lunes, 5 de febrero de 2024

25 años en listas

Texto de Edgar C. Otálvora en el proyecto editorial "1999-2024: Cómo han cambiado nuestras vidas" del Papel Literario de El Nacional. Publicado el 04 de febrero de 2024.

IN-XILIOS, @AARON SOSA/El Nacional



Corrían los primeros días del año 1999 y por los pasillos del edificio de la Cancillería venezolana se sentía el paso de un grupo de jóvenes diplomáticos en plan de Guardia Roja de la revolución cultural china. Se habían proclamado paladines del nuevo gobierno y entre sus tareas estaba identificar a los diplomáticos que estaban en el extranjero a quienes habría que destituir de inmediato. Probablemente fue la primera lista en la cual fui incluido por el régimen. Ya en Caracas, me sumé a la reducida lista de los primeros asistentes a la reunión de los martes que Lewis Pérez comenzó a organizar en momentos cuando partidos y políticos estaban en catatonia. Un año después no cabía el gentío en la sala del CEN de AD.

A principios del milenio mi nombre apareció en una lista de “enemigos de las Fuerzas Armadas”. La lista se filtró y fue publicada por un semanario de la época. El editor de mis libros se enteró que el libro “La Crisis de la Corbeta Caldas” aparecía en la lista de los que no serían incluidos entre los nuevos lanzamientos que Venezuela llevaría a ferias de libros en el extranjero. Aparecí en la lista de periodistas que, según el régimen, inventaron una crisis militar a propósito del inminente acuerdo del régimen con Colombia sobre el Golfo de Venezuela. Después mi nombre apareció en una lista de conspiradores que actuaban desde la Universidad Metropolitana, a propósito del tema limítrofe. Más adelante, vándalos cibernéticos incluyeron mi nombre en la lista de enemigos de la revolución a quienes se les debía jaquear cuentas de email y portales web. Obviamente aparecí también en la lista de quienes firmamos solicitando el referendo para destituir a Chávez, la llamada Lista Tascón usada por el régimen para su apartheid contra los opositores.

Por incitación de Simón Alberto Consalvi fui incluido en la lista de los autores que darían cuerpo a la Biblioteca Biográfica Venezolana, no todas las listas eran negativas.

Debí incluirme en la lista de quienes tenían tarjeta de crédito para así poder disponer de dólares, para lo cual había que viajar fuera del país. Pronto, para optar al uso de tarjetas de crédito en el extranjero era imprescindible aparecer en la lista de clientes de alguno de los bancos del gobierno. Y después resultó necesario incluirse en un listado que llevaba cada banco en el cual constaban fechas y lugares de posibles viajes al extranjero, para así poder utilizar los servicios on line desde fuera de Venezuela.

Por casualidad me enteré que fui incluido en la lista de los venezolanos que se fueron, o que se niegan a participar en el esquema de control social, mediante una tarjeta digital, para recibir bonos y subsidios. Desde esa fecha alguien, usufructuando mi nombre, cobra los bolívares que de vez en vez el régimen gotea a la población. Desde ya hace varios años estoy en la lista de los venezolanos que ya no viven en Venezuela.

Las listas son sólo parte de la vivencia de un cuarto de siglo, claro. Pero sirven de útiles mogotes para cuando se piensa en los cambios en un cuarto de siglo de vida.

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jueves, 1 de febrero de 2024

Fracasa política de EEUU con incentivos a Maduro

Informe Otálvora del 26 de enero de 2024

El presidente Joe Biden con su Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan el 30AGO23. Foto: Casa Blanca.

 

 Apenas un mes después que el gobierno de EEUU se mostrara “feliz” por los acuerdos alcanzados con la dictadura venezolana, el Departamento de Estado emitió el sábado 27ENE24 un comunicado informado que EEUU está “revisando nuestra política de sanciones a Venezuela”.

