domingo, 14 de mayo de 2017

Latinoamérica aísla a gobierno Maduro


Informe Otálvora del 06 de mayo de 2017

Reunión de cancilleres de Celac solicitada por gobierno Maduro el 02MAY17 en San Salvador: Foto: Cancillería El Salvador

La tarde del 04MAY17, las embajadas en Caracas recibieron una comunicación escrita enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual fueron convocadas para una reunión calificada como “Encuentro con la ciudadana Delsy Rodriguez” que tendría lugar al día siguiente. Diversos jefes de misiones diplomáticas latinoamericanas informaron a sus respectivos gobiernos de la convocatoria y solicitaron instrucciones sobre concurrir o no a la cita en la sede de la cancillería venezolana. En condiciones de normalidad entre dos gobiernos, un jefe de misión diplomática no consulta a su cancillería sobre un asunto como este, pero el estado de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y una creciente lista de países latinoamericanos es de alta tensión, mínima o nula comunicación y aires de inminente ruptura.

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El mismo jueves 04MAY17 el gobierno de Costa Rica, en un comunicado en el cual deploró “la militarización del conflicto” en Venezuela, anunció que la encargada de su Embajada en Caracas viajaba a su país en “consultas”, con lo cual en la práctica queda cerrada la misión diplomática tica en Venezuela. En actitud de rechazo a la conducción política de Maduro, ya tres gobiernos suramericanos (Colombia, Chile y Paraguay) retiraron sus embajadores, dejando sus misiones en Caracas en manos de funcionarios de menor rango en condición de “encargados de negocios a.i.”.  El aislamiento político internacional del régimen chavista ha tendido a ampliarse desde el 29MAR17 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, emitió una sentencia con la cual  reemplazaba a la Asamblea Nacional. Maduro ha escogido una línea confrontacional tanto en lo interno como en sus relaciones externas en la cual sólo lo acompañan los gobiernos de Cuba, Bolivia, Rusia y de un par de microestados caribeños.

El tono de los ya rutinarios comunicados de gobiernos del vecindario latinoamericano se ha ido agudizando en la medida que el número de muertos, heridos y detenidos aumenta en Venezuela. En el más reciente de ellos, emitido el 04MAY17, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay condenaron “el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes”.

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El 26ABR17, pese a la oposición del gobierno Maduro, el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar la máxima instancia del organismo, la plenaria de cancilleres del Continente, para tratar la situación venezolana. Previendo la inminente derrota en la OEA, en un desesperado intento de mostrar apoyo internacional, el 25ABR17 la cancillería de Maduro solicitó al gobierno de El Salvador convocar una reunión “urgente” de cancilleres de la CELAC para “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional así como las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”. Celac es un club de gobiernos americanos que incluye a Cuba y excluye a EEUU y Canadá. El Salvador, que ejerce la presidencia pro témpore de Celac, informó el 25ABR17 a los 33 gobiernos miembros sobre la solicitud y convocó a la reunión  para el 02MAY17 en la sede de la cancillería salvadoreña. Los resultados de la convocatoria fueron un desastre para las pretensiones propagandísticas del chavismo.

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Varios gobiernos objetaron incluso la convocatoria a la reunión de Celac por considerar que no eran claros los objetivos del encuentro y por no existir consenso sobre la realización de la reunión. El 01MAY17, el gobierno de Brasil notificó a El Salvador que no asistiría a la reunión y “no acompañaría cualquier pronunciamiento que eventualmente se produzca”. Dado que los estatutos de Celac obligan a la existencia de consenso para la toma de cualquier decisión, la posición brasileña de antemano condenó la reunión a la intrascendencia. Por su parte, el gobierno paraguayo informó mediante mensaje a los restantes gobiernos parte de Celac, que para el 01MAY17 siete cancillerías habían notificado a El Salvador que no compartían la decisión de realizar una reunión de cancilleres. El día del encuentro se confirmó que siete gobiernos (Bahamas, Brasil, México, Trinidad & Tobago, Barbados, Perú y Paraguay) no enviaron representación. Los gobiernos de Colombia, Chile y Uruguay fueron representados por sus  embajadores en El Salvador quienes llevaban instrucciones de no aprobar ningún documento de apoyo al gobierno Maduro en caso de ser presentado.

