Informe Otálvora del 17 de febrero de 2018
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Representantes de los
gobiernos miembros del Grupo de Lima reunidos el 13FEB18 en el Palacio de Torre
Tagle. Foto: Cancillería de Perú.
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El retiro de la invitación
a Nicolás Maduro y su gobierno para la VIII Cumbre de las Américas convocada
para el mes de abril en Lima, depende únicamente del gobierno de Perú en su
condición de Estado anfitrión.
El presidente peruano
Pedro Pablo Kuczynski suscribió el 11NOV17 las misivas que formalizaban la
invitación a los gobiernos miembros de la OEA más Cuba para participar en la
Cumbre de las Américas del 13 y 14ABR18. El fin de las negociaciones Maduro-MUD
y, la convocatoria por el régimen chavista a elecciones presidenciales a
destiempo y sin garantías pusieron sobre el tapete el tema de la presencia de
Maduro en Lima el próximo abril. El respaldo de los países que forman el Grupo
de Lima y de EEUU sirvió de sustento político para que el 13FEB18 la
cancillería peruana anunciara la decisión de Kuczynski de dejar sin efecto la
invitación a Maduro y su gobierno.
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El retiro de la
invitación fue formalizado mediante nota dirigida el 13FEB18 por la canciller
peruana Cayetana Aljovin a su homólogo Jorge Arreaza. Perú alega que en la III Cumbre celebrada en Canadá en 2001
y a la cual, por cierto, asistió Hugo Chávez, los gobiernos participantes
decidieron que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden
democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable
para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de
las Américas”. Ya el 04ABR17, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una
resolución según la cual en Venezuela se produjo una “alteración
inconstitucional del orden democrático” y el 21JUL17 la Cumbre de Jefes de
Estado de Mercosur declaró que en Venezuela tiene lugar “una ruptura del orden
democrático”. Las declaraciones de la OEA y de Mercosur dieron piso jurídico a
la decisión de Perú de excluir al gobierno Maduro de la Cumbre de las Américas.
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Durante la VI Cumbre
realizada en 2012 en Cartagena, Colombia, y a la cual Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega se
negaron a asistir personalmente, los voceros del otrora influyente eje castrochavista
amenazaron con boicotear la siguiente Cumbre en caso de que el gobierno cubano
no participara. La VII Cumbre, celebrada en abril de 2015 en Panamá, contó con
la presencia de Raúl Castro quien fue invitado por el panameño Juan Carlos
Varela en su condición de presidente anfitrión.
El gobierno cubano
recibió su carta de invitación para participar en la organización y asistir a la
cumbre panameña de 2015, pese a las públicas objeciones de los gobiernos de
EEUU y Canadá que rechazaban la presencia de un Estado no democrático que,
además, se niega a reintegrarse a la OEA. La decisión del presidente de Panamá
de convocar a Raúl Castro sentó la norma según la cual el anfitrión determina
el listado de invitados, regla que ahora sirve de precedente para que Perú
excluya a Maduro.
Por cierto, a finales
de 2014, cuando la invitación a Cuba era objeto de debate político continental,
Luis Almagro en su condición de canciller de Uruguay y candidato a la Secretaría
General de la OEA, se mostraba partidario de la asistencia de Cuba a la Cumbre
de Panamá. El 11ABR15, desde Ciudad de Panamá, Almagro anunció que propondría a
Cuba una “agenda bilateral” para “resolver algunas de las heridas que la
organización infringió a ese país”. Los aires políticos en el continente han
cambiado de curso y ahora Almagro se opone a la presencia de las “dictaduras”
de Cuba y Venezuela en eventos como la Cumbre de las Américas.
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El “tema Venezuela”
podría regresar a consideración de la OEA, como parte de un esquema de reacción
continental para coordinar acciones ante la crisis venezolana.
Lo que genéricamente
se denomina como la “aplicación de la carta democrática” a Venezuela, fue
objeto de análisis en las conversaciones sostenidas entre el secretario de
Estado de EEUU, Rex Tillerson, y los mandatarios de México, Argentina, Perú, Colombia
y Jamaica durante la gira que el estadounidense realizó por Latinoamérica entre
el 02 y el 07FEB18 que incluyó, además, una reunión tripartita con sus colegas
de Canadá y México.
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El 14FEB18, durante la
sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la representante permanente
de Perú, embajadora Ana Valdivieso, solicitó la palabra en la sección “Otros
asuntos” para dar lectura al comunicado que el día anterior emitiera el Grupo
de Lima sobre la situación en Venezuela. El documento que entre otros aspectos
califica como carentes de “legitimidad y credibilidad” las elecciones
convocadas por Maduro, había sido aprobado el día antes en Lima por los
gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana,
Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.
