Foro de São Paulo declara guerra a EEUU

 Informe Otálvora del 16 de junio de 2023

Jefes de la izquierda continental el 04DIC16 en Santiago de Cuba. En segunda fila Mónica Valente Secretaria Foro de São Paulo. Foto:Nocaute

Caracas, Managua y La Habana fueron las capitales visitadas en un periplo de cinco días por Latinoamérica cumplido por el presidente de Irán Seyed Ebrahim Raisi desde el 12JUN23. En total fueron suscritos 35 acuerdos entre Irán y los gobiernos visitados pero el epicentro de la visita fue el mensaje político sobre la presencia de Irán en el vecindario americano. En Caracas, Raisi afirmó que la relación con el régimen chavista es “estratégica” dado los “intereses y visiones comunes así como los enemigos comunes” en una nada velada alusión a EEUU. En La Habana, Raúl Castro hizo una rara aparición para reunirse con el visitante aparte de las ceremonias oficiales.

Maduro anunció que un busto del general iraní Qasen Soleimani, uno de los altos jefes de la Guardia Revolucionaria iraní dado de baja por EEUU en Bagdad el 03ENE20, será colocado en el Panteón Nacional junto a los héroes patrios venezolanos.

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Desde su primer viaje a Caracas para entregar credenciales diplomáticas a Nicolás Maduro, el embajador de Gustavo Petro se estuvo desplazando entre Venezuela y Colombia en vuelos charter privados y no en vuelos oficiales o de líneas comerciales.  

Luego de haber sido juramentado por Petro el 24AGO22, Benedetti llegó a Caracas cuatro días después. La misión diplomática colombiana en Venezuela estaba cerrada desde el 23FEB19 cuando sus miembros fueron expulsados por Maduro. Por esa razón dos funcionarios de la cancillería colombiana, el embajador Luis Fernando Cuartas Ayala y el ministro plenipotenciario German Castañeda Benavides, viajaron a Caracas para cumplir las formalidades del acto de toma de posesión de Benedetti de la misión colombiana y respaldarlo en sus actividades oficiales ante el régimen. Pero mientras Cuartas y Castañeda se desplazaron a Caracas en vuelos comerciales vía Panamá, el embajador de Petro lo hizo a bordo de una aeronave King Air 350 con matrícula colombiana HK4603, en vuelo charter privado, acompañado de su esposa Adelina Guerrero, su hermano Camilo y una de sus asistentes durante la campaña electoral la periodista Lorena Arboleda. Benedetti abandonaría Venezuela dos días después, rumbo a la costa colombiana, en otro vuelo charter. En aquellos momentos parecía que la urgencia con la cual Petro quería reestablecer relaciones con Maduro, hacía que Colombia enviara a su Embajador en un inusual vuelo charter ante la ausencia de rutas comerciales directas.  Ya desde aquellos días, este Informe reportó sobre los notorios intereses de Benedetti en apresurar negocios con el régimen chavista en los cuales estarían involucrados empresarios y políticos de la costa caribe colombiana incluyendo a Nicolás Petro Burgos, hijo del actual presidente de Colombia

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La aeronave en la cual hizo su debut Benedetti en Venezuela pertenece a la flota de la empresa colombiana Helistar, empresa que prestó servicios a la campaña de Petro de la cual Benedetti era el articulador político. Rompiendo las reglas usuales para el personal diplomático de cualquier país, durante los diez meses que fue Embajador ante Maduro, Benedetti realizó constantes viajes fuera de Venezuela para actividades ajenas a su cargo, todos ellos utilizando vuelos charter. Según la estación WRadio de Bogotá, en los primeros cinco meses del 2023, el exsenador uribista devenido en embajador del gobierno de izquierda, realizó quince viajes charter entre Barranquilla, Colombia y el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. En ellos fue acompañado, entre otros pasajeros, por su aparente compañera sentimental la parlamentaria Saray Robayo, la periodista Arboleda ahora con cargo en la Embajada en Caracas, por la madre de la representante Robayo, por su exsuegro Carlos Dada, sus hijos menores, empresarios costeños y por la empleada doméstica Marelbys Meza. La señora Meza fue empleada en casa de Benedetti en Bogotá, participó en spot publicitarios en la campaña petrista y luego pasó a ser niñera en casa de Laura Sarabia la jefe del gabinete de Petro. Benedetti afirmó al periodista colombiano Daniel Coronell, que esos viajes eran financiados por “algunos amigos de Barranquilla”.

 

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Un supuesto robo de dinero en casa de la poderosa Sarabia y el secuestro e interrogatorio de la niñera revelado el 27MAY23 por la revista Semana, desencadenaron en las alturas del gobierno Petro un escándalo aún no concluido. Quedaron al descubierto, entro otros asuntos, una puja de poder entre la poderosa secretaria de Petro y su antiguo jefe Benedetti. El 02JUN23 Petro dejó saber que ambos saldrían del gobierno luego de haberles exigido que presentaran sus renuncias. Sarabia abandonó su cargo en la presidencial Casa de Nariño ese mismo día. La resolución ministerial mediante la cual la cancillería colombiana aceptó la renuncia de Benedetti fijó el 23JUN23 como fecha de conclusión de su misión en Caracas, pero el Embajador abandonó Venezuela el 22MAY23 y desde entonces ha viajado a EEUU y Europa. Por cierto, el gobierno de EEUU suspendió la visa de Benedetti tras su último ingreso a ese país.

La Embajada de Colombia en Caracas está bajo control de la cancillería de ese país mediante un Encargado de Negocios, posición asignada a German Castañeda quien ya ha estado al frente de esa misión en el pasado, en espera de la designación de un nuevo Embajador de Petro ante el régimen chavista.

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El Grupo de Puebla continua su rápida colonización de posiciones relevantes en los gobiernos del Continente. El 12JUN23 Marcelo Ebrard presentó su renuncia al cargo de secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Manuel López Obrador. Ebrard aspira a la Presidencia de México y renuncia al cargo para dedicarse de lleno a la puja por la candidatura del partido Morena. Al día siguiente, en su programa matinal, López Obrador anunció que el reemplazo de Ebrard a partir del 23JUN23  será Alicia Bárcena quien actualmente ejerce como embajadora de su país en Chile. Bárcena forma parte de la organización izquierdista continental Grupo de Puebla fundado en 2019 y la cual tiene entre sus fundadores a Maximiliano Reyes quien opera como responsable para Latinoamérica de la cancillería mexicana.

Alicia Bárcena fue entre 2008 y 2022 la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, el organismo de la ONU enfocado en el desarrollo de América Latina y el Caribe. Pese a su condición de funcionaria del organismo internacional, Bárcena participaba activamente en eventos del Grupo de Puebla y hacía proselitismo a favor de sus amigos de la izquierda continental. Se recuerda que en 2016 emitió un comunicado desde la página de CEPAL atacando al sistema judicial de Brasil por el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Ese mismo año fue a La Habana a recibir un doctorado honoris causa. La designación de Bárcena al frente de la diplomacia mexicana fue rápidamente saludada por las dictaduras de Venezuela y Cuba

Por cierto, Bárcena como ya ocurrió en 2016 es una de las candidatas a convertirse en Secretaria General de la ONU cuando en 2026 deba elegirse un reemplazo para el portugués António Guterres. Ya desde ahora existe fuerte presión internacional para que el cargo ocupado por una mujer y probablemente latinoamericana. Otra que está anotada en las quinielas es la ecuatoriana María Fernanda Espinosa quien fuera canciller y ministra de Defensa en los gobiernos del izquierdista Rafael Correa.

