Informe Otálvora del 12 de diciembre de 2020
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| Evo Morales, Andrónico Rodríguez y Piedad Córdoba el 06DIC20 en Caracas. Foto: @ve_cne |
Ecuador va a elecciones el
07FEB21 y el castrochavismo está jugando fuerte para fortalecer al candidato de
Rafael Correa. El 05DIC20 cuando casi todos miraban hacia los eventos en
Caracas, en Buenos Aires se producía encuentros del candidato ecuatoriano
Andrés Araúz con el alto gobierno argentino incluyendo reuniones con Alberto
Fernández y Cristina Kirchner. Fernández autorizó a Araúz para utilizar en su
campaña electoral la oferta de vacunación masiva contra el Covid-19 con vacunas
que serían enviadas a Ecuador por el gobierno argentino sólo en caso de
triunfar el candidato de Correa. Fernández, Araúz y Correa forman parte del
llamado “Grupo de Puebla”, la estructura que coordina acciones regionales en
función de la recuperación del poder para la alianza castrochavista. El regreso
del partido de Evo Morales al poder en Bolivia, un eventual triunfo de Araúz en
Ecuador, sumado a la apuesta castrochavista en las elecciones peruanas del
11ABR21 hacen que los altos jerarcas chavistas estén previendo un supuesto
“cambio en la correlación de fuerzas” en Suramérica con impacto en todo el
continente. Forzar la renuncia de Luis Almagro de su cargo en la OEA y
reactivar Unasur su parte de los pasos que el castrochavismo intenta seguir.
Por cierto, el destino de los
archivos de Unasur se ha convertido en un misterio del cual las cancillerías
suramericanas prefieren guardar silencio. El edificio que sirvió de sede de
Unasur, situado en las afueras de Quito, fue reclamado por el gobierno de Ecuador
en 2019. La administración del organismo permaneció en manos de funcionarios
controlados por el exsecretario Ernesto Samper hasta el cierre del edificio.
Según algunas fuentes, los archivos del organismo habrían sido llevados a un
tercer país, probablemente Argentina, aunque ningún gobierno de la región
confirma o niega esta versión.
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libro “Venezuela Juego Trancado” de Edgar C. Otálvora.
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La propaganda del régimen
chavista suele oscilar entre la victimización y la jactancia.
Pese a que la vicepresidenta de
Maduro, Delsy Rodríguez, dijo en clave jactanciosa el 26NOV20 que no les
“importaba el reconocimiento internacional”, el 06DIC20 congregaron en Caracas a
decenas de activistas extranjeros de izquierda. El desconocimiento
internacional al proceso de votaciones legislativas intentaban compensarlo con
la presencia de aliados políticos que se convirtieran en “testigos” de las
votaciones convocadas por el régimen para elegir a los miembros de la Asamblea
Nacional.
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A Caracas llegaron desde
luminarias de la izquierda iberoamericana hasta oscuros militares de partidos
aliados como el PT de Brasil, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Partido
Revolucionario Democrático de Panamá, Partido Comunista de Suráfrica, el grupo
proiraní estadounidense Codepink o el Izquierda Unida de España. En la lista de
los VIP se encontraban el español José Rodríguez Zapatero quien pronunció una
proclama a favor del régimen en la mañana del domingo pidiendo que la Unión
Europea reconociera a la “nueva” Asamblea Nacional. Además estaban Evo Morales
escoltado por el presidente del Senado de Bolivia y vicepresidente de las
Federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba Andrónico Rodíguez, el
paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa acompañado de su
excanciller Ricardo Patiño, el hondureño Manuel Zelaya, la colombiana Piedad
Córdoba. El gobierno ruso envió una numerosa delegación de funcionarios y
parlamentarios que desplegó por diversas zonas de la país encabezada por un
“Embajador en Misión Especial para asuntos de observación en elecciones de
órganos públicos de los países extranjeros” llamado Vladímir Churov. Turquía,
Cuba, China e Irán igualmente enviaron “delegaciones oficiales”. En contraste,
ningún organismo internacional envió misiones formales de observación
internacional por lo cual el proceso electoral no contó con la participación y
supervisión de técnicos independientes especialistas en procesos electorales.
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Dado que la oposición venezolana
no participó en el proceso, las votaciones realizadas por el régimen no fueron
auditadas. En las pantallas de las máquinas de votación, recién adquiridas y
nunca auditadas, entre la oferta electoral aparecían partidos opositores cuyos
símbolos y directivas habían sido usurpadas y entregadas a aliados del régimen.
Varias de las alianzas electorales que compitieron bajo el ropaje de
“oposición” en realidad estaban compuestas por siglas que habiendo sido
arrebatadas a los legítimos jefes de los partidos eran ahora controladas por
militantes que pactaron con el régimen su participación en las elecciones
rechazadas por la Oposición.