La declaración fue la primera reacción de EEUU ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano del 26ENE24 que declaró inhabilitada por quince años a la dirigente opositora y candidata presidencial María Corina Machado. La decisión del órgano judicial controlado por el chavismo se sumó a una seguidilla de desapariciones forzadas, apertura de procesos judiciales, vandalismo contra locales de partidos opositores y encarcelamientos de opositores realizados por el régimen en las últimas semanas. La política de “incentivos” diseñada en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, consistente en el alivio de sanciones económicas al régimen chavista a cambio de garantías electorales, quedó ya abiertamente en entredicho. No funcionó.

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MCM, la dirigente opositora que logró convertirse en la abanderada para una hipotética elección presidencial en Venezuela, hizo el 23ENE24 un llamado a “todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones libres y limpias en Venezuela” a los cuales les preguntó “¿cómo se hace una campaña si te llevan a tu gente secuestrada y desaparecida?”. Hasta ese momento, Machado se había mostrado confiada en el peso que las negociaciones entre EEUU y Maduro tendrían para garantizar su participación en las elecciones. Desde el 06DIC23 el régimen, por intermedio de su Fiscalía General, desató una nueva ola represiva y propagandística, teniendo como uno de sus blancos el aparato que MCM ha logrado armar como soporte a su actividad política. En diciembre fueron imputados varios ejecutivos del equipo de MCM incluyendo a su jefe de relaciones internacionales Pedro Urruchurtu a quienes el régimen acusó de “traición a la patria”, “legitimación de capitales” y “conspiración con potencia extranjera”. Luego, varios coordinadores regionales del equipo de MCM fueron secuestrados por la policía política del régimen a mediados de enero, como parte de una cacería de opositores organizada por el régimen alegando que durante el año 2023 habían sido descubiertas “cinco conspiraciones” que incluirían intentos de asesinato contra Maduro. Como parte de las promesas del régimen a EEUU, a cambio del indulto del presidente Biden al testaferro chavista Alex Saad, aparecía la liberación de los colaboradores de MCM, algunos de los cuales permanecían bajo protección de gobiernos extranjeros. Sin embargo, Urruchurtu, el experto electoral  Roberto Abdul y otros operadores de MCM están siendo procesados, el “libertad” pero bajo medidas de control como la asistencia obligatoria a un tribunal.

El mensaje de MCM “a todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones libres” tenía un claro destinatario: el gobierno de EEUU, cuyos emisarios habían logrado que Machado aceptara el modelo impulsado por la actual Casa Blanca en sus negociaciones con la dictadura chavista y que, según los operadores de Biden, forzaría a que Maduro llamara a elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Convencida o forzada por los representantes del gobierno Biden sobre que el régimen eliminaría la inhabilitación política en su contra, MCM repitió a todos los que le preguntaron que se estaba en “medio de una negociación nacional, e internacional muy compleja y difícil”. MCM hacía referencia al acuerdo firmado el 17OCT23 en Barbados por los representantes opositores (que no incluían representantes de MCM) y de Maduro, altamente exaltado por el gobierno de EEUU y que establecía un supuesto esquema para la realización de elecciones presidenciales en 2024 para lo cual, entre otros aspectos se contemplaba “la autorización a todos los candidatos presidenciales”, en obvia referencia aun grupo de dirigentes opositores que están inhabilitados por órganos administrativos del régimen.

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El 18OCT23, como premio por la firma del acuerdo de Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias que dejaban temporalmente sin efecto las sanciones que prohibían que personas y empresas de EEUU o con actividad en EEUU, tengan relaciones de negocios con la petrolera estatal venezolana y con la empresa de minería estatal. Ese mismo día, el Departamento de Estado emitió un comunicado dejando saber que esperaba que antes de finalizar el mes de noviembre, el régimen presentara “un cronograma y un proceso específico para la reinstalación acelerada de todos los candidatos” además de proceder a la “liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos”.

