Informe Otálvora del 10 de septiembre de 2016
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| Presidentes y cancilleres de Argentina, Brasil y Paraguay reunidos el 05AGO16 en Río de Janeiro tratando caso “Venezuela”. Foto: Cancillería Brasil |
La ejecución del
acuerdo suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc el 24AGO16
depende oficialmente de su aprobación en un plebiscito fijado para el 02OCT16.
Sin embargo, Santos actúa como si ya estuviera vigente su acuerdo con la
guerrilla.
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Sin esperar la
ratificación del Acuerdo en el plebiscito, el 06SEP16 el gobierno Santos y las
Farc procedieron a instalar la “Comisión de Implementación, Seguimiento,
Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”. Esta
comisión, prevista en el Acuerdo Santos-Farc, tendrá como objetivo “garantizar
la implementación de todo lo acordado” y funcionará por un período de diez
años.
Santos pactó con las
Farc hacer “ajustes normativos e institucionales” en el sistema electoral de
Colombia para lo cual acordaron crear una “misión electoral especial”. Sin
haberse producido el plebiscito, según el comunicado conjunto No.98, los
negociadores del gobierno y las Farc procedieron a reunirse el 06SEP16 con
representantes del Centro Carter y del Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria con el fin de constituir la “misión electoral especial”. Ese
mismo día en La Habana los delegados del Gobierno y Farc se reunieron para “preparar la logística necesaria para el
funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos
Transitorios de Normalización en los que serán localizados los guerrilleros
desmovilizados en caso de ser aprobado en Acuerdo.
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Previo a la
realización del plebiscito, Santos se propone celebrar un gran evento con
proyección internacional durante el cual él y el jefe de las Farc, Timoleón
Jiménez Timochenko, firmarán la versión protocolar del Acuerdo. El gobierno
colombiano planeaba realizar la ceremonia entre Santos y Timochenko en la sede
de las Naciones Unidas en Nueva York el 21SEP16, coincidiendo con la fecha de
arranque del “Debate General” de la Asamblea General. La selección de esa fecha
permitía a la diplomacia colombiana contar con la presencia de numerosos
mandatarios extranjeros que suelen aglomerarse en la sede de la ONU para el
gran evento anual de la organización. Según reportó Foreing Policy el 02SEP16,
el plan de Santos contaba con el auspicio de la Casa Blanca y del Departamento
de Estado de EEUU pero debió ser abortado ante la oposición del Departamento de
Justicia del propio gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia se
negó a conceder visas para el ingreso a EEUU de líderes de las Farc señalados en
ese país por tráfico de drogas y promoción del terrorismo. Aparte de arruinar
la fiesta en la ONU por el Acuerdo Santos-Farc, la justicia estadounidense
trajo a colación la circunstancia legal internacional de los guerrilleros. Si
bien Santos ha pactado que el Estado colombiano les otorgará “la más amplia
amnistía posible” ésta sólo tiene alcance en la propia Colombia, ya que los
jefes de las Farc aparecen en expedientes judiciales en diversos países del
mundo e incluso algunos de ellos figuran en la lista de personas solicitadas
internacionalmente por Interpol.
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Al fracasar la opción
de Nueva York, la diplomacia colombiana debió optar por el plan alterno de
firmar el acuerdo con las Farc en territorio colombiano. La lista de invitados a la ceremonia en Cartagena de Indias
prevista para el el 26SEP16, incluye a numerosos mandatarios entre los que se
encuentran Barack Obama, Raúl Castro, Felipe VI de España, Guillermo Alejandro
de los Países Bajos, la primer ministro noruega Erna Solberg, Mariano Rajoy, François
Hollande, la británica Theresa May, Nicolás Maduro, Michelle Bachelet, Mauricio
Macri, Evo Morales, Rafael Correa, Pedro Pablo Kuczynski, Tabaré Vázquez,
Michel Temer, el panameño Juan Carlos Varela, el portugués António Costa, el
saliente Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, Pepe Mujica, el presidente
del Banco Mundial Jim Yong Kim, la Gerente General del Fondo Monetario
Internacional Christine Lagarde entre otros. Con este acto, el gobierno Santos busca
darle una imagen de hecho cumplido al documento de 297 páginas pactado en La
Habana con las Farc seis días antes de que los colombianos voten en el
plebiscito.
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En Colombia se siente una avasallante
campaña publicitaria promovida por Santos a favor del “Si” en el plebiscito. La
Corte Constitucional que avaló la convocatoria del plebiscito abrió las puertas
para que los funcionarios públicos participen en la campaña y Santos incluso
emitió el 05SEP16 una Directiva autorizando el uso de bienes del Estado y
recursos del Tesoro Público por los “servidores públicos que realicen actos de
campaña”. Teóricamente estas medidas amparan a funcionarios que apoyen o
rechacen el Acuerdo con las Farc, pero obviamente favorecen a la posición
oficial a favor del “Si”.
