Informe Otálvora del 28 de agosto de 2021
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El enviado de Perú a la OEA Harold Forsyth el 11AGO21 junto
a Luis Almagro. Foto: OEA
Las elecciones presidenciales que deberán tener lugar en Colombia y Brasil en el año 2022 comienzan a generar dudas sobre el futuro político continental. En ambos países, las opciones democráticas convertidas en archipiélagos se encuentran debilitadas y enfrentan la posibilidad del regreso del petismo a la presidencia brasileña y la llegada a la Casa de Nariño de una ficha de la izquierda continental.
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Las encuestadora de Brasil Datafolha y XP/Ipespe otorgan a
Lula da Silva más de cuarenta puntos porcentuales de intención de votos duplicando
al presidente Jair Bolsonaro. En el tenso ambiente que se vive en la política
brasileña, los números de las encuestadoras son puestos en duda dado que no
parecen corresponderse con las masivas movilizaciones a favor de Bolsonaro y
las escuálidas actividades presididas por el petista. Pero las tendencias de
las encuestas parecieran, en todo caso, ratificar que los nombres sobre la mesa
para las elecciones del 02OCT22 serían los de Da Silva y Bolsonaro.
El actual presidente ya borró de sus propuestas políticas
cualquier agregado “liberalista” y ha retomado a posiciones corporativista y como parte de su acción de
gobierno con vistas a las elecciones se encuentra la continuidad de programas
de distribución de subsidios masivos iniciados durante los gobiernos del PT. El
rechazo a la clase política que Bolsonaro esgrimía en su campaña presidencial
de 2018 ya no existe y en su gobierno tienen cuotas de poder las variadas siglas
partidistas del llamado “centrão”. Lula anda reestructurando a su alrededor una
alianza de la izquierda brasileña y busca acercar o neutralizar a sectores
democráticos enfrentados a Bolsonaro. Lula, cuya participación en las
elecciones podría aún verse frenada por procesos judiciales por corrupción, hace
campaña usando el tema del Covid aprovechando para acusar a Bolsonaro de “antidemocrático”
por sus usuales proclamas intemperantes contra sus rivales políticos las que le
han costado apoyo de la clase media que
lo llevó al poder.
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La lista de aspirantes a convertirse en un tercer candidato
en Brasil es larga pero hasta la fecha ninguna ha cobrado cuerpo. La
socialdemocracia, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, se
debate entre los nombres del gobernador paulista João Doria, el gobernador
sureño Eduardo Leite y el exgobernador nordestino Tasso Jereissati. El nombre
del exjuez Sergio Moro, responsable de los procesos judiciales contra Lula da
Silva, así como el del actual vicepresidente el general (retirado) Hamilton
Mourão, se asoman como eventuales candidatos que pudieran retomar la agenda
anticorrupción y nacionalista original del proyecto político de Bolsonaro. Ninguno
de ellos cuenta con un volumen importante de apoyo en las mediciones.
En Brasil ciertamente existe la posibilidad de un retorno de
Lula da Silva al Palacio de Planalto y, por ahora, la única opción para
impedirlo electoralmente pareciera ser la reelección de Jair Bolsonaro.
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Las elecciones presidenciales en Colombia están marcadas
para el 29MAY22. Con las comunidades
partidistas históricas (liberales y conservadores) convertidas en parte de un
archipiélago de tendencias políticas, sin un liderazgo claro entre las fuerzas
democráticas, está ganando espacio la opción del castrochavista Gustavo Petro. Alrededor
de Petro se está conformando una alianza de las diversas líneas de la izquierda
colombiana mientras en la acera de enfrente priva una gran pugnacidad. La lista
de precandidatos incluye al exgobernador paisa Sergio Fajardo, a hijos de Álvaro
Uribe y de Luis Carlos Galán, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al
excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga, entre otros. Las encuestas con
resultados públicamente difundidos otorgan sólo a Petro y a Fajardo números
significativos de intención de voto.
El nombre Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud del
gobierno de Juan Manuel Santos, comienza a sonar fuertemente como la opción
para enfrentar a Petro. Gaviria ejerció hasta el 27AGO21 como rector de la
prestigiosa Universidad de los Andes de Bogotá y ya ha ganado el respaldo de
varios importantes jefes políticos colombianos. Hasta ahora las encuestas
realizadas a lo largo del año 2021 le han asignado a Gaviria sólo 2 puntos
porcentuales, pero entonces su nombre sólo era una hipotética candidatura.
Las elecciones colombianas de 2022 son las primeras en las
cuales un candidato del eje castrochavista continental pudiera alcanzar el
“solio de Bolívar”, la propuesta con la cual Hugo Chávez y Fidel Castro convencieron
a la dirigencia de las guerrillas de las Farc para sentarse a negociar el
“tratado de paz” que les permitiera participar en un proceso electoral.
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El representante permanente del gobierno izquierdista
peruano ante la OEA, Harold Winston Forsyth Mejía, se niega a reconocer la
condición del representante permanente por Venezuela de Gustavo Tarre Briceño. La
alianza castrochavista continental está proyectando un conflicto hacia el
interior de la OEA que ya comienza a reflejarse en los eventos de la
organización.
