Informe Otálvora del 26 de enero de 2024
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| El presidente Joe Biden con su Asesor de
Seguridad Nacional Jake Sullivan el 30AGO23. Foto: Casa Blanca. |
Apenas un mes después que el gobierno de EEUU se mostrara “feliz” por los acuerdos alcanzados con la dictadura venezolana, el Departamento de Estado emitió el sábado 27ENE24 un comunicado informado que EEUU está “revisando nuestra política de sanciones a Venezuela”.
La
declaración fue la primera reacción de EEUU ante la decisión del Tribunal
Supremo de Justicia del régimen venezolano del 26ENE24 que declaró inhabilitada
por quince años a la dirigente opositora y candidata presidencial María Corina
Machado. La decisión del órgano judicial controlado por el chavismo se sumó a
una seguidilla de desapariciones forzadas, apertura de procesos judiciales,
vandalismo contra locales de partidos opositores y encarcelamientos de
opositores realizados por el régimen en las últimas semanas. La política de
“incentivos” diseñada en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, consistente
en el alivio de sanciones económicas al régimen chavista a cambio de garantías
electorales, quedó ya abiertamente en entredicho. No funcionó.
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MCM, la
dirigente opositora que logró convertirse en la abanderada para una hipotética
elección presidencial en Venezuela, hizo el 23ENE24 un llamado a “todos los
actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones libres y limpias
en Venezuela” a los cuales les preguntó “¿cómo se hace una campaña si te llevan
a tu gente secuestrada y desaparecida?”. Hasta ese momento, Machado se había
mostrado confiada en el peso que las negociaciones entre EEUU y Maduro tendrían
para garantizar su participación en las elecciones. Desde el 06DIC23 el régimen,
por intermedio de su Fiscalía General, desató una nueva ola represiva y
propagandística, teniendo como uno de sus blancos el aparato que MCM ha logrado
armar como soporte a su actividad política. En diciembre fueron imputados
varios ejecutivos del equipo de MCM incluyendo a su jefe de relaciones
internacionales Pedro Urruchurtu a quienes el régimen acusó de “traición a la
patria”, “legitimación de capitales” y “conspiración con potencia extranjera”.
Luego, varios coordinadores regionales del equipo de MCM fueron secuestrados
por la policía política del régimen a mediados de enero, como parte de una
cacería de opositores organizada por el régimen alegando que durante el año
2023 habían sido descubiertas “cinco conspiraciones” que incluirían intentos de
asesinato contra Maduro. Como parte de las promesas del régimen a EEUU, a
cambio del indulto del presidente Biden al testaferro chavista Alex Saad,
aparecía la liberación de los colaboradores de MCM, algunos de los cuales
permanecían bajo protección de gobiernos extranjeros. Sin embargo, Urruchurtu,
el experto electoral Roberto Abdul y
otros operadores de MCM están siendo procesados, el “libertad” pero bajo
medidas de control como la asistencia obligatoria a un tribunal.
El mensaje
de MCM “a todos los actores de la comunidad internacional que hablan de
elecciones libres” tenía un claro destinatario: el gobierno de EEUU, cuyos emisarios
habían logrado que Machado aceptara el modelo impulsado por la actual Casa
Blanca en sus negociaciones con la dictadura chavista y que, según los
operadores de Biden, forzaría a que Maduro llamara a elecciones libres y
supervisadas internacionalmente. Convencida o forzada por los representantes
del gobierno Biden sobre que el régimen eliminaría la inhabilitación política
en su contra, MCM repitió a todos los que le preguntaron que se estaba en
“medio de una negociación nacional, e internacional muy compleja y difícil”.
MCM hacía referencia al acuerdo firmado el 17OCT23 en Barbados por los
representantes opositores (que no incluían representantes de MCM) y de Maduro,
altamente exaltado por el gobierno de EEUU y que establecía un supuesto esquema
para la realización de elecciones presidenciales en 2024 para lo cual, entre
otros aspectos se contemplaba “la autorización a todos los candidatos
presidenciales”, en obvia referencia aun grupo de dirigentes opositores que
están inhabilitados por órganos administrativos del régimen.
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El 18OCT23,
como premio por la firma del acuerdo de Barbados, el gobierno de EEUU emitió
licencias que dejaban temporalmente sin efecto las sanciones que prohibían que
personas y empresas de EEUU o con actividad en EEUU, tengan relaciones de
negocios con la petrolera estatal venezolana y con la empresa de minería
estatal. Ese mismo día, el Departamento de Estado emitió un comunicado dejando
saber que esperaba que antes de finalizar el mes de noviembre, el régimen
presentara “un cronograma y un proceso específico para la reinstalación
acelerada de todos los candidatos” además de proceder a la “liberación de todos
los ciudadanos estadounidenses y presos políticos”.