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De treinta y tres países miembros, sólo cuatro cancilleres estaban presentes en la sala: el anfitrión salvadoreño Hugo Martínez, el cubano Bruno Rodríguez, el boliviano  Fernando Huanacuni y la solicitante Delsy Rodriguez. Los restantes gobiernos delegaron en funcionarios de menos rango o no enviaron representación a la cita pedida por Maduro. Ni siquiera el gobierno de Ecuador, aliado ideológico del chavismo, consideró necesario que su canciller viajara a San Salvador. El organismo continental que Fidel Castro y Hugo Chávez pretendían convertir en sustituto de la OEA sirvió de escenario a uno de los mayores reveses de la “diplomacia” chavista. Maduro no obtuvo un pronunciamiento de apoyo a su favor y no pudo usar a Celac como plataforma propagandística contra la Oposición venezolana.

Al contrario de las sesiones de la OEA sobre Venezuela, la reunión de Celac fue privada y sólo se permitió el ingreso de la prensa para cubrir el discurso inicial pronunciado por el presidente Salvador Sánchez Cerén. Al concluir el evento, la canciller de Maduro quien movilizó a San Salvador un ostentoso aparato de medios de comunicación, informó que había recibido un respaldo “casi unánime” para promover el “diálogo” en Venezuela. Pero versiones recogidas por este Informe entre diplomáticos presentes en la reunión aseguran que el encuentro no fue lo plácido que quiso retratar la canciller chavista. En su intervención, el embajador de Colombia en El Salvador, Julio Anibal Riaño, habría manifestado el rechazo de su gobierno al anuncio hecho el día antes por Maduro de pretender cambiar la Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

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Mientras la Oposición venezolana y decenas de gobiernos de la región exigen que el gobierno venezolano cumpla los mandatos de la Constitución, Maduro mantiene suspendidas las garantías constitucionales desde enero de 2016 y el 01MAY17 anunció su pretensión de cambiar el texto constitucional convocando una Asamblea Constituyente. En Caracas, ante una menguada concentración de seguidores acarreados desde diversos puntos del país, Maduro dijo que convocaría a una constituyente de 500 miembros “de los cuales 200 serán de los movimientos sociales”. En la Gaceta Oficial del 01MAY17 que circuló dos días después, Maduro emitió un decreto “con la bendición de Dios Todopoderoso”  convocando una “Asamblea Nacional Constituyente ciudadana” a ser electa con criterios “sectoriales y territoriales”, es decir, sin garantizar la igualdad de los electores. La actual Constitución venezolana no concede a Maduro la potestad de “convocar” una Asamblea que tenga como fin la redacción de una nueva constitución, lo cual sólo es posible mediante aprobación previa en un referendo que consulte “al pueblo” sobre tal extrema medida. 

Salvo algunos enunciados genéricos sobre los temas que Maduro considera  deben ser tratados por su Constituyente “para seguir cimentando las bases del Socialismo Bolivariano del siglo XXI”, el decreto no incluyó una propuesta de normas para guiar el proceso de elección y funcionamiento de la hipotética Asamblea Constituyente. El tema de la Constituyente pudo ser un bluf de Maduro intentando recuperar la iniciativa política en medio de la grave crisis que vive Venezuela.

Para la redacción de las bases comiciales de su constituyente, Maduro designó una comisión de catorce personas incluyendo a su esposa Cilia Flores, al subjefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas almirante Remigio Ceballos Ichaso y a otros doce funcionarios del régimen. El abogado Hermann Escarrá, miembro de la Comisión, aclaró el 01MAY17 que Maduro no pretende sustituir la constitución bolivariana asociada con Hugo Chávez. La declaración de Escarrá, aparte de intentar calmar a sectores del chavismo que acusan a Maduro de traicionar la herencia de Chávez, sirvió para confirmar que el primer objetivo real de constituyente no es modificar del texto constitucional sino disolver la Asamblea Nacional que está en manos de la Oposición. El régimen chavista juega a aumentar el caos creyendo que en ese ambiente puede imponerse.

