Aún sin concretarse nueva política de EEUU hacia Venezuela

 Informe Otálvora del 09 de febrero de 2025

Edmundo González Urrutia en Washington durante una conferencia telefónica con Marco Rubio y María Corina Machado el 22ENE25. Collage Grethel Delgado/DLA con fotos de @edmundogu 

El gobierno de Lula da Silva otorgó carácter de “secretos” a los documentos de la cancillería brasileña referidos a los contactos entre el grupo empresarial J&F y la dictadura venezolana.

El grupo J&F , liderado por los hermanos Joesley y Wesley Batista, es un socio comercial del régimen chavista desde mediados de la década pasada cuando servía de proveedor cárnico bajo la marca JBS. Al inicio del actual gobierno de Lula, la empresa suscribió un extraño acuerdo con una no identificada empresa venezolana para la compra de electricidad para su distribución en el norte de Brasil. Esa gestión realizada bajo la marca de “Ambar Energía” fue reforzada por una autorización suscrita por Lula para la importación de electricidad desde Venezuela. La incapacidad del gobierno venezolano para suministrar electricidad a los venezolanos desató sospechas sobre el pretendido negocio de la empresa de los hermanos Batista quienes sostuvieron reuniones oficiales en Caracas con funcionarios del sector energético del régimen.

En diciembre pasado, un reportero de O Globo solicitó acceso al contenido de las comunicaciones entre la cancillería de Itamaraty y su embajada en Caracas en relación a las gestiones de los hermanos Batista en Venezuela. La información fue negada al periodista basado en la decisión de la embajadora brasileña en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, quien fijó en cinco años el tiempo durante los cuales la documentación estará fuera del conocimiento público.

Según O Globo la cancillería brasileña igualmente habría impuesto cinco años de condición de “secreto” a una serie de comunicaciones entre diplomáticos brasileños y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a propósito de las votaciones del 28JUL24.

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Las relaciones entre la dictadura venezolana y el gobierno de Brasil se han reacomodado luego de algunas diferencias sobre el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro el 28JUL24. Los cancilleres de Brasil y de Maduro, Mauro Vieira e Yván Gil sostuvieron una “cordial reunión” en Paramaribo donde coincidieron el 03FEB25, con motivo de una reunión ministerial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Según Itamaraty, Vieira y Gil trataron “asuntos regionales y bilaterales” en su encuentro en la capital de Surinam.

 Por cierto, el excanciller brasileño Celso Amorim, cofundador del izquierdista Grupo de Puebla y quien estaba ejerciendo una hiperactiva diplomacia paralela en su condición de asesor presidencial de Lula, pareciera haber reducido su gestión internacional. Durante ya varios meses ha permanecido en las sombras luego de los choques con la dictadura venezolana por el tema de la no presentación de las actas electorales del 28JUL24. Amorim solía asistir a todas las actividades internacionales de Lula y actuaba como un virtual jefe de la diplomacia brasileña opacando a Mauro Vieira titular de Itamaraty. En mentideros brasilienses se comenta que Amorim, de 82 años de edad, optó por disfrutar de cambios en su vida personal y limitar su participación a sólo asuntos de altísimo nivel de diplomacia presidencial.

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Las operaciones de USAID, el brazo financiero de la política exterior de EEUU, están congeladas por decisión de Donald Trump y ejecución por Elon Musk en su condición de “empleado gubernamental especial” quien contaría con clasificación máxima de seguridad. Una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el mismo día de su toma de posesión se denomina “Reevaluación y realineamiento de la ayuda exterior de EEUU”. En su parte argumental, el texto asegura que “el esfuerzo y la burocracia de ayuda exterior de EEUU no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses”. Trump ordenó una “pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de EEUU para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de EEUU”, y delegó en Marco Rubio la potestad de eximir la suspensión temporal de determinados programas específicos y de reestablecer el financiamiento de programas. Tras los 90 días los jefes de las agencias deberán decidir cuales programas continuarán con financiamiento. El texto firmado por Trump, elaborado con larga anticipación por sus equipos de asesores, estableció un control directo de la Casa Blanca sobre las decisiones sobre continuidad provisional de programas, la reapertura del financiamiento a programas o creación de nuevos programas. En todos los casos intervendrá la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) presidida por Russell Vought quien estuvo involucrado en la definición de la agenda conocida como Proyecto 2025, la cual entre centenas de asuntos a los que se refiere, propuso la reorganización de la ayuda exterior de EEUU.

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Pocas horas después de emitida la Orden Ejecutiva, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, organizaciones privadas ONGs y proveedores de bienes y servicios a nivel global, recibían notificaciones sobre la suspensión del financiamiento de programas de la más diversa índole. Actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, operaciones antinarcóticos aéreas de la Policía Nacional de Colombia, apoyo a la recepción y relocalización de venezolanos que procuran refugio en Brasil, programas de cambio de cultivo en zonas cocaleras en diversos países suramericanos son sólo algunas de las actividades abiertas financiadas por EEUU que están paralizadas en la región. Otro tipo de actividades muchas de ellas de bajo perfil o secretas, especialmente de apoyo a organizaciones sobre DDHH en países bajo control dictatorial, igualmente quedaron sin recursos.

La filtración desde el gobierno Trump sobre gastos poco ortodoxos realizados por USAID dio fuerza a la consigna lanzada por Musk según la cual “es hora de que muera”. Marco Rubio, quien no es partidario de eliminar USAID y propone su traslado al Departamento de Estado con una reorientación de objetivos, logró que Trump lo designara el 03FEB25 como Administrador interino de USAID, aunque la parte operativa le fue asignada a Pete Marocco partidario del desmembramiento de USAID.

El Departamento de Estado ya estaría enviando a diversas entidades a nivel global, solicitudes de declaraciones escritas en las cuales los representantes deberán asegurar que sus actividades no incluyen iniciativas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI) en cumplimiento de la Orden Ejecutiva de Trump del 21ENE25 sobre “Poner fin a la discriminación ilegal y restablecer las oportunidades basadas en el mérito”.

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Una nueva política de EEUU hacia Venezuela pareciera no terminar de concretarse.

El 31ENE25 aterrizó en Caracas el enviado especial de Trump, Richard Grenell, quien sería recibido por Nicolás Maduro. Se trató de la primera ocasión en la cual un funcionario estadounidense apareció en fotografías junto a Maduro desde las visitas del entonces subsecretario de Estado Thomas Shannon en 2016. Si bien Grenell había hecho pública el 20ENE25 que ya había “hablado con varios funcionarios de Venezuela”, las imágenes del enviado de Trump en el Palacio de Miraflores obligaron a parlamentarios republicanos ligados a temas latinoamericanos, a una virtual operación de control de daños asegurando que EEUU no reconocería ni negociaría con Maduro. Grenell, tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 26ENE25, había entrado en contacto también con la lideresa opositora María Corina Machado quien lo confirmó posteriormente asegurando que el estadounidense le había informado antes y después de su viaje a Caracas. A los efectos de altos funcionarios y operadores de EEUU el liderazgo opositor se centra en Machado y en el presidente electo Edmundo González Urrutia con quienes mantienen comunicación.