El mes de noviembre llegó a su fin y el régimen no procedió a liberar a los estadounidenses presos injustamente en Venezuela, ni adelantaba un esquema para garantizar la participación de los candidatos opositores “inhabilitados”, básicamente MCM y Henrique Capriles Radonski. El 30NOV23 el negociador por la oposición venezolana, el jurista Gerardo Blyde, y su contraparte chavista Jorge Rodríguez, invocando el Acuerdo de Barbados hicieron público un documento denominado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”. En el texto, el negociador opositor aceptó que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuya totalidad de miembros son militantes oficialistas designados por el régimen, recibiera las solicitudes “de los interesados” para “ejercer el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República”, controlada también por el régimen. Además, el negociador opositor aceptó que este proceso, que es un derecho constitucional sin restricciones temporales, sólo fuera posible ejercerlo durante los primeros quince días del mes de diciembre.  Además, los solicitantes debían “cumplir con el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar la soberanía… y un largo lista de condicionantes que adelantaban la trampa montada por el chavismo, permitida por los negociadores opositores y convalidada por algunos funcionarios de la Casa Blanca encargados de las negociaciones con Maduro. Reacia inicialmente a verse involucrada en un esquema que no le daba ninguna garantía legal, MCM accedió a presentarse ante el alto tribunal chavista tras inocultables presiones internas y externas. El 26ENE24 el alto tribunal chavista anunció, sin haber realizado un juicio o mostrado el expediente, que MCM estaba inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales.

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Con las sanciones ya suavizadas desde mediados de octubre, permitiendo que el régimen reactive negocios petroleros, reciba el pago por intermedio del sistema financiero internacional y suscriba acuerdo, el gobierno de EEUU se vio obligado a continuar con unas negociaciones paralelas con representantes del régimen, facilitadas por Catar, para lograr la liberación de los estadounidenses presos. Para la dictadura venezolana, el alivio de las sanciones no era suficiente pago para liberar a los estadounidenses secuestrados en cárceles venezolanas: el chavismo exigía la liberación del colombiano Alex Saab, operador comercial y financiero del chavismo y quien permanecía en una cárcel de EEUU procesado por lavado de dinero procedente de las arcas del estado venezolano.

El 15DIC23 el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva otorgando perdón total a Alex Naim Saab Moran la cual se haría publica el 20DIC23. El indulto de Biden a Saab fue el precio pagado por EEUU para lograr la liberación de diez estadounidenses presos en cárceles venezolanas, la entrega de un estadounidense prófugo de la justicia de EEUU y el compromiso de Maduro de, en el futuro, extraditar expeditamente a cualquier estadounidense que sea detenido en Venezuela. El intercambio de Saab por los estadounidenses se produjo en el aeropuerto de Canouan en San Vicente y las Granadinas. Uno de los estadounidense liberados fue entregado postrado en una camilla como consecuencia de sesiones de tortura recibidas en la sede de la policía política venezolana.

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 La liberación de los estadounidenses presos en Venezuela y el esquema de revisión de las inhabilitaciones a líderes opositores, más el supuesto “cronograma electoral” acordado por Maduro y la oposición en Barbados, hizo que el gobierno de EEUU se mostrara extasiado el 20DIC23 ante lo que ocurría en Venezuela.

Biden, al bajar del avión que lo llevó ese día a Milwaukee, fue interrogado por los periodistas que cubren la Casa Blanca y que lo acompañaban. La noticia del intercambio de presos ya corría por las redacciones de los medios y Biden ofreció más noticias al terminar el evento al cual asistiría. Pero afirmó que lo del intercambio de prisioneros con Venezuela “tiene buena pinta y parece que Maduro, hasta ahora, está manteniendo su compromiso de celebrar elecciones libres. Pero aún no está hecho. Aún queda un largo camino por recorrer. Pero... pero hasta ahora todo va bien”. Los asesores de Biden le habían transmitido la versión de un rotundo éxito en el manejo del caso venezolano.

