viernes, 29 de octubre de 2021

Castrochavismo corre en auxilio de dictadura de Ortega

Informe Otálvora del 22 de octubre de 2021

Secretario de la alianza castrochavista ALBA reunido con Daniel Ortega y Rosario Murillo el 19OCT21. Foto: @SachaLlorenti

La cifra procede de un informe hecho público el 18OCT21 por el Departamento de Tesoro de EEUU que analiza las sanciones que ese organismo administra y analiza medidas “para preservar y mejorar su eficacia en el apoyo a la seguridad nacional y los intereses de EEUU”.Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor número de jerarcas políticos sometidos a sanciones por el gobierno de EEUU.

“La revisión de las sanciones del Tesoro ha demostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. Estamos comprometidos a trabajar con socios y aliados para modernizar y fortalecer esta herramienta fundamental” afirmó el subsecretario Wally Adeyemo quien encabezó la investigación.

 

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Para el 07NOV21 están convocadas votaciones generales en Nicaragua en las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer una nueva reelección luego de haber impedido, mediante cárcel e ilegalizaciones, la participación de candidatos opositores.

La familia Ortega-Murillo, probablemente la más rica del país, aspira continuar gobernando y para ello no ha dudado en romper las pocas formalidades institucionales que existían. Diez años atrás, la candidatura de Ortega para su reelección en 2011 fue abiertamente inconstitucional pero su control de la Corte Suprema de Justicia le permitió burlar el impedimento legal. En 2013, el boliviano Evo Morales usaría el mismo artilugio para violar la constitución por él mismo impuesta en Bolivia y presentarse para un tercer mandato.

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El Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de un grupo de miembros, fue convocado para celebrar el 20OCT21 una sesión sobre la situación en Nicaragua. El propósito era someter a consideración un pronunciamiento, el segundo en menos de cuatro meses, referido a la sistemática violación de DDHH en Nicaragua y la falta de garantías para las votaciones del 07NOV21.

La votación mostró la dirección que está tomando la política dentro de la OEA en la cual México y Argentina están actuando ala limón, con Bolivia secundándolos. El texto sometido a consideración en la sesión del 20OCT21 había sido previamente debatido y negociado en reuniones entre los proponentes y las restantes delegaciones con lo cual el tono había ido moderándose para ganar el voto especialmente de gobiernos del Caribe. La posición de los representantes de México y Argentina fue, desde el principio, negarse a apoyar cualquier proyecto que implicara un pronunciamiento de la OEA sobre la situación en Nicaragua.

El gobierno de Daniel Ortega ordenó a su representante ante la OEA no participar en la sesión. México, Argentina y Bolivia recurrieron a la figura de la abstención a lo cual se sumó el gobierno de San Vicente y las Granadinas que es un aliado castrochavista en el Caribe, así como los centroamericanos Guatemala y Honduras junto a Barbados. Con 26 votos a favor fue aprobada la resolución que había sido presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Uruguay.

 

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Mediante la resolución aprobada con 26 votos, el Consejo Permanente de la OEA reiteró “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, expresar “su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados” y tomar nota “con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”. Igualmente acordaron “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”. La suspensión de Nicaragua de la OEA está en el tapete aunque, como ya pasó en el caso venezolano, los votos todavía no están asegurados.

Por cierto, fue notorio el voto del representante de Perú quien recibió instrucciones de su gobierno para apoyar la resolución contra el gobierno de Ortega. El presidente peruano Pedro Castillo está actuando con alto cuidado en su política exterior y no dudó en asistir a un ejercicio de desembarco anfibio el 02OCT21 que formó parte de los juegos de guerra UNITAS LXII en las cuales participaban naves y tropa estadounidenses en territorio peruano.

 

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Lo que pareciera un hecho inevitable es el desconocimiento del proceso electoral nicaragüense por parte de una creciente lista de países.

El 22SEP21 fue dado a conocer un pronunciamiento firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Reino Unido y República Dominicana en el cual afirmaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.