Con una conversación a la distancia el 22ENE25, en medio de las carreras propias del segundo día en el cargo, Rubio quiso dejar patente el reconocimiento de EEUU a González Urrutia y a MCM. Rubio se mantiene partidario de la política de sanciones hacia el régimen chavista tal como lo confirmara en declaraciones a la periodista Alicia Ortega en Santo Domingo el 06FEB25. Ortega preguntó a Rubio en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela q “las sanciones han servido de poco en el pasado. ¿Se adoptarán medidas más agresivas contra esos países?”. El secretario de Estado respondió: “creo que están equivocados en eso. El propósito de las sanciones es impedirles que sigan haciendo lo que están haciendo o negarles fuentes de ingresos ilegítimos, ya sea de un individuo, de un régimen o de una organización terrorista. Ese es el propósito de las sanciones”.

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Aparte del impacto mediático de unas conversaciones entre EEUU y un gobierno al cual no reconoce, Grenell partió de Caracas con la promesa de Maduro para recibir vuelos e incluso aportar aviones para el traslado de venezolanos deportados desde EEUU. De esa manera, Maduro aceptaba retomar lo acordado con el gobierno Biden en 2023 y que fue paralizado por Caracas a principios del 2024.

Maduro entregó a Grenell seis estadounidenses que permanecía encarcelados en Venezuela, quedando algunos todavía cono rehenes de la dictadura. El anterior encargado para esas gestiones, Roger Carstens, cesó discretamente sus funciones el 20ENE25. Carstens, quien fue designado en 2020 por Trump como Enviado especial presidencial para asuntos de rehenes y quien fuera ratificado por Biden, gestionó varios procesos para la liberación de estadounidenses secuestrados en cárceles de la dictadura venezolana. Ahora, Grenell alegó que los resultados de su visita no habían sido producto de una negociación y que el tema petrolero no había formado parte de las conversaciones.

Por coincidencia o premeditadamente, al día siguiente del viaje de Grenell a Caracas, el 01FEB25 se produjo la renovación automática mensual de la licencia del Departamento del Tesoro de EEUU que permite que la petrolera estadounidense Chevron realice explotación y exportación de hidrocarburos desde Venezuela en sociedad con el régimen. Hasta le fecha el gobierno Trump ha mantenido las licencias públicas y privadas que permiten negocios energéticos con el régimen chavista.

 

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El 26MAY25 deberá estar tomando posesión un nuevo Secretario General de la OEA quien reemplazará al uruguayo Luis Almagro. Los cancilleres de los países miembros están convocados para una Asamblea General extraordinaria que deberá realizarse en Washington el 10MAR25 con el propósito de elegir al nuevo Secretario General.

Las candidaturas puedes ser presentadas hasta le fecha de la votación pero la OEA estableció el 03FEB25 como fecha para la postulación de candidaturas que participarían en eventos institucionales de presentación de los planes de trabajo de cada candidato. Al 03FEB25 se había presentados dos candidaturas ninguna de las cuales, según diversas fuentes, pareciera reunir un apoyo mayoritario.

El gobierno de Paraguay promueve al embajador Rubén Ramírez quien fue ministro de exteriores durante el mandato de Nicanor Duarte Frutos y actualmente nuevamente detenta ese cargo bajo el gobierno de Santiago Peña. Ramírez contaría aparentemente con los votos de Argentina, Brasil y Uruguay y, eventualmente, de EEUU. Peña, quien asistió a eventos por la toma de posesión de Trump en Washington, fue recibido por Marco Rubio el 21ENE25 como una de sus primeras actividades en el cargo que había jurado pocas horas antes.   

Por su parte el gobierno de Surinam, presidido por Chandrikapersad Santokhi, presentó desde enero de 2024 la candidatura de su actual ministro de Exteriores Albert R. Ramdin. La candidatura de Surinam contaría con el voto de los catorce países miembros de Caricom, el grupo regional caribeño que está presentando la candidatura de Ramdin como suerte de reivindicación ya que el “Caricom representa  el 44% de los miembros de la Organización [pero] hasta ahora ninguna persona del Caribe ha llegado a ocupar tan alto cargo”, según reza la comunicación firmada por el representante de Antigua y Barbuda ante la OEA anunciando el apoyo del grupo subregional. Surinam ha dejado correr la versión según la cual China, que no es miembro de la OEA pero si cuenta con un embajador con carácter de “observador permanente”.

En medios políticos de Costa Rica ha circulado la versión según la cual, ante la falta de una candidatura mayoritaria, se estaría asomando la opción de Arnoldo André, ministro de exteriores del gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Según confesara André, en rueda de prensa junto a Chaves el 29ENE25, algunos gobiernos le han ofrecido su apoyo sin que hasta la fecha se presentara esta opción. El tema probablemente fue tratado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien visitó San José el 04FEB25.

Un candidato requiere 18 votos para convertirse en nuevo Secretario General y por ahora existe una suerte de limbo en espera de conocer cual dirección tomará el gobierno de EEUU.

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EEUU y María Corina Machado extienden plazo a Maduro

Informe Otálvora del 04 de noviembre de 2023

María Corina Machado conversa con Mario Vargas Llosa el 24OCT23. Foto: @MariaCorinaYA

La oposición venezolana entró en una línea de choque contra el secretario General de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo, está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna. A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las bocas del rio Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto no existe una delimitación marítima.

El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.

Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”.

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La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del continente.  En general, tal posibilidad no parece realista.

Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon (45%), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25%) y la estadounidense Hess (30%). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el 55% de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por autorización de Guyana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero esas empresas son en realidad socias del chavismo.

El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y futura explotación, esta vez en aguas no profundas.

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El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité, decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro   en el que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”

El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para las hipotéticas elecciones de 2024. Mediante la sentencia, la sala electoral del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la entrega de innumerables documentos incluyendo “el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía General, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta clausula fue presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.

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La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.

Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados. El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en Washington.

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La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta, pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que opera desde Bogotá.  Palmieri, en declaraciones a Gabriela Perozo del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a sólo dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo, por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato presidencial de la oposición democrática”.

Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.

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María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección política”.  En aquellos días, , Machado no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están representados”.

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Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23, en las cuales según los organizadores logró el 92,35% de los votos válidos, Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.

El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portar argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.

Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el gobierno de Maduro.

El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Este Informe consultó infructuosamente al comando de María Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.

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Rusia apadrina regímenes castrochavistas

Informe Otálvora del 19 de noviembre de 2021

El canciller chavista Félix Plascencia escoltado por Serguéi Lavrov el 08NOV21 en Moscú. Foto: MAE-Rusia

La OEA realizó, en una mezcla de reunión presencial y vía internet, su Asamblea General número 51. Lo que prometía con ser el escenario para un choque de fuerzas políticas continentales resultó una usual y llevadera reunión anual del club. Argentina y México, por meses, trataron de conformar una mayoría con dos propósitos definidos: uno, dejar sin efecto la representación de Venezuela ejercida por el embajador Gustavo Tarre Briceño enviado de Juan Guaidó y dos, avanzar hacia una eventual apertura de un proceso para la destitución del secretario general Luis Almagro.