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 La presencia del Grupo de Puebla en los altos escalones del gobierno de Brasil ahora será seguida por la inclusión en Tribunal Supremo Federal de un abogado vinculado con el Grupo. Lula da Silva postuló al abogado Cristiano Zanin Martins para cubrir una plaza vacante en el máximo tribunal brasileño. Zanin y su esposa Valeska Teixeira Zanin Martins quien se presenta como “fundadora de Lawfare Institute”,  fueron el núcleo central del grupo de abogados que actuaron en la defensa en los procesos por corrupción seguidos a Lula.  La pareja Zanin es coautora de un libro en portugués sobre Lawfare definido como “el uso perverso de las leyes y de los procedimientos jurídicos para perseguir enemigos u oponentes y obtener resultados ilegítimos”. Esta tesis es ampliamente manejada como defensa en casos de corrupción de connotados líderes izquierdistas como el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina de Kirchner o el propio Lula da Silva. El Grupo de Puebla mantiene un equipo de abogados denominado “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia” que se especializa en diseñar campañas de propaganda en defensa de líderes de izquierda comprometidos en casos de corrupción y sometidos a procesos judiciales en sus respectivos países.

Si bien la pareja Zanin no es parte de los equipos directos del Grupo de Puebla, el grupo si ha publicado diversos papeles elaborados por los Zanin para el caso de Lula. Ambos, a su vez, han suscrito documentos emanados del Grupo de Puebla como el difundido el 18NOV19 en relación a funcionarios del gobierno de Bolivia asilados en la embajada de México en La Paz tras la renuncia de Evo Morales.

En Brasilia se da como un hecho que el Senado apoyará la nominación hecha por Lula con lo cual el Grupo de Puebla se garantiza ya una plaza en el Tribunal Supremo Federal.

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Algunos de los miembros del Grupo de Puebla en altos cargos en Brasil:

Lula da Silva. Presidente de Brasil.

Dilma Rousseff. Presidente del “Nuevo Banco del Desarrollo” de BRICS en representación de Brasil.

Celso Amorim, “Asesor Especial” en la Presidencia, ejerce como el verdadero planificador de la política exterior de Brasil y como el operador directo de diplomacia paralela en nombre de Lula.

Fernando Haddad. De la lista de fundadores originales del Grupo de Puebla. Ministro de Hacienda y coordinador de la política económica del gobierno Lula.

Aloizio Mercadante. De la lista de fundadores originales del Grupo de Puebla. Presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

Gleisi Hoffman. Presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores.

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El Grupo de Puebla es la instancia VIP de la izquierda continental, que prefiere denominarse como “progresista”. Por su parte, el grupo de coordinación interpartidista de esa izquierda, el Foro de São Paulo, tendrá su próxima reunión presencial y plenaria el 29JUN23 en Brasil.

En el documento central que será presentado en la reunión de Brasilia, el Foro de São Paulo hace una evaluación triunfalista de la situación política latinoamericana: “La iniciativa política está en manos de las fuerzas populares y de los gobiernos progresistas del continente; el neoliberalismo incoherente y antidemocrático, nada tiene para decir o proponer, y solo se consumen en sus ataques mediáticos reactivos a las ideas de las fuerzas de la izquierda latinoamericana. El imperio se vale del apoyo y control de los medios de comunicación tradicionales y digitales, los cuales no han logrado desarticular a los movimientos populares. Los retrocesos parciales que transitoriamente habían logrado, ahora se han convertido en victorias, o en una disputa abierta entre la ultraderecha neofascista y amplios frentes democráticos, progresistas y populares que avanzan en la construcción y fortalecimiento de coaliciones unitarias que han salido triunfantes”. Según la evaluación del Foro de São Paulo, Latinoamérica vive “un momento crucial de resistencia y lucha continental. A la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han sumado victorias electorales que, teniendo como premisas la unidad programática, han frenado el desarrollo del neofascismo en la región”. El Foro de São Paulo reclama como suyos “los triunfos presidenciales en México, Santa Lucia, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Chile”. El documento a ser aprobado por el Encuentro 26 del FSP concluye afirmando que “el imperialismo y la ultraderecha fascista acechan, como fieras heridas. Por tanto, es un imperativo insoslayable la unidad antimperialista y anti neoliberal como el principal camino para la victoria”.

El documento que se proponen aprobar en Brasilia los representantes de los partidos de izquierda continental es una convocatoria al enfrentamiento contra EEUU, un apoyo a la creciente presencia de China en el Continente la cual consideran “un factor de estabilidad y de equilibrio para la región” y un abierto apoyo a Rusia en su enfrentamiento contra Europa y EEUU. Proponen utilizar la CELAC para la “integración política” con “mayores niveles de organicidad desde el impulso que pueden dar las fuerzas políticas y movimientos sociales”.

La coordinación del Foro de São Paulo está actualmente en manos de la brasileña Mónica Valente​ quien previamente fue la responsable de asuntos internacionales del partido de Lula da Silva. Las dos anteriores reuniones plenarias del Foro tuvieron lugar en La Habana y Caracas en 2018 y 2019.

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EEUU no planea reconocer a Maduro

Informe Otálvora del 02 de diciembre de 2022

Firma de acuerdos entre régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México el 26NOV22.  Foto: @SRE_mx 

No está en los planes del gobierno de EEUU reconocer a Nicolás Maduro como Jefe de Estado. Un reconocimiento de ese tipo paralizaría los procesos judiciales que le siguen en EEUU por narcotráfico.

La posición del gobierno Biden sobre Maduro ha cobrado interés en razón de las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca con Maduro y por la decisión de EEUU relacionada con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán.

El 17NOV22 el Departamento de Justicia, a solicitud del Departamento de Estado, consignó ante un tribunal de Washington un alegato en relación al príncipe heredero saudí sobre quien corre una demanda civil. Mediante el documento “EEUU informa respetuosamente a la corte que el acusado Mohamed bin Salman, primer ministro del reino de Arabia Saudita, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza de inmunidad frente a estas demandas" basado en que “la doctrina de la inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario". MBS, como se conoce al poderoso príncipe saudí, asumió altísimas posiciones de gobierno desde que su padre Salmán bin Abdulaziz fuera investido rey en 2015 y en 2017 fue declarado primer heredero al trono. Asumió el cargo de Primer Ministro el 27SEP22, posición que ahora le confiere condición de jefe de gobierno e inmunidad en tribunales de EEUU.

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El 18NOV22, la decisión del gobierno Biden sobre MBS fue objeto de largo tratamiento en las preguntas de los corresponsales que asistían a la rueda de prensa en el Departamento de Estado, ese día a cargo del vocero adjunto Vedan Patel.  La versión del Departamento de Estado fue que la posición sobre MBS era de carácter legal y no estaba referida a la situación de las relaciones bilaterales.  Matt Lee, veterano periodista de AP, fue particularmente incisivo en sus preguntas: “¿considera usted, relacionado con esto, considera a Maduro como el jefe de estado de Venezuela o Jefe de Gobierno?”. Patel respondió: “No, no lo hacemos”. Lee reiteró: “¿Entonces, Maduro no recibirá el mismo tipo de trato [que MBS]?”.. “Yo no quiero hablar de un caso judicial hipotético, pero es correcto”, dijo Patel usando una obvia paralipsis para afirmar que el gobierno de EEUU no tiene planteado reconocer a Maduro como jefe de Estado o de gobierno.

Pese a la negativa del vocero del Departamento de Estado, un implícito reconocimiento a Maduro como jefe de Estado ha sido una potencial consecuencia de la visita al Palacio de Miraflores el 05MAR22 del asesor presidencial de Biden y responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González.

González es uno de los artífices de la actual política del gobierno de EEUU hacia Venezuela que tuvo su más reciente desarrollo con la modificación de las sanciones impuestas a la empresa petrolera estatal venezolana.

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El 23NOV22, el presidente colombiano y nuevo aliado de Maduro, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que “este 25 y 26 se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”. Días antes, el 05NOV22 en entrevista con El Espectador de Bogotá, el embajador de Petro ante Maduro, Alberto Benedetti, había comentado que “las negociaciones van superbién. A finales de noviembre eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente”.