La Unión Europea optó el 11OCT21 por mantener por un año adicional las sanciones, que impusiera en 2019, a altos jerarcas del régimen sandinista incluyendo a la cogobernante Rosario Murillo. El 18OCT21 el Consejo de Política Exterior de la Unión Europea incluyó en su agenda una evaluación sobre Nicaragua desde el inicio de la violenta represión en abril de 2018. “Las perspectivas de que se lleve a cabo un proceso electoral creíble y legítimo en torno a estas elecciones son muy escasas” concluyeron los ministros de exteriores europeos.  A la salida de la reunión ministerial, el Alto Representante de la UE Josep Borrell, durante la usual rueda de prensa, se refirió a Nicaragua: "la UE continuará insistiendo en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la puesta en libertad de presos políticos y que haya elecciones libres”. Borrell fue particularmente directo al calificar el proceso electoral organizado en Nicaragua: “las [elecciones] que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura".

 

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La represión que comenzó a alcanzar a dirigentes históricos de la izquierda nicaragüense desató a mediados de año algunas olas de malestar entre voceros de la izquierda continental.

El 15JUN21 los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador emitieron una declaración conjunta con la cual intentaban compensar el hecho de haberse negado a apoyar la declaración aprobada en la OEA cuatro días antes. Argentina y México. Alegaron no estar de acuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” aunque se mostraron preocupados “por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Una semana después, el 21JUN21, como protesta por la continuidad de los encarcelamientos en Nicaragua, los gobiernos de Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua quienes varios meses después aún permanecían en sus respectivas capitales.

 

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El 25JUN21, el semanario izquierdista uruguayo Brecha publicó una declaración que arrancaba expresando que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario”. Los 125 firmantes originales del texto eran gente poco conocida de izquierda básicamente de Uruguay,  pero tras la publicación se sumaron varias firmas, dos de ellas de dos referentes de la izquierda continental: el expresidente Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky.

El 22JUL21 Lula da Silva fue entrevistado por la mexicana Sabina Berman quien le preguntó sobre Nicaragua. El brasileño afirmó que “hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.

Después, a mediados de agosto en declaraciones buscadas por BBC, el ahora vocero castrochavista y fundador del Grupo de Puebla, el colombiano Ernesto Samper Pizano, se quejó que las acciones de Ortega están “comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico”. “Progresismo” es el más reciente eufemismo con el cual se disfraza la izquierda radical continental. Samper adelantaba que antes que condenar a Ortega, el Grupo de Puebla se proponía abrir contactos.

La alianza castrochavista, dejando a un lado las preocupaciones cosméticas de algunos de sus acólitos, ha decidido ratificar su respaldo a la dictadura nicaragüense. El boliviano Sacha Llorenti, quien actúa como Secretario del ALBA, permaneció en Nicaragua por una semana siendo recibido el 19OCT21 por Ortega y Murillo. El día anterior, los gobiernos del ALBA con los regímenes de Cuba Bolivia y Venezuela encabezando, habían distribuido un pronunciamiento en el cual saludaban “la preparación del proceso electoral” y ratificaban su respaldo al gobierno sandinista”. Por su parte, el gobierno de Rusia se ha convertido en protector internacional del régimen nicaragüense emulando sus relaciones con el gobierno de facto de Venezuela.

 

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Aparte de no sumarse a la posición colectiva ante Nicaragua, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México continúan en una férrea confrontación contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.

La denuncia de fraude electoral hecha por la OEA en las elecciones bolivianas del 20OCT19 que condujeron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida al extranjero, ha sido progresivamente convertida por la izquierda continental en una narrativa según la cual en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Esa narrativa busca lavar la imagen de Evo Morales y servir de sustento a la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez y otros miembros del gobierno de transición que asumieron ante la estampida del gobierno renunciante.

En ese contexto, los representantes de Bolivia, Argentina y México convocaron para un evento contra Almagro que tuvo lugar el 22OCT21 en el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington. “¿Qué sucedió realmente en las elecciones de 2019 en Bolivia? Los expertos comparten sus hallazgos” era el título del evento que buscaba desacreditar los informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de aquel año y tratar de imponer la versión del golpe de Estado.

