
evidencias de fraude electoral cometido por el régimen en las votaciones del
28JUL24. Antes de abandonarla, los diplomáticos argentinos izaron la bandera de
Brasil en la residencia argentina y un funcionario diplomático brasileño tomó
simbólico control de la edificación. En la residencia del embajador argentino
quedaron seis opositores venezolanos a quienes Argentina había concedido asilo
el 29MAR24 pero el régimen se niega a otorgarles el salvoconducto para salir
del país. El gobierno de Javier Milei solicitó al gobierno de Lula da Silva que
asumiera la representación de los intereses argentinos en Venezuela y pasara a
custodiar las sedes diplomáticas y sus archivos. A pesar de las pésimas
relaciones entre Milei y Lula, la cancillería brasileña recomendó aceptar el
pedido argentino en nombre de las relaciones privilegiadas entre los dos
países. Se trata de un esquema usual amparado por las convenciones de Viena de
1961 sobre Relaciones Diplomáticas y de 1963 sobre relaciones consulares que
suponen el consentimiento del “país receptor”. En las siguientes semanas la
misión brasileña, que se negó a trasladar a los asilados a una sede en Caracas,
realizaba periódicas visitas a la residencia mientras los servicios domésticos
seguían en manos de personal local contratado por Argentina. El 07SEP24 el
gobierno de Brasil emitió un comunicado informando que el régimen venezolano
había decidido “revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses
de Argentina en Venezuela”. Según un comunicado de la cancillería chavista la
medida fue tomada porque el régimen tendría “pruebas sobre el uso de las
instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades
terroristas e intentos de magnicidio”. Desde el 06SEP24 Brasil ya no está
brindando la limitada protección que venía dando a los seis opositores, cinco
de ellos parte del equipo de trabajo directo de María Corina Machado. El
Informe Otálvora solicitó infructuosamente un pronunciamiento a la “asesoría de
comunicación social” de Itamaraty. ***** Una fuente directamente involucrada en el manejo de la situación en la sede diplomática dijo al Informe Otálvora el 27NOV24 que “desde que cancillería [chavista] revocó la representación de intereses, salvo la bandera y algunos contactos por teléfono, no ha podido entrar nadie [de la embajada de Brasil]. No tienen permiso”. En su
comunicado del 07SEP24, la cancillería de Itamaraty afirmó que haría caso omiso
de la revocatoria emitida por el gobierno chavista y “de acuerdo con lo que
establecen las convenciones sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones
consulares, Brasil permanecerá con la custodia y la defensa de los intereses
argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro Estado aceptable por el
gobierno venezolano para ejercer las referidas funciones”. Pero hasta la fecha
ningún tercer gobierno ha asumido la representación de Argentina en Venezuela. Terminaba
aquel comunicado de Itamaraty afirmando que “el gobierno brasileño resalta en
este contexto, en los términos de la Convención de Viena, la inviolabilidad de
las instalaciones de la misión diplomática argentina que actualmente abrigan
seis asilados venezolanos además de bienes y archivos”. Pese a la
declaración principista brasileña, el régimen chavista ha mantenido un cerco a
la residencia argentina controlando el acceso al personal de servicio y a los
proveedores de bienes de primera necesidad. El suministro eléctrico y el de
agua potable ha sido cortado en diversas ocasiones e incluso el 27NOV24 el
régimen impidió que un camión cisterna descargara agua en la sede argentina. Los
asilados valiéndose de sus limitados recursos técnicos han continuado
participando como planificadores y promotores de las acciones políticas en
apoyo a María Corina Machado quien permanece en la clandestinidad bajo un tenaz
cerco impuesto por el aparato represivo del régimen. ***** Mediante
una publicación en su cuenta X, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken
dejó saber el 19NOV24, la decisión de su gobierno de reconocer a Edmundo
González Urrutia como presidente electo de Venezuela. “El pueblo venezolano
habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González.
