Informe Otálvora del 07 de abril de 2018
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| Movimiento de Trabajadores sin Tierra aliado de Lula atacó residencia de la presidenta de Tribunal Federal en Belo Horizonte el 06ABR18. Foto: @otempo |
La Corte Internacional
de Justicia confirmó oficialmente el 04ABR18 haber recibido una demanda por parte
del gobierno de Guyana contra Venezuela. El documento presentado por Guyana
representa una gran derrota para los intereses de Venezuela.
En 1966, la entonces
joven democracia venezolana logró la firma por el Reino Unido de un compromiso,
denominado Acuerdo de Ginebra, mediante el cual el imperio británico reconocía
la existencia de un pleito por los límites entre la Guyana Británica y
Venezuela en la región del Esequibo. La actual República Cooperativa de Guyana
heredó y asumió el compromiso adquirido que obliga a un proceso bilateral de
negociación de los límites terrestres los cuales condicionan los límites marítimos.
De hecho, en el segundo gobierno de Rafael Caldera a finales de los años
noventa, según relatara su canciller Miguel Angel Burelli, Venezuela y Guyana
sostuvieron negociaciones bilaterales procurado un arreglo sobre el diferendo
como ya antes había ocurrido a finales de los años setenta. Para la diplomacia
venezolana de la era democrática era clave lograr un acuerdo limítrofe que
garantizara a Venezuela una salida propia al océano Atlántico y en función de
eso se manejaron los negociadores venezolanos.
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La llegada del
gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el abandono de la presión diplomática
venezolana sobre Guyana alegando que el diferendo era una herencia colonial. La
actual debilidad política de Venezuela, el descubrimiento de grandes
acumulaciones de petróleo en el mar disputado por los dos países y una
activísima diplomacia guyanesa que cuenta con respaldo político y financiero de
grandes petroleras de EEUU, China, Holanda, Canadá entre otros, llevó a que
Guyana decidiera romper con las negociaciones bilaterales que hasta ahora
estuvieron bajo el ala protectora de la Secretaría General de la ONU. Guyana se
propuso llevar el caso, de forma unilateral, a consideración de la Corte
Internacional de Justicia. El Secretario General de la ONU Antonio Guterres
notificó el 30ENE19 a los dos gobiernos sobre su decisión de suspender el
mecanismo de “buenos oficios” en procura de una solución al diferendo, optando
por enviar el caso a consideración de la CIJ para que esa instancia judicial
sea la vía para la “solución” de la controversia, lo cual fue interpretado por
Guyana como una obvia victoria.
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La demanda introducida
por Guyana el 29MAR18 ante la CIJ desconoce los compromisos adquiridos en 1966
sobre la procura de una solución al diferendo.
Guyana, en el escrito firmado por su vicepresidente y ministro de
relaciones exteriores Carl B.Greenidge, solicita que la CIJ declare que los
límites entre los dos países son aquellos fijados en un Laudo Arbitral de 1899 el
cual Venezuela considera nulo. El Acuerdo de Ginebra de 1966 imponía a los dos
Estados la obligación de alcanzar un acuerdo. Ahora, de prosperar la demanda
guyanesa, no habría negociaciones limítrofes ni procura de un acuerdo.
Si bien la movida de
Guyana era predecible desde finales del año 2016, la cancillería chavista no
pareciera contar con una estrategia para atender el grave caso. Según fuentes
cercanas al gobierno Maduro, la cancillería estaría procurando la contratación
como asesor del jurista español Antonio Remiro Bretons quien ha representado a los gobiernos de Cristina
Kirchner, Daniel Ortega y Evo Morales en pleitos contra Uruguay, Colombia y
Chile.
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El jueves 05ABR18 un
juez federal brasileño de primera instancia, asentó duro golpe contra el
liderazgo castrochavista continental. Sergio Moro, titular de un tribunal en la
ciudad de Curitiba, emitió orden de prisión contra Luiz Inacio Lula da Silva,
el líder sindical brasileño que alcanzó la presidencia de su país en 2003 y llevó
a su partido al poder por catorce años. El 12JUL17, Moro condenó a Lula a nueve
años de cárcel tras encontrarlo culpable de lavado de dinero y corrupción
pasiva al haber recibido de la constructora OAS un apartamento en la zona
costera del estado de São Paulo. El
inmueble habría sido una propina por favores recibidos de Lula en el entramado
de corrupción triangulado entre el partido de Lula, la petrolera estatal
Petrobras y un cartel de empresas constructoras. Se trata de uno de los seis
procesos judiciales que se siguen contra Lula por casos de corrupción. La
sentencia de Moro fue confirmada en
segunda instancia el 24ENE18 por unanimidad de tres jueces del Tribunal
Regional Federal de Porto Alegre, quienes incrementaron la condena a doce años
y un mes. La condena en segunda instancia representaba la automática
inhabilitación política de Lula en razón de la llamada “Ley de Ficha Limpia”. Los
abogados de Lula realizaron todas las posibles apelaciones ante Moro y ante el tribunal
regional. Finalmente Lula pidió al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo
Tribunal Federal la aprobación de un Habeas Corpus que impidiera su
encarcelamiento alegando derechos a permanecer en libertad mientras existan
recursos legales de apelación de la condena. Desde el año 2016, la justicia
brasileña se rige por una decisión del Supremo Tribunal Federal que considera
que la confirmación de una sentencia en segunda instancia es condición
suficiente para el inicio del cumplimiento de la condena.