Petro no forma parte del esquema de negociaciones entre Maduro y los partidos opositores venezolanos, pero los comentarios del presidente colombiano y su locuaz embajador sirvieron para confirmar que las negociaciones estaban en marcha. El viaje a Ciudad de México de las delegaciones para retomar las pláticas sólo era un ardid para ocultar que, tras bastidores y con una fuerte presencia de EEUU, se estaba armando un nuevo capítulo para la crisis venezolana. A finales del mes de noviembre se vencía la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que permitía mantener operaciones mínimas en Venezuela a la petrolera  Chevron y a las empresas de ingeniería Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Igualmente se vencía la licencia especial concedida a Chevron para entrar en contacto directo con el régimen chavista pare negociar un eventual futuro esquema de operaciones de la petrolera en Venezuela. 

Desde la visita de Juan González a Caracas, en los mentideros de Washington quedó en evidencia el avance que la empresa Chevron había logrado en su objetivo de lograr una grieta legal para obviar las sanciones a la petrolera venezolana Pdvsa. Oficialmente el gobierno Biden dejó saber, en declaraciones y filtraciones de los principales operadores de política exterior de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que un relajamiento de las sanciones estaría condicionado a que Maduro regresara a la “mesa de negociación” establecida en México en 2021. Una salida pacífica para Venezuela, con elecciones libres, democráticas y observadas internacionalmente, es el desiderátum pregonado por Washington y aliados europeos. De manera tal que la concreción de los deseos del lobby petrolero requería de un acto simbólico, con México como escenario, en el cual se reanudaran “las negociaciones”.

Por cierto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en un tuiteo del 24NOV22, escribió un tuiteo en español informando que su gobierno acoge “con beneplácito el regreso al diálogo entre los partidos venezolanos esta semana”. Ya no se trata en el lenguaje del Departamento de Estado de negociaciones entre una dictadura y los defensores de la democracia, sino un “dialogo entre partidos”.

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El anuncio adelantado por Petro obligó a que el Ministerio de Exteriores de Noruega, que sirve como financista parcial y facilitador de las pláticas entre Maduro y los representantes opositores, emitiera un comunicado el 24NOV22. “Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social”. El viaje de las delegaciones de Maduro y de la oposición a México tendría como objetivo real la firma de un acuerdo que los venezolanos desconocían. Los aparatos diplomáticos de EEUU, Noruega, la Unión Europea, aliados extranjeros del chavismo, diversos organismos de la ONU, habían estado en los últimos meses trabajando en un esquema que satisficiera la exigencia chavista de suspender las sanciones financieras de EEUU al régimen como condición para una hipotética negociación sobre condiciones electorales.

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El 26NOV22 el diplomático noruego Dag Nylander, el representante de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y el representante de la alianza partidista “Plataforma Unitaria de Venezuela” Gerardo Blyde, junto a sus respectivas delegaciones, suscribieron dos documentos. El “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo con los términos para el seguimiento del propio acuerdo.

Mediante esos dos documentos fueron creados una “Mesa de Atención Social”, un “Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento”, una “Comisión de Seguimiento y Verificación”, y solicitaron a la ONU la creación de un fondo fiduciario que llevaría como nombre “Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano”. Según los firmantes, el esquema tendría como objetivo identificar, planificar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos para el sector eléctrico, infraestructura educativa pública, respuesta a las “torrenciales lluvias” y ampliación del programa de alimentos ejecutado por la ONU. En resumen, las fuerzas políticas venezolanas estarían creando un cogobierno entre la dictadura venezolana y los partidos opositores.

Por cierto. La firma de los acuerdos sirvió para que el precandidato presidencial mexicano y actual ministro de Exteriores Marcelo Ebrard, ganara cámara como anfitrión del evento.

Reza el acuerdo que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. El acuerdo no especifica el monto que administraría los numerosos grupos creados. Según altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el acuerdo les permitiría, por medio de la ONU, disponer de US$3.000 millones. En realidad, se desconoce cuanto dinero del estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos.

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La firma de los acuerdos en México el 26NOV22 fueron inmediatamente saludados por los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Argentina, y otros tantos.

Pese a que se trataba de la semana del Día de Acción de Gracias, los responsables del Hemisferio Occidental en el gobierno Biden estaban atentos a los eventos en Ciudad de México. En la tarde del 26NOV22 el Departamento de Tesoro emitió una licencia pública denominada Licencia General 41 a favor de la empresa Chevron, así como licencias temporales a favor de las empresas de servicios estadounidenses para realizar operaciones en Venezuela, pero sin iniciar nuevos proyectos de perforación.

Mediante la licencia 41, el gobierno Biden autorizó por el plazo de seis meses, con eventuales renovaciones posteriores automáticas mensuales, para la creación de un monopolio a manos de Chevron para llevar petróleo venezolano a EEUU. La empresa fue autorizada a producir crudo, como parte de las operaciones de las empresas mixtas en la cuales la estadounidense en socia minoritaria de Pdvsa. EL texto comente una equivocación al referirse a las “empresas mixtas” (joint ventures) de Chevron en Venezuela cuando en realidad se tratan de empresas del estado venezolano de las cuales la estadounidense es operadora y socia minoritaria.

La licencia prohíbe que Chevron pague impuestos o royalties al “gobierno de Venezuela” y dividendos a Pdvsa, con lo cual expresamente reconoce a la dictadura chavista como “el gobierno de Venezuela”. Igualmente prohíbe negocios de Chevron con empresas rusas o iraníes que operen en Venezuela. Según el chavismo, la licencia no impide que el régimen obtenga beneficios de la venta de crudo ya que los impuestos y royalties son pagados por las empresas mixtas y no por Chevron. Tanto el Departamento del Tesoro como voceros del Departamento de Estado han asegurado que supervisarán la ejecución de la licencia para impedir que el régimen se beneficie de ingresos. 

El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances reales en las “pláticas” sobre la realización de elecciones libres en Venezuela.

Voceros de la oposición que firmó los acuerdos han hecho circular la versión de haber ido “nariciados” a México, obligados por los aliados internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó el 30NOV22 que la realización de “elecciones libres” en 2024 estará condicionada a la eliminación de las sanciones internacionales. La cronificación del régimen chavista pareciera haber ganado nuevo terreno.

Los asesores de Biden le ofrecieron que esta línea de acción le permitiría simultáneamente agradar al sector petrolero estadounidense y dar una respuesta al “tema Venezuela” al “obligar”  a que Maduro se siente en una mesa de negociación. En tanto, en Washington corren rumores de una pronta reestructuración de los equipos encargados de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

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Juan Guaidó ordenó el cierre de la misión diplomática que desde 2019 mantiene en Brasilia en previsión a medidas retaliativas contra su personal por parte del entrante gobierno izquierdista.

Para el 01ENE23 está prevista la toma de posesión presidencial de Lula da Silva quien es socio del régimen chavista. El PT, partido de Lula, ha sido particularmente activo para amparar los intereses de la dictadura venezolana en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia permanece bajo control de enviados de Maduro, atrincherados bajo protección del PT.

El gobierno Bolsonaro reconoció legalmente en 2019 y otorgó tratamiento de jefe de misión diplomática a la venezolana María Teresa Belandria, la enviada por el “gobierno provisional” encabezado por Guaidó. El 28NOV22 Belandría entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota verbal mediante la cual notificó el fin de sus funciones el 26DIC22, lo cual significa el cierre de la misión. 

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Migración es tema de seguridad nacional para EEUU

Informe Otálvora del 15 de octubre de 2022

El secretario de Estado Antony Blinken y altos funcionarios de EEUU reunido el 13OCT22 en Washington con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard. Foto: Departamento de Estado. 

La temida crisis migratoria continental llegó a EEUU y pareciera que es la única prioridad de la política exterior del gobierno Biden hacia Latinoamérica.

No se trata de un simple tema de choque electoral entre los dos grandes partidos en cuanto al manejo de la migración, sino un asunto que ya es visto como un problema de seguridad nacional.