La presentación del
documento en la sesión de la OEA fue seguida de una virulenta intervención de
la representante del gobierno Maduro, embajadora Carmen Velásquez, quien
calificó como “grupo minoritario” y “Cartel de Lima” a los quince gobiernos que
conforman el grupo de seguimiento a la crisis venezolana. Las palabras de
Velásquez ameritaron un llamado de atención por parte del chileno Juan Anibal
Barría quien presidía la sesión. El representante de Brasil, José Machado e
Costa, propuso que la OEA retome el tema de la “crisis política, económica, social
y humanitaria de Venezuela”. La sugerencia del embajador brasileño fue
secundada por el representante mexicano Jorge Lomonaco. La sesión no tenía por
objeto decidir sobre el “tema Venezuela” pero las intervenciones dejan ver que
se estaría conformando un consenso para que la OEA reasuma el tratamiento de la
crisis venezolana la cual comienza a percibirse como un riesgo a la seguridad
regional.
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El Grupo de Lima
surgió a mediados del año 2017 apadrinado por el presidente peruano Pedro Pablo
Kuczynski, como una inusual iniciativa de un grupo de gobiernos que ya venían trabajando
informalmente en el seno de la OEA y que se conformaron en ente visible de
análisis y presión sobre el gobierno de Maduro. Su primera reunión, celebrada
el 08AGO17, marcó el inicio de una nueva etapa en el tratamiento regional hacia
Venezuela. El Grupo de Lima trataba de compensar la imposibilidad de avanzar en
la “aplicación” de la Carta Democrática al régimen chavista, lo que frenaba a la
OEA en el debate y toma de medidas colectivas sobre Venezuela. Las iniciativas sobre
Venezuela en la OEA, durante los últimos años, terminaban en infructuosos y
agotadores pugilatos por votos para aprobar resoluciones retóricas. A juicio de
varios gobiernos de la región, el Grupo de Lima ha cumplido un importante papel
como cohesionador de posiciones, pero la aplicación de medidas ante la crisis
venezolana requiere de una institucionalidad y legitimidad que sólo la OEA
puede conceder. Ayuda humanitaria y
sanciones al gobierno Maduro forman parte del listado de acciones que la OEA
podría arropar, según algunas cancillerías de la región.
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Si bien la “Carta
Democrática Interamericana” establece como única medida punitiva real la
suspensión del Estado donde se produzca una ruptura del orden democrático, se estaría
planeando invocarla para utilizar la OEA como ente coordinador de acciones
específicas. La declaración del Grupo de Lima del 13FEB18 contempla
“coordinar esfuerzos para afrontar de
una manera ordenada, solidaria y segura” el “éxodo de miles de venezolanos que
huyen de la grave crisis que se vive en ese país”. Esta sería una actividad que
podría realizarse bajo las siglas de la OEA. De hecho, ya Canadá está
financiado apoyo a migrantes venezolanos en Brasil y el gobierno de EEUU
prometió redireccionar fondos previstos para ayuda humanitaria “en Venezuela” que
ahora se destinarían al apoyo humanitario a venezolanos llegados a la franja
fronteriza colombiana. El 15FEB18, Michel Temer emitió una medida provisoria
(decreto-ley) y dos decretos ordenando la atención al “flujo migratorio en el
estado [amazónico] de Roraima provocado por la crisis humanitaria en
Venezuela”. Entre las medidas anunciadas está la instalación de un hospital de
campaña en la población fronteriza brasileña de Pacaraima.
Además, temas como la
aplicación de sanciones ya comenzó a ser tratado multilateralmente según reveló
Tillerson, quien el 08FEB18 anunció la constitución de un grupo de trabajo,
junto a Canadá y México, para evaluar sanciones petroleras contra el gobierno
Maduro. Un eventual boicot energético no sólo podría implicar un embargo a la
compra de crudo venezolano por EEUU y otros países, sino también la suspensión
de ventas de crudo y productos refinados a Venezuela. El grave deterioro del
aparato petrolero venezolano hace que el país ahora dependa de importaciones de
crudo liviano para hacer exportable su producción, así como de derivados de
petróleo para obtener gasolina.
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Durante la sesión del
Consejo Permanente de la OEA del 14FEB18, luego que el representante de Brasil mencionara
la creciente presencia de migrantes venezolanos en territorio de su país, la
representante chavista tomó la palabra para afirmar que su gobierno está listo
para debatir el trato a los migrantes en EEUU, las ofensas de Donald Trump a
Haití y la falta de electricidad en Puerto Rico. Las excitadas palabras de la
emisaria chavista demostraban la postura oficial de negar el flujo de venezolanos
que migran en condición de mendicantes. En tanto, altos emisarios del régimen chavista
difunden la tesis según la cual el tema de los migrantes es una excusa para una
inminente acción militar contra territorio venezolano desde Colombia y Brasil
patrocinado por EEUU. El 09FEB18, el vocero oficial chavista Roy Chaderton
declaró a Colombia como país enemigo y aseguró que en caso de enfrentamiento
armado los militares venezolanos alcanzarían las costas del Pacifico
colombiano. En contraste al discurso
oficial chavista, los gobiernos de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y
Brasil han expresado abiertamente su oposición a una acción militar sobre
Venezuela.