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Los gobiernos de Brasil, Argentina, EEUU, Colombia, Costa Rica y México se pronunciaron rápidamente contra el intento de Maduro de cambiar la Constitución. “Es un golpe” tuiteó el canciller brasileño Aloysio Nunes.  Maduro “echa más nafta al fuego” afirmó la canciller argentina Susana Malcorra. “No colabora para nada este tipo de medidas que están en contra de la constitución venezolana, no pueden todos los días sacar una idea que sea no constitucional para ver qué sucede” dijo la canciller colombiana María Angela Holguín. Redactar una nueva constitución “profundiza el clima de desconfianza y la crisis política queprevalece en el país” reza un comunicado de la cancillería mexicana. La Asamblea Constituyente “erosiona aún más la democracia venezolana", señaló el subsecretario de Estado de EEUU Michael Fitzpatrick.

Desde Quito el economista Alberto Acosta, hombre de izquierda quien presidió la Constituyente ecuatoriana del año 2007, publicitó en Twitter un artículo del boliviano Raúl Prada Alcoreza quien afirma que la constituyente del gobierno “chavista” es “una medida desesperada de la casta burocrática, que se apoderó del proceso de cambio y de la revolución bolivariana”.


Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

martes, 9 de mayo de 2017

Maduro pierde la “batalla de la OEA”


Informe Otálvora del 29 de abril de 2017
La canciller argentina Susana Malcorra y el representante de Maduro en la OEA, Samuel Moncada, en la sesión del 26ABR17. Foto: OEA.
Diplomáticos de EEUU habría conversado con representantes del gobierno de Nicolás Maduro tras desatarse la violenta represión contra las protestas opositoras en Venezuela. La versión fue difundida por el vocero (encargado) del Departamento de Estado,  Mark C. Toner, en el briefing a la prensa del 27ABR17. Toner no especificó el rango de los funcionarios involucrados en los contactos.

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El lunes 24ABR17, las embajadas de los países suramericanos en Caracas miembros de Unasur, recibieron invitación via Whatsapp para concurrir al presidencial Palacio de Miraflores, donde se realizaría un acto con la presencia de Maduro. El 20ABR17, la cancillería argentina había anunciado, mediante un escueto comunicado, que ese país asumía desde esa fecha la Presidencia protempore anual de Unasur, reemplazando de esa manera a Venezuela. Hasta entonces, el traspaso de la presidencia de Unasur solía cumplirse en actos formales con presencia de presidentes o cancilleres, el último de los cuales aconteció el 23ABR16 cuando el canciller uruguayo pasó el cargo a Venezuela en un encuentro cumplido en Quito.

El acto del 24ABR17 sería entonces una suerte de ceremonia de entrega de la presidencia por parte de Venezuela a Argentina, tal como lo reseñó la prensa oficial venezolana. A medida que corría el día, las llamadas desde la cancillería venezolana a las embajadas suramericanas se multiplicaron tratando de confirmar la presencia de los invitados. A media tarde, las embajadas fueron notificadas que el acto sería en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, dejando de ser un acto presidencial. La ausencia de Maduro y el cambio de sede fueron provocados por el temor de que la mayoría de las embajadas suramericanas en Caracas se negaran a asistir al evento, como en efecto ocurrió.

El acto sobre Unasur fue encabezado por la canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, acompañada por el embajador chavista en Cuba, Alí Rodríguez Araque, y diversos funcionarios del régimen, incluyendo ministros y la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. En el salón se encontraban embajadores caribeños de países de la alianza castrochavista ALBA (no miembros de Unasur) y numerosos funcionarios de la propia cancillería venezolana, pero no estaban los representantes suramericanos, ni siquiera el de Argentina, quienes decidieron desconocer la invitación del gobierno.