La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, escribió el jefe de
la diplomacia estadounidense. El 27NOV24,
el Departamento de Estado anunciando la imposición de sanciones a 21 jerarcas
del régimen, alegó que “cuatro meses después de que el pueblo venezolano
eligiera a Edmundo González Urrutia como presidente el 28 de julio, Maduro y
sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los
principios democráticos”. El comunicado
del Departamento del Tesoro del 27NOV24 explicando las sanciones a “21
funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás Maduro” los acusó
de haber “apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro de reprimir a la
sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las
elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, ignorando así la
voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a
Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”. Las propiedades en EEUU
de los sancionados quedan congeladas y las personas físicas o legales de EEUU
no podrán realizar operaciones con los sancionados so pena de sanciones o
medidas coercitivas. Según el Departamento de Estado, desde el diseño del
esquema de sanciones contra el régimen chavista ya han sido sancionados 180
jerarcas del régimen y a cerca de 100 instituciones, además el número de
personas incorporadas al listado de prohibición de ingreso a EEUU (restricción
de visado) alcanzaría a 2.000. Por cierto,
entre los nuevos jerarcas chavistas sancionados por EEUU se encuentra la hija
del cogobernante Diosdado Cabello, Daniella Cabello Contreras, actual
funcionaria del régimen. ***** Ese mismo
día 27NOV24, a tempranas horas de la mañana y antes de hacerse públicas las
nuevas sanciones, la Casa Blanca convocó a una rueda de prensa vía
teleconferencia en la cual expusieron representantes del Departamento de
Estado, del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional. Durante
el intercambio con la prensa, los funcionarios dejaron saber que EEUU había “dado
a Nicolás Maduro y a sus representantes todas las oportunidades para hacer lo
correcto y hemos incentivado la posibilidad de adoptar medidas democráticas. En
cambio, Maduro y sus representantes decidieron utilizar la represión violenta y
tomar el poder a cualquier precio. Esto no es algo que EEUU y otros países de
la región van a tolerar”. En consecuencia, EEUU “ha tomado medidas para
aumentar la presión contra Maduro y sus representantes, responsables del fraude
electoral ocurrido el 28 de julio y después, y de la brutal represión que hemos
visto en los últimos meses”. Los
expositores oficiales dejaron saber que no están previstos cambios en la
política de sanciones y de las licencias que suavizan las sanciones petroleras
contra el régimen chavista. “Estamos dispuestos a calibrarlo y ajustarlo según
sea necesario para avanzar en los objetivos de política exterior de EEUU.
Reiteraron que “obviamente siempre
estamos evaluando los acontecimientos sobre el terreno en Venezuela, cómo eso
se corresponde con nuestra política de sanciones, qué pasos podemos tomar que
puedan provocar mayores divisiones en el régimen también”. Sobre las
relaciones con EGU, los voceros del gobierno Biden afirmaron que “el secretario
Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses han hablado con EGU en
múltiples ocasiones y seguimos en estrecho contacto con él y con María Corina
Machado y otras figuras de la oposición en Venezuela. Y priorizamos sus
opiniones y puntos de vista mientras buscamos una manera positiva de avanzar”.
Sobre posibles apoyos logísticos a EGU, uno de los voceros oficiales aclaró que
el gobierno de EEUU “no ha recibido una solicitud de EGU para asistencia en su
transporte, y no participamos en su salida de Venezuela, y no se nos pidió que
lo hiciéramos”. Sobre una eventual participación de EEUU en una hipotética
operación para trasladar a EGU a Venezuela en enero próximo, el vocero dijo que
“si recibiéramos una solicitud de él, lo consideraríamos. Pero, ya saben, no
reconocemos a las autoridades de Maduro, así que es algo con lo que, ya saben,
no estamos en contacto con ellos sobre este tipo de cuestiones”. Mientras el
gobierno saliente decide mantener el cuadro ante la dictadura, la gran
incógnita aún no resuelta es cuál será la real orientación del gobierno de
Donald Trump que se inaugura el 20ENE25. ***** Quizás el
único de los próximos funcionarios del gobierno de EEUU que se ha referido