El mes de
noviembre llegó a su fin y el régimen no procedió a liberar a los
estadounidenses presos injustamente en Venezuela, ni adelantaba un esquema para
garantizar la participación de los candidatos opositores “inhabilitados”,
básicamente MCM y Henrique Capriles Radonski. El 30NOV23 el negociador por la
oposición venezolana, el jurista Gerardo Blyde, y su contraparte chavista Jorge
Rodríguez, invocando el Acuerdo de Barbados hicieron público un documento
denominado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”.
En el texto, el negociador opositor aceptó que la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, cuya totalidad de miembros son militantes
oficialistas designados por el régimen, recibiera las solicitudes “de los
interesados” para “ejercer el recurso contencioso administrativo contra la
medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República”,
controlada también por el régimen. Además, el negociador opositor aceptó que
este proceso, que es un derecho constitucional sin restricciones temporales,
sólo fuera posible ejercerlo durante los primeros quince días del mes de diciembre. Además, los solicitantes debían “cumplir con
el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales,
resguardar la soberanía… y un largo lista de condicionantes que adelantaban la
trampa montada por el chavismo, permitida por los negociadores opositores y
convalidada por algunos funcionarios de la Casa Blanca encargados de las
negociaciones con Maduro. Reacia inicialmente a verse involucrada en un esquema
que no le daba ninguna garantía legal, MCM accedió a presentarse ante el alto
tribunal chavista tras inocultables presiones internas y externas. El 26ENE24
el alto tribunal chavista anunció, sin haber realizado un juicio o mostrado el
expediente, que MCM estaba inhabilitada para participar en las elecciones
presidenciales.
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Con las
sanciones ya suavizadas desde mediados de octubre, permitiendo que el régimen
reactive negocios petroleros, reciba el pago por intermedio del sistema
financiero internacional y suscriba acuerdo, el gobierno de EEUU se vio
obligado a continuar con unas negociaciones paralelas con representantes del
régimen, facilitadas por Catar, para lograr la liberación de los
estadounidenses presos. Para la dictadura venezolana, el alivio de las
sanciones no era suficiente pago para liberar a los estadounidenses secuestrados
en cárceles venezolanas: el chavismo exigía la liberación del colombiano Alex
Saab, operador comercial y financiero del chavismo y quien permanecía en una
cárcel de EEUU procesado por lavado de dinero procedente de las arcas del
estado venezolano.
El 15DIC23
el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva otorgando perdón total a Alex
Naim Saab Moran la cual se haría publica el 20DIC23. El indulto de Biden a Saab
fue el precio pagado por EEUU para lograr la liberación de diez estadounidenses
presos en cárceles venezolanas, la entrega de un estadounidense prófugo de la
justicia de EEUU y el compromiso de Maduro de, en el futuro, extraditar
expeditamente a cualquier estadounidense que sea detenido en Venezuela. El
intercambio de Saab por los estadounidenses se produjo en el aeropuerto de
Canouan en San Vicente y las Granadinas. Uno de los estadounidense liberados
fue entregado postrado en una camilla como consecuencia de sesiones de tortura
recibidas en la sede de la policía política venezolana.
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La liberación de los estadounidenses presos en
Venezuela y el esquema de revisión de las inhabilitaciones a líderes opositores,
más el supuesto “cronograma electoral” acordado por Maduro y la oposición en
Barbados, hizo que el gobierno de EEUU se mostrara extasiado el 20DIC23 ante lo
que ocurría en Venezuela.
Biden, al
bajar del avión que lo llevó ese día a Milwaukee, fue interrogado por los
periodistas que cubren la Casa Blanca y que lo acompañaban. La noticia del
intercambio de presos ya corría por las redacciones de los medios y Biden
ofreció más noticias al terminar el evento al cual asistiría. Pero afirmó que
lo del intercambio de prisioneros con Venezuela “tiene buena pinta y parece que
Maduro, hasta ahora, está manteniendo su compromiso de celebrar elecciones
libres. Pero aún no está hecho. Aún queda un largo camino por recorrer. Pero...
pero hasta ahora todo va bien”. Los asesores de Biden le habían transmitido la
versión de un rotundo éxito en el manejo del caso venezolano.
