Informe Otálvora del 16 de abril de 2016
El régimen chavista venezolano decidió desacatar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29MAR16. La Constitución venezolana (de inspiración chavista) adjudica a la Asamblea Nacional la facultad de decretar amnistías, pero la sentencia del 11ABR16 emitida por la Sala Constitucional, controlada por el chavismo, calificó de “inconstitucional” la Ley, alegando que “vulnera los principios que inspiran la Constitución”. El régimen se niega a liberar decenas de presos políticos enjuiciados y sentenciados por actos que el chavismo ha tipificado como “delitos comunes”. Incluso, tres parlamentarios electos en las elecciones del 06DIC15 no se han incorporado a la Asamblea Nacional ya que el gobierno los mantiene encarcelados pese a la inmunidad que los cobija como diputados.
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| Ernesto Samper en campaña electoral con Evo Morales el 19FEB16 en el departamento de Cochabamba, Bolivia. Foto: ABI |
El régimen chavista venezolano decidió desacatar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional el 29MAR16. La Constitución venezolana (de inspiración chavista) adjudica a la Asamblea Nacional la facultad de decretar amnistías, pero la sentencia del 11ABR16 emitida por la Sala Constitucional, controlada por el chavismo, calificó de “inconstitucional” la Ley, alegando que “vulnera los principios que inspiran la Constitución”. El régimen se niega a liberar decenas de presos políticos enjuiciados y sentenciados por actos que el chavismo ha tipificado como “delitos comunes”. Incluso, tres parlamentarios electos en las elecciones del 06DIC15 no se han incorporado a la Asamblea Nacional ya que el gobierno los mantiene encarcelados pese a la inmunidad que los cobija como diputados.
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El 12ABR16 un jet
oficial venezolano en vuelo especial condujo a Ernesto Samper desde Quito a
Caracas. El propósito de la visita del Secretario General de Unasur a Venezuela
fue apadrinar una “Comisión Presidencial por la Verdad, Justicia y Reparación
de Víctimas” inventada, designada y convocada por Nicolás Maduro para “investigar
los hechos de violencia ocurridos entre los años 1999 y 2016”. La comisión fue
creada unilateralmente por el Gobierno sin consultar con la Oposición y está
conformada por funcionarios del Ejecutivo y de la Fiscalía más representantes
de comités y asociaciones paraoficiales.
Durante las horas en
que Samper permaneció en Caracas realizó declaraciones que no dejaron duda
sobre su abierta parcialidad a favor del gobierno chavista. Samper calificó cínicamente
la anulación de la Ley de Amnistía como un “empate” entre la Asamblea Nacional
y el TSJ. Samper también alabó la
política económica de Maduro y “el proyecto social de la revolución
bolivariana”.
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Ernesto Samper ha
convertido su cargo de Secretario General de Unasur en el de operador político del castrochavismo.
El jueves 18FEB16, apenas
tres días antes de producirse el referendo sobre la reelección presidencial en
Bolivia, Samper llegó a La Paz para integrarse a actividades de la campaña
propagandística de Evo Morales. Oficialmente Samper viajó a Bolivia para
acompañar la misión electoral de Unasur, aunque él no formaba parte de esa
delegación presidida por el uruguayo Roberto Conde. Samper viajó el 19FEB16 al
departamento de Cochabamba acompañando a Morales en actividades proselitistas
como la inauguración de un coliseo en Tarata. El coliseo fue bautizado con el
nombre de “Ernesto Samper”. En sus numerosas declaraciones a la prensa, Samper
no dudó en aupar a Morales exaltando las obras públicas e incluso asignándole
una inexistente "medalla de oro en crecimiento económico” al gobierno
boliviano.
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El 12ABR16, Samper colocó
a Unasur como parte de la estrategia propagandística de Lula da Silva para
defender a su pupila Dilma Rousseff. En un comunicado oficial, Samper atacó directamente al Congreso de
Brasil dudando de la legalidad del proceso de impeachment seguido contra Rousseff,
el cual es normado por una Ley que data de 1950 y que recientemente fue
interpretada por el Supremo Tribunal Federal.
A raíz de que la
comisión de Diputados de Brasil aprobó su informe apoyando la apertura del
impeachment, Samper en su condición de Secretario de Unasur se adjudicó el
papel de juez brasileño para asegurar que sobre Rousseff no existe “una prueba
que la incrimine de manera personal y directa en la comisión de un delito”.
Samper incluso alegó en contra de la Constitución brasileña opinando sobre el
tipo de delitos que pudieran ser considerados para enjuiciar a un Presidente en
Brasil. Samper, en nombre de Unasur, escribió que “aceptar que un mandatario
puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter
administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del
gobierno por razones de índole simplemente políticas”. Samper obvió que en
Brasil esas “fallas de carácter administrativo” son delitos punibles con la
destitución y no están sujetos a la aceptación del Secretario de Unasur. Para
Samper los delitos administrativos cometidos por un Presidente amigo no deben
ser motivo de enjuiciamiento, lo que dejó entrever la argumentación que el
castrochavismo asumirá internacionalmente para defender a Rousseff…y a Lula.
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Luis Almagro,
Secretario General de la OEA, quien fuera canciller del gobierno izquierdista
de Pepe Mujica, vieja pieza del castrismo
y actualmente enfrentado con el gobierno de Nicolás Maduro, también
forma parte de la defensa internacional de Dilma Rousseff con argumentos
similares a los de Samper. El 14ABR16, Almagro publicó en su cuenta Twitter: “15 abril estaré en #Brasil para dialogar con
@DilmaBr y reiterar apoyo a institucionalidad y respeto a Constitución”. En
entrevista del 15ABR16 con el madrileño diario La Prensa, Almagro asegura que
en Brasil se está “realizando un proceso de impeachment de una presidenta que
no es acusada de nada, no responde por ningún acto ilegal. Es algo que nos
preocupa”.