Juan González, el colombo-estadounidense que actúa como asesor de Biden y encargado del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, a quien se le adjudica la teoría de los “estímulos” para las negociaciones con el chavismo, ofreció el 20DIC23 al canal colombiano NTN24 unas declaraciones que develaban el increíble e injustificado estado de satisfacción ante Venezuela de los colaboradores de Biden. Interrogado acerca de si el régimen chavista estaba cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Barbados, Gonzáles dijo: “Si están cumpliendo. Después que se firmaron los acuerdos del 17 de octubre [Barbados], lo que nos faltaba era la liberación de americanos [estadounidenses] y el compromiso de liberar a presos venezolanos. Ellos han cumplido y han ido más allá de eso”. Agregó que además de MCM, “se espera que todos los candidatos y candidatas se puedan presentar”. El chavismo acabó con esta fantasía el 26ENE24 mediante una sentencia de su tribunal supremo.

 

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Mientras Biden volaba desde Washington a Wisconsin, la oficina de prensa de la Casa Blanca celebrara una teleconferencia con tres altos funcionarios (por lo menos uno de ellos a bordo del avión presidencial) cuyos nombres, como es usual en este tipo de intercambios, se reveló a los periodistas conectados con el compromiso de no mencionarlos. La rueda de prensa igualmente tenía un embargo y sólo podría ser divulgada una vez que la Casa Blanca recibiera confirmación del intercambio de presos que estaba por ocurrir en San Vicente y Granadinas.

De esa rueda de prensa se derivaron diversos elementos del proceso de negociación entre EEUU y la dictadura venezolana. Las negociaciones fueron planeadas y realizadas directamente por la Casa Blanca por intermedio de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. “El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, supervisó las negociaciones” afirmó uno de los voceros oficiales quien agregó que el segundo del Consejo de Seguridad, Jonathan “Jon” Finer, también había participado del proceso y habría dictado “instrucciones en tiempo real al equipo negociador de EEUU” ante Maduro. De hecho, Finer habría sido quien reactivó las negociaciones entre EEUU y Maduro a raíz de la reunión sobre Venezuela convocada por Gustavo Petro y celebrada en Bogotá el 22ABR23. “Este es el resultado de muchos, muchos meses de negociaciones, consultas periódicas con el Presidente, una gran cantidad de trabajo que involucró a nuestro liderazgo superior” comentó uno de los participantes en la teleconferencia.

Sobre el trabajo conjunto de la Casa Blanca con el Departamento de Estado se supo que “desde mayo, Jake [Sullivan] y el Secretario de Estado han celebrado reuniones estratégicas periódicas sobre Venezuela y se han comprometido personalmente con socios de la región, Europa y Medio Oriente, en apoyo de las elecciones en Venezuela y la liberación de estadounidenses”. Según otro de los voceros oficiales en la rueda de prensa, los negociadores de EEUU “interactuemos directamente con representantes de Nicolás Maduro pero también participemos activamente en la consulta con miembros de la oposición venezolana, la Plataforma Unitaria incluida la candidata presidencial María Corina Machado”. Otro de los voceos, probablemente un embajador del Departamento de Estado afirmó que “hoy estamos muy, muy felices y orgullosos de que meses de largo trabajo estén dando frutos para permitir que los estadounidenses se reúnan con sus familias, así como que los prisioneros venezolanos se reúnan con sus amigos y familiares en Venezuela”. El régimen chavista mantiene más de dos decenas de presos políticos en sus mazmorras.

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El gobierno de Guyana confirmó al régimen chavista, una vez más y ante testigos de diversos países, que no mantendrá negociaciones bilaterales sobre los límites entre los dos países. De esta manera, el gobierno guyanés desmintió la versión hecha correr por el aparato de propaganda del chavismo, según la cual Nicolás Maduro habría logrado que el presidente guyanés Irfaan Ali, con quien se reunió el 14DIC23 en Argyle, San Vicente y Granadinas, aceptara crear una comisión bilateral para discutir el diferendo territorial.