 

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Los demostraron que las cancillerías de México y Argentina, con el nada oculto apoyo de los regímenes de Cuba y Venezuela, trabajaron en dirección a los dos propósitos, tratando de revivir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el organismo continental que excluye a EEUU y Canadá y que acepta a la dictadura cubana y al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Tras varios años de paralización, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador fue el anfitrión en Ciudad de México el 18SEP21 de mandatarios y cancilleres de los países miembros de CELAC. Entre los llegados a México se encontraban Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y el boliviano Luis Arce. El propio AMLO había dejado saber, el 24JUL21, que el propósito de su gobierno, en yunta con Argentina, es cerrar la OEA y crear un organismo “que no sea lacayo de nadie”. Por cierto, el canciller ruso Serguéi Lavrov, en sus intervenciones sobre Latinoamérica, suele mencionar el respaldo de su gobierno a la CELAC.

El deseo de López Obrador parecía cobrar cuerpo cuando logró reunir a la CELAC en el Palacio Nacional mexicano el 18SEP21. Por cierto, y para extrañeza de muchos, en su discurso AMLO además de pedir que EEUU diseñe una nueva “Alianza para el Progreso” para Latinoamérica, propuso que “junto con EEUU y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un Tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente” propuesta que recordó al proyecto de ALCA promovido en 1994 por el gobierno de Bill Clinton y que todavía el castrochavismo celebra su “entierro” en 2005. La reunión de la CELAC en México no prestó mucha atención a los “planes” de AMLO en materia económica, tampoco en sus deseos de alcanzar un pacto para liquidar a la OEA.

 

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Uno de los primeros pasos formales en la instalación de las asambleas generales de los organismos internacionales, ONU u OEA por ejemplo, es el trámite de aprobación de las delegaciones presentes en lo que usualmente se denomina “informe de credenciales”. El 11NOV21, en la primera sesión plenaria de la 51 Asamblea General de la OEA fue presentado el tema de la representación venezolana. AMLO y el argentino Alberto Fernández fracasaron en su procura de votos para expulsar de la OEA al representante de Juan Guaidó por lo cual se abstuvieron de presentar un proyecto de resolución a ese respecto. Sólo ocho gobiernos se manifestaron, en las intervenciones verbales de sus representantes, en contra de la presencia del venezolano: Antigua & Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Dominica, México, Nicaragua y Trinidad & Tobago. La representante mexicana exigió que todos los documentos aprobados en la Asamblea General llevaran un pie de página de ocho párrafos en el cual el gobierno de AMLO califica como “acto violatorio al derecho internacional” la presencia de un representante de Venezuela en la OEA ya que, alega México, Nicolás Maduro se retiró de la OEA en abril de 2017.

Salvo los ataques verbales contra Luis Almagro, a quien la alianza castrochavista acusa de ser el responsable de la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019, la destitución del Secretario General ni siquiera fue asomada por los interesados. Destituir al Secretario General de la OEA requiere dos tercios de los votos de los miembros, cantidad que el castrochavismo no controla.

 

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Probablemente la única declaración política de peso de la Asamblea General de la OEA de 2021 lo constituyó la aprobación de una Resolución promovida por Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, R. Dominicana, Venezuela y Uruguay en relación a Nicaragua. La sistemática violación de los DDHH, el encarcelamiento de opositores incluyendo a más de una decena de dirigentes políticos incluyendo candidatos presidenciales habían sido el prólogo a las “votaciones” del 07NOV21 en las cuales se proclamó triunfador Daniel Ortega. La Asamblea General de la OEA aprobó el 19NOV21 “declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

 

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La resolución sobre Nicaragua fue votada favorablemente por El Salvador, EEUU, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, sorprendentemente por Perú, R. Dominicana, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Dominica. Los gobiernos de la alianza castrochavista Argentina, Bolivia, México y San Vicente & Granadinas acordaron previamente jugar al voto de “abstención” a lo cual se sumaron Honduras, Santa Lucia y Belice. El representante de Nicaragua votó en contra.  El gobierno de San Cristóbal y Nieves optó por apagar la conexión de internet para no aparecer como asistente. La resolución fue aprobada 25 votos de un total de 34 miembros del club. El voto hondureño a favor de la dictadura de Ortega, pareciera ser la recompensa por la firma, el 27OCT21, de un acuerdo de límites marítimos entre Honduras y Nicaragua en detrimento de la posición de El Salvador

 

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El número de votos a favor de la resolución sobre Nicaragua superaba los dos tercios de los votos necesarios para en una eventual futura votación, proceder a suspender a Nicaragua del “ejercicio de su derecho de participación”, según dicta la Carta Democrática Interamericana.

Pero en los medios diplomáticos del Continente existía la certeza que una votación de suspensión contra el régimen de Ortega podría no reunir los votos necesarios, razón por la cual el asunto no fue presentado a consideración de la Asamblea General.

Pareciera que en la OEA nadie tiene votos para destituir a Luis Almagro pero tampoco para suspender a Daniel Ortega. Por ello, la resolución aprobada se limitó a “instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.  Ya el 09JUN21, el Secretario General Luis Almagro había sugerido la convocatoria de una reunión especial del Consejo Permanente para adelantar la suspensión de Nicaragua de la OEA ante “una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales". Como ya había ocurrido con el régimen chavista, la OEA se abstuvo de avanzar en la suspensión del gobierno de Ortega.

A primera hora del 19NOV21, la representación de Nicaragua en la OEA hizo entrega a la oficina del Secretario General de una misiva suscrita por el canciller sandinista Denis Moncada. En su comunicación leída en la Tv de Managua, Moncada anunció a Almagro la decisión del gobierno de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA para "ponerle fin a una relación inamistosa, ofensiva e indignante para Nicaragua". De acuerdo a lo establecido en la Carta de la OEA, el retiro definitivo de Nicaragua se concretaría el 19NOV23.

 

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El rechazo a las “votaciones” del 07NOV21 en Nicaragua como ocurrió con las del 20MAY18 en Venezuela no ocurrió por un simple fraude electoral en día de las votaciones sino como consecuencia de que esas elecciones fueron la conclusión de procesos inconstitucionales y claramente no democráticos. A la usanza chavista, Ortega no permitió la presencia de observadores electorales internacionales, invitando a dos centenas de militantes de partidos de izquierda afines, así como a enviados de Rusia y de dos países inexistentes: Abjasia y Osetia del Sur.

 

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En la noche del domingo 07NOV21, a poco de que el régimen de Ortega anunciara el cierre de las votaciones, el gobierno de Costa Rica emitió un comunicado declarando que no reconoce esas elecciones “ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia”. Pocos minutos después, la Casa Blanca emitió una declaración de Joel Biden quien calificó como una “pantomima” las votaciones en Nicaragua y señaló que “la familia Ortega y Murillo ahora gobierna Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza”.

En la mañana europea del 08NOV21, el gobierno español se pronunció “rechazando” los resultados de las “elecciones” en Nicaragua. “El gobierno [de España] rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados”. Incluso el gobierno izquierdista de Perú emitió un comunicado el 08NOV21 afirmando que lo ocurrido en Nicaragua “merece el rechazo de la comunidad internacional”.