Desde el gobierno de Barack Obama, planificadores militares y de política exterior manifestaban en diversos documentos el temor de que la crisis venezolana, acompañada de crisis nacionales en Cuba y Centroamérica derivarían en una presión migratoria sobre EEUU. Las acciones de apoyo de EEUU a los gobiernos suramericanos hacia donde se dirigieron las primeras oleadas de venezolanos en procura de refugio, aparte del indiscutible contenido humanitario tenía implícito el interés estadounidense para evitar que ese flujo se orientara hacia el Norte.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional emitido por Donald Trump en diciembre de 2017, destacaba que “nuestra responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, a la patria y el estilo de vida americano. Fortaleceremos el control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de migración”. La respuesta Trump era y es la de un cierre generalizado de fronteras. Aparte de levantar secciones de un muro fronterizo en los límites con México, Trump  impuso  negociaciones con el gobierno de Manuel López Obrador para que México actuara como colchón de protección, impidiendo la llegada de nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centroamérica y, recibiendo a migrantes deportados de EEUU o aspirantes a procesos de asilo estadounidense.

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La versión Biden de la Estrategia de Seguridad Nacional, difundida el 12OCT22, se refiere al tema migratorio ampliamente y lo presenta como un asunto que implica la política exterior de EEUU hacia el hemisferio. “El movimiento de personas en las Américas, incluidos más de seis millones de venezolanos […] obligados a abandonar sus hogares desde 2015, afecta a toda América Latina y el Caribe y refuerza la necesidad de una acción regional. La “Declaración de Los Ángeles sobre Migración” complementa los esfuerzos internos de EEUU para modernizar su infraestructura fronteriza y construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano con una asociación audaz centrada en todo el hemisferio sobre el principio de responsabilidades compartidas, estabilidad y asistencia a las comunidades afectadas, la expansión de las vías legales, gestión humana de la migración y una respuesta coordinada a la emergencia”. El gobierno de Biden declara que su objetivo es “estabilizar las poblaciones migrantes y reemplazar la migración irregular con flujos ordenados que pueden impulsar el crecimiento económico en los EEUU y en toda la región”. 

 Para la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles el 06-10JUN22, el gobierno de EEUU convirtió el tema migratorio en el eje de sus negociaciones. Los representantes, en muchos casos los propios respectivos jefes de Estado, de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se comprometieron a “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional”.

El 12OCT22 el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció un paquete de medidas para frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense desde México, especialmente de venezolanos en procura de refugio. México se comprometió a recibir a los venezolanos que sean deportados por haber ingresado ilegalmente a EEUU. EEUU ofrece un programa de “permisos humanitarios” de trabajo temporal para 24.000 venezolanos que cuenten con patrocinantes en territorio estadounidense e ingresen vía aérea legalmente. La oferta para venezolanos incluye diversas condicionantes, estando vetada, entre otros, para aquellos que hubiesen ingresado ilegalmente a México o Panamá (desestimular el tránsito por la selva panameña de Darién) o que fueran beneficiarios de medidas de refugio en terceros países. Todo venezolano que ingrese a EEUU ilegalmente será deportado a México: las liberalidades migratorias que permitían que los venezolanos solicitaran refugio y asilo una vez ingresado a EEUU han terminado y el derecho universal al asilo humanitario quedó tambaleante a ambos lados del Rio Bravo/Grande.  

Aparte de las medidas específicas para venezolanos, el gobierno Biden anunció un paquete migratorio para el año fiscal 2023 que incluye la oferta de 20 mil visas de trabajo exclusivas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, además de varias decenas de miles de visas temporales para trabajadores no agrícolas mexicanos que sería parte de los beneficios que obtendría México al participar en el esquema de deportación de migrantes desde EEUU.

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El canciller mexicano y precandidato presidencial Marcelo Ebrard fue quien negoció con su homólogo estadounidense Antony Blinken, los acuerdos migratorios para frenar el paso de venezolanos hacia EEUU. La más reciente reunión se produjo en la sede del Departamento de Estado en Washington y junto a Blinken estuvieron presentes por EEUU el fiscal General Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El 13OCT22 Ebrard dejó saber que había solicitado a su colega estadounidense la inclusión de otras nacionalidades entre los beneficiarios de “permisos humanitarios” de trabajo en EEUU, ya que México comienza a sentir la presión migratoria de personas procedentes de Colombia, Ecuador y Brasil. Por cierto, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante la visita de Blinken a Bogotá el 03OCT22, le solicitó que EEUU considerara la opción de establecer un programa de TPS (estatus de protección temporal) para colombianos en territorio estadounidense similar al existente para venezolanos. Blinken hizo caso omiso de la solicitud de Petro.

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La multiplicación de gobiernos de izquierda en el Continente y una intenta campaña demagógica del régimen chavista al alimón con la cancillería cubana sobre pequeños países caribeños, hizo que la representación del “gobierno Guaidó” estuviera a punto de ser retirada de la OEA.

Gustavo Tarre Briceño ejerce la jefatura de la misión de Venezuela en la OEA como representante permanente designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 y en calidad de vocero del gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Su aceptación en tal condición fue aprobada mediante dos votaciones, primero en el Consejo Permanente el 09ABR19 donde se aprobó por 18 votos. Luego, a nivel de ministros de exteriores, el 28JUN19 la 49 Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, decidió “aceptar al Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”. Por esta vía, la OEA dejaba sin efecto la decisión del régimen chavista anunciada el 27ABR17 y que entraría en vigencia el 27ABR19, de retirar a Venezuela de la OEA.

Los intentos de los gobiernos de Andrés López Obrador y Alberto Fernández para expulsar a Tarre Briceño fracasaron en 2021 al no lograr un apoyo significativo para sumar los votos necesarios, la mayoría simple de 18 votos, para que la Asamblea General celebrada de forma virtual el 10-12NOV21 dejara sin efecto la representación venezolana. La convocatoria de la Asamblea General para la ciudad de Lima, con la presencia de los gobiernos de Chile, Honduras y Colombia que recientemente habían girado a la izquierda, abrió la opción para que gobiernos declaradamente contrarios al gobierno provisional de Guaidó alcanzaran una votación suficiente para expulsar a Tarre Briceño.

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La tarea para coordinar la estrategia y sumar apoyos para expulsar a Tarre Briceño de la OEA fue encomendada por los principales patrocinantes (México y Argentina desde dentro, Cuba y el régimen chavista desde afuera) al representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador (posee título nobiliario británico) sir Ronald Sanders. La estrategia definida por Sanders consistía en objetar la presencia de Venezuela en la 52 Asamblea General que se celebraría en Lima el 05-07OCT22 alegando que Venezuela dejó de ser miembro de la OEA. Una moción de orden, previa al inicio de las deliberaciones, dejando sin efecto las credenciales de la delegación venezolana era el mecanismo ideado por Sanders.

La trampa metodológica planeada por México y Antigua y Barbuda fue rápidamente conocida en los pasillos de la OEA en Washington lo que hizo que Tarre Briceño anunciara que no viajaría a Lima. Con la representación de Venezuela ausente no sería posible que Antigua y Barbuda presentara la moción de orden previa a las deliberaciones. La finta de Tarre Briceño hecha pública pocas horas antes del inicio de la Asamblea General Ordinaria en Lima, obligó a que la alianza en su contra adelantara una vía alterna para expulsarlo. El 03OCT22 optaron por presentar, ya casi comenzando las deliberaciones en Lima, un proyecto de resolución que fuera considerado por la Asamblea General dejando sin efecto la decisión del año 2019 cuando fue aceptado el representante del “gobierno Guaidó”. El proyecto de resolución llevaba por título: “Revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019”. La aprobación de esa resolución sólo ameritaría 18 votos, una mayoría simple de votos con los cuales calculaban contar. La expulsión de Tarre parecía hecho cumplido.