Con la “Declaración Conjunta de Argyle”, Guyana y Maduro se comprometieron a crear una “comisión conjunta” de ministros de Exteriores “para tratar los asuntos mutuamente acordados”, sin precisar cuáles serían esos temas. Según la propaganda chavista, en ese listado estaría incluido el diferendo limítrofe que actualmente es objeto de un proceso judicial, impulsado por Guyana, ante la Corte Internacional de Justicia.

El 25ENE24 en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, se produjo la primera reunión de esa “comisión conjunta”, celebrada bajo los auspicios del gobierno de Brasil y en la cual participaron además un enviado del Secretario General de la ONU y el embajador de San Vicente y Granadinas en Brasil. El canciller brasileño, Mauro Viera, actuó como “interlocutor y facilitador principal” en correspondencia con el rol de virtual arbitro que los dos gobiernos le confirieron a Lula da Silva ante las amenazas de acción militar sobre Guyana expresadas por Maduro. Los enviados de Guyana y de Maduro, Hugh Todd e Yván Gil, expusieron las agendas de temas que proponen debatir en ese foro y acordaron celebrar próximamente una nueva reunión. En resumen, la conclusión de la reunión fue acordar una nueva próxima reunión. El enviado de Maduro se hizo acompañar del ministro de “ecosocialismo” y del representante permanente del régimen en la ONU.

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El periódico caraqueño Ultimas Noticias, usual vocero de la dictadura chavista, titulo el 25ENE24 que “Venezuela y Guyana acuerdan evitar intervención de potencias extranjeras” basado en declaraciones del canciller Yván Gil. El 22NOV23 fue Gil justamente quien en la sede de la cancillería brasileña había anunciado una acción militar contra Guyana en presencia de los ministros de Defensa suramericanos.

Observadores de la reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty el 25ENE24 confirmaron a este Informe que el canciller guyanés ratificó que su país no atenderá los pedidos de Maduro de regresar a un esquema bilateral para resolver el diferendo limítrofe. Mientras Gil hablaba de “evitar la intervención de potencias extranjeras en la controversia” el enviado guyanés expuso una lista de temas de comercio bilateral. Un comunicado publicado el 25ENE24 por el gobierno de Guyana señaló que “la posición de Guyana con respecto a la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela no ha cambiado”. Según el texto oficial, la solución de esta controversia está en “la Corte Internacional de Justicia”  y por lo tanto “deberá permanecer allí hasta que la Corte dicte su decisión final sobre el fondo del caso” por lo cual, “Guyana no socavará el proceso judicial ni el Acuerdo de Ginebra participando en cualquier otro medio de solución de la controversia mientras esté pendiente ante la Corte”. Como premio de consolación, Guyana ofreció que la comisión en sus futuras reuniones se enfoque en mejorar los acuerdos ya existentes en materias de drogas, combustible de aviación y “seguridad alimentaria”. Mientras Maduro alega que logró una “victoria histórica” sobre Guyana en el tema limítrofe, el gobierno guyanés prefiere hablar de sus ventas de arroz a Venezuela y retomar un acuerdo por el cual Hugo Chávez se comprometió a vender jet A1 a Guyana.

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Una mujer latinoamericana ocupará, muy probablemente, la Secretaría General de las Naciones Unidas durante el quinquenio que comienza el 01ENE27. Si bien la elección del nuevo secretario debería producirse sólo a mediados del año 2026, en los corrillos de la ONU y en importantes cancillerías ya se debate el nombre del reemplazo del portugués Antonio Guterres quien cumple actualmente su segundo periodo en el cargo.

Un consenso, no escrito, establece que el próximo titular de la Secretaría deberá ser una mujer, la primera en ocupar tal posición planetaria. Igualmente, por una hipotética rotación, el próximo secretario deberá prevenir de un país de América Latina (y el Caribe). Además, los rumores insistentes entre la burocracia de la ONU sugieren un eventual final apresurado de la gestión de Guterres sin esperar el fin de su mandato.