Almagro decidió viajar
a Brasilia justamente la fecha cuando la plenaria de la Cámara de Diputados
iniciaba una maratónica sesión de tres días en la cual todos los parlamentarios
podrían intervenir antes de emitir su voto aprobando o rechazando el
enjuiciamiento a Rousseff. La Presidente tiene derecho a intervenir ante la
Plenaria en su defensa o delegar en un representante como efectivamente lo
hizo. La defensa de Rousseff estuvo el 15ABR16 en manos de José Eduardo
Cardozo, el Abogado General de la Unión,
máximo representante jurídico del Gobierno.
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El 14ABR16, Rousseff intentó
desesperadamente impedir la votación en la Cámara de Diputados, mediante un
paquete de ocho solicitudes presentadas por el Partido Comunista de Brasil y
por el propio gobierno (vía la Advocacia-Geral da União) al Supremo Tribunal
Federal. El PCdeB pidió que el STF alterara el procedimiento de votación decidido por el
Presidente de la Cámara de Diputados. El Abogado de la Unión, por su parte,
actuando en representación del Rousseff, solicitó que el STF declarara nulo el
informe parlamentario sobre el impechment (¡el mismo que tanto molestó a
Samper!) con lo cual se paralizaría el proceso de votación en la Cámara de
Diputados previsto para el 17ABR16. En una sesión extraordinaria que duró hasta
la madrugada del 15ABR16 y que fue transmitida en vivo vía streaming, el STF desestimó
el argumento del Gobierno según el cual Rousseff no habría tenido derecho a la
defensa y confirmó que el proceso seguía las pautas constitucionales y legales.
La opinión de los secretarios de la OEA y Unasur quedaron sin mayor peso tras
las decisiones del máximo tribunal brasileño al cual difícilmente se le puede
señalar como “golpista”.
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El STF de Brasil rechazó
por amplia mayoría todos los recursos interpuestos por el oficialismo brasileño
con lo cual quedó despejada la vía para la votación del domingo17ABR16 en la
Cámara de Diputados. En tanto, la gran avenida, el Eixo Monumental, donde está
localizados los poderes federales en Brasilia, era acondicionada para congregar
a miles de manifestantes en pro y en contra del impeachment que harán presión a
las puertas del Congreso. La policía del vecino estado de Goiás detuvo el
14ABR16 varios autobuses con matrícula boliviana los cuales transportaban varios
centenares de personas aparentemente acarreadas desde Bolivia para aumentar el
número de manifestantes pro Dilma en las calles de Brasilia. Los analistas
políticos de uno y otro bando dan como un hecho que la Cámara de Diputados
aprobará enjuiciar a Rousseff.
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La noche del 17ABR17
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el
enjuiciamiento de Rousseff. El
caso pasa al Senado el cual se convertiría en el tribunal enjuiciador.
En razón de una reciente
interpretación del STJ, la aprobación por parte de Diputados no significa la apertura
automática del enjuiciamiento contra Rousseff. La efectiva apertura del proceso
dependerá de una decisión de la plenaria del Senado el cual es presidido
actualmente por el senador Renan Calheiros, quien aún se mantiene favorable a
Rousseff pese a que su partido PMDB ya abandonó la alianza con el gobierno.
Una vez llegado el Caso
Rousseff al Senado, será designada una comisión de senadores que elaborará el
informe a ser considerado por la plenaria a finales del mes de mayo. En esa
fecha el Senado decidiría la apertura o no del juicio a la Presidente. En caso
de abrirse el juicio, Rousseff deberá abandonar la Presidencia de forma provisional
por un lapso de 180 días y ya tendrá vedada la opción de renunciar al cargo. La
Presidencia sería asumida por el vicepresidente Michel Temer. De iniciarse el
juicio contra Rousseff, los Juegos Olímpicos Río de Janeiro, cuya inauguración
está prevista para el 05AGO16, se producirán en un país con gobierno
provisional.
Aprobado el juicio de
Roussef por el Senado, los senadores se constituirían en tribunal bajo la
presidencia del actual Presidente del Supremo Tribunal Federal, el magistrado
Ricardo Lewandowski, quien entró al STF con patrocinio de Lula da Silva y
públicamente ya ha mostrado una posición contraria al enjuiciamiento de
Rousseff. Tanto el Presidente del Senado como el magistrado que presidiría el
juicio son fichas favorables al gobierno lo que le brinda ventajas procesales a
Rousseff. La suerte de la Presidente dependerá de un veredicto emitido por votación
del jurado integrado por los 81 senadores, siendo necesarios 54 votos para
aprobar la destitución que además pondría fin legal a la vida política de
Rousseff quien quedaría inhabilitada para aspirar nuevamente al cargo.
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Dos casos judiciales
ya involucran a la exmandataria argentina Cristina Kirchner quien se ha sumado
a Lula en la lista de exmandatarios suramericanos, declaradamente
castrochavistas, señalados por corrupción. Venta de dólares del Banco Central
en condiciones desfavorables para el Estado y, lavado de dinero proveniente de
fuentes ilegales son las dos imputaciones que pesan sobre la viuda de Nestor
Kirchner.
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