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Pero los proyectos de resolución para una Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a todos los ministros de exteriores del Continente, deben ser presentados a consideración con tiempo de anticipación. El proyecto de última hora presentado por Antigua y Barbuda con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, llegaba tarde a la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea de Lima. La consideración del proyecto contra Tarre sólo sería posible si  la propia Asamblea aprobaba, como punto previo al inicio de los debates, un cambio en el temario y la agenda para lo cual se requeriría dos tercios de los votos y no la mayoría simple. En la primera sesión de la Asamblea General de Lima el 06OCT22, el embajador Sanders tomó la palabra para pedir que sus colegas votaran a favor de modificar el temario para incluir la resolución contra la representación venezolana. La votación no alcanzó los 24 votos necesarios para cambiar el temario pero si sumó 19 votos. Es decir. Si el proyecto de resolución contra Tarre hubiese sido votado, probablemente habría sido aprobado.

A favor de incluir la resolución contra Tarre votaron los representantes de México, Panamá, Perú, Saint Kitts y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Granada y Honduras. Los ofrecimientos de un ilusorio petróleo venezolano a precio reducido, en caso de que EEUU permita que Chevron regrese a Venezuela, sirvieron al castrochavismo para ganar votos en el Caribe. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, operador en el Caribe de las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha mostrado en el seno del Caricom sus recientes pactos con Maduro que le han permitido perdón de deuda y reactivación de suministro petrolero subsidiado y a crédito mediante el esquema denominado PetroCaribe. Gonsalves promueve dentro de los países caribeños la línea de apoyar a Maduro y pedir a EEUU que suspenda las sanciones petroleras al régimen chavista. Al parecer, en los palacios presidenciales caribeños así como en importantes oficinas de Washington ha prosperado la fábula según la cual la caída de la producción petrolera venezolana es consecuencia de las sanciones y no de la destrucción del aparato productivo petrolero y de las negativas condiciones creadas por el chavismo en Venezuela.

Votaron en contra del cambio de temario los representantes de Paraguay, Canadá, EEUU y Guatemala. Los demás gobiernos asistentes se abstuvieron.

En medios diplomáticos llamó la atención que la representante de Panamá votara a favor de la propuesta contra el gobierno provisional venezolano. El 10OCT22, poco después de su regreso de Perú, la canciller panameña Erika Mouynes fue sorpresivamente destituida por el presidente Laurentino Cortizo. La salida del cargo de Mouynes, según diversas fuentes, estaría relacionada con su inconsulta decisión de acompañar la acción contra el representante venezolano en la OEA.

En todo caso, la votación en la OEA dejó ver que los cambios políticos en el Continente han mermado sustancialmente el respaldo internacional del “gobierno provisional” de Juan Guaidó. Aunque en algunos casos esa situación no significa un respaldo al régimen encabezado por Nicolás Maduro.

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La “diplomacia” de la dictadura chavista recibió dos derrotas en un terreno que suele sentir como seguro: las Naciones Unidas.

 El 07OCT22, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en Ginebra, sometió a votación una resolución mediante la cual se renovaría por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. El crudo informe presentado por la MII pocas semanas antes, dejó en evidencia la cadena de mando, que comienza en el Palacio de Miraflores, responsable por la sistemática tortura a prisioneros políticos en Venezuela. El régimen chavista que forma parte del Consejo de Derechos Humanos procuró impedir la resolución que debía ser aprobada por la mayoría de los 47 miembros del organismo.

Un grupo de gobiernos, capitaneados por el representante de Paraguay, el embajador Marcelo Scappini Ricciardi, se encargó de redactar la propuesta de resolución, ganar los votos necesarios y hasta negociar con la delegación chavista en varias reuniones al respecto. Los enviados chavistas junto al representante cubano, alegaban que Maduro estaba dispuesto a mantener la oficina que la Oficina del Alto Comisionado de DDHH abrió en Caracas, a condición de que no se renovara el mandato de la MII. La posición de los gobiernos proponentes, incluyendo a Chile, era que ambos mecanismos eran complementarios. En el debate sobre el proyecto de resolución, Scappini hizo dos intervenciones. La primera para presentar el proyecto que era respaldado por 48 miembros de la ONU. En una segunda y dura intervención, el embajador paraguayo desmintió  enviado de Maduro, Héctor Constan, quien insistía en que el proyecto era una imposición injerencista. Finalmente el Consejo votó favorablemente por la resolución que mantendrá en operaciones la misión de expertos que hace seguimiento a la violación de DDHH en Venezuela. 

 

Sólo los gobiernos de China, Cuba, Bolivia, Eritrea acompañaron el voto del enviado de Maduro oponiéndose a la MII.

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El 11OCT22, la dictadura venezolana recibió una segunda derrota en la ONU. La Asamblea General realizó la votación para la renovación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato termina el 31DIC22. Ese día debían renovarse dos de los asientos latinoamericanos y Maduro aspiraba a ser reelecto como miembro del Consejo para permanecer por tres años más.

Maduro sólo obtuvo 88 votos por lo cual los gobiernos de Chile y Costa Rica se hicieron de las sillas que estaban en disputa. En 2019, las diplomacias rusa, chinas, iraní y cubanas habían logrado sumarle 105 votos a Maduro. La operación no funcionó en 2022.

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Jair Bolsonaro podría ganar las elecciones en Brasil superando el margen de 5 puntos porcentuales con que lo aventajó Lula da Silva en la primera vuelta.

La segunda ronda en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá lugar el 30OCT22. Las principales encuestadoras del país, que resultaron impactadas negativamente al fallar en sus predicciones del primer turno, mantienen a Lula da Silva como ganador. Encuestadoras menos conocidas están mostrando a Bolsonaro ganando en importantes cotos electorales lo que proyectaría un potencial triunfo del actual mandatario.

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Argentina compra presidencia de grupo anti EEUU

Informe Otálvora del 07 de enero de 2022

Alberto Fernández preside la reunión de CELAC el 07ENE22 en Buenos Aires. Foto: MRE Argentina

El “gobierno de transición” de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, deberá reducir el número de representantes diplomáticos que mantiene en varias decenas de países.

La confrontación entre los cuatro partidos que conforman la alianza que dio cuerpo a la presidencia de Guaidó fue temporalmente pospuesta, mediante una modificación al llamado “Estatuto que rige la transición a la democracia”, aprobada el 04ENE22 por los diputados electos en 2015.  El nuevo estatuto establece un lapso de doce meses a partir del 04ENE22 durante el cual la Asamblea Nacional funcionará por medio de una “comisión delegada” y señala que Guaidó “ejercerá sus funciones “bajo ese mismo lapso” o “hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático”.

La continuidad del “gobierno Guaidó” fue apoyada explícitamente por los gobiernos de EEUU, Reino Unido, Canadá y Colombia, con lo cual quedó desarmado el intento para defenéstralo por parte de fuerzas opositoras rivales. Como reacción inmediata, altos jerarcas del régimen anunciaron el inicio de nuevas acciones judiciales contra Guaidó y amenazan con su encarcelamiento.

 

 

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La nueva versión del estatuto establece que Guaidó podrá “designar”, previa autorización de la Asamblea Nacional,  jefes de misiones diplomáticas ante los países que reconozcan la legitimidad de la institucionalidad derivada de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, solo mientras persista este reconocimiento” .  De esta manera el sector liderado por Julio Borges y Henrique Capriles, quienes intentaron poner fin al “mandato” de Guaidó, lograron reducir el aparato de relaciones políticas internacionales que es financiado con recursos liberados por EEUU de entre las cuentas congeladas al estado venezolano.

El acuerdo significará que Guaidó sólo mantenga enviados con rango y reconocimiento de diplomáticos ante los gobiernos de EEUU, Colombia, Canadá, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Francia, Reino Unido y el representante permanente ante la OEA.