EEUU, Canadá y el Reino Unido acordaron actuar conjuntamente para imponer nuevas sanciones a los altos jerarcas nicaragüenses. El 15NOV21, el Reino Unido amplió la lista de nicaragüenses objeto de sanciones incluyendo esta vez a Rosario Murillo. Con esa fecha, el Departamento del Tesoro de EEUU sumó a la lista de sancionados al “Ministerio Público” de Nicaragua y a nueve altos funcionarios “quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, anunció también el 15NOV21 la inclusión de once funcionarios nicaragüenses en la lista de sancionados “respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua”. La declaración de Canadá afirmó que “el régimen le ha robado al pueblo nicaragüense su derecho humano fundamental a votar en elecciones libres, justas e inclusivas”..

El 16NOV21, Joe Biden suscribió y notificó al Congreso la ampliación por un año más de la vigencia de la Orden Ejecutiva 13851 del 27NOV18 de Emergencia Nacional que sirve de base a las sanciones impuestas a los jerarcas sandinistas. Ese mismo día, Biden emitió una orden prohibiendo el ingreso a EEUU de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de funcionarios del régimen que “formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”.

Además de la dictadura cubana, en este momento existen en el Continente dos gobiernos cuya legitimidad es puesta en duda por buena parte de los países de la región así como por la Unión Europea. Pero Cuba, el régimen chavista, el gobierno familiar de los Ortega-Murillo y el gobierno bicéfalo de Bolivia encabezado por Luis Arce y Evo Morales tienen un padrino común que ha decidido retar a EEUU no sólo en Ucrania, Polonia o el Polo Norte sino en tierras latinoamericanas: Rusia.

 

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El 19JUL21, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, fue recibido en el Ministerio de Exteriores en Moscú por su homólogo ruso Serguéi Lavrov para discutir el apoyo de Vladimir Putin a Daniel Ortega ante las sanciones externas. El 22OCT21, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, visitó a Lavrov en Moscú y el ruso afirmó que “nuestros vínculos se estrecharon notablemente en los últimos meses”. El 22JUN21, el ahora excanciller de Maduro, Jorge Arreaza, fue recibido por Lavrov y el 08NOV21 el nuevo canciller del régimen chavista, Félix Plasencia, cumplió el ritual de visitar la cancillería rusa. “Buen amigo de nuestro país”, calificó Lavrov a Plasencia quien, según el ruso, “le informó de la situación política interna” de Venezuela. Rusia declarado protector internacional del régimen chavista, es auspiciador de un grupo denominado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU” focalizado en atacar las sanciones que EEUU y otros países han aplicado precisamente a Rusia y al régimen chavista. El gobierno ruso es un actor directo en las pláticas que Maduro abrió con la oposición y que tuvieron como sede a México. Tras su reunión con Lavrov, el enviado de Maduro informó en Moscú el 08NOV21 que su jefe había cambiado de opinión y que retomaría las pláticas de México que él suspendiera el 16OC21.

Durante la comparecencia ante la prensa junto a Plasencia el 08NOV21, Lavrov aseguró que las “elecciones” del día anterior en Nicaragua “se celebraron de forma organizada, de conformidad con la legislación nicaragüense”. El ruso se refirió a las protestas populares iniciadas el 18ABR18 en Nicaragua y las calificó como “intentos de derrocar al gobierno” provocadas por “injerencia externa abierta”. En la misma línea, la vocera de la cancillería rusa, María Vladímirovna Zajárova, emitió el 15NOV21 un comunicado sobre lo que calificó como “intentos del exterior de desestabilizar la situación política interna en Cuba”. Zajárova se refería a las protestas convocadas para ese día en la isla caribeña y que fueron bloqueadas por el aparato represivo de la dictadura cubana con abierto apoyo de aliados internacionales, incluyendo organizaciones izquierdistas pro iraníes de EEUU,  cuyos miembros viajaron a La Habana para certificar que “nadie protestó”.

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Castrochavismo corre en auxilio de dictadura de Ortega

Informe Otálvora del 22 de octubre de 2021

Secretario de la alianza castrochavista ALBA reunido con Daniel Ortega y Rosario Murillo el 19OCT21. Foto: @SachaLlorenti

La cifra procede de un informe hecho público el 18OCT21 por el Departamento de Tesoro de EEUU que analiza las sanciones que ese organismo administra y analiza medidas “para preservar y mejorar su eficacia en el apoyo a la seguridad nacional y los intereses de EEUU”.Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor número de jerarcas políticos sometidos a sanciones por el gobierno de EEUU.

“La revisión de las sanciones del Tesoro ha demostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. Estamos comprometidos a trabajar con socios y aliados para modernizar y fortalecer esta herramienta fundamental” afirmó el subsecretario Wally Adeyemo quien encabezó la investigación.

 

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Para el 07NOV21 están convocadas votaciones generales en Nicaragua en las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer una nueva reelección luego de haber impedido, mediante cárcel e ilegalizaciones, la participación de candidatos opositores.

La familia Ortega-Murillo, probablemente la más rica del país, aspira continuar gobernando y para ello no ha dudado en romper las pocas formalidades institucionales que existían. Diez años atrás, la candidatura de Ortega para su reelección en 2011 fue abiertamente inconstitucional pero su control de la Corte Suprema de Justicia le permitió burlar el impedimento legal. En 2013, el boliviano Evo Morales usaría el mismo artilugio para violar la constitución por él mismo impuesta en Bolivia y presentarse para un tercer mandato.

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El Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de un grupo de miembros, fue convocado para celebrar el 20OCT21 una sesión sobre la situación en Nicaragua. El propósito era someter a consideración un pronunciamiento, el segundo en menos de cuatro meses, referido a la sistemática violación de DDHH en Nicaragua y la falta de garantías para las votaciones del 07NOV21.

La votación mostró la dirección que está tomando la política dentro de la OEA en la cual México y Argentina están actuando ala limón, con Bolivia secundándolos. El texto sometido a consideración en la sesión del 20OCT21 había sido previamente debatido y negociado en reuniones entre los proponentes y las restantes delegaciones con lo cual el tono había ido moderándose para ganar el voto especialmente de gobiernos del Caribe. La posición de los representantes de México y Argentina fue, desde el principio, negarse a apoyar cualquier proyecto que implicara un pronunciamiento de la OEA sobre la situación en Nicaragua.

El gobierno de Daniel Ortega ordenó a su representante ante la OEA no participar en la sesión. México, Argentina y Bolivia recurrieron a la figura de la abstención a lo cual se sumó el gobierno de San Vicente y las Granadinas que es un aliado castrochavista en el Caribe, así como los centroamericanos Guatemala y Honduras junto a Barbados. Con 26 votos a favor fue aprobada la resolución que había sido presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Uruguay.

 

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Mediante la resolución aprobada con 26 votos, el Consejo Permanente de la OEA reiteró “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, expresar “su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados” y tomar nota “con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”. Igualmente acordaron “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”. La suspensión de Nicaragua de la OEA está en el tapete aunque, como ya pasó en el caso venezolano, los votos todavía no están asegurados.

Por cierto, fue notorio el voto del representante de Perú quien recibió instrucciones de su gobierno para apoyar la resolución contra el gobierno de Ortega. El presidente peruano Pedro Castillo está actuando con alto cuidado en su política exterior y no dudó en asistir a un ejercicio de desembarco anfibio el 02OCT21 que formó parte de los juegos de guerra UNITAS LXII en las cuales participaban naves y tropa estadounidenses en territorio peruano.