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La esperada ruptura del régimen chavista con la institucionalidad panamericana se produjo finalmente. Ya el 10SEP12, el entonces canciller Maduro, por  instrucciones de Hugo Chávez, había denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José”. Un año después Venezuela quedó fuera del esquema de protección de derechos humanos basado en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el 26ABR17, Maduro ordenó separar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos OEA, organismo al cual los venezolanos contribuyeron a fundar en 1948. Pese a los grandes esfuerzos diplomáticos que varios gobiernos de la región hicieron para frenar la posible suspensión de Venezuela de la OEA, fue el propio régimen chavista que optó por autoexcluirse del mecanismo. El 28ABR17 la representante alterna de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, entregó personalmente a Luis Almagro una comunicación suscrita por Maduro denunciando la Carta de la OEA. El tono de la larga carta, en ocasiones está más cerca al despecho que al lenguaje propio de tan grave decisión de Estado.

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Dirigentes políticos y juristas asociados con la Oposición venezolana, han señalado que Maduro no cuenta con facultades legales para retirar a Venezuela de la OEA, requiriendo una improbable aprobación legislativa o una reforma constitucional. Se trata de interpretaciones jurídicas que no parecieran ajustarse a la realidad. La legislación venezolana carece de normas específicas sobre el procedimiento para la denuncia de tratados internacionales. El vacío legal, en caso de posiciones encontradas, sólo podría ser compensado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que está bajo control del chavismo y del cual, obviamente, no puede esperarse una interpretación independiente del tema.

La Carta de la OEA, texto fundacional del organismo, indica que el retiro efectivo de la organización sólo se produce dos años después de la denuncia. Esa norma ha llevado a que incluso el Departamento de Estado de EEUU declarara que la eventual salida quedará en manos de un futuro gobierno venezolano, ya que en 2018 deberían realizarse elecciones presidenciales en Venezuela. Aparte de las consideraciones jurídicas o de las normas de la OEA, lo cierto es que el chavismo  decidió colocarse junto a Cuba al margen de la organización panamericana con los impactos políticos que ello pueda representar. Sólo Rusia, en su abierto e interesado apoyo al régimen venezolano, aplaudió la decisión de Maduro.

La huida chavista del seno de la OEA se produce en medio de masivas protestas en las calles de Venezuela a las cuales el régimen ha respondido con un plan militar represivo a manos de cuerpos castrenses y grupos paramilitares (“colectivos”) que ha generado varias decenas de muertos, centenas de heridos y detenidos.

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El lunes 24ABR17, dada “la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, la representación argentina en nombre de un grupo de once gobiernos (Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el boliviano Diego Pary, la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Los solicitantes, para complacer a varios gobiernos, no invocaron la Carta Democrática Interamericana sino la Carta de la OEA, la cual establece que la reunión extraordinaria de cancilleres se producirá “con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos”.

El gobierno Maduro anunció que en caso de aprobarse la celebración de la reunión de cancilleres “sin el aval de Venezuela”, procedería a retirarse de la OEA. Además, la canciller de Maduro solicitó al gobierno de El Salvador, la convocatoria de una reunión de emergencia de la Celac, el club de gobiernos que  reúne a los mismos miembros de la OEA más Cuba, sin EEUU y Canadá. Maduro pidió la reunión de la Celac para “denunciar la violencia opositora”, “las amenazas contra el orden democrático constitucional en Venezuela” y “las acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”.

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La única sanción que la OEA puede aplicar a sus miembros es la suspensión temporal de la membresía, no existiendo otro tipo de acciones de presión calificables como indebida injerencia. Pese a que el propio régimen chavista apeló a la OEA para sancionar a los gobiernos de Honduras en 2009 y de Paraguay en 2012, obviamente sin su consentimiento, ahora los representantes diplomáticos chavistas alegan que la OEA no puede debatir sobre la situación venezolana y mucho menos aplicarle sanciones. El argumento chavista esta vez no funcionó en la OEA y, pese a la oposición de los representantes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, la reunión del Consejo Permanente sobre Venezuela tuvo lugar el 26ABR17 y contó con la participación de la canciller argentina Susana Malcorra. En una reunión donde sólo Bolivia y Nicaragua tomaron la palabra para defender la posición de Maduro, la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres del Continente para tratar la situación venezolana.  Además de la propia Venezuela, sólo votaron en contra sus aliados políticos: Ecuador, Bolivia, Nicaragua y seis pequeños países caribeños: Antigua y Barbuda, Dominica,  Haití, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Surinam. La votación dejó en evidencia una vez más el fin de la otrora gran influencia continental que logró concentrar el castrochavismo. Ni siquiera todos los miembros de la alianza castrochavista ALBA votaron por la posición del gobierno chavista. 