 

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El canciller mexicano Marcelo Ebrard partió el 04ENE22 hacia Buenos Aires pero incluyó en su periplo una parada en Santiago de Chile con el propósito de mantener un encuentro personal con Gabriel Boric, el izquierdista que resultó electo presidente. Boric era la ficha dentro de Chile del izquierdista Grupo de Puebla del cual el gobierno mexicano es auspiciador y parte. Ebrard llegó a Santiago para reunirse con el próximo gobierno y no con las actuales autoridades. La reunión tuvo lugar el 06ENE22 en las instalaciones que la Universidad de Chile proporcionó a Boric. El chileno se hizo acompañar por Izkia Siches, la médico y antigua militante de la juventud comunista que actuó como su jefe de campaña electoral. Amén de comer rosca de reyes, Ebrard y Boric confirmaron que el nuevo gobierno de Chile formará parte de la alianza izquierdista continental en la que trabajan López Obrador y el argentino Alberto Fernández.

Tras la reunión, la cancillería mexicana emitió un curioso comunicado titulado “México y Chile acuerdan alianza estratégica” como si Boric ya estuviera en funciones presidenciales. Según el comunicado, “las partes resaltaron la visión progresista compartida”. El enviado de López Obrador y el presidente electo chileno “acordaron una alianza para impulsar junto con otros gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, una voz común en la arena internacional para hacer frente a los desafíos”. La internacional progresista pondrá pie en el Palacio de La Moneda 11MAR22.

 

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El largo viaje del canciller mexicano a Buenos Aires, así como el de decenas de sus colegas del continente, tenía como exclusivo propósito celebrar una reunión presencial para confirmar a Argentina en la presidencia de la CELAC, el organismo continental de cuya conformación fueron excluidos EEUU y Canadá.  Alberto Fernández, en su constante pulso con la expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner, desea dar muestras de fortaleza política y de influencia internacional y la convocatoria de la reunión de cancilleres fue su forma de demostrarlo.

El periodista Román Lejtman del portal bonaerense Infobae, reportó el 01ENE22, que en su poder se encontraba la documentación que demostraba las erogaciones hechas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para garantizar la presencia en Buenos Aires de los representantes de Trinidad y Tobago, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis. En las prácticas diplomáticas es usual que el país sede de un evento multilateral financie el alojamiento de las cabezas de las delegaciones invitadas, pero el pago de la boletería es usualmente un recurso extremo.

 

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A su llegada a la presidencia de México el 01DIC18, Manuel López Obrador y su canciller, iniciaron el proyecto de reactivar a CELAC, luego que durante las presidencias del salvadoreño Salvador Sánchez y el boliviano Evo Morales, ambos de filiación castrochavista, el organismo había cesado prácticamente en sus funciones como reflejo de la pérdida de influencia continental de la izquierda. López Obrador, en reiteradas ocasiones ha propuesto la disolución de la OEA y su sustitución por CELAC o un organismo similar y por ello convocó a una cumbre presidencial de CELAC, celebrada en Ciudad de México el 18SEP21, con asistencia de casi dos decenas de mandatarios. Los izquierdistas Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Pedro Castillo figuraron entre los asistentes, pero también Luis Lacalle, Mario Abdo Benítez y Guillermo Lasso. Durante la reunión presidencial debía procederse a la elección del país que ejercería la presidencia del organismo, pero contradicciones entre miembros de la alianza castrochavista impidieron que se concretara un consenso. Alberto Fernández y Daniel Ortega no asistieron a la cita mexicana.

 

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La dictadura chavista no se siente cómoda con Alberto Fernández y mantiene relaciones directas con Cristina Kirchner. Si bien Fernández es una ficha de la izquierda continental y es fundador del Grupo de Puebla, sus intentos para mantener relaciones funcionales con EEUU le han valido ojerizas en La Habana y Caracas.

 

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El plan para que Argentina reemplazara a México al frente de la CELAC y garantizar la continuidad del proyecto, había sido acordado por López Obrador y Alberto Fernández en su encuentro del 23FEB21 en Ciudad de México.  Fernández, todavía en condición de presidente electo, había visitado a López Obrador el 04NOV19 y en aquella oportunidad habían acordado coordinar sus acciones de política exterior. Desde entonces Argentina y México actúan al alimón en foros como la OEA donde hacen causa común contra el Secretario general Luis Almagro y contra el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela.

Uno de esos actos coordinados entre López Obrador y Fernández ocurrió el 21JUN21. Ese día, mediante un comunicado emitido por las respectivas presidencias, Argentina y México anunciaron que habían llamado a consultas a sus embajadores ante el gobierno de Nicaragua para “realizar consultas sobre las preocupantes acciones político-legales realizadas por el gobierno nicaragüense que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”. Se trataba de la ola de detenciones que la dictadura nicaragüense realizó para impedir la participación de candidatos opositores en las votaciones del 07NOV21.

La posición de López Obrador y Fernández desató la furia de Daniel Ortega quien exigió apoyos de sus aliados en La Habana y Caracas donde no se sentían a gusto con una eventual figuración de Fernández al frente de CELAC. La evaluación en La Habana y Caracas era que en medio de una oleada de recuperación de la izquierda continental, un organismo como CELAC debía estar en manos de un aliado incondicional. En ese contexto surgió la candidatura de San Vicente y las Granadinas para competir con la aspiración argentina.

 

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El primer ministro Ralph Gonsalves, el operador pro cubano en el Caribe con puertas abiertas en el Palacio de Miraflores en Caracas, quien conserva en su  archivo numerosas fotografías posando junto a Fidel Castro, Hugo Chávez y… Donald Trump, se prestó para la maniobra de cobrar a Fernández lo que calificaron como una deslealtad para con la causa revolucionaria.

El 30JUL21, la copresidenta nicaragüense Rosario Murillo fue la encargada de difundir la noticia: “Queremos informar que San Vicente y las Granadinas, país querido, país de gran cultura solidaria, de dignidad y de respeto a la soberanía de los pueblos de Nuestramérica, ha enviado a través de la Presidencia pro tempore de la Celac que actualmente está radicada en México, una nota solicitando se circule a todos los medios, el deseo, la voluntad de San Vicente de presentarse como candidato representando al Caribe para la próxima Presidencia Pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños". Una comunicación de esa fecha de la cancillería nicaragüense a México informaba que “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, por este medio tiene el honor y el gusto de comunicar el orgullo que sentimos de respaldar la merecida candidatura de San Vicente y las Granadinas, para ostentar la PPT Celac en el periodo 2022".

Mientras Alberto Fernández secundaba la línea mexicana ante Nicaragua, Daniel Ortega se movía con sus aliados Maduro y Díaz-Canel. Dado que la elección del país que preside CELAC requiere consenso, la existencia de una segunda candidatura impidió que Fernández fuera electo en la cumbre del 18SEP21 en México. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, en su intervención en la reunión de la CELAC en México, dijo que Argentina “se convirtió en instrumento del Imperialismo norteamericano, subordinándose a sus intereses hegemónicos, diseñando, dicho por ellos mismos, con el Gobierno de EEUU, ‹‹una estrategia para vulnerar y negar la Soberanía Nacional de nuestra Nicaragua››”.  El enviado de Ortega se cuidó de no atacar a México, justamente el gobierno que había planeado el retiro de los embajadores.

 

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Empezaba una negociación en el seno del castrochavismo que se movía para proteger a Ortega quien se aprestaba a autoproclamarse ganador de unas votaciones en las cuales no permitió que participara la oposición.

El retorno de los embajadores de México y Argentina, Gustavo Cabrera y Daniel Capitanich, a Managua fue parte del acuerdo para que Ortega bajara su grado de molestia contra Fernández. En medios diplomáticos argentinos se manejan varias hipótesis sobre las concesiones que Fernández debió hacer a Maduro y Diáz Canel para que Ralph Gonsalves retirara su candidatura.