En ese contexto el nombre de la chilena Michelle Bachelet, dos veces presidenta de su país y ex alta Comisionada para DDHH de la propia ONU, está corriendo como la posible sucesora de Guterres. El nombre de Bachelet fue hecho público por la represente de Chile en la ONU, Paula Narvaes, durante una entrevista el 22ENE24 con una radio chilena. Narvaes aseguró que representantes de varios países ya le han indicado “informalmente” su apoyo a la candidatura de Bachelet.

La lista de potenciales candidatas a la Secretaría General de la ONU también incluye a la ecuatoriana María Fernanda Espinoza, quien fuera ministra de Exteriores y de Defensa de los gobiernos del izquierdista Rafael Correa y, además, fue presidenta de la Asamblea General de ONU en el periodo 2018-19. La actual Secretaria de Exteriores del gobierno de México, miembro del izquierdista Grupo de Puebla y ex Secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, es otro nombre que podría competir por el cargo. Igualmente, algunos observadores de los movimientos en la ONU, sugieren el nombre de la costarricense Rebeca Grynspan quien actualmente ejerce como Secretaria General de UNCTAD, el órgano de la ONU dedicado al comercio y desarrollo.

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martes, 30 de enero de 2024

Maduro se escuda en Lula tras amenazar a Guyana

Informe Otálvora del 13 de enero de 2024

El jefe militar guyanés Omar Khan recibe honores militares al abordar la nave británica HMS Trent el 29DIC23. Foto: @HMSTrent


El barco de guerra británico HMS Trent, cuya presencia en Guyana desató histeria militar en la dictadura venezolana, no estuvo anclado frente a costas del territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, según información develada por la propia propaganda del régimen.

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A raíz de la amenaza de acción militar contra Guyana hecha por el canciller del régimen chavista, Yvan Gil, durante una reunión de ministros de exteriores y defensa celebrada en Brasilia el 22NOV23, el gobierno guyanés informó a sus socios internacionales sobre la posición anunciada por el enviado de Maduro. Guyana, en tanto miembro de la Commonwealth, mantiene una relación especial con el Reino Unido, su antigua metrópolis y el 24DIC23, el Ministerio de Defensa británico anunció que su buque patrullero HSM Trent (P224) que iniciaba operaciones en el Caribe, realizaría una visita a aguas guyanesas. "El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Commonwealth, a finales de este mes como parte de una serie de compromisos en la región durante su despliegue de la Tarea de Patrulla Atlántica", dijo el 23DIC23 una fuente del ministerio británico a la BBC.

La presencia del HSM Trent en aguas del Caribe, procedente de la costa occidental de África, respondió a una rotación de naves de guerra británicos. El Trent reemplazó al HMS Medway (P223) que previamente realizaba tareas antinarcóticos en el Caribe y pasó a mantenimiento en Gibraltar. El 29DIC23 el HSM Trent, anclado frente a las costas de Guyana al este del rio Esequibo, recibió la visita de brigadier Omar Khan, jefe del comando militar de Guyana quien llegó acompañado de la Alta Comisionada británica en Guyana Jane Miller. Se trató de una visita de diplomacia militar y no de realización de ejercicios militares. El armamento principal de la patrullera británica lo constituye un cañón de 30mm y dos ametralladoras pesadas calibre 50, muy eficiente en operaciones de interceptación de navíos, pero sin representar una amenaza militar contra algún país.