Los ponentes presentados por los gobiernos en calidad de “expertos electorales” fueron Jake Johnston miembro del Center for Economic and Policy Research CEPR, un grupo de generación de informes largamente asociado con el gobierno chavista de Venezuela. Jack Williams quien en 2020 elaborara un trabajo sobre las elecciones en Bolivia financiado por el CEPR del cual publicó un resumen en The Washington Post adjudicándolo falsamente como una investigación del Massachusetts Institute of Technology. El tercer ponente fue el venezolano Francisco Rodríguez, economista asociado al gobierno de Hugo Chávez quien en los últimos años ha laborado en banca internacional negociadora de bonos de deuda pública venezolana y confronta a la oposición venezolana. El papel de Johnston, Williams y Rodríguez era mostrar análisis estadísticos de laboratorio en contraposición a los informes elaborados in situ por la misión electoral de la OEA en 2019.

La guerra contra Almagro continúa y tendrá un nuevo capítulo en la Asamblea General anual de la OEA que tendrá lugar el 10-12NOV21.


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martes, 26 de octubre de 2021

Observadores de UE a Venezuela con V.º B.º de EEUU

Informe Otálvora del 08 de octubre de 2021

Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken y Alto Representante de la UE Josep Borrell el 04MAY21 en Londres. Foto: Departamento de Estado EEUU.

La alianza partidista que sostiene a Juan Guaidó como “Presidente Encargado” de Venezuela y su aparato de gobierno está mostrando serias señales de ruptura.

El 04OCT21 se produjo una reunión vía internet del grupo de representantes diplomáticos que Guaidó mantiene en diversos países donde se le reconoce oficialmente como jefe del Ejecutivo. La reunión había sido convocada por Julio Borges, uno de los jefes del partido Primero Justicia y quien desde el exilio en Colombia ejerce como “Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela”. Primero Justicia ha sido parte de los cuatro partidos, el G4, que han dado piso al “gobierno” de Guaidó quien milita en Voluntad Popular el partido liderado por Leopoldo López desde España.

 

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El tema del encuentro del lunes 04OCT21 era inicialmente el impacto de la decisión de la Unión Europea de enviar a Venezuela una misión de observación electoral. La convocatoria al encuentro había causado sorpresa en razón del poco interés que Borges suele mostrar en mantener contacto con el “cuerpo diplomático” de Guaidó y, porque apenas el 27SEP21 un comunicado de Primero Justicia había dejado ver el virtual divorcio con el “gobierno Guaidó”. Ese día el partido de Borges y Henrique Capriles Radonski anunció su retiro “de los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”, es decir, se retiraron de la coadministración que el G4 ha mantenido de un paquete de propiedades del Estado venezolano en el extranjero y que incluyen la petrolera Citgo en EEUU y la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos asentada en Colombia. La empresa Monómeros fue puesta bajo control del “gobierno Guaidó” en 2019 y desde entonces su administración ha sido objeto de crecientes observaciones y divergencias entre la base política de Guidó.

 

 

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La empresa Monómeros proporciona aproximadamente el 50 por ciento de los fertilizantes que se utilizan en el agro colombiano por lo que la salud de la empresa es un asunto de seguridad nacional para Colombia. De hecho, el 07SEP21 la Superintendencia de Sociedades de Colombia optó por someter a control a la empresa ante el temor de que se declare en insolvencia o quiebra.  

La decisión de Colombia en cuanto preservar a Monómeros, reproduce la línea de acción de los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden en cuanto a permitir el manejo de Citgo por designados de Guaidó y proteger la empresa de acciones judiciales, lo cual además de aportar “poder” a Guaidó responde al interés estadounidense de preservar, también por razones de seguridad nacional, la integridad de la empresa propietaria de tres refinerías y de una extensa e importante red de distribución de combustible.

 

 

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Si bien Borges ha dicho que sus críticas al manejo de Monómeros las ha hecho como jefe político de Primero Justicia y no como “Canciller” de Guaidó, su posición como vocero del “gobierno provisional” de Venezuela quedó seriamente comprometida en público. En medios diplomáticos y de gobiernos de la región, en realidad, la confrontación de Borges contra Guaidó es un asunto ya conocido desde tiempo atrás. Borges, quien tiene sus propios enlaces en Washington, da desarrollado su propia agenda internacional casi siempre en contravía con Guaidó.