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Los resultados iniciales fueron
emitidos en las primeras horas de la madrugada del 07DIC20 por la directiva del
Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con
sólo un 31% de participación el frente oficialista se adjudicaba el 69% de los
votos. El restante sería reconocido a la variopinta colección de partidos de la
“oposición” tolerada, permitida o incluso creada por el propio régimen.
Incluso, por los menos dos candidatos de la oposición pro oficialista, quienes
no resultaron electos, habrían recibido la respectiva designación como
diputados mediante manipulaciones de los registros de candidaturas documentadas
por periodistas que cubrieron los eventos. Esas maniobras fueron ejecutadas por
el CNE controlado por el chavismo en recompensa a sus aliados.
La baja votación no fue motivo de
malestar para el oficialismo porque su objetivo con el evento del 06DIC20 se
había cumplido: crear la sensación de unas elecciones libres con las cuales
otorgaría la condición de diputados a una abierta mayoría chavista que
reemplazaría a los diputados de la Asamblea Nacional electa en diciembre de
2015 encabezada por Juan Guaidó.
El gobierno ruso emitió un largo
comunicado en la tarde moscovita del 07DIC20 en el cual dejaba claramente
expuesto el objetivo de sus socios en Venezuela. El texto firmado por la vocera
María Zajárova afirmaba que los “observadores internacionales, incluidos los de
la Federación de Rusia, que participaron en el acompañamiento del proceso
electoral, elogiaron los esfuerzos de las autoridades venezolanas para
organizar la votación de acuerdo con los más altos estándares de transparencia,
democracia y seguridad sanitaria y epidemiológica”. El texto comenzaba con una
falsedad en tanto que el rol de “observador” es expresamente rechazado por el propio
régimen chavista quien sólo acepta la figura de “acompañantes”. Según el
gobierno ruso “aquellos que boicotearon las elecciones claramente no están
preparados para la competencia abierta a través de la participación en
procedimientos democráticos y prefieren luchas de poder inconstitucionales”,
reiterando el usual ataque de la señora Zajárova contra la oposición
venezolana. Y finalmente la cancillería rusa afirmó que la “Asamblea Nacional
renovada se convertirá en una plataforma representativa para un diálogo
constructivo de todas las fuerzas políticas”.
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El gobierno de Rusia, convertido
en padrino internacional del gobierno Maduro, de esta manera convalidaba el
proceso de votaciones del 06DIC20 en Venezuela. En una reunión sostenida el 07FEB20
en Caracas entre Serguéi Lavrov y las caras visibles de la “oposición” oficial,
en presencia del canciller del régimen Jorge Arreaza, el ministro ruso se había
mostrado satisfecho por los acuerdos alcanzados para participar en unas
elecciones bajo el control del chavismo. El 05DIC20 la delegación rusa sostuvo
una nueva reunión con los voceros de la “oposición” oficial que asumió a Rusia
como suerte de garante de los resultados electorales. Entre los asistentes a
estas reuniones resaltaban el ex socialdemócrata Timoteo Zambrano y el
exchavista Henry Falcón quienes liderizaban una de las alianzas partidistas que
participaron en las votaciones del 06DIC20. Por cierto, Zambrano fue al menos
desde principios del año 2016, cuando ejercía como virtual canciller de la alianza
opositora Mesa de la Unidad Democrática, el principal articulador dentro de la
oposición para introducir a Rodríguez Zapatero y a Ernesto Samper Pizano como
supuestos intermediarios para un acuerdo político con el chavismo.
Por cierto. En el libro “Luis
Almagro no pide perdón” de los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira,
publicado el pasado mes de noviembre, se narra un episodio ocurrido en la
residencia del venezolano Pedro Burelli en Washington, durante una cena
ofrecida a Almagro y al entonces Subsecretario de Estado Thomas Shannon el
16SEP16. Shannon quien ejercía como segundo del Departamento de Estado desde el
12FEB16, operaba un plan hacia Venezuela
e intencionalmente se mantenía sin abrir
contactos con Almagro quien desde la OEA impulsaba actos de presión contra el
régimen chavista. Aquella cena de tres lejos de bajar las tensiones hizo que se
incrementaran. La conversación confirmó que
el plan de Shannon era justamente respaldar a Zapatero usando a Unasur como
excusa o mampara, mientras obviaba las
acciones de Almagro y presionaba al Vaticano para que respaldaran las gestiones
del español en Caracas.