 

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Lo que pareciera un hecho inevitable es el desconocimiento del proceso electoral nicaragüense por parte de una creciente lista de países.

El 22SEP21 fue dado a conocer un pronunciamiento firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Reino Unido y República Dominicana en el cual afirmaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.

La Unión Europea optó el 11OCT21 por mantener por un año adicional las sanciones, que impusiera en 2019, a altos jerarcas del régimen sandinista incluyendo a la cogobernante Rosario Murillo. El 18OCT21 el Consejo de Política Exterior de la Unión Europea incluyó en su agenda una evaluación sobre Nicaragua desde el inicio de la violenta represión en abril de 2018. “Las perspectivas de que se lleve a cabo un proceso electoral creíble y legítimo en torno a estas elecciones son muy escasas” concluyeron los ministros de exteriores europeos.  A la salida de la reunión ministerial, el Alto Representante de la UE Josep Borrell, durante la usual rueda de prensa, se refirió a Nicaragua: "la UE continuará insistiendo en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la puesta en libertad de presos políticos y que haya elecciones libres”. Borrell fue particularmente directo al calificar el proceso electoral organizado en Nicaragua: “las [elecciones] que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura".

 

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La represión que comenzó a alcanzar a dirigentes históricos de la izquierda nicaragüense desató a mediados de año algunas olas de malestar entre voceros de la izquierda continental.

El 15JUN21 los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador emitieron una declaración conjunta con la cual intentaban compensar el hecho de haberse negado a apoyar la declaración aprobada en la OEA cuatro días antes. Argentina y México. Alegaron no estar de acuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” aunque se mostraron preocupados “por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Una semana después, el 21JUN21, como protesta por la continuidad de los encarcelamientos en Nicaragua, los gobiernos de Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua quienes varios meses después aún permanecían en sus respectivas capitales.

 

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El 25JUN21, el semanario izquierdista uruguayo Brecha publicó una declaración que arrancaba expresando que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario”. Los 125 firmantes originales del texto eran gente poco conocida de izquierda básicamente de Uruguay,  pero tras la publicación se sumaron varias firmas, dos de ellas de dos referentes de la izquierda continental: el expresidente Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky.

El 22JUL21 Lula da Silva fue entrevistado por la mexicana Sabina Berman quien le preguntó sobre Nicaragua. El brasileño afirmó que “hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.

Después, a mediados de agosto en declaraciones buscadas por BBC, el ahora vocero castrochavista y fundador del Grupo de Puebla, el colombiano Ernesto Samper Pizano, se quejó que las acciones de Ortega están “comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico”. “Progresismo” es el más reciente eufemismo con el cual se disfraza la izquierda radical continental. Samper adelantaba que antes que condenar a Ortega, el Grupo de Puebla se proponía abrir contactos.

La alianza castrochavista, dejando a un lado las preocupaciones cosméticas de algunos de sus acólitos, ha decidido ratificar su respaldo a la dictadura nicaragüense. El boliviano Sacha Llorenti, quien actúa como Secretario del ALBA, permaneció en Nicaragua por una semana siendo recibido el 19OCT21 por Ortega y Murillo. El día anterior, los gobiernos del ALBA con los regímenes de Cuba Bolivia y Venezuela encabezando, habían distribuido un pronunciamiento en el cual saludaban “la preparación del proceso electoral” y ratificaban su respaldo al gobierno sandinista”. Por su parte, el gobierno de Rusia se ha convertido en protector internacional del régimen nicaragüense emulando sus relaciones con el gobierno de facto de Venezuela.

 

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Aparte de no sumarse a la posición colectiva ante Nicaragua, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México continúan en una férrea confrontación contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.

La denuncia de fraude electoral hecha por la OEA en las elecciones bolivianas del 20OCT19 que condujeron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida al extranjero, ha sido progresivamente convertida por la izquierda continental en una narrativa según la cual en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Esa narrativa busca lavar la imagen de Evo Morales y servir de sustento a la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez y otros miembros del gobierno de transición que asumieron ante la estampida del gobierno renunciante.

En ese contexto, los representantes de Bolivia, Argentina y México convocaron para un evento contra Almagro que tuvo lugar el 22OCT21 en el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington. “¿Qué sucedió realmente en las elecciones de 2019 en Bolivia? Los expertos comparten sus hallazgos” era el título del evento que buscaba desacreditar los informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de aquel año y tratar de imponer la versión del golpe de Estado.

Los ponentes presentados por los gobiernos en calidad de “expertos electorales” fueron Jake Johnston miembro del Center for Economic and Policy Research CEPR, un grupo de generación de informes largamente asociado con el gobierno chavista de Venezuela. Jack Williams quien en 2020 elaborara un trabajo sobre las elecciones en Bolivia financiado por el CEPR del cual publicó un resumen en The Washington Post adjudicándolo falsamente como una investigación del Massachusetts Institute of Technology. El tercer ponente fue el venezolano Francisco Rodríguez, economista asociado al gobierno de Hugo Chávez quien en los últimos años ha laborado en banca internacional negociadora de bonos de deuda pública venezolana y confronta a la oposición venezolana. El papel de Johnston, Williams y Rodríguez era mostrar análisis estadísticos de laboratorio en contraposición a los informes elaborados in situ por la misión electoral de la OEA en 2019.

La guerra contra Almagro continúa y tendrá un nuevo capítulo en la Asamblea General anual de la OEA que tendrá lugar el 10-12NOV21.

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Brasil, Colombia y OEA en la mira castrochavista

Informe Otálvora del 28 de agosto de 2021

El enviado de Perú a la OEA Harold Forsyth el 11AGO21 junto a Luis Almagro. Foto: OEA

Las elecciones presidenciales que deberán tener lugar en Colombia y Brasil en el año 2022 comienzan a generar dudas sobre el futuro político continental. En ambos países, las opciones democráticas convertidas en archipiélagos se encuentran debilitadas y enfrentan la posibilidad del regreso del petismo a la presidencia brasileña y la llegada a la Casa de Nariño de una ficha de la izquierda continental.

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Las encuestadora de Brasil Datafolha y XP/Ipespe otorgan a Lula da Silva más de cuarenta puntos porcentuales de intención de votos duplicando al presidente Jair Bolsonaro. En el tenso ambiente que se vive en la política brasileña, los números de las encuestadoras son puestos en duda dado que no parecen corresponderse con las masivas movilizaciones a favor de Bolsonaro y las escuálidas actividades presididas por el petista. Pero las tendencias de las encuestas parecieran, en todo caso, ratificar que los nombres sobre la mesa para las elecciones del 02OCT22 serían los de Da Silva y Bolsonaro.

El actual presidente ya borró de sus propuestas políticas cualquier agregado “liberalista” y ha retomado a posiciones  corporativista y como parte de su acción de gobierno con vistas a las elecciones se encuentra la continuidad de programas de distribución de subsidios masivos iniciados durante los gobiernos del PT. El rechazo a la clase política que Bolsonaro esgrimía en su campaña presidencial de 2018 ya no existe y en su gobierno tienen cuotas de poder las variadas siglas partidistas del llamado “centrão”. Lula anda reestructurando a su alrededor una alianza de la izquierda brasileña y busca acercar o neutralizar a sectores democráticos enfrentados a Bolsonaro. Lula, cuya participación en las elecciones podría aún verse frenada por procesos judiciales por corrupción, hace campaña usando el tema del Covid aprovechando para acusar a Bolsonaro de “antidemocrático” por sus usuales proclamas intemperantes contra sus rivales políticos las que le han costado apoyo  de la clase media que lo llevó al poder.