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Santa Lucia y Granada, miembros del ALBA, no cuadraron sus votos con el gobierno de Maduro. Pero las deserciones más notables entre los aliados naturales del régimen chavista fueron las de República Dominicana y El Salvador, cuyos gobiernos son teóricos aliados y beneficiarios del chavismo. Ambos se abstuvieron en la votación del 26ABR17. El Salvador,  gobernado por  el viejo dirigente comunista pro castrista Salvador Sánchez Cerén del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no acompañó al chavismo en su “batalla” en la OEA. El 03ABR17, el representante salvadoreño en la OEA, Carlos Alberto Calles Castillo, junto a sus colegas de Bahamas, Belice y  República Dominicana, se abstuvo en la votación  de la resolución que definía la situación venezolana como “alteración inconstitucional del orden democrático”. En caso que El Salvador hubiera votado en contra de la resolución, ésta no habría sido aprobada por consenso y eventualmente no hubiera contado con los votos necesarios.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, participó como “invitado” en el Consejo Político (cancilleres) de ALBA celebrado en La Habana el 10ABR17 con presencia de Maduro Allí fue emitido un pronunciamiento condenando a la OEA y apoyando la “revolución bolivariana”. Tras el encuentro, Maduro aseguraba contar con el apoyo de 14 gobiernos. Pero el 25ABR17, El Salvador anunció que “en caso fuera convocada” por la OEA una reunión de cancilleres sobre Venezuela, El Salvador “también la apoyaría”. Después, pese a las presiones venezolanas, El Salvador no votó en contra de la resolución de la OEA en la reunión del 26ABR17.   

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La reunión de Celac solicitada por Maduro fue convocada para el 02MAY17 en El Salvador. La cancillería chavista pretende usar el escenario para atacar a los gobiernos latinoamericanos que respaldan una salida democrática a la crisis venezolana. Faltando cuatro días para la fecha de la reunión, en medios diplomáticos se da por descontado que cerca de la mitad de los gobiernos miembros de Celac podrían no concurrirán a la cita. Algunos gobiernos del Caribe oriental, aliados de Maduro, anunciarían por su parte una iniciativa para promover el diálogo político en Venezuela, iniciativa descartada por la Oposición venezolana.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

lunes, 8 de mayo de 2017

En OEA califican a Venezuela como amenaza regional


Informe Otálvora del 22 de abril de 2017


Funcionarios militares y civiles encapuchados reunidos en una calle de Caracas el 19ABR17. Foto: Cortesía

Venezuela es una amenaza para el hemisferio, aseguró el representante de México ante la Organización de Estados Americanos. Los temores de gobiernos de la región, sobre la deriva dictatorial y militarista del gobierno chavista, se multiplicaron luego que Nicolás Maduro realizara una serie de anuncios ante la convocatoria hecha por la Oposición para marchar hasta el centro de Caracas el 19ABR17, día de fiesta nacional en Venezuela. La noche del domingo 16ABR17, Maduro rodeado de los jerarcas civiles y militares del régimen, dijo contar con “poderes especiales” para encarcelar opositores a quienes acusó de preparar un golpe de Estado. El 17ABR17, Maduro anunció la dotación de fusiles a medio millón de civiles que conforman la llamada “Milicia Bolivariana”. El 18ABR17, en presencia del alto mando castrense, ordenó la activación de un plan militar, sustentado en la suspensión de garantías constitucionales dictada por Maduro desde el mes de enero de 2016, y que guiaría la represión a la marcha opositora del día siguiente.

