Informe Otálvora del 11 de septiembre de 2021
Jair Bolsonaro saluda desde un helicóptero militar a sus seguidores en Brasilia el 07SEP21. Foto: Palacio de Planalto. |
Los gobiernos de México y Argentina, con el nada velado movimiento “diplomático” de las dictaduras de Cuba y Venezuela, trabajan para el cierre de la OEA. El 18SEP21 se producirá una reunión presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) actualmente presidida por México. La Celac reúne a todos los países del Continente con excepción de EEUU y Canadá, además de Brasil que se desafilió, y la alianza castrochavista pretende revivirla y presentarla como la opción a la OEA.
El nuevo avance de gobiernos de izquierda en el Continente y
la notoria desatención de Washington a la región está abriéndole paso a
intentos del eje castrochavista para tomar control de la institucionalidad
continental.
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Un alto clima de tensión política
se vive en Brasil. Jair Bolsonaro, quien no cuenta con un partido político
propio y procura la reelección en 2022, estimula posiciones antiinstitucionales
entre sus seguidores que actúan de forma anárquica sin control partidista
alguno. En tanto, diversos sectores políticos intentan sumar fuerzas para un
proceso de destitución del Presidente que impida su reelección. La pugna de
poder ha llevado a que por decisiones
del Supremo Tribunal Federal sean encarcelados seguidores de Bolsonaro e
incluso fuera detenido para interrogatorio Jason Miller, exasesor de Donald
Trump, quien visitó Brasilia para una reunión internacional “conservadora” organizada por el
bolsonerismo.
En Brasil existen presos políticos
que militan en las filas oficialistas y que han sido encarcelados por orden de
los tribunales, a su vez, grupos que apoyan a Bolsonaro lograron cerrar
importantes autopistas del país mediante una huelga de camioneros que amenaza
con paralizar la economía. La situación, ciertamente, es confusa vista desde el
exterior mientras la izquierda está organizándose para intentar llevar a Lula
da Silva nuevamente a la Presidencia.
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El 07 de septiembre de cada año se
celebra la fiesta nacional brasileña y tradicionalmente en las principales
capitales se realizan desfiles militares que en el caso de Brasilia es encabezado
por el Presidente, sus ministros y el cuerpo diplomático extranjero acreditado
en la capital. Desde 1994, la izquierda brasileña suele realizar un
contradesfile denominado “Grito de los Excluidos” para el cual solían movilizar
militantes de todo el país para marchar en el Eixo Central de Brasilia.
La pandemia de COVID19 causó que
durante los años 2020 y 2021 no se realizaran los desfiles militares y que la
concentración izquierdista perdiera fuerza. Pero Jair Bolsonaro convocó a sus
militantes de todo el país para que participaran el 07SEP21 en una
concentración en la Explanada de los Ministerios, en pleno centro del poder
brasileño, para apoyar al gobierno y enfrentar al Supremo Tribunal Federal. Igualmente
los convocó para una concentración en la Avenida Paulista de São Paulo. En
ambos eventos Bolsonaro se haría presente. Las consignas a favor de una
intervención militar que implique el cierre del parlamento fueros oídas una vez
más en Brasil desde mediados de agosto. Como ya ocurrió en su campaña
electoral, Bolsonaro suele montarse en la ola de posiciones militaristas que
cuentan con abundantes simpatizantes en Brasil.
El 07SEP21 no hubo acto militar en
el Eixo Central ni el acostumbrado saludo del cuerpo diplomático en el Palacio
de Planalto, pero Bolsonaro si realizó una solemnidad de izamiento de la
bandera además de un acto político con sus seguidores mezclando el acto oficial
con su actividad proselitista.
La concentración bolsonerista en
Brasilia del 07SEP21 no concluyó en un asalto a las sedes del parlamento y de
los máximos tribunales. En sus dos discursos Bolsonaro advirtió que sólo
saldría de la Presidencia “preso o muerto”, reiteró que las elecciones son “una
farsa” por no contar con un comprobante impreso del voto y, atacó fuertemente
al magistrado miembro del STF Alexandre de Moraes. Los pronunciamientos de
Bolsonaro en sus dos discursos atacando al poder judicial sería razón para la
apertura de un enjuiciamiento al Presidente, según amenazas de altos
magistrados.
El magistrado Moraes, enfrentado
abiertamente a Bolsonaro, es el responsable de varios procesos judiciales
promovidos contra el Presidente y ha ordenado allanamientos y detenciones de
militantes bolsoneristas. Además Moraes será el próximo Presidente del Tribunal
Superior Electoral que comandará las elecciones del 2022 y en donde corre un
proceso contra Bolsonaro y su vicepresidente Hamilton Mourao que podría
inhabilitarlos para la reelección. En Brasilia la figura de Moraes es vista
como la cabeza del intento de destitución a Bolsonaro.
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No existen, por ahora, condiciones
políticas para que prospere la apertura de in proceso de impeachment contra
Jair Bolsonaro que pudiera concluir en su destitución. En tanto se estaría
produciendo una negociación entre diversas fuerzas partidistas en procura de
una paz institucional que permita la permanencia de Bolsonaro en la
Presidencia, la realización de las elecciones del 2022 y una serie de reformas
que ameritan mayorías parlamentarias.