En tanto, en Caracas, el régimen había ordenado la ejecución de una operación militar “defensiva” desde el 28DIC23 para enfrentar a la patrullera británica. El régimen anunció que en la “Acción Conjunta general Domingo Sifontes” participarían más de cinco mil efectivos militares del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana, con movilización de aviones de combate, incluyendo los pocos aviones de combate F16 que permanecen operativos en Venezuela, aeronaves de combate Sukhoi, helicópteros, además de fragatas, buques de transporte y un largo listado de equipos militares.  A su vez, Maduro se quejó ante Lula da Silva acusando al presidente guyanés, Irfaan Ali, de violar la llamada “Declaración de Argyle” firmada en San Vicente de las Granadinas el 14DIC23 en la cual Maduro e Irfaan Ali acordaron “que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”. Dado que esa declaración convirtió a Lula en virtual árbitro de la Guyana Esequiba, el 29DIC23 la cancillería brasileña emitió un comunicado, ante la solicitud de Maduro, en la cual manifestó que “el gobierno brasileño cree que deben evitarse manifestaciones militares de apoyo a cualquier partido, para que el proceso de diálogo en curso pueda dar resultados”.

El 31DIC23 el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, hizo saber que su jefe había ordenado el “repliegue” de parte de los “medios aeronavales” supuestamente movilizados por la visita del barco británico a Guyana. A esa hora ya el HMS Trent navegaba en dirección a Barbados para continuar con sus operaciones antinarcóticos. Según un gráfico mostrado por canales de Tv del régimen, la nave partió desde aguas de Guyana que no están en disputa. El despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística que confirma el motivo de política interna que mueve el repentino interés del chavismo en el tema del reclamo territorial de la Guyana Esequiba.

 

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Pese a que Venezuela sufre una recurrente crisis de generación de electricidad que conlleva a rutinarios apagones y racionamientos en el interior del país, los gobiernos de Maduro y Lula da Silva, en compañía de un grupo empresarial brasileño amigo del chavismo, planea negocios para la exportación de electricidad a Brasil.

El 07MAR19, ante la sistemática caída del suministro eléctrico desde Venezuela y agravado por las tensiones políticas entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el gobierno de facto de Maduro, Brasil decidió suspender el consumo de electricidad procedente de la represa de Guri en Venezuela. La línea que une Guri con el estado Roraima en el norte amazónico brasileño comenzó a ser negociada durante los gobiernos de Rafael Caldera en Venezuela y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Finalmente, su construcción fue adelantada por Hugo Chávez quien ordenó a fuerzas militares reprimir violentamente a comunidades indígenas que se oponían al proyecto. En 2001 la conexión para surtir de electricidad venezolana al estado Roraima, fue inaugurada por Chávez, Fernando Henrique Cardoso y Fidel Castro. El negocio de la electricidad quedó en manos estatales: Electronorte por Brasil y Corpoelec por Venezuela. 

El deterioro del sistema eléctrico venezolano a lo largo de dos décadas de gobierno chavista comenzó a impactar también a Roraima por caídas de tensión y apagones, el único estado brasileño no conectado a la red de generación y distribución eléctrica de Brasil. El megaapagón del 07MAR19 en Venezuela impactó igualmente al norte brasileño dependiente de la electricidad de la represa Guri, La decisión del gobierno Bolsonaro fue suspender indefinidamente la compra de electricidad venezolana por lo cual Roraima regresó a la utilización de generación local termoeléctrica.

En 2019, Bolsonaro retomó el proyecto de construir una línea de poco más de 700 kilómetros que conecte a Roraima con el estado Amazonas. Pese a que el tendido eléctrico sería construido en paralelo a la carretera BR-174 ya existente, la izquierda brasileña se ha opuesto al proyecto alegando que atraviesa tierras del “Territorio Indígena Waimiri Atroari”. Permisos ambientales y el supuesto rechazo de los indígena Waimiri-Atroari mantiene paralizado la ejecución de un proyecto que Bolsonaro había declarado como de “interés para la defensa nacional” de Brasil.