Juan
González, el colombo-estadounidense que actúa como asesor de Biden y encargado
del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, a quien
se le adjudica la teoría de los “estímulos” para las negociaciones con el
chavismo, ofreció el 20DIC23 al canal colombiano NTN24 unas declaraciones que
develaban el increíble e injustificado estado de satisfacción ante Venezuela de
los colaboradores de Biden. Interrogado acerca de si el régimen chavista estaba
cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Barbados, Gonzáles dijo: “Si están
cumpliendo. Después que se firmaron los acuerdos del 17 de octubre [Barbados],
lo que nos faltaba era la liberación de americanos [estadounidenses] y el
compromiso de liberar a presos venezolanos. Ellos han cumplido y han ido más
allá de eso”. Agregó que además de MCM, “se espera que todos los candidatos y
candidatas se puedan presentar”. El chavismo acabó con esta fantasía el 26ENE24
mediante una sentencia de su tribunal supremo.
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Mientras
Biden volaba desde Washington a Wisconsin, la oficina de prensa de la Casa
Blanca celebrara una teleconferencia con tres altos funcionarios (por lo menos uno
de ellos a bordo del avión presidencial) cuyos nombres, como es usual en este
tipo de intercambios, se reveló a los periodistas conectados con el compromiso
de no mencionarlos. La rueda de prensa igualmente tenía un embargo y sólo
podría ser divulgada una vez que la Casa Blanca recibiera confirmación del
intercambio de presos que estaba por ocurrir en San Vicente y Granadinas.
De esa
rueda de prensa se derivaron diversos elementos del proceso de negociación
entre EEUU y la dictadura venezolana. Las negociaciones fueron planeadas y
realizadas directamente por la Casa Blanca por intermedio de funcionarios del
Consejo de Seguridad Nacional. “El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan,
supervisó las negociaciones” afirmó uno de los voceros oficiales quien agregó
que el segundo del Consejo de Seguridad, Jonathan “Jon” Finer, también había
participado del proceso y habría dictado “instrucciones en tiempo real al
equipo negociador de EEUU” ante Maduro. De hecho, Finer habría sido quien
reactivó las negociaciones entre EEUU y Maduro a raíz de la reunión sobre
Venezuela convocada por Gustavo Petro y celebrada en Bogotá el 22ABR23. “Este
es el resultado de muchos, muchos meses de negociaciones, consultas periódicas
con el Presidente, una gran cantidad de trabajo que involucró a nuestro
liderazgo superior” comentó uno de los participantes en la teleconferencia.
Sobre el
trabajo conjunto de la Casa Blanca con el Departamento de Estado se supo que “desde
mayo, Jake [Sullivan] y el Secretario de Estado han celebrado reuniones
estratégicas periódicas sobre Venezuela y se han comprometido personalmente con
socios de la región, Europa y Medio Oriente, en apoyo de las elecciones en
Venezuela y la liberación de estadounidenses”. Según otro de los voceros
oficiales en la rueda de prensa, los negociadores de EEUU “interactuemos
directamente con representantes de Nicolás Maduro pero también participemos
activamente en la consulta con miembros de la oposición venezolana, la
Plataforma Unitaria incluida la candidata presidencial María Corina Machado”.
Otro de los voceos, probablemente un embajador del Departamento de Estado
afirmó que “hoy estamos muy, muy felices y orgullosos de que meses de largo
trabajo estén dando frutos para permitir que los estadounidenses se reúnan con
sus familias, así como que los prisioneros venezolanos se reúnan con sus amigos
y familiares en Venezuela”. El régimen chavista mantiene más de dos decenas de
presos políticos en sus mazmorras.
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El gobierno
de Guyana confirmó al régimen chavista, una vez más y ante testigos de diversos
países, que no mantendrá negociaciones bilaterales sobre los límites entre los
dos países. De esta manera, el gobierno guyanés desmintió la versión hecha
correr por el aparato de propaganda del chavismo, según la cual Nicolás Maduro
habría logrado que el presidente guyanés Irfaan Ali, con quien se reunió el
14DIC23 en Argyle, San Vicente y Granadinas, aceptara crear una comisión
bilateral para discutir el diferendo territorial.
Con la
“Declaración Conjunta de Argyle”, Guyana y Maduro se comprometieron a crear una
“comisión conjunta” de ministros de Exteriores “para tratar los asuntos
mutuamente acordados”, sin precisar cuáles serían esos temas. Según la
propaganda chavista, en ese listado estaría incluido el diferendo limítrofe que
actualmente es objeto de un proceso judicial, impulsado por Guyana, ante la
Corte Internacional de Justicia.