 

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La lista de aspirantes a convertirse en un tercer candidato en Brasil es larga pero hasta la fecha ninguna ha cobrado cuerpo. La socialdemocracia, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, se debate entre los nombres del gobernador paulista João Doria, el gobernador sureño Eduardo Leite y el exgobernador nordestino Tasso Jereissati. El nombre del exjuez Sergio Moro, responsable de los procesos judiciales contra Lula da Silva, así como el del actual vicepresidente el general (retirado) Hamilton Mourão, se asoman como eventuales candidatos que pudieran retomar la agenda anticorrupción y nacionalista original del proyecto político de Bolsonaro. Ninguno de ellos cuenta con un volumen importante de apoyo en las mediciones.

En Brasil ciertamente existe la posibilidad de un retorno de Lula da Silva al Palacio de Planalto y, por ahora, la única opción para impedirlo electoralmente pareciera ser la reelección de Jair Bolsonaro.

 

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Las elecciones presidenciales en Colombia están marcadas para el 29MAY22.  Con las comunidades partidistas históricas (liberales y conservadores) convertidas en parte de un archipiélago de tendencias políticas, sin un liderazgo claro entre las fuerzas democráticas, está ganando espacio la opción del castrochavista Gustavo Petro. Alrededor de Petro se está conformando una alianza de las diversas líneas de la izquierda colombiana mientras en la acera de enfrente priva una gran pugnacidad. La lista de precandidatos incluye al exgobernador paisa Sergio Fajardo, a hijos de Álvaro Uribe y de Luis Carlos Galán, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga, entre otros. Las encuestas con resultados públicamente difundidos otorgan sólo a Petro y a Fajardo números significativos de intención de voto.

El nombre Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, comienza a sonar fuertemente como la opción para enfrentar a Petro. Gaviria ejerció hasta el 27AGO21 como rector de la prestigiosa Universidad de los Andes de Bogotá y ya ha ganado el respaldo de varios importantes jefes políticos colombianos. Hasta ahora las encuestas realizadas a lo largo del año 2021 le han asignado a Gaviria sólo 2 puntos porcentuales, pero entonces su nombre sólo era una hipotética candidatura.

Las elecciones colombianas de 2022 son las primeras en las cuales un candidato del eje castrochavista continental pudiera alcanzar el “solio de Bolívar”, la propuesta con la cual Hugo Chávez y Fidel Castro convencieron a la dirigencia de las guerrillas de las Farc para sentarse a negociar el “tratado de paz” que les permitiera participar en un proceso electoral.

 

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El representante permanente del gobierno izquierdista peruano ante la OEA, Harold Winston Forsyth Mejía, se niega a reconocer la condición del representante permanente por Venezuela de Gustavo Tarre Briceño. La alianza castrochavista continental está proyectando un conflicto hacia el interior de la OEA que ya comienza a reflejarse en los eventos de la organización.

Forsyth fue uno de los primeros cargos designados por el gobierno izquierdista de Pedro Castillo quien tomó posesión de la presidencia el 28JUL21. El 11AGO21 ya Forsyth se encontraba en Washington asumiendo la representación de su país ante la OEA e inmediatamente tomó posesión de la Presidencia del Consejo Permanente la cual corresponde a Perú en el trimestre julio-septiembre.

 

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En su condición de Presidente del Consejo Permanente, Forsyth convocó a una sesión extraordinaria celebrada el 25AGO21 a solicitud del gobierno de Bolivia. La sesión extraordinaria tenía por objeto escuchar las intervenciones, vía Internet, de  Rogelio Mayta Mayta e Iván Lima Magne, ministros de Exteriores y de Justicia del gobierno boliviano.

La sesión del 25AGO21 del Consejo Permanente de la OEA pareció un prólogo de lo que ocurrirá en la 51 Asamblea General, la reunión anual de ministros de exteriores del Continente prevista para el 10NOV21 en Guatemala. Las intervenciones de los ministros bolivianos estuvieron centradas en atacar la gestión del secretario General Luis Almagro. El gobierno izquierdista de Bolivia mantiene una pugna contra Almagro a propósito de los informes elaborados por la OEA que evidenciaron las señales de fraude electoral en las votaciones del 20OCT19 que generaron una grave crisis política, la renuncia y huida de Evo Morales y otros altos jerarcas de su régimen al extranjero y, la instalación del gobierno provisional encabezado por Jeanine Añez.

 

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La Fiscalía General boliviana, abiertamente controlada por el partido MAS de Evo Morales, anuló el 27JUL21 los procesos de investigación judicial por fraude electoral que comprometían a Morales. La decisión de la Fiscalía boliviana, declarando que la manipulación de los sistemas computacionales en las elecciones “no constituyeron delito” se basó en un informe contratado a un "Grupo de Investigación Deep Tech” de la Fundación General de la española Universidad de Salamanca. El 09AGO21, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dependiente de Almagro, emitió un comunicado “señalando los errores y las omisiones” del informe presentado, aunque no avalado, por la Universidad de Salamanca. Los técnicos de la OEA ratificaron sus conclusiones de 2019 sobre los indicios de fraude electoral realizados por el entonces gobierno de Evo Morales, lo que provocó que la cancillería boliviana solicitara con urgencia la reunión del 25AGO21.

En sucesión tras las intervenciones bolivianas, con largos discursos en apoyo al gobierno de Bolivia, atacando a Luis Almagro y la presencia de la representación de Venezuela en el organismo, los enviados de México, Nicaragua y Argentina tomaron la palabra.  El eje México-Buenos Aires está operando en conjunto dentro de la OEA y adelanta un plan diseñado y auspiciado desde el llamado Grupo de Puebla.

 

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El embajador peruano Harold Forsyth, quien dirigía la sesión, hacía gala de sus conocimientos de ceremonial y cordialidad, citando nombres, cargos y condiciones de cada uno de los ponentes que tomaban la palabra. Cuando el venezolano Gustavo Tarre Briceño solicitó su derecho de palabra, el peruano se limitó a concedérsela al “señor Tarre”. Forsyth es un diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior en 1975 y su manejo del lenguaje con respecto al enviado del “gobierno Guaidó” en la OEA fue la señal de la guerra de baja intensidad que se está escenificando en el organismo continental. México, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Perú, con la gestión interesada de los regímenes de Cuba y Venezuela desde afuera de la OEA, se proponen neutralizar o forzar la renuncia de Luis Almagro y anular la representación de Tarre Briceño. La concreción de este plan depende de la posición que asuman los numerosos países caribeños, algunos de ellos activos aliados del régimen cubano, los cuales curiosamente guardaron silencio en la sesión del 25AGO21. La izquierda continental se mueve para recuperar los espacios de poder e influencia con los cuales contó en la década pasada y la “batalla por la OEA” pudiera tener lugar en noviembre próximo en Guatemala.