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Los empresarios brasileños Joesley e Wesley Batista, dueños de la  empresa JBS, tenida como la mayor productora de proteínas animales en el mundo, diseñaron el esquema para hacerse del negocio de la importación de electricidad de Venezuela y de la eventual obtención de subsidios estatales brasileños. Los Batista han sido proveedores del régimen venezolano y en 2015 fueron anfitriones de Diosdado Cabello, el cogobernante jerarca chavista, quien visitó Brasil para revisar negocios de compra de carne por parte de Venezuela. En 2017, Joesley Batista ingresó al Palacio de Planalto, sede presidencial brasileña, para una audiencia con el entonces presidente Michel Temer. Con un sistema de grabación oculto, Batista obtuvo un audio de Temer como parte de un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña. Los Batista había sido notorios financistas de la campaña electoral de 2014 a favor de la petista Dilma Rousseff.

A pocos meses del regreso de Lula a la presidencia de Brasil, el 01ENE23, ya los hermanos Batista estaban en conexión con el régimen chavista para armar un negocio sobre electricidad venezolana. Según reportó la revista brasileña Piauí el 19DIC23, los hermanos Batista por intermedio de su empresa Ambar Comercializadora de Energía, negociaban en marzo de 2023 con una empresa privada de Venezuela la compra de electricidad. En aquel entonces, según Piauí, Ambar notificó oficialmente al gobierno Lula sobre las negociaciones en proceso “con la empresa privada venezolana autorizada [por el régimen chavista] para exportar energía desde Guri”. Dado que la generación de electricidad en Venezuela está en manos estatales, el negocio implicaría que la dictadura chavista se dispone a venderle electricidad a una empresa privada venezolana, no identificada, la cual a su vez se la vendería a los empresarios brasileños quienes finalmente la facturarían a los consumidores brasileños.  El tema fue tratado directamente por Lula y Maduro el 29MAY23 en Brasilia.

Lula ha mostrado particular prisa en iniciar el negocio de la electricidad en el esquema inventado por los hermanos Batista. Además de anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Maduro a pocas horas de regresar a la Presidencia, el gobierno Lula dejó saber el interés por reestablecer el abastecimiento eléctrico venezolano acusando a Bolsonaro de haberlo cortado por razones “ideológicas”. A principios de marzo, Ambar notificó al ministro de Minas y Energía de Brasil sobre el avance en las negociaciones con una empresa privada venezolana. El 04AGO23, Lula emitió un decreto para facilitar la importación de electricidad desde Venezuela.

El 13SEP23, Ambar informó al gobierno Lula que ya había firmado un contrato con la “empresa privada” autorizada por Maduro para negociar la electricidad venezolana. En esa comunicación, según reportó el diario Folha de São Paulo el 11DIC23, la empresa de los Batista incluyó el documento "Proposta de Importação de Energia Elétrica da República Bolivariana da Venezuela" el cual incluía los precios a los cuales se disponía vender la electricidad a Brasil. Esa propuesta fue remitida el 19SEP23 al “Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico” presidido por el  ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el cual aprobó la oferta de Ambar el 25OCT23 y la encaminó a la Agencia Nacional de Energía Electrica. El 24OCT23, Silveira estaba en Caracas para acordar detalles con su homólogo Néstor Reverol. El 30NOV23, fue publicada en el Diario Oficial de la Union, la resolución ministerial autorizando a Ambar como único importador de electricidad desde Venezuela.  El 19DIC23, la Agencia Nacional aprobó la estructura de precios propuesta por Ambar el cual no se corresponde con electricidad generada en una hidroeléctrica. Todo indica que el gobierno de Lula ha favorecido a la empresa de los hermanos Batista aprobando sin licitación su negocio y autorizando el cobro de tarifas comparables con las de generación de electricidad térmica.

En tanto, en Venezuela persisten los racionamientos eléctricos diarios y por varias horas, en la mayoría de las ciudades del país.

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La dictadura de Nicaragua habría creado y puesto en operación un comando para el seguimiento y eventual asesinato de opositores exilados en Costa Rica. La versión corre en medios políticos costarricenses luego del atentado que sufriera el nicaragüense Joao Maldonado el 10ENE24.

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