El 25ENE24
en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, se produjo la primera reunión de esa
“comisión conjunta”, celebrada bajo los auspicios del gobierno de Brasil y en
la cual participaron además un enviado del Secretario General de la ONU y el
embajador de San Vicente y Granadinas en Brasil. El canciller brasileño, Mauro
Viera, actuó como “interlocutor y facilitador principal” en correspondencia con
el rol de virtual arbitro que los dos gobiernos le confirieron a Lula da Silva
ante las amenazas de acción militar sobre Guyana expresadas por Maduro. Los
enviados de Guyana y de Maduro, Hugh Todd e Yván Gil, expusieron las agendas de
temas que proponen debatir en ese foro y acordaron celebrar próximamente una
nueva reunión. En resumen, la conclusión de la reunión fue acordar una nueva
próxima reunión. El enviado de Maduro se hizo acompañar del ministro de
“ecosocialismo” y del representante permanente del régimen en la ONU.
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El
periódico caraqueño Ultimas Noticias, usual vocero de la dictadura chavista,
titulo el 25ENE24 que “Venezuela y Guyana acuerdan evitar intervención de
potencias extranjeras” basado en declaraciones del canciller Yván Gil. El
22NOV23 fue Gil justamente quien en la sede de la cancillería brasileña había
anunciado una acción militar contra Guyana en presencia de los ministros de
Defensa suramericanos.
Observadores
de la reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty el 25ENE24 confirmaron a
este Informe que el canciller guyanés ratificó que su país no atenderá los
pedidos de Maduro de regresar a un esquema bilateral para resolver el diferendo
limítrofe. Mientras Gil hablaba de “evitar la intervención de potencias
extranjeras en la controversia” el enviado guyanés expuso una lista de temas de
comercio bilateral. Un comunicado publicado el 25ENE24 por el gobierno de
Guyana señaló que “la posición de Guyana con respecto a la frontera terrestre
entre Guyana y Venezuela no ha cambiado”. Según el texto oficial, la solución
de esta controversia está en “la Corte Internacional de Justicia” y por lo tanto “deberá permanecer allí hasta
que la Corte dicte su decisión final sobre el fondo del caso” por lo cual, “Guyana
no socavará el proceso judicial ni el Acuerdo de Ginebra participando en
cualquier otro medio de solución de la controversia mientras esté pendiente
ante la Corte”. Como premio de consolación, Guyana ofreció que la comisión en
sus futuras reuniones se enfoque en mejorar los acuerdos ya existentes en
materias de drogas, combustible de aviación y “seguridad alimentaria”. Mientras
Maduro alega que logró una “victoria histórica” sobre Guyana en el tema
limítrofe, el gobierno guyanés prefiere hablar de sus ventas de arroz a
Venezuela y retomar un acuerdo por el cual Hugo Chávez se comprometió a vender
jet A1 a Guyana.
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Una mujer
latinoamericana ocupará, muy probablemente, la Secretaría General de las
Naciones Unidas durante el quinquenio que comienza el 01ENE27. Si bien la
elección del nuevo secretario debería producirse sólo a mediados del año 2026,
en los corrillos de la ONU y en importantes cancillerías ya se debate el nombre
del reemplazo del portugués Antonio Guterres quien cumple actualmente su
segundo periodo en el cargo.
Un
consenso, no escrito, establece que el próximo titular de la Secretaría deberá
ser una mujer, la primera en ocupar tal posición planetaria. Igualmente, por
una hipotética rotación, el próximo secretario deberá prevenir de un país de
América Latina (y el Caribe). Además, los rumores insistentes entre la
burocracia de la ONU sugieren un eventual final apresurado de la gestión de
Guterres sin esperar el fin de su mandato.
En ese
contexto el nombre de la chilena Michelle Bachelet, dos veces presidenta de su
país y ex alta Comisionada para DDHH de la propia ONU, está corriendo como la
posible sucesora de Guterres. El nombre de Bachelet fue hecho público por la
represente de Chile en la ONU, Paula Narvaes, durante una entrevista el 22ENE24
con una radio chilena. Narvaes aseguró que representantes de varios países ya
le han indicado “informalmente” su apoyo a la candidatura de Bachelet.
La lista de
potenciales candidatas a la Secretaría General de la ONU también incluye a la
ecuatoriana María Fernanda Espinoza, quien fuera ministra de Exteriores y de
Defensa de los gobiernos del izquierdista Rafael Correa y, además, fue
presidenta de la Asamblea General de ONU en el periodo 2018-19. La actual
Secretaria de Exteriores del gobierno de México, miembro del izquierdista Grupo
de Puebla y ex Secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, es otro nombre que podría
competir por el cargo. Igualmente, algunos observadores de los movimientos en
la ONU, sugieren el nombre de la costarricense Rebeca Grynspan quien
actualmente ejerce como Secretaria General de UNCTAD, el órgano de la ONU
dedicado al comercio y desarrollo.
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