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El 04ABR18, el Supremo
Tribunal Federal, por votación de seis a cinco
rechazó el Habeas Corpus presentado por Lula. El 04ABR18, el Tribunal
Regional de Porto Alegre declaró sin lugar las últimas apelaciones de la defensa
de Lula e inmediatamente autorizó al juez Moro para dictar la orden de
encarcelamiento la cual fue hecha pública en menos de media hora. Los jueces
encargados del caso actuaron con especial prisa temiendo que el poderoso Lula
pudiera lograr un favor judicial en los altos tribunales en Brasilia. Lula, quien
confiaba en los votos de jueces que ingresaron al STF con su apoyo, se vio ante
la temida realidad de su inminente detención. El juez Moro dictó una serie de
condiciones para garantizar la seguridad y el honor de Lula: le concedió 24
horas para que se entregara voluntariamente en la sede de la Policía Federal en
Curitiba donde fue acondicionada como celda una amplia sala de reuniones. Moro
expresamente prohibió el uso de esposas en caso de que la policía debiera
apresar a Lula. El expresidente optó por refugiarse en la sede del Sindicato de
Trabajadores Metalúrgicos, su antiguo centro de actividad política, situado en
São Bernardo do Campo en el cinturón
industrial de São Paulo. El PT y demás partidos que respaldan a Lula hicieron
llamados para que sus militantes se concentraran alrededor del sindicato y
realizar protestas en las principales ciudades del país. El llamado no produjo
la masiva reacción esperada por el PT dejando sin piso una posible declaración
de “resistencia” por parte de Lula.
El 06ABR18 Lula no se entregó
a las autoridades y sus abogados desde tempranas horas presentaron fallidos nuevos
recursos ante los dos máximos tribunales federales tratando de posponer el
encarcelamiento. La presión política ejercida por el lulismo no tuvo resultados
y al final del día los representantes de Lula negociaban la fecha y las
condiciones para la entrega del sentenciado incluyendo que se le permitiera asistir y hablar en una ceremonia religiosa en
recuerdo de su fallecida esposa organizada en último momento. El evento
“religioso” en realidad fue un mitin político en el cual Lula tomó la palabra
para atacar al sistema judicial y a la prensa brasileña. Vestido con un saco
formal, escoltado por funcionarios policiales que vestían corbata, sin esposas,
tras un viaje en avión desde São Paulo,
en la noche del sábado 07ABR18 Lula arribó en helicóptero a la sede de la
Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Allí vivió su primera noche
como expresidente condenado por corrupción.
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Lula no cuenta con
heredero político dentro de su partido y no se muestra dispuesto a entregar el
liderazgo. De hecho, el anuncio de su candidatura tenía el doble propósito de intentar
librarlo de una condena judicial y confirmarlo como la cabeza del PT y de la
izquierda brasileña. Inhabilitado como candidato presidencial y con una
inminente prisión, Lula se ha dejado ver reiteradamente junto al jefe del radical Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
el dirigente izquierdista Guilherme Boulos. Las fotos del fotógrafo personal de
Lula, Ricardo Stuckert, han dejado constancia de la presencia de Boulos en el
entorno de Lula.
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| Lula da Silva y Guilherme Boulos el 05ABR18 en São Bernardo do Campo. Foto: Instituto Lula/ Ricardo Stuckert |
Guilherme Boulos fue
parte de la selecta delegación brasileña que acompañó a Lula y Dilma Rousseff a
la ceremonia privada fúnebre en honor a Fidel Castro en Santiago de Cuba el
04-05DIC16. Al día siguiente, Boulos participó en un encuentro de las principales figuras del castrochavismo continental incluyendo a Evo Morales,Nicolás Maduro, Daniel Ortega y al anfitrión Raúl Castro de la cual quedó debida constancia fotográfica.
El 03MAR18, cuando ya era
alta la posibilidad de ser encarcelado, Lula asistió al acto de lanzamiento de
Boulos como candidato presidencial del Partido Socialismo e Liberdade. El
29MAR18, Boulos estuvo presente en la tribuna durante un acto de masas
realizado en Curitiba, en el cual Lula concluía su caravana propagandística por
el sur del país. El 06ABR18, cuando el expresidente ya conocía la orden de
encarcelamiento y se refugiaba en la sede del sindicato de metalúrgicos, los
portales lulistas dieron especial difusión a una fotografía de Lula y Boulos
captada en la sede sindical esa noche. Aún resulta prematuro suponer que Lula apoyaría
desde la cárcel una candidatura radical como la de Boulos, por ahora son sólo
especulaciones… Pero cualquier cosa puede ocurrir en la política brasileña de
estos días: el 07ABR18, al final de su largo discurso antes de entregarse a las
autoridades, Lula pidió el apoyo de sus seguidores para Boulos y para la
diputada Manuela Pinto Vieira d'Ávila del Partido Comunista de Brasil convirtiéndoles
en sus virtuales herederos políticos, ninguno de ellos es militante del PT.
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Por cierto, la
presidencia de Brasil será asumida el día 13ABR18 por Cármen Lúcia Antunes
Rocha, la magistrada que preside el Supremo Tribunal Federal y quien votó
contra el Habeas Corpus introducido por los abogados de Lula para frenar su
encarcelamiento. Cármem Lúcia, como es conocida en los medios de prensa
brasileños, estará al frente del gobierno mientras dure la ausencia de Michel
Temer quien estará participando en la Cumbre de las Américas en Perú.
El 06ABR18, piquetes
del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, aliados políticos de Lula, atacaron
el edificio donde reside la magistrada Cármen Lúcia en Bello Horizonte, estado
de Minas Gerais.