En la reunión realizada vía Internet, Borges dijo, según la versión de varios testigos, que el gobierno Guaidó ya llegaba a su final y recomendó a los asistentes virtuales que consultaran con sus respectivos jefes políticos. Tales aseveraciones habrían desatado las intervenciones de los diplomáticos convocados quienes en su mayoría chocaron con la posición del “canciller”. Poco después, un vocero oficioso de Borges divulgó desde Bogotá la especie según la cual el “gobierno Guaidó” finalizaría el 04ENE22, sin que se conozcan las razones de esa fecha. Algunas fuentes aseguran que la fecha del 04ENE22 corresponde con la supuesta finalización del reconocimiento a Guaidó por parte del Departamento del Tesoro de EEUU. En realidad esa especie tiene poco asidero ya que ese reconocimiento oficial de EEUU a Guidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como representantes del estado venezolano, está basado en la Licencia General 31A emitida por el Departamento del Tesoro el 04ENE21 sin límites temporales de vigencia. En todo caso, el “canciller” de Guaidó estaría pregonando que el “gobierno” Guaidó ya tiene fecha de cierre.

En medios diplomáticos latinoamericanos, incluyendo funcionarios que atienden el tema Venezuela en la cancillería colombiana, era un hecho que Borges renunciaría a su condición de representante de un “gobierno” del cual está claramente distanciado. Sin embargo, Borges aceptó la invitación que le hiciera el presidente colombiano Iván Duque para que lo acompañara, junto a altos funcionarios de Colombia y diplomáticos de los países bolivarianos, en un viaje a la fronteriza ciudad de Villa del Rosario el 06OCT21 donde participaría en nombre de Venezuela en una ceremonia de exaltación patriótica.

 

 

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 11SEP21, el servicio exterior de la Unión Europea estaba preparando los detalles para el envío a Venezuela de una misión de observación electoral para las votaciones regionales convocadas por el régimen chavista para el 21NOV21. El 28SEP21 el Encargado de Negocios de la Unión Europea en Caracas suscribió un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral que norma la presencia de los enviados europeos. Al día siguiente el Servicio Exterior de la UE hizo público la decisión del Alto Representante Josep Borrell de enviar cerca de un centenar de observadores a Venezuela a partir del mes de octubre y de forma progresiva. Borrell igualmente seleccionó a la eurodiputada portuguesa Isabel Santos como Observadora Jefe de la Misión que viajaría a Venezuela. Usualmente las misiones electorales de la UE son encabezadas por algún miembro del Parlamento Europeo y Borrell optó por una diputada miembro del Partido Socialista portugués quien curiosamente en el pasado se manifestó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En un debate en el Parlamento Europeo el 14ENE20, Santos se mostró favorable a la imposición de sanciones a “aquellos que promuevan la violación de las reglas democráticas y la violación de los Derechos Humanos” en Venezuela.

 

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Por cierto, las pláticas que sostienen los representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro llegaron rápidamente a un estado de empantanamiento. Oficialmente se han realizado dos rondas de negociaciones directas. El 07SEP21, al término de la primera ronda, las delegaciones anunciaron dos acuerdos referidos a una posición común ante el diferendo territorial sobre la Guayana Esequiba y otro sobre “protección social del pueblo venezolano. Se trataba de un obvio intento de las dos delegaciones para ganar credibilidad sobre el mecanismo. Como resultado de la segunda ronda de negociaciones, el 27SEP21 el gobierno de Noruega distribuyó un comunicado de las partes en la cual informaron que habían decidido “realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales” para constituir “un eficiente mecanismo de consulta y participación”. Inicialmente las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez en nombre de Maduro y por Gerardo Blyde en nombre de la alianza partidista que apoya a Guaidó, habían señalado una agenda precisa de negociación entre las dos fuerzas políticas. Luego de la segunda ronda de negociaciones ha surgido el siempre conveniente esquema de alargar procesos mediante consultas a terceros.

 

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La jefe de la misión europea estará llegando a Caracas el 18OCT21 para asumir la conducción directa de un proceso de observación con el cual, al permitirlo, el régimen chavista procura ganar legitimidad internacional. El régimen chavista ha permitido que la misión de la UE emita un informe preliminar sobre los resultados de su observación el cual deberá ser presentado previamente al gobierno y sólo sería emitido dos días después de las votaciones.

En las votaciones sólo están en juego los poco influyentes gobiernos estadales y locales. Diversos sectores de la oposición han optado por participar alegando que se trata de una oportunidad para reorganizar fuerzas, aunque en la práctica la unidad opositora venezolana se ha ido resquebrajando primero por el debate entre participar o no en las votaciones del régimen, y después en batallas locales por las nominaciones.

