Informe Otálvora del 28 de noviembre de 2020
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| Jair Bolsonaro y Juan Guaidó el 28FEB19 en Brasilia. Foto: Agencia Brasil |
El ministro de economía de Jair
Bolsonaro solicitó a Juan Guaidó el pago de la milmillonaria deuda que el régimen
chavista mantiene con el gobierno de Brasil.
Según fuentes consultadas en
Brasilia y Caracas, a finales del pasado mes de agosto el Ministerio de
Economía dirigido por Paulo Guedes hizo llegar al Ministerio de Relaciones
Exteriores brasileño una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela. El
03SEP20 la cancillería brasileña Itamaraty envió esa carta, mediante una nota
verbal, a la representante diplomática de Guaidó en Brasilia, la embajadora
María Teresa Belandria. Itamaraty, de esta manera, ratificaba que a los efectos
del gobierno brasileño es Juan Guaidó el jefe del Ejecutivo venezolano y en
consecuencia el destinatario de la nota de cobranza emitida por Guedes.
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Desde el año 2018 el gobierno de
Nicolás Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda
adquirida con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES
y con bancos privados brasileños. Oficialmente esta deuda corresponde con
adelantos realizados para el pago a los proveedores brasileños de exportación a
Venezuela de servicios, aviones y alimentos. Constructoras y productoras de
cárnicos involucradas en el esquema de corrupción de Lava Jato, como la Odebrecht,
Andrade Gutierrez y JBS figuran entre los beneficiarios del esquema de
“promoción de las exportaciones” direccionado por los gobiernos de Lula da
Silva y Dilma Rousseff para respaldar a socios políticos extranjeros. Fue
notoria la visita del cogobernante chavista Diosdado Cabello en junio del 2015
a varias ciudades de Brasil, en la cual tras encuentros con Lula da Silva y la
para entonces presidenta Dilma Rousseff, concretó acuerdos de suministro de
productos cárnicos con la empresa JBS cuyos dueños atendieron personalmente al
jerarca venezolano.
Cuba y Venezuela recibieron
financiamiento del BNDES por órdenes de Lula y Rousseff y ahora se encuentra en
estado de insolvencia. De acuerdo a la legislación brasileña, el BNDES cobrará
al estatal Fondo de Garantía de las Exportaciones las cuotas vencidas y que no
sean pagadas por los deudores, por lo cual las insolvencias de Maduro y Raúl
Castro están siendo financiadas por el tesoro brasileño.
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Finalizando el mes de agosto de
2020, el Estado venezolano adeudaba poco menos de un mil trescientos millones
de dólares al gobierno brasileño. Probablemente el monto de pagos ya vencidos
superaba los setecientos millones de dólares para esa fecha.
La deuda que el gobierno
Bolsonaro ahora cobra a Guaidó fue adquirida por Hugo Chávez y por Nicolás
Maduro. Los beneficiarios fueron empresas involucradas en esquemas de
corrupción que han desatado decenas de procesos judiciales en Brasil incluso
sobre el propio Lula da Silva quien ya ha sido encontrado culpable por
tribunales de segunda instancia en dos de los juicios que le siguen. Según
diversos documentos publicados en el portal del BNDES, el tema de la deuda
venezolana ha sido reiteradamente tratado en las instancias directivas y en el
comité de auditoría.
Tras la cobranza del ministro
Guedes a Guaidó por intermedio de Itamaraty, se han celebrado varias reuniones
entre la embajadora Belandria y directivos del BNDES y del Ministerio de
Economía. La más reciente, según el portal del BNDES, se habría realizado el
26OCT20, vía teleconferencia, entre Belandria y la directora del área
financiera del banco Bianca Nasser. La enviada de Guaidó habría solicitado una
relación de los distintos contratos de financiamiento así como los cronogramas
de pago.
El gobierno de Jair Bolsonaro es
un claro aliado de Guaidó y las gestiones de Guedes parecieran, según una
fuente oficial brasileña que sigue el proceso, un trámite formal para cubrir
procedimientos legales internos y no una acción deliberada contra el gobierno
provisional venezolano. Hasta la fecha
el tema ha sido manejado con discreción tanto por la cancillería brasileña como
por el “gobierno Guaidó”.
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Fortalecer a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños CELAC, como una forma de debilitar a la OEA, es
uno de los propósitos que la alianza castrochavista continental se ha propuesto
como objetivo.
La CELAC fue creada en 2010
impulsada en ese momento por una ola izquierdista que dominaba la escena
política continental. Conceptualmente ha sido presentada como una organización
rival de la OEA, en la cual participa Cuba y el gobierno Maduro, y en su
constitución fueron expresamente excluidos EEUU y Canadá. Al igual que ocurriera
con Unasur, la CELAC fue colonizada por los gobiernos de la alianza
castrochavista. La organización fue rápidamente perdiendo relevancia y la
última cubre presidencial tuvo lugar en República Dominicana el 24ENE17.