Para demostrar que la alianza castrochavista no resultó alterada, el canciller del gobierno Ortega-Murillo, Denis Moncada, fue de los primeros en llegar a Buenos Aires el 06ENE22 para participar en la reunión de cancilleres. En su discurso del 07ENE22, el enviado de Ortega anunció el apoyo a Argentina en cuanto a las Malvinas y sobre la presidencia de la CELAC. Aún está por conocerse el precio pagado por Argentina para amansar a la dictadura nicaragüense. El inicio del nuevo período de gobierno en Nicaragua, cuya legitimidad es negada por EEUU y la Unión Europea, está previsto para el 10ENE22 y el gobierno argentino por intermedio de su embajador Daniel Capitanich prometió enviar una delegación oficial que, en la práctica, validaría al ilegal gobierno de los Ortega-Murillo. A última hora, Argentina y México habrían acordado no enviar delegaciones oficiales a la “toma de posesión” de Daniel Ortega, ni siquiera de bajo nivel, delegando la representación en sus embajadores en Managua.

Sin votación, con un aplauso como señal del consenso, Alberto Fernández fue escogido el 07ENE22 para ejercer como Presidente Protempore de CELAC. Al día siguiente, su cancillería anunció que su canciller Santiago Cafiero se aprestaba a viajar a Washington donde sería recibido, probablemente el 18ENE22, por el secretario de Estado Antony Blinken.

 

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El gobierno de Brasil se abstuvo de asistir a Buenos Aires ya que se mantiene al margen de la CELAC. Colombia participó en la reunión de CELAC pero no envió a su vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien delegó la representación en su viceministra de Asuntos Multilaterales María Carmelina Londoño. La delegación colombiana se retiró de la Cumbre Presidencial de CELAC celebrada en México el 18SEP21 cuando se oficializó la asistencia de Nicolás Maduro al evento.

“CELAC no sustituye sino complementa a la OEA” afirmó la viceministra Londoño quien leyó el discurso preparado por su jefa. "Colombia rechaza afirmaciones como la que se han hecho repetidamente en los últimos meses de que fortalecer a la Celac va en la línea de enterrar a la OEA, pues jamás acompañaremos esa posibilidad”. Además, sin mencionarlos, expresó que al menor en tres de los países de CELAC se están produciendo violaciones a la democracia y los DDHH. La representante colombiana rechazó las intenciones “de dar la espalda” a EEUU y Canadá, llamando la atención que México propone cerrar la OEA pero mantiene relaciones especiales con ambos países.

 

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La posibilidad de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no se presente en las elecciones presidenciales del 02OCT22 ha surgido nuevamente.

Bolsonaro tuvo unas hiperactivas vacaciones de fin de año en el sureño estado de Santa Catarina. Desde allí fue trasladado de emergencia a São Paulo donde fue hospitalizado la madrugada del 03ENE22. La hospitalización y el diagnóstico oficial (obstrucción intestinal) fue reportado por el propio Bolsonaro en su cuenta de Twitter, con foto del paciente incluida, poco después de su ingreso al Hospital Nova Star. La esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, escribió en su cuenta de Instagram que la hospitalización de su marido era a causa de secuelas del atentado que sufrió el 06SEP18 en plena campaña electoral de aquel año y que le ha obligado a varias intervenciones quirúrgicas.

 

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El médico Antonio Luiz Machado, quien atiende a Bolsonaro desde que le salvara la vida en 2018, fue movilizado en vuelos especiales desde Bahamas hasta Brasil para atender la nueva emergencia presidencial. Tras dos días en el hospital, el paciente y su médico de cabecera informaron que el malestar de Bolsonaro se debió a no haber masticado adecuadamente unos camarones. La explicación dejó más dudas que luces por cuanto una versión sugiere que la crisis presidencial se había desatado por una razón de hábitos alimenticios. Pero también queda al descubierto las potenciales complicaciones de salud del mandatario consecuencia del intento de asesinato del 2018.

 

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Fuentes cercanas a la familia presidencial brasileña, consultadas para este Informe, indican que Bolsonaro no pretende abandonar la carrera presidencial bajo ningún criterio.

Tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro, cada uno por razones de salud diversas, podrían verse imposibilitados de comparecer como candidatos, pero en ambos bandos existe la decisión política de  avanzar hacia unas elecciones que pudieran redibujar el contexto político de toda la región.  Las encuestas durante casi un año muestran a Lula da Silva doblando la intención de voto de Bolsonaro. Debe esperarse que esa diferencia tienda a disminuir en las próximas semanas. Una encuesta circunscrita al Distrito Federal, difundida por la revista Veja el 06ENE22, da cuenta de una ligera ventaja de Bolsonaro sobre Lula. Brasilia no es determinante en los resultados electorales de Brasil pero esta encuesta pudiera señalar una tendencia a la mejoría de los números de Bolsonaro.

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Activadas intensas gestiones internacionales sobre Venezuela

Informe Otálvora del 09 de febrero de 2019

El canciller de Brasil Ernesto Araújo y el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo el 05FEB19. Foto Departamento de Estado EEUU.

El apoyo a Juan Guaidó es una política bipartidista en EEUU, salvo por el rechazo de congresistas del ala más izquierdista del Partido Demócrata. El 08FEB19, la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, emitió un pronunciamiento reconociendo a Guaidó “como el Presidente interino hasta que se puedan celebrar elecciones completas, justas y libres”.

La declaración de Pelosí compensó la falta de un pronunciamiento por parte de los voceros del Partido Demócrata, el californiano Xavier Becerra y la georgiana Stacey Abrams, cuando fueron comisionados para responder al mensaje sobre el estado de la Unión pronunciado el 05FEB19 por Donald Trump. En sus dos comparecencias anuales ante el Congreso, Trump se ha referido a Venezuela y en la de este año  resaltó su decisión de reconocer a Guaidó.

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Juan Gauidó anunció que la coalición partidista que lo apoya estaría dispuesta a solicitar y autorizar el ingreso de “una fuerza internacional para restituir el orden constitucional” en Venezuela y “proteger la vida de nuestros ciudadanos”.

Esa afirmación fue hecha en una entrevista concedida por Guaidó al diario uruguayo El País difundida el 07FEB19. Según Guaidó, dicha autorización estaría sustentada en la actual Constitución venezolana que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. La acción internacional, según Guaidó, estaría enmarcada en “la doctrina  de la Responsabilidad para Proteger”. Agregó Guaidó que “queda de parte de la comunidad internacional, y de actores como Colombia, Brasil y EEUU definir si en el escenario de que se prolongue la crisis y la ayuda humanitaria resulte inefectiva o insuficiente, adoptarán una posición de tolerancia ante estos hechos”.

En el denominado “Estatuto que rige la transición a la democracia” aprobado por la Asamblea Nacional el 05FEB19 ya aparece la posibilidad de que el “gobierno de transición” solicite ayuda internacional para “restablecer la soberanía estatal”.  El artículo 29 de ese “estatuto” dice: “El Gobierno provisional podrá solicitar la ayuda de la comunidad internacional a los fines de restablecer la soberanía estatal en el territorio de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 187 de la Constitución”.

En todo caso, las afirmaciones al diario uruguayo, es la primera declaración en la cual expresamente Guaidó se refiere al tema de la presencia de fuerzas extranjeras en Venezuela. El 07FEB18, el enviado especial del gobierno de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó en Washington que su gobierno llevará ayuda hasta la frontera con Venezuela pero no forzará su ingreso. En sus declaraciones al diario uruguayo, Guaidó coloca en manos de EEUU, Brasil y Colombia la decisión de intervenir en Venezuela. Mientras EEUU ha dejado abiertas desde el principio del gobierno de Trump “todas las opciones” sobre Venezuela, los gobiernos de Jair Bolsonaro e Iván Duque han descartado planes de acción militar sobre el vecino país.  

En tanto, la coalición que respalda a Guaidó y el chavismo han iniciado sus propias estrategias de desgaste del contrincante. Movilización política interna y respaldo de gobiernos extranjeros son los principales activos de Guaidó. El control del aparato gubernamental es la carta del régimen chavista del cual forman parte los altos jefes castrenses.