específicamente al futuro de las relaciones con el régimen chavista ha sido Thomas
Homan designado “zar de la frontera” dentro de la Secretaría de Seguridad
Nacional en un cargo que no requiere aprobación legislativa. Homan
figura como parte del equipo colaborador en la redacción del Project 2025, el
programa de gobierno elaborado por la republicana Fundación Heritage que fue
rechazado por Donald Trump durante la campaña electoral pero ahora un
significativo número de sus redactores han sido anunciados para formar parte
del nuevo gobierno en posiciones relevantes. Homan quien fue nombrado durante
el gobierno Obama como director de Inmigración y Aduanas, fue después designado
por Trump en 2017 como director encargado del Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas desde donde adelantó una fuerte campaña contra migrantes
incluyendo la aplicación de la política de separación de familias de
indocumentados. En
declaraciones a New York Post difundidas el 24NOV24, Homan se refirió a una
línea de acción sobre Nicolás Maduro para presionarlo y alcanzar un acuerdo
para la expulsión de migrantes hacia Venezuela. Como parte de las negociaciones
del gobierno Biden con la dictadura venezolana, en 2023 fue establecido un
mecanismo para que, pese a las sanciones existentes, pudieran aterrizar en
Venezuela vuelos procedentes de EEUU con venezolanos deportados. A partir del
13FEB24 el régimen venezolano se negó a recibir vuelos como respuesta a nuevas
sanciones económicas impuestas por Washington. En sus declaraciones a New York
Post, Homan dijo que “la administración entrante tiene mucha influencia para
obligar a Venezuela a comenzar a aceptar deportaciones, incluyendo amenazas de
aún más sanciones y retención de ayuda, que totalizó 209 millones de dólares el
año pasado”. Realmente lo de la “ayuda” no es un arma contra Maduro ya que ese
financiamiento no es suministrado al régimen sino a terceros países que apoyan
a migrantes venezolanos. Pero el tema de “más sanciones” si se corresponde con
el marco de acción de EEUU hacia la dictadura chavista. Homan alabó
a Trump quien en su primer gobierno “logró que El Salvador aceptara la MS-13 y
que México aceptara el programa Permanecer en México”. Y extrapolando lo que
sería el nuevo gobierno Trump, Homan dijo que “tengo fe en que el presidente
Trump trabajará con el presidente de Venezuela”. ***** La visión
de Homan es la punta del iceberg de las fuerzas que consideran que el cambio de
régimen en Venezuela no es la prioridad de EEUU. El enfoque de un gobierno de
Trump procurando acuerdos con la dictadura venezolana en materia petrolera
pareciera que está adquiriendo fuerza y ha quedado ya patente en publicaciones
de la gran prensa estadounidense. El Wall Street Journal publicó el 28NOV24 un
reportaje donde asegura que “ejecutivos petroleros e inversores en bonos están
instando” a Trump para que “abandone su política del primer mandato de máxima
presión sobre el hombre fuerte de Venezuela y en su lugar alcance un acuerdo:
más petróleo por menos migrantes”. El reportaje se centra en los intereses del
empresario naviero y petrolero estadounidense Harry Sargeant III, quien tiene
acceso directo con el régimen chavista, cuenta con una licencia emitida por el
gobierno Biden para importar a EEUU asfalto venezolano y tendría acceso al
presidente electo Donald Trump. En el
pasado reciente la petrolera Chevron gustaba presionar a los gobiernos Trump y
Biden en procura de licencias para operar en Venezuela alegando la apetencia
rusa y china del petrolero venezolano. Con el alto nivel que el asunto
migratorio adquirió durante la campaña electoral en EEUU, la nueva
argumentación de quienes procuran hacer negocios con la dictadura chavista es
relacionar el aflojamiento de las sanciones a cambio de reducir la migración
ilegal de venezolanos.
Por cierto,
Elliott Abrams quien sirvió como “enviado espacial” para Venezuela durante el
primer gobierno Trump, en una nota publicada por el Council on Foreign
Relations el 28NOV24, se mostró contrario al enfoque de suavizar sanciones
petroleras a cambio de reducir la migración de venezolanos hacia EEUU. “Una
política que vaya más allá de la que adoptó la administración Biden al suavizar
las sanciones contra el régimen de Maduro, justo después de que este robara una
elección y aumentara enormemente la represión interna, no producirá “más
petróleo y menos migrantes”. De hecho, producirá “más migrantes y muy poco más
petróleo”. Publicado originalmente en:  |