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En enero del 2020 México asumió la
presidencia protempore como un esfuerzo del gobierno de Andrés López Obrador
para revivir la instancia que es vista por la izquierda como la contrapartida
ante la OEA. El 08ENE20 coincidieron en Ciudad de México los cancilleres de
Argentina, Cuba, Nicaragua, del saliente gobierno izquierdista de Uruguay y el
alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, junto a representantes de otros
gobiernos de la región. Buena parte de las cancillerías del continente ven con desgano
a la CELAC e incluso Brasil y el gobierno transitorio de Bolivia en aquel
entonces anunciaron su separación. Pero el regreso del castrochavismo a la
presidencia boliviana y la nueva ofensiva izquierdista en el continente está
dando alta prioridad a la reactivación de CELAC. De hecho, la cancillería
boliviana emitió el 20NOV20 un comunicado según el cual el nuevo gobierno
“retoma” la participación en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR)”.
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El argentino Alberto Fernández
está muy activo procurando ganar simpatías hacia CELAC argumentando que la OEA
se encuentra paralizada en razón de conflictos ideológicos y políticos. El 19NOV20, Fernández viajó a Uruguay, sin
aviso previo a los medios, para un almuerzo con Luis Lacalle Pou con quien no
se había reunido desde que el uruguayo tomara posesión del cargo el 01MAR20. El
anfitrión recibió a Fernández en la Estancia Presidencial de Anchorena donde
personalmente preparó el asado con el cual brindó al visitante quien llegó sin
su canciller Felipe Solá. La reunión en espíritu de camaradería había sido
convenida entre Fernández y su amigo el canciller uruguayo Francisco Bustillo
cuando ambos coincidieron en la toma de posesión de Lucho Arce en La Paz el
08NOV20. No hubo documentos oficiales sobre lo tratado por los mandatarios
salvo una genérica declaración de la Casa Rosada. Diversas fuentes aseguran que
entre los temas tratados, en la “reunión de amigos”, estaban la reactivación de
Celac, así como acordar pasos en común dentro del Mercosur.
La reactivación de Unasur, con la
eventual apertura de una oficina en Buenos Aires que reemplace a la antigua
sede en Quito, es una idea que está siendo acariciada por la izquierda
continental, en un intento de reconstruir el andamiaje que el castrochavismo
había logrado controlar.
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En medios diplomáticos sureños se
aprecia la falta de un intento de liderazgo regional por parte del gobierno de
Jair Bolsonaro, demasiado comprometido en pugnas intestinas. Ese espacio
estaría abierto para el mandatario argentino, una de las cabezas visibles del
izquierdista Grupo de Puebla, quien, además, próximamente asumirá la
presidencia rotativa del Mercosur. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro han
pasado un año sin comunicarse directamente. Nunca se han encontrado
personalmente y por el contrario, los medios y las redes sociales han sido
escenario para choques de posiciones entre ambos. Incluso el clan Bolsonaro
llegó a plantearse la opción de romper relaciones diplomáticas con Argentina
tras conocerse los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a
Fernández y a Cristina Kirchner. La primera conversación oficial entre los
mandatarios de Argentina y Brasil desde que el argentino tomara posesión del
cargo el 10DIC19 fue discretamente negociada por los cancilleres Felipe Sola y
Ernesto Araújo y se acordó que fuera una teleconferencia el 30NOV20.
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Tal como lo adelantara el Informe
Otálvora del 14NOV20, Joe Biden señaló el 23NOV20 al diplomático Antony Tony Blinken
como su futuro Secretario de Estado. Blinken, ha hecho carrera en el
Departamento de Estado y en la Casa Blanca y luego de las elecciones del
03NOV20 ha estado atendiendo los enlaces de Biden con mandatarios extranjeros.
El 24NOV20, aún sin haberse
iniciado oficialmente la transición, Biden presentó colectivamente a quienes se
propone designar como Secretarios de Departamento de Estado y de Seguridad
Nacional, así como al Asesor de Seguridad Nacional, a la Directora de
Inteligencia Nacional y a la representante permanente ante la ONU En su
intervención inicial, Biden proclamó que “es un equipo que refleja el hecho de
que EEUU está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”.
Cada uno de los designados realizó una breve exposición. Antony Blinken afirmó
que EEUU debe “proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad
porque, como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas
del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su
cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza porque EEUU en
su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del
mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.
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Son pocas las señales expresas sobre
cuál sería la política Biden hacia Latinoamérica. La designación del
cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente de la Secretaría de
Seguridad Nacional pareciera ser una señal de relevancia para el tema
migratorio. En su intervención en la presentación del 24NOV20, Mayorkas dijo
que “el Departamento de Seguridad Nacional tiene una noble misión, ayudarnos a
mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como un país de
bienvenida”.
Tanto Blinken así como Jake
Sullivan quien fue indicado como próximo Asesor de Seguridad Nacional, se han
manifestado en entrevistas de prensa en los últimos años y en foros académicos,
favorables a la política de sanciones contra el régimen chavista, pero el
componente “diplomacia” pareciera que estará fuertemente presente en la política
exterior del gobierno Biden.