El representante permanente del gobierno mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, dijo en la reunión ordinaria del Consejo Permanente del organismo del 19ABR17: “quiero expresar preocupación por el reciente anuncio por parte del Ejecutivo [venezolano] de ampliar la milicia nacional bolivariana y la intención de armar a cientos de civiles como miembros de dicha milicia. Armar a civiles, distribuir armas es la peor de las medidas que se puede tomar y representa una grave amenaza no sólo nacional sino para el hemisferio en su conjunto”. La posición del mexicano fue secundada por Chile y Colombia. El representante del gobierno socialista chileno, Juan Aníbal Barría, rechazó “la militarización de la sociedad y la política en Venezuela".

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Las graves expresiones del diplomático mexicano en la OEA se produjeron en paralelo a las denuncias del gobierno de Colombia sobre la creciente militarización impuesta por el régimen chavista en Venezuela. Desde su ascenso a la presidencia colombiana el 07AGO10, Juan Manuel Santos privilegió sus relaciones con Hugo Chávez y Nicolás Maduro a cambio del apoyo político y logístico de Venezuela a las negociaciones con las Farc. Desde mediados del año 2015, las relaciones entre ambos gobiernos tendieron a deteriorarse al punto de que actualmente Colombia mantiene su misión diplomática en Caracas sin Embajador. La diplomacia de Santos, hasta ahora, se había colocado en posturas acomodaticias ante la crisis política venezolana, valiéndole severas críticas de los sectores uribistas abiertos aliados de la Oposición venezolana. La posición oficial colombiana ha estado variando en los últimos meses y la ausencia de puentes entre ambos gobiernos quedó patente en la crisis provocada por la instalación de un campamento militar de tropas venezolanas en la ribera derecha del rio Arauca a finales de marzo. La cancillería colombiana se ha sumado al creciente grupo de gobiernos del continente que mantienen una posición crítica ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela y su representante permanente en la OEA, Andrés González Díaz, fue un activo actor para aprobar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno Maduro.

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El 18ABR17, Santos tuiteó: “Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana. Un llamado a la cordura”. Para ese día Maduro había ordenado el despliegue de tropas militares “al trote” en todas las ciudades del país y había movilizado miles de “milicianos” hasta el palacio presidencial en Caracas en un claro intento de atemorizar a los opositores.

El 19ABR17, Santos utilizó nuevamente el Twitter para referirse a Venezuela: “Solicité a la Canciller que pida hoy al Secretario Gral de la ONU poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana”. Cuando Santos tuiteaba su canciller, María Angela Holguín, volaba hacia Nueva York para cumplir una agenda en la ONU. Tras reunirse con el Secretario General de la ONU, el portugués António Guterres, Holguín afirmó: "conversamos sobre la preocupación del gobierno colombiano sobre el armamento de milicias en Venezuela. Es una preocupación compartida por muchos”.

Al amanecer del 20ABR17, Santos nuevamente tuiteó sobre Venezuela: “Hace 6 años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó”. En el palacio de Miraflores entraron en cólera contra Santos: en cadena de radio y Tv, Maduro amenazó con develar secretos de las negociaciones Santos-Farc, calificó a Colombia como un “país fallido” y afirmó que los venezolanos “somos los fundadores de nuestra hija Colombia”. El despecho mostrado por Maduro, con sus impresentables ataques contra Colombia, daba cuenta del golpe recibido desde Bogotá. Iván Márquez, el jefe de las guerrillas de las Farc, calificó el hecho como “amarga ingratitud del Gobierno Santos hacia Venezuela”.