El gobierno, las Farc y políticos que
actúan en organizaciones “legales” de la guerrilla están en campaña a favor del
“Si”. La estrategia publicitaria oficialista se basa en identificar la “Paz”
con el “Acuerdo”, estigmatizando a quienes se oponen como guerrerista enemigos
de la paz. Sólo los expresidentes Andres Pastrana Arango y Alvaro Uribe Vélez
se han pronunciado en contra de lo pactado por Santos. La campaña oficialista
oficialmente la encabeza el expresidente Cesar Gaviria Trujillo y tiene un
esquema de campaña electoral que abarca todos los medios de comunicación. En
las vitales redes sociales en Internet, la campaña oficialista ha reclutado cuentas
Twitter de personajes de farándula para canalizar apoyos. Los publicistas por
el “Si” incluso apelaron a la imagen de la pornostar
colombiana Esperanza Gómez, quien actúa en un video propagandístico del
columnista y “youtuber” Daniel Samper Ospina, sobrino de Ernesto Samper Pizano.
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Por cierto, a nivel de los gobiernos que
forman Unasur se produjeron en las últimas semanas consultas para atender la
selección del nuevo Secretario General ante la inminente salida de Ernesto
Samper del cargo. El mandato del colombiano venció el 22AGO16 y le fue
prorrogado hasta el 31ENE17, en espera de la escogencia de un reemplazo cuya
selección puede verse entorpecida por los choques entre varios miembros del
“club”. El periodista venezolano Nelson Bocaranda adelantó en su columna del
08SEP16 que existiría consenso para designar al boliviano Enrique García como
nuevo Secretario General de Unasur. García, quien se ha desempeñado como
Presidente de la Corporación Andina de Fomento desde 1991 y abandonaría ese
cargo en marzo de 2017, ha logrado armar un entramado de apoyos internacionales
que lo acercan a todos los gobiernos de la región y lo hacen un candidato sin
aparentes obstáculos. Mientras García estaría sopesando la oferta, el
expresidente chileno Ricardo Lagos también se habría mostrado interesado en
encabezar la Secretaría de Unasur. En todo caso la designación del nuevo
Secretario depende de la realización de una pronta y poco probable reunión
presidencial que tendría que ser convocada por Nicolás Maduro quien ejerce la
Presidencia temporal de Unasur pero no reconoce al gobierno de Brasil.
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La posición del chavismo venezolano de
confrontar internacionalmente al nuevo gobierno brasileño tiende a quedar sin fuerza
y adeptos. El 06SEP16, el representante de Brasil en la OEA, embajador José
Machado e Costa, tomó la palabra en la sesión ordinaria del organismo para
responder los ataques que sus colegas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y
Nicaragua habían volcado en la sesión del 31AGO16 contra el gobierno brasileño
surgido tras la destitución de Dilma Rousseff.
El representante brasileño afirmó que los
que califican el impeachment contra Rousseff como un “golpe parlamentario” son
“voces aisladas” y llamó la atención que “son las mismas voces que alegan
siempre la no injerencia en sus asuntos políticos internos los que ahora están
cuestionando un proceso constitucional legítimo en Brasil”. Tras la
intervención de Machado, hablaron los representantes del bloque castrochavista
al cual se sumó San Vicente y las Granadinas para atacar al gobierno de Brasil.
Luego hablaron los enviados de México, EEUU, Argentina, Grenada, Jamaica,
Paraguay, Chile, Perú y Colombia quienes explícitamente reconocieron al nuevo
gobierno brasileño encabezado por Michel Temer e incluso algunos, como en el
caso del representante mexicano Luis de Alba Góngora, fueron especialmente
incisivos contra la injerencia selectiva practicada por la “diplomacia”
chavista.
En tanto, tal como lo recomendara el
gobierno de Cuba, la izquierda desplazada del gobierno en Brasil intenta crear
un clima de ingobernabilidad, mediante la ejecución de violentas y minoritarias
acciones de calle.
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El gobierno de Evo Morales que
retóricamente rechaza al presidente Temer, ya comenzó a virar de posición. El
canciller boliviano David Choquehuanca afirmó el 06SEP16 que su gobierno, al
contrario del venezolano, no retiró definitivamente a su Embajador en Brasilia José
Kinn y sólo se trataba de una “llamada a consultas”. La estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
se encuentra en medio de negociaciones con la brasileña Petrobras para ampliar
por dos años el contrato de venta de gas que finaliza en 2019. Las
exportaciones de gas a Brasil son vitales para las finanzas del gobierno de
Morales quien ahora se muestra dispuesto a obviar la destitución de su amiga
Rousseff en aras de mantener el flujo de dólares brasileños.
Por su parte, el gobierno de Uruguay cuadrado
inicialmente con el gobierno chavista, está en
línea de reducir tensiones con Brasil luego que brasileños, paraguayos y
argentinos cerraran el paso a Maduro a la Presidencia semestral del organismo y
asomaran sanciones contra su gobierno. El uruguayo Tabaré Vázquez y Michel
Temer planean reunirse el 20SEP16 en Nueva York, no sólo para confirmar el
reconocimiento del gobierno izquierdista de Uruguay al nuevo gobierno
brasileño, sino para mirar una posición común que destrabe el funcionamiento de
Mercosur dando fin al conflicto creado por Venezuela.