 

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No existe ninguna evidencia acerca de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado están dando tiempo a las pláticas entre los enviados de Maduro y Juan Guaidó que deberán ser retomadas el 03SEP21 bajo los auspicios del gobierno de Noruega.

Por cierto, Elliott Abrams, quien actuó como Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela durante el gobierno Trump, confirmó que EEUU se había negado a participar en la mesa de negociación Guaidó-Maduro en condición de “país acompañante” por parte de Guaidó. Ese rol finalmente fue aceptado por  el Reino de los Países Bajos. El “país acompañante” designado por Maduro es Rusia quien gustoso apadrina en la mesa a su socio en Venezuela.

En un artículo publicado en el portal The Hill el 19AGO21, Abrams escribió “de manera lógica y apropiada, la oposición [Guaidó] eligió a EEUU, en teoría su más firme partidario y la nación cuyas sanciones son un objetivo clave del régimen. Pero Rusia dijo que sí al régimen y EEUU dijo que no a la oposición democrática”.

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Confirmado desconocimiento internacional a votaciones de Maduro

Informe Otálvora del 12 de diciembre de 2020

Evo Morales, Andrónico Rodríguez y Piedad Córdoba el 06DIC20 en Caracas. Foto: @ve_cne

Ecuador va a elecciones el 07FEB21 y el castrochavismo está jugando fuerte para fortalecer al candidato de Rafael Correa. El 05DIC20 cuando casi todos miraban hacia los eventos en Caracas, en Buenos Aires se producía encuentros del candidato ecuatoriano Andrés Araúz con el alto gobierno argentino incluyendo reuniones con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fernández autorizó a Araúz para utilizar en su campaña electoral la oferta de vacunación masiva contra el Covid-19 con vacunas que serían enviadas a Ecuador por el gobierno argentino sólo en caso de triunfar el candidato de Correa. Fernández, Araúz y Correa forman parte del llamado “Grupo de Puebla”, la estructura que coordina acciones regionales en función de la recuperación del poder para la alianza castrochavista. El regreso del partido de Evo Morales al poder en Bolivia, un eventual triunfo de Araúz en Ecuador, sumado a la apuesta castrochavista en las elecciones peruanas del 11ABR21 hacen que los altos jerarcas chavistas estén previendo un supuesto “cambio en la correlación de fuerzas” en Suramérica con impacto en todo el continente. Forzar la renuncia de Luis Almagro de su cargo en la OEA y reactivar Unasur su parte de los pasos que el castrochavismo intenta seguir.

Por cierto, el destino de los archivos de Unasur se ha convertido en un misterio del cual las cancillerías suramericanas prefieren guardar silencio. El edificio que sirvió de sede de Unasur, situado en las afueras de Quito, fue reclamado por el gobierno de Ecuador en 2019. La administración del organismo permaneció en manos de funcionarios controlados por el exsecretario Ernesto Samper hasta el cierre del edificio. Según algunas fuentes, los archivos del organismo habrían sido llevados a un tercer país, probablemente Argentina, aunque ningún gobierno de la región confirma o niega esta versión.

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En Amazon. Ya está disponible el libro “Venezuela Juego Trancado” de Edgar C. Otálvora.

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La propaganda del régimen chavista suele oscilar entre la victimización y la jactancia.

Pese a que la vicepresidenta de Maduro, Delsy Rodríguez, dijo en clave jactanciosa el 26NOV20 que no les “importaba el reconocimiento internacional”, el 06DIC20 congregaron en Caracas a decenas de activistas extranjeros de izquierda. El desconocimiento internacional al proceso de votaciones legislativas intentaban compensarlo con la presencia de aliados políticos que se convirtieran en “testigos” de las votaciones convocadas por el régimen para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional.

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A Caracas llegaron desde luminarias de la izquierda iberoamericana hasta oscuros militares de partidos aliados como el PT de Brasil, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Partido Comunista de Suráfrica, el grupo proiraní estadounidense Codepink o el Izquierda Unida de España. En la lista de los VIP se encontraban el español José Rodríguez Zapatero quien pronunció una proclama a favor del régimen en la mañana del domingo pidiendo que la Unión Europea reconociera a la “nueva” Asamblea Nacional. Además estaban Evo Morales escoltado por el presidente del Senado de Bolivia y vicepresidente de las Federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba Andrónico Rodíguez, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa acompañado de su excanciller Ricardo Patiño, el hondureño Manuel Zelaya, la colombiana Piedad Córdoba. El gobierno ruso envió una numerosa delegación de funcionarios y parlamentarios que desplegó por diversas zonas de la país encabezada por un “Embajador en Misión Especial para asuntos de observación en elecciones de órganos públicos de los países extranjeros” llamado Vladímir Churov. Turquía, Cuba, China e Irán igualmente enviaron “delegaciones oficiales”. En contraste, ningún organismo internacional envió misiones formales de observación internacional por lo cual el proceso electoral no contó con la participación y supervisión de técnicos independientes especialistas en procesos electorales. 

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Dado que la oposición venezolana no participó en el proceso, las votaciones realizadas por el régimen no fueron auditadas. En las pantallas de las máquinas de votación, recién adquiridas y nunca auditadas, entre la oferta electoral aparecían partidos opositores cuyos símbolos y directivas habían sido usurpadas y entregadas a aliados del régimen. Varias de las alianzas electorales que compitieron bajo el ropaje de “oposición” en realidad estaban compuestas por siglas que habiendo sido arrebatadas a los legítimos jefes de los partidos eran ahora controladas por militantes que pactaron con el régimen su participación en las elecciones rechazadas por la Oposición.

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Los resultados iniciales fueron emitidos en las primeras horas de la madrugada del 07DIC20 por la directiva del Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con sólo un 31% de participación el frente oficialista se adjudicaba el 69% de los votos. El restante sería reconocido a la variopinta colección de partidos de la “oposición” tolerada, permitida o incluso creada por el propio régimen. Incluso, por los menos dos candidatos de la oposición pro oficialista, quienes no resultaron electos, habrían recibido la respectiva designación como diputados mediante manipulaciones de los registros de candidaturas documentadas por periodistas que cubrieron los eventos. Esas maniobras fueron ejecutadas por el CNE controlado por el chavismo en recompensa a sus aliados.

La baja votación no fue motivo de malestar para el oficialismo porque su objetivo con el evento del 06DIC20 se había cumplido: crear la sensación de unas elecciones libres con las cuales otorgaría la condición de diputados a una abierta mayoría chavista que reemplazaría a los diputados de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 encabezada por Juan Guaidó.

El gobierno ruso emitió un largo comunicado en la tarde moscovita del 07DIC20 en el cual dejaba claramente expuesto el objetivo de sus socios en Venezuela. El texto firmado por la vocera María Zajárova afirmaba que los “observadores internacionales, incluidos los de la Federación de Rusia, que participaron en el acompañamiento del proceso electoral, elogiaron los esfuerzos de las autoridades venezolanas para organizar la votación de acuerdo con los más altos estándares de transparencia, democracia y seguridad sanitaria y epidemiológica”. El texto comenzaba con una falsedad en tanto que el rol de “observador” es expresamente rechazado por el propio régimen chavista quien sólo acepta la figura de “acompañantes”. Según el gobierno ruso “aquellos que boicotearon las elecciones claramente no están preparados para la competencia abierta a través de la participación en procedimientos democráticos y prefieren luchas de poder inconstitucionales”, reiterando el usual ataque de la señora Zajárova contra la oposición venezolana. Y finalmente la cancillería rusa afirmó que la “Asamblea Nacional renovada se convertirá en una plataforma representativa para un diálogo constructivo de todas las fuerzas políticas”.