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El cambio de Santos ante el régimen venezolano confirmó la creciente pérdida de apoyo internacional que ronda al gobierno chavista. La decisión de Maduro de impedir la marcha opositora del 19ABR17, de llevar a tribunales militares a los líderes opositores  y activar un plan con uso de militares y civiles en la represión, lejos de mejorar su imagen externa la ha empeorado. La Oposición es conceptualizada como un “enemigo interno” dentro de los planes y la doctrina militar chavista y a los opositores se les aplica un no declarado “derecho penal del enemigo”. Las prohibiciones de marchar en Caracas y el uso desproporcionado de fuerza contra concentraciones masivas devino en una nueva ola de violencia en Venezuela, con cruentos enfrentamientos callejeros, ataques armados contra edificaciones civiles, actos de vandalismo y saqueos de establecimientos comerciales incluso en zonas populares que por más de una década fueron seguidoras del chavismo.

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La sesión ordinaria de la OEA del 19ABR17 había sido convocada para escuchar informes de gestión del presidente del Comité Jurídico Interamericano y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El tema “Venezuela” no figuraba en la agenda. El representante permanente alterno e interino del gobierno Maduro en la OEA, Samuel Moncada, solicitó la palabra en la sección “Otros asuntos” para poner en duda la legalidad de la resolución del 03ABR17 en la cual el Consejo Permanente reconoció “la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”. El gobierno Maduro califica como “inexistente” la resolución de la OEA que acuerda iniciar gestiones diplomáticas enmarcadas en la Carta Democrática Interamericana. Esa resolución, por cierto, cobró cuerpo gracias a los gobiernos de El Salvador y República Dominicana, supuestos aliados de Maduro, que se abstuvieron en la votación permitiendo la aprobación por  consenso.

Ante la introducción del tema por el propio enviado de Maduro, los representantes de Chile, Perú y EEUU tomaron la palabra para referirse a la situación venezolana. El chileno leyó el comunicado suscrito el 17ABR17 por once gobiernos  (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay)  con “un llamado” al gobierno Maduro “para que garantice el derecho a la manifestación pacífica (…) y que impida cualquier acción de violencia en contra de los manifestantes”. El comunicado igualmente exhortaba “al Gobierno” (…)  “para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región”. El comunicado implícitamente afirmaba que en Venezuela la celebración de elecciones es decidida “por el gobierno”.

Kevin Sullivan, representante interino de EEUU, presentó el comunicado emitido por su gobierno el 18ABR17 que  “deplora el uso de violencia contra manifestantes desarmados” y el uso de “colectivos” a los cuales definió como “bandas armadas bajo control político de líderes del partido [oficialista] PSUV”. EEUU pidió al gobierno Maduro cumplir los compromisos adquiridos en el “diálogo” con la Oposición celebrado en el otoño de 2016. La representante de Perú, Ana Rosa Valdivieso, afirmó que en Venezuela se ha producido una “ruptura del orden democrático y constitucional”.

La respuesta del representante de Maduro en la OEA fue acusar a EEUU, al Secretario Luis Almagro y a un grupo de gobiernos de estar promoviendo un complot en Venezuela. Según el diplomático chavista, “la OEA se está utilizando como sala de comando para estimular la violencia en Venezuela”: el régimen venezolano insiste en achacarle a  gobiernos extranjeros la grave crisis que vive el país. Ese día, sólo el representante de Nicaragua tomó la palabra para defender al régimen chavista

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Al día siguiente, el 20ABR17, las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un nuevo comunicado condenando “enérgicamente la violencia desencadenada en Venezuela” y reafirmando “que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social”. La propaganda oficial chavista intenta mostrar a la Oposición venezolana como “terrorista”, con lo cual no ha logrado convencer en el exterior.

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El gobierno argentino, sin acto protocolar y previa consulta con los gobiernos suramericanos, asumió el 20ABR17 la Presidencia protempore de Unasur, la cual estaba en manos de Nicolás Maduro. Unasur reúne a los doce gobiernos de Suramérica y actualmente opera en manos de directores designados por Ernesto Samper, quien convirtió el organismo en apéndice de los gobiernos castrochavistas. De hecho, en la página web de Unasur aún aparece Dilma Rousseff como mandataria de Brasil ya que Samper y Maduro desconocen al actual gobierno brasileño.

Desde el año 2015 no se realiza la cumbre presidencial anual de Unasur y el cargo de Secretario General permanece sin titular desde finales de enero pasado.  
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html