 

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El 08OCT21, buscando justificar su decisión ante Venezuela, Borrell afirmó que la UE acompañará a la oposición porque “es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema”. La afirmación fue hecha durante un “desayuno informativo” organizado por “Nueva Economía Forum” durante el cual Borrell sostuvo que el informe final de la misión de observadores de la UN “legitimará o deslegitimará” a Maduro. Igualmente afirmo que obviamente “las elecciones en Venezuela no son como en Suiza” pero “si la oposición decide ir y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando una misión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas?”. Las palabras de Borrell desataron la ira chavista en Caracas donde el Ministerio de Exteriores del régimen emitió un comunicado en el cual acusó a la Unión Europea de “pretensión injerencista” y le pidió “abstenerse de manipular políticamente la Misión de Observación Electoral” pero sin rechazarla. En la realidad, el régimen si aspira que la UE lo legitime o al menos le otorgue una carta de buena conducta para luego reclamar el fin de las sanciones.

 

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La decisión de Borrell forma parte de una línea acordada con EEUU que incluye estimular a una salida negociada entre Maduro y la “oposición” a la crisis venezolana. De allí el apoyo mostrado por el actual gobierno de EEUU a las pláticas organizadas por Noruega que reúnen a enviados de Maduro y Guaidó en Ciudad de México. El tema Venezuela ha sido discutido personalmente por Borrell y el Secretario de Estado Antony Blinken y en ellas concluyeron que, en la práctica, las votaciones convocadas por el régimen serían una suerte de termómetro sobre la situación venezolana. Incluso, el Centro Carter estaría negociando con las autoridades electorales del régimen chavista los términos para el envío de representantes para “observar” las votaciones del 21NOV21. El Centro Carter ha sido convocado por el gobierno Biden para que coopere en cuanto a casos críticos en Latinoamérica y su posible presencia en Venezuela contaría con el franco apoyo del Departamento de Estado.

El gobierno Biden, en lo poco que atiende los temas latinoamericanos, está enfocado en el asunto migratorio y en sus relaciones con México. Hasta la fecha, ha optado por mantener grosso modo la política del gobierno Trump hacia Venezuela confirmando el respaldo a Guaidó y ratificando las sanciones al régimen chavista. Pero el “tema Venezuela” progresivamente ha ido saliendo de la agenda de los gobiernos de América y Europa, por cansancio, por la pandemia de Covid, por el surgimiento de una nueva ola de gobiernos castrochavistas en el Continente y por la creciente falta de coherencia de la oposición venezolana. En tanto, la dictadura venezolana tiende a convertirse en un estado de normalidad en el país ante la cual los gobiernos extranjeros responden con posiciones crecientemente pragmáticas. Incluso el gobierno de Colombia que militantemente desconoce la autoridad de Nicolás Maduro, estaría dispuesto a reanudar las relaciones consulares ante la obvia necesidad que la comunidad colombiana en Venezuela tiene de servicios de su gobierno.

 

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El presidente de Perú Pedro Castillo anunció públicamente su respaldo al establecimiento de una legislación que legalice la producción de hoja de coca en Perú. Siguiendo el esquema ya establecido en Bolivia por el gobierno de Evo Morales, bajo el argumento de respetar el consumo tradicional de hoja de coca, la legislación promovida por el diputado izquierdista Guillermo Bermejo procura proteger los cultivos de coca con claro destino hacia la producción de cocaína.

El 03OCT21 en Pichari en el departamento de Cuzco, Castillo anunció su respaldo al proyecto de ley que promueve Bermejo quien estaba a su lado. Castillo para la ocasión cambió su disfraz campesino con sombreo chotano para vestir indumentaria indígena. Guillermo Bermejo es uno de los enlaces entre el nuevo gobierno peruano y las redes castrochavistas continentales y en diversas ocasiones ha organizado en Lima actos de apoyo al régimen chavista.

En la práctica se está produciendo una alianza entre el gobierno izquierdista de Castillo y los productores de coca de Perú con apoyo organizativo de Evo Morales quien ha multiplicado la frecuencia de sus visitas a Lima.


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