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El gobierno de Rusia, convertido en padrino internacional del gobierno Maduro, de esta manera convalidaba el proceso de votaciones del 06DIC20 en Venezuela. En una reunión sostenida el 07FEB20 en Caracas entre Serguéi Lavrov y las caras visibles de la “oposición” oficial, en presencia del canciller del régimen Jorge Arreaza, el ministro ruso se había mostrado satisfecho por los acuerdos alcanzados para participar en unas elecciones bajo el control del chavismo. El 05DIC20 la delegación rusa sostuvo una nueva reunión con los voceros de la “oposición” oficial que asumió a Rusia como suerte de garante de los resultados electorales. Entre los asistentes a estas reuniones resaltaban el ex socialdemócrata Timoteo Zambrano y el exchavista Henry Falcón quienes liderizaban una de las alianzas partidistas que participaron en las votaciones del 06DIC20. Por cierto, Zambrano fue al menos desde principios del año 2016, cuando ejercía como virtual canciller de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, el principal articulador dentro de la oposición para introducir a Rodríguez Zapatero y a Ernesto Samper Pizano como supuestos intermediarios para un acuerdo político con el chavismo.

Por cierto. En el libro “Luis Almagro no pide perdón” de los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, publicado el pasado mes de noviembre, se narra un episodio ocurrido en la residencia del venezolano Pedro Burelli en Washington, durante una cena ofrecida a Almagro y al entonces Subsecretario de Estado Thomas Shannon el 16SEP16. Shannon quien ejercía como segundo del Departamento de Estado desde el 12FEB16,  operaba un plan hacia Venezuela e intencionalmente  se mantenía sin abrir contactos con Almagro quien desde la OEA impulsaba actos de presión contra el régimen chavista. Aquella cena de tres lejos de bajar las tensiones hizo que se incrementaran. La conversación  confirmó que el plan de Shannon era justamente respaldar a Zapatero usando a Unasur como excusa o mampara, mientras obviaba  las acciones de Almagro y presionaba al Vaticano para que respaldaran las gestiones del español en Caracas.

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El anunciado rechazo internacional al proceso electoral del 06DIC20 se confirmó en pocas horas. El gobierno del ecuatoriano Lenín Moreno emitió el 05DIC20 un comunicado en el cual adelantaba que no reconocería los resultados del proceso que “viola la Constitución y está viciado de toda legalidad”. Rápidamente se produjo una secuela de declaraciones oficiales de gobiernos que ratificaban su desconocimiento a los resultados anunciados en Caracas. La cancillería colombiana mediante un comunicado oficial, el canciller chileno Andrés Allamand  mediante un tuiteo, el canciller brasileño Ernesto Araújo con un hilo de tuiteos, un tuiteo del ministro de asuntos exteriores de Canadá François-Philippe Champagne, un tuiteo de la ministra panameña Erika Mouynes y un comunicado de su despacho, un comunicado de Ministerio de Exteriores de Uruguay y un pronunciamiento del secretario para exteriores del Reino Unido Dominic Raab. Todos ellos desconocían los resultados del proceso electoral en Venezuela y en el caso del Raab ratificaba sin duda la continuidad del reconocimiento a Guaidó como “Presidente interino constitucional de Venezuela”.

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En la mañana del 07DIC20 se realizaba en Bruselas una reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores. Los ministros escucharon un informe del Alto Representante Josep Borrell sobre el proceso acontecido en Venezuela y sobre sus gestiones previas intentando provocar una suspensión de las votaciones para abrir un compás de espera y provocar nuevas negociaciones entre el régimen y la oposición. Los ministros ratificaron la posición de la Unión Europea en cuanto a que las votaciones no fueron “libres, justas ni democráticas” y encomendaron a Borrell la redacción de un comunicado el cual fue distribuido a las pocas horas. “Lamentablemente las elecciones (…) se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”.

Casi simultáneamente se dio a conocer un comunicado promovido por el Grupo de Lima que incluyó a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. El gobierno de Argentina se negó a suscribir el documento. “Reiteramos que los comicios carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”. En otro párrafo el Grupo de Lima ampliado hizo un llamado a los venezolanos “de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”. El comunicado no hizo expresa referencia a Guaidó procurando contar con la firma de países caribeños.

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En paralelo, el representante del gobierno de Brasil en la OEA, en nombre propio y de sus colegas de Canadá, Colombia, EEUU, Guatemala, Perú y Venezuela  (el representante del gobierno Guaidó), solicitó la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo “con la finalidad de considerar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la realización de las elecciones parlamentarias por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

La reunión celebrada vía web se cumplió el 09DIC20 y en la misma se aprobó una resolución que contó con el voto favorable de 21 de los miembros. México y Bolivia votaron en contra. Seis gobiernos optaron por no asistir a la sesión, incluyendo a Nicaragua y San Vicente y las Granadinas que son aliados de Maduro. Cinco gobiernos se abstuvieron, entre ellos Argentina.

En la resolución, la OEA decidió “rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

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El Departamento de Estado de EEUU emitió en la tarde del 07DIC20 un comunicado sobre el tema venezolano. “El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que pretendía parecer elecciones legislativas. Afortunadamente, pocos fueron engañados. EEUU, junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad”. Y aclara que “EEUU seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”.

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El día 07DIC20 arrancó vía Internet, la consulta que la oposición venezolana se había propuesto en procura de una ratificación del mandato y el liderazgo de Juan Guaidó.  EEUU, Reino Unido, Colombia y Brasil ya han anunciado que mantienen su reconocimiento a Guaidó más allá del 05ENE21 cuando se instalaría la asamblea electa por el chavismo el 06DIC20. Pero en medios diplomáticos de América y Europa está creciendo un silencioso debate sobre la continuidad de ese reconocimiento. Durante la sesión de la OEA del 09DIC20, la canciller peruana intervino para “precisar que el señalamiento de esta resolución sobre las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 y la falta de condiciones para que el proceso electoral contara con toda la participación de los actores políticos y la ciudadanía, no supone el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes”. Por su parte, el representante jamaiquino quien votó favorablemente la resolución, pidió incluir un pie de página en el cual afirma que “Jamaica considera que es necesario que la OEA evalúe cuidadosamente, desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido tras las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020, incluidas las implicaciones jurídicas, en el contexto de la OEA”.

Leopoldo López, jefe político del partido en el cual milita Juan Guaidó, llegó a Bogotá el 09DIC20. Uno de los temas que llevaba en agenda para tratar con Iván Duque fue justamente la necesidad de una acción sobre la “comunidad internacional” para mantener el respaldo a Guaidó como presidente encargado. El asunto aún se debate en muchos palacios de gobierno y cancillerías a ambos lados del Atlántico.

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