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El anunciado rechazo
internacional al proceso electoral del 06DIC20 se confirmó en pocas horas. El
gobierno del ecuatoriano Lenín Moreno emitió el 05DIC20 un comunicado en el
cual adelantaba que no reconocería los resultados del proceso que “viola la
Constitución y está viciado de toda legalidad”. Rápidamente se produjo una
secuela de declaraciones oficiales de gobiernos que ratificaban su
desconocimiento a los resultados anunciados en Caracas. La cancillería
colombiana mediante un comunicado oficial, el canciller chileno Andrés Allamand
mediante un tuiteo, el canciller
brasileño Ernesto Araújo con un hilo de tuiteos, un tuiteo del ministro de
asuntos exteriores de Canadá François-Philippe Champagne, un tuiteo de la
ministra panameña Erika Mouynes y un comunicado de su despacho, un comunicado
de Ministerio de Exteriores de Uruguay y un pronunciamiento del secretario para
exteriores del Reino Unido Dominic Raab. Todos ellos desconocían los resultados
del proceso electoral en Venezuela y en el caso del Raab ratificaba sin duda la
continuidad del reconocimiento a Guaidó como “Presidente interino
constitucional de Venezuela”.
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En la mañana del 07DIC20 se
realizaba en Bruselas una reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores.
Los ministros escucharon un informe del Alto Representante Josep Borrell sobre
el proceso acontecido en Venezuela y sobre sus gestiones previas intentando
provocar una suspensión de las votaciones para abrir un compás de espera y
provocar nuevas negociaciones entre el régimen y la oposición. Los ministros
ratificaron la posición de la Unión Europea en cuanto a que las votaciones no
fueron “libres, justas ni democráticas” y encomendaron a Borrell la redacción
de un comunicado el cual fue distribuido a las pocas horas. “Lamentablemente
las elecciones (…) se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las
condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales
mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar.
Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y
enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca
este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados
como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”.
Casi simultáneamente se dio a
conocer un comunicado promovido por el Grupo de Lima que incluyó a Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. El
gobierno de Argentina se negó a suscribir el documento. “Reiteramos que los
comicios carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin
las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y
transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las
fuerzas políticas, ni de observación internacional”. En otro párrafo el Grupo
de Lima ampliado hizo un llamado a los venezolanos “de todas las tendencias
ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de
Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de
transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida
pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y
parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”. El comunicado
no hizo expresa referencia a Guaidó procurando contar con la firma de países
caribeños.
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En paralelo, el representante del
gobierno de Brasil en la OEA, en nombre propio y de sus colegas de Canadá,
Colombia, EEUU, Guatemala, Perú y Venezuela
(el representante del gobierno Guaidó), solicitó la convocatoria a una
reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo “con la finalidad
de considerar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela,
en el contexto de la realización de las elecciones parlamentarias por parte del
régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.
La reunión celebrada vía web se
cumplió el 09DIC20 y en la misma se aprobó una resolución que contó con el voto
favorable de 21 de los miembros. México y Bolivia votaron en contra. Seis
gobiernos optaron por no asistir a la sesión, incluyendo a Nicaragua y San
Vicente y las Granadinas que son aliados de Maduro. Cinco gobiernos se
abstuvieron, entre ellos Argentina.
En la resolución, la OEA decidió
“rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre
de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de
conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por
carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la
participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber
sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la
autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral
internacional independiente y creíble”.
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El Departamento de Estado de EEUU
emitió en la tarde del 07DIC20 un comunicado sobre el tema venezolano. “El
régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que
pretendía parecer elecciones legislativas. Afortunadamente, pocos fueron
engañados. EEUU, junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena
esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad”. Y aclara
que “EEUU seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la legítima
Asamblea Nacional. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que
está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se
beneficie de robar una segunda elección”.
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El día 07DIC20 arrancó vía
Internet, la consulta que la oposición venezolana se había propuesto en procura
de una ratificación del mandato y el liderazgo de Juan Guaidó. EEUU, Reino Unido, Colombia y Brasil ya han
anunciado que mantienen su reconocimiento a Guaidó más allá del 05ENE21 cuando
se instalaría la asamblea electa por el chavismo el 06DIC20. Pero en medios
diplomáticos de América y Europa está creciendo un silencioso debate sobre la
continuidad de ese reconocimiento. Durante la sesión de la OEA del 09DIC20, la
canciller peruana intervino para “precisar que el señalamiento de esta
resolución sobre las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 y la falta
de condiciones para que el proceso electoral contara con toda la participación
de los actores políticos y la ciudadanía, no supone el reconocimiento a la
continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus
integrantes”. Por su parte, el representante jamaiquino quien votó
favorablemente la resolución, pidió incluir un pie de página en el cual afirma
que “Jamaica considera que es necesario que la OEA evalúe cuidadosamente, desde
un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido tras las elecciones celebradas
el 6 de diciembre de 2020, incluidas las implicaciones jurídicas, en el
contexto de la OEA”.
Leopoldo López, jefe político del
partido en el cual milita Juan Guaidó, llegó a Bogotá el 09DIC20. Uno de los
temas que llevaba en agenda para tratar con Iván Duque fue justamente la
necesidad de una acción sobre la “comunidad internacional” para mantener el
respaldo a Guaidó como presidente encargado. El asunto aún se debate en muchos
palacios de gobierno y cancillerías a ambos lados del Atlántico.
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