Forsyth fue uno de los primeros cargos designados por el
gobierno izquierdista de Pedro Castillo quien tomó posesión de la presidencia
el 28JUL21. El 11AGO21 ya Forsyth se encontraba en Washington asumiendo la
representación de su país ante la OEA e inmediatamente tomó posesión de la
Presidencia del Consejo Permanente la cual corresponde a Perú en el trimestre
julio-septiembre.
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En su condición de Presidente del Consejo Permanente, Forsyth
convocó a una sesión extraordinaria celebrada el 25AGO21 a solicitud del
gobierno de Bolivia. La sesión extraordinaria tenía por objeto escuchar las
intervenciones, vía Internet, de Rogelio
Mayta Mayta e Iván Lima Magne, ministros de Exteriores y de Justicia del
gobierno boliviano.
La sesión del 25AGO21 del Consejo Permanente de la OEA
pareció un prólogo de lo que ocurrirá en la 51 Asamblea General, la reunión
anual de ministros de exteriores del Continente prevista para el 10NOV21 en
Guatemala. Las intervenciones de los ministros bolivianos estuvieron centradas
en atacar la gestión del secretario General Luis Almagro. El gobierno
izquierdista de Bolivia mantiene una pugna contra Almagro a propósito de los
informes elaborados por la OEA que evidenciaron las señales de fraude electoral
en las votaciones del 20OCT19 que generaron una grave crisis política, la
renuncia y huida de Evo Morales y otros altos jerarcas de su régimen al
extranjero y, la instalación del gobierno provisional encabezado por Jeanine
Añez.
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La Fiscalía General boliviana, abiertamente controlada por
el partido MAS de Evo Morales, anuló el 27JUL21 los procesos de investigación
judicial por fraude electoral que comprometían a Morales. La decisión de la
Fiscalía boliviana, declarando que la manipulación de los sistemas computacionales
en las elecciones “no constituyeron delito” se basó en un informe contratado a
un "Grupo de Investigación Deep Tech” de la Fundación General de la española
Universidad de Salamanca. El 09AGO21, la Secretaría para el Fortalecimiento de
la Democracia de la OEA, dependiente de Almagro, emitió un comunicado “señalando
los errores y las omisiones” del informe presentado, aunque no avalado, por la
Universidad de Salamanca. Los técnicos de la OEA ratificaron sus conclusiones
de 2019 sobre los indicios de fraude electoral realizados por el entonces
gobierno de Evo Morales, lo que provocó que la cancillería boliviana solicitara
con urgencia la reunión del 25AGO21.
En sucesión tras las intervenciones bolivianas, con largos
discursos en apoyo al gobierno de Bolivia, atacando a Luis Almagro y la
presencia de la representación de Venezuela en el organismo, los enviados de
México, Nicaragua y Argentina tomaron la palabra. El eje México-Buenos Aires está operando en
conjunto dentro de la OEA y adelanta un plan diseñado y auspiciado desde el
llamado Grupo de Puebla.
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El embajador peruano Harold Forsyth, quien dirigía la
sesión, hacía gala de sus conocimientos de ceremonial y cordialidad, citando
nombres, cargos y condiciones de cada uno de los ponentes que tomaban la
palabra. Cuando el venezolano Gustavo Tarre Briceño solicitó su derecho de
palabra, el peruano se limitó a concedérsela al “señor Tarre”. Forsyth es un
diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior en 1975 y su manejo del
lenguaje con respecto al enviado del “gobierno Guaidó” en la OEA fue la señal
de la guerra de baja intensidad que se está escenificando en el organismo
continental. México, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Perú, con la gestión
interesada de los regímenes de Cuba y Venezuela desde afuera de la OEA, se
proponen neutralizar o forzar la renuncia de Luis Almagro y anular la
representación de Tarre Briceño. La concreción de este plan depende de la
posición que asuman los numerosos países caribeños, algunos de ellos activos
aliados del régimen cubano, los cuales curiosamente guardaron silencio en la
sesión del 25AGO21. La izquierda continental se mueve para recuperar los
espacios de poder e influencia con los cuales contó en la década pasada y la
“batalla por la OEA” pudiera tener lugar en noviembre próximo en Guatemala.
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No existe ninguna evidencia acerca de negociaciones entre el
gobierno de Joe Biden y el gobierno de facto de Nicolás Maduro.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado están dando
tiempo a las pláticas entre los enviados de Maduro y Juan Guaidó que deberán
ser retomadas el 03SEP21 bajo los auspicios del gobierno de Noruega.
Por cierto, Elliott Abrams, quien actuó como Enviado Especial
del Departamento de Estado para Venezuela durante el gobierno Trump, confirmó
que EEUU se había negado a participar en la mesa de negociación Guaidó-Maduro
en condición de “país acompañante” por parte de Guaidó. Ese rol finalmente fue
aceptado por el Reino de los Países
Bajos. El “país acompañante” designado por Maduro es Rusia quien gustoso
apadrina en la mesa a su socio en Venezuela.
En un artículo publicado en el portal The Hill el 19AGO21,
Abrams escribió “de manera lógica y apropiada, la oposición [Guaidó] eligió a EEUU,
en teoría su más firme partidario y la nación cuyas sanciones son un objetivo
clave del régimen. Pero Rusia dijo que sí al régimen y EEUU dijo que no a la
oposición democrática”.
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