El 09SEP21, el Palacio de Planalto
publicó una nota oficial de Bolsonaro que sería producto de esas negociaciones.
El tono inusualmente conciliador de esa declaración presidencial pareciera
dejar ver el avance de las negociaciones partidistas en las cuales estaría
jugando un papel central el expresidente Michel Temer. “Nunca tuve ninguna
intención de agredir a cualquiera de los poderes”, “mis palabras que a veces
son contundentes fueron resultado del calor del momento”. En su declaración,
Bolsonaro “reiteró” su “respeto a las instituciones de la República” y declaró
que democracia es “Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajando juntos”.
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Mientras las diversas fuerzas
políticas y económicas hacen pulso dentro de Brasil, el aparato izquierdista
internacional decidió abrir fuego contra Bolsonaro. El llamado “Grupo de
Puebla” cuenta con un hermano mayor que se activa cuando los participantes no
son sólo iberoamericanos y que se denomina “Internacional Progresista”. En la
nómina progresista, además de los miembros del “Grupo de Puebla” figuran
nombres usuales como el estadounidense Noam Chomsky o el francés Jean-Luc
Melenchon. La “Internacional Progresista” con la firma de connotados políticos latinoamericanos
de la alianza castrochavista, publicó el 06SEP21 una declaración advirtiendo
que Jair Bolsonaro se disponía a realizar al día siguiente “un golpe de
Estado”.
La lista de firmantes incluía al
ecuatoriano Rafael Correa, al español José Rodríguez Zapatero y a los
colombianos Ernesto Samper y Gustavo Petro entre otros, todos ellos aliados y
defensores de los regímenes de Cuba y Venezuela, quienes se mostraban “profundamente
preocupados con la amenaza inminente a las instituciones democráticas de Brasil”
y prometían permanecer “vigilantes para defenderlas antes y después del 7 de
septiembre”. El pleito político interno brasileño se convirtió de esta manera
en un tema de la abierta intervención castrochavista que de forma intensa se
está desarrollando a lo largo del Continente.
Uno de los principales operadores
internacionales del Grupo de Puebla es el excanciller Celso Amorin, hombre de
confianza de Lula da Silva.
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El 03SEP21 se reunieron en Ciudad
de México los emisarios de Juan Guaidó y Nicolás Maduro en las negociaciones
organizadas por Noruega y en las que Rusia y los Países Bajos actúan como
países “acompañantes”.
Los jefes de las delegaciones,
Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez, anunciaron el 06SEP21 el haber suscrito dos
acuerdos cuyo contenido fue rápidamente distribuido por el ministerio de
Exteriores noruego. Los delegados firmaron un acuerdo “parcial para la
protección social del pueblo venezolano” y un acuerdo “para la ratificación y
defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”. Las “partes”
acordaron crear una “mesa nacional de atención social” sin que el texto aclare
el propósito de la misma. Según Blyde se trataría de un mecanismo para definir
planes de asistencia médica (COVID 19) y alimentaria. Según Rodríguez se trata
de un primer paso para que su gobierno recupere el manejo de recursos
financieros del Estado venezolano que permanecen congelados en el extranjero o
a disposición de Juan Guaidó. Llama la atención que la delegación de Guaidó
aceptó firmar un documento que acusa de “sobrecumplimiento” al sistema
financiero internacional a propósito de las sanciones impuestas por EEUU al
régimen chavista.
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El fin de las sanciones es el tema
recurrente, como ya ocurrió en negociaciones previas, que los voceros del
chavismo presentan en cada una de sus intervenciones en la mesa. En el lenguaje
pretendidamente “diplomático” asumido en las pláticas de México, el chavismo y
la “Plataforma Unitaria” califican como “protección de la economía nacional” al
intento de que cesen las sanciones externas. El próximo ciclo de reuniones de
las pláticas tendrá lugar a finales de septiembre y los representantes
chavistas exigen que la “oposición” apoye una solicitud para que el Fondo
Monetario Internacional le asigne al gobierno Maduro un paquete de US$ 5.000
millones en Derechos Especiales de Giro.
Las anunciadas negociaciones sobre
las condiciones electorales, para garantizar procesos libres y reconocibles,
parecieran haber sido pospuestas. En Venezuela buena parte de los partidos
opositores se disponen a participar en unas votaciones regionales que se
realizarán bajo condiciones no democráticas. Tanto EEUU como la Unión Europea
están apostando a la salida rápida de que las pláticas de México permitan
superar la crisis venezolana, mientras el chavismo busca normalizar su régimen
sin redemocratización del país.
Hasta la fecha, la Unión Europea no ha confirmado su
presencia en Venezuela para las votaciones regionales organizadas por el
régimen y se espera un inminente pronunciamiento del Alto Representante Josep
Borrell quien junto al gobierno de EEUU, ha jugado a favor de la participación
de sectores opositores. Pese a la falta de una posición definitiva de Borrell,
ya el aparato de gobierno comunitario europeo, la Comisión Europea, está
realizando el reclutamiento y preselección de personal para ser eventualmente
enviado a Caracas. El reclutamiento de ciudadanos de la Unión Europea que,
entre otros requisitos, deben contar con alto manejo del español y el inglés, terminaría
el 20SEP21. A los candidatos a observadores les están ofreciendo 210 euros
diarios para sus gastos de viaje.
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