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Los gobiernos de EEUU y Colombia establecieron en la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, un lugar para el  acopio de “ayuda humanitaria” aportada por el gobierno estadounidense y transportada seiscientos kilómetros por vía terrestre desde Bogotá. La llegada de diez camiones el 07FEB19 a las instalaciones de la aduana colombiana en el puente de Las Tienditas, situado a casi novecientos kilómetros de Caracas, fue la primera muestra de una operación con la cual Guaidó busca materializar el respaldo internacional y procurar apoyo de las fuerzas militares venezolanas de las cuales depende el ingreso y la circulación de esa ayuda en territorio venezolano. Se trata de una acción simbólica con potencial alto impacto político y el propio Guaidó ha reconocido que sólo la apertura de un “corredor humanitario” con ingreso no limitado de ayuda internacional permitiría la provisión de suministros para “garantizar la gobernabilidad”.

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Los cancilleres de Colombia y Brasil, Carlos Holmes Trujillo y Ernesto Araújo, realizaron visitas a Washington tras su participación en la reunión del Grupo de Lima del 04FEB19 en Canadá. El Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, cuya oficina en la Casa Blanca se ha convertido en estos días en lugar obligado de tránsito para los jefes diplomáticos extranjeros, recibió a Araújo el 05FEB19 y a Holmes al día siguiente. El 05FEB19 ambos, por separado,  también fueron recibidos  en el Departamento de Estado por el Secretario Mike Pompeo. Aparte de temas bilaterales, las reuniones de los cancilleres con Bolton y Pompeo estuvieron fuertemente marcadas por el “tema Venezuela”. En ambos casos fueron revisados los aspectos logísticos de la participación de Colombia y Brasil en la construcción de un esquema de acopio y suministro de ayuda humanitaria hacia Venezuela, así como la evaluación de las diversas gestiones diplomáticas que adelantan diversos grupos de países sobre la crisis venezolana.

Araújo dejó saber que su gobierno analiza diversas opciones para la instalación de un punto de apoyo al ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela dadas las dificultades logísticas que representa. Se trató de la primera visita a Washington del enviado de Jair Bolsonaro desde que asumiera la cancillería brasileña el 01ENE19 y en sus conversaciones con los interlocutores estadounidenses se habría analizado aspectos geopolíticos como el régimen de Cuba y la presencia de Rusia y China en la política continental.

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El 04FEB19, la vicepresidente y canciller de Panamá Isabel de Saint Malo, de viaje en Washington, sostuvo una reunión con su colega Mike Pompeo en la cual se trató las crisis de Venezuela y Nicaragua. El “tema Venezuela” y el rol del Grupo de Lima fue objeto de la reunión sostenida el 06FEB19 por el vicecanciller peruano Hugo de Zela con el secretario de Estado Adjunto John Sullivan y con el encargado de Venezuela en el Departamento de Estado Elliott Abrams. Sullivan igualmente habló sobre Venezuela en su reunión del 07FEB19 con el Secretario de Exteriores de España, Fernando Martín Valenzuela de visita en Washington.

El 13FEB19 el presidente colombiano Iván Duque estará en la Casa Blanca para una reunión con Donald Trump y su equipo durante la cual, aparte de temas bilaterales, analizarán la participación de Colombia en la estrategia de apoyo a Guaidó. Al día siguiente, el 14FEB19, el secretario de Estado Mike Pompeo llegará a Bruselas donde sostendrá un encuentro con la Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini en el cual intercambiarán sobre las acciones de EEUU y la UE hacia Venezuela. El 18FEB19 el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea sostiene una sesión de rutina y el “tema Venezuela” ya fue incluido en la agenda en la cual Mogherini informará a los ministros sobre la reunión sostenida en Montevideo el 07FEB18.

El “tema Venezuela” ha ganado una altísima figuración política y mediática planetaria en desmedro del régimen chavista. Decenas de diarios de América y Europa, cadenas internacionales de noticias y hasta altos funcionarios de diversos gobiernos coincidieron al mostrar y comentar una fotografía aérea, tomadas el 06FEB19 al puente Las Tienditas sobre el rio Táchira, el cual comunica a Venezuela y Colombia. La imagen que fue un duro golpe publicitario contra Maduro, mostraba improvisadas barricadas (contenedores y una cisterna rodante) colocadas sobre un amplio puente binacional que permanece cerrado al tráfico desde que concluyera su construcción en 2016. Aquella foto que rápidamente fue complementada por video aéreos producido por agencias de noticias, reforzó una creciente percepción internacional  sobre la negativa de Maduro para permitir el tránsito de “ayuda humanitaria” hacia Venezuela.

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Montevideo, la capital de Uruguay, fue escenario para un fracasado intento del régimen chavista para crear un esquema de apoyo internacional que le brinde oxígeno político mediante la promoción de un esquema de “dialogo” entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

La Unión Europea acordó el 30ENE19 la creación de un “grupo internacional de contacto” para promover “condiciones necesarias para la “celebración inmediata de elecciones libres y justas” en Venezuela. Del mecanismo forman parte los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Países Bajos, Italia, Suecia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia y tendría su primer encuentro el 07FEB19 en Montevideo. En tanto, Uruguay y México, en clara coordinación con el régimen chavista, promocionaba en paralelo la celebración de una “conferencia internacional” de países “neutrales” que promoverían un “diálogo” en Venezuela.

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El 05FEB19, la presidencia de Uruguay emitió un comunicado afirmando que “ante versiones vinculadas a la reunión del próximo jueves 7 en Montevideo entre países de la Unión Europea y de América Latina, Presidencia de la República Oriental del Uruguay aclara que la única reunión acordada es la que se realizará efectivamente ese día y en la que participarán: la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay”. Llamaba la atención que el canciller mexicano Marcelo Ebrard viajara a Montevideo para participar en la reunión promovida por la UE, pese a que la posición del gobierno de AMLO es la de no reconocer a Guaidó y rechazar nuevas elecciones en Venezuela.

Tras un largo viaje con escala en Miami, el 06FEB19 llegaron a Montevideo los primeros ministros de Trinidad & Tobago, Barbados y San Cristóbal y Nieves, Keith Rowley, Mia Mottley y Timothy Harris, con sus respectivas delegaciones de funcionarios diplomáticos y personal de prensa. Los tres enviados caribeños junto a los cancilleres de Uruguay y México sostuvieron un almuerzo en el Palacio Santos, sede de la cancillería uruguaya, y procedieron a suscribir un documento creando el “Mecanismo de Montevideo” con el propósito de promover el diálogo en Venezuela. Simultáneamente el gobierno de Bolivia anunciaba su apoyo al “mecanismo”, Nicolás Maduro lo aplaudía desde Caracas y comenzaba a circular una carta de apoyo suscrita por una lista de figuras de la izquierda mundial encabezada por las brasileñas Dilma Rousseff y Gleisi Hofmann, el español Juan Carlos Monedero y la chilena Camila Vallejo. El montaje de una maniobra diplomática promovida desde Caracas resultaba evidente.

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El 07FEB19 se produce la reunión del “Grupo de Contacto” copresidida por el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez y la italiana Federica Mogherini quien llegó acompañada de un grupo de ministros de exteriores europeos. Los enviados europeos descartaron considerar el “Mecanismo de Montevideo” ideado por México y Uruguay. El documento final del encuentro del “Grupo de Contacto” señala que los participantes “procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible” en Venezuela y  “permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria”.

De esta manera el gobierno uruguayo, sin reconocer a Guaidó, se sumó a la posición de exigir nuevas elecciones en Venezuela. El canciller mexicano Marcelo Ebrard quien asistió a la reunión del Grupo como invitado y el canciller boliviano Diego Pary no suscribieron la declaración.

Ya el 06FEB19 una representante de la Unión Europea, Veronique Lorenzo, viajó a Caracas para sostener reuniones con Guaidó y con Jorge Arreaza el canciller de Maduro. Según Guaidó, la reunión tuvo como propósito  “consolidar su apoyo y la transición democrática”. En la práctica, ya la UE comenzó sus gestiones ante los dos principales actores políticos de la crisis venezolana.

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