Informe Otálvora del 04 de julio de 2020
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El enviado de la Unión Europea
para Venezuela, Enrique Iglesias, reunido con el canciller argentino Felipe
Solá el 27FEB20 en Buenos Aires. Foto: Cancillería Argentina
La Unión Europea mantiene puentes
de contacto con Juan Guaidó y Nicolás Maduro.
El Asesor Especial de la UE para
Venezuela, el uruguayo-español Enrique Iglesias, participó el 24JUN20 en la
telereunión sostenida por el denominado Grupo de Contacto el mecanismo creado en
2019 por la UE para concertar acciones internacionales sobre Venezuela. A la
teleconferencia se conectaron representantes de alto nivel de la propia Unión
Europea y de siete de sus miembros (Alemania, España Francia, Italia, Países
Bajos, Portugal y Suecia), Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y
Uruguay. El propósito de esa reunión fue reactivar el Grupo de Contacto que ya
el 16JUN20 se había movilizado para emitir un comunicado rechazado la
designación de autoridades electorales por parte del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela “en contra de lo previsto en la Constitución venezolana”.
Por cierto, el Reino Unido tras
su salida de la UE el 31ENE20 optó por permanecer en el Grupo de Contacto. El
gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce a Guaidó como Presidente interino
lo que sirvió de base a la decisión tomada el 02JUL20 por un juez del Tribunal
Superior de Inglaterra y Gales para desconocer a Maduro como cabeza del Estado
venezolano, Esa sentencia abrió puertas legales para que funcionarios
designados por Guaidó tomen control de reservas de oro depositadas en el Banco
de Inglaterra.
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Ante el Grupo de Contacto,
Enrique Iglesias presentó el 24JUN20 un informe de sus recientes gestiones
sobre Venezuela. Consultada para el Informe Otálvora, la portavoz de la Unión
Europea Virginie Battu-Henriksson dejó saber que Iglesias “ha mantenido
contactos con actores políticos de las diferentes partes, varios líderes de la
oposición y miembros del gobierno de Maduro, así como representantes de la
sociedad civil”. Los contactos se han producido en los últimos meses, mediante enlaces
vía internet en razón de las restricciones de viaje por la pandemia del
COVID-19 la cual impidió parte de una gira de Iglesias que debía llevarlo a La
Habana, Buenos Aires, Ciudad de México, Washington y Caracas. Iglesias sostuvo
el 27FEB20 un encuentro con el canciller argentino Felipe Solá para discutir
sobre la situación venezolana.
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Juan Guaidó ha atendido
directamente a Iglesias en conversaciones vía web, mientras los contactos con
el régimen chavista se habrían realizado con su canciller Jorge Arreaza.
Iglesias, a su vez, mantiene también contacto con varias ONG que operan en
Venezuela. Si bien la UE promueve “negociaciones significativas y conclusivas”
entre Guaidó y Maduro, en las conversaciones con Iglesias no se habría
mencionado la posibilidad de promover un “diálogo político” y por parte del
enviado europeo se habría utilizado el término crear “mecanismos de
entendimiento” entre las partes. Como consecuencia de la crisis por la
pandemia, las conversaciones de Guaidó con Iglesias derivaron hacia el asunto
de la ayuda humanitaria internacional lo que, según fuentes cercanas a estas
gestiones, facilitaron el acuerdo del 01JUN20 entre Guaidó y Maduro para la
recepción de material médico por intermedio de la Organización Panamericana de
la Salud OPS.
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Desde su llegada al cargo de Alto
representante de la UE el 01DIC19, Josep Borrell asomó la necesidad de
rediseñar la estrategia europea hacia Venezuela. Borrell habría ofrecido una
nueva “hoja de ruta” ante la situación en Venezuela dado que las perspectivas
de cambio político se estaba diluyendo. La frustrada gira de Iglesias habría
sido una iniciativa en función de esa nueva “hoja de ruta” la cual aún no ha
sido presentada según varias fuentes consultadas en Caracas.
El régimen chavista rechazó las
propuestas promovidas por EEUU, el Grupo de Lima y buena parte de la Unión
Europea para la realización de elecciones generales con plenas garantías
electorales. En contraste, el régimen optó por designar una ilegal junta
directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Parra que fue
reconocida el 26MAY20 por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por
Maduro. Luego, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia designó el 12JUN20 un
nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral y en los siguientes días ilegalizó
en la práctica a varios partidos de oposición mediante la destitución de sus
juntas directivas. Las nuevas autoridades electorales rápidamente decidieron la
convocatoria sólo a elecciones parlamentarias así como una reforma de la
composición de la Asamblea Nacional y de los métodos para la elección de sus
miembros.
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En ese contexto, el Grupo de
Contacto emitió el 24JUN20 un comunicado en el cual ratificaban que “una
solución sostenible a la profunda crisis venezolana debe incluir elecciones
legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas. El GCI
insta al régimen a detener las acciones unilaterales y llama a ambas partes a
entablar negociaciones significativas e inclusivas que puedan conducir a una salida
democrática de la crisis”.
El comunicado reflejaba, además,
el clima existente en varias cancillerías europeas de rechazo a lo que estaba
ocurriendo en Caracas. Además la diplomacia de EEUU ha sistemáticamente pedido
a sus socios europeos un aumento de la presión sobre el régimen chavista. Ratificando
su respaldo a Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y alegando la
designación de una junta directiva ilegal de la AN además de acciones de la
“asamblea constituyente” que dejaban sin inmunidad parlamentaria a diputados,
el Consejo de la Unión Europea decidió aplicar sanciones a once funcionarios
del régimen “debido a su papel en los actos y decisiones que socavan la
democracia y el estado de derecho en Venezuela”. El listado de nuevos
sancionados fue publicado en el Diario Oficial de la UE el 29JUN20. Con ello se
elevó a 36 el número de altos jerarcas chavistas, encabezados por Nicolás
Maduro, que son objeto de sanciones europeas que implican el congelamiento de
bienes y prohibición de ingreso a territorio comunitario. El nuevo listado
incluyó al propio diputado Luis Parra y demás miembros de la ilegal junta
directiva de la Asamblea Nacional, al director de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones encargado de la censura de medios de comunicación, a
fiscales “con despacho en la Dirección General de Contrainteligencia Militar”,
así como miembros de la “asamblea constituyente” y del TSJ. La UE retomó de
esta manera la línea sancionatoria que Josep Borrell había relativizado a su
llegada al cargo.
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Nicolás Maduro reaccionó la noche
del 29JUN10 con usual virulencia ante la decisión europea. Durante la entrega televisada
de premios a periodistas del régimen, Maduro anunció que expulsaba a la Jefe de
la Delegación de la UE en Venezuela, embajadora Isabel Brilhante Pedrosa.
Maduro incluso ofreció suministrarle transporte aéreo a la embajadora para que
abandonara el país en 72 horas. En la mañana de 30JUN20, Borrell mediante un
tuiteo, anunció que la UE reaccionaría con “las medidas necesarias habituales
de reciprocidad”. Esa reciprocidad significaba el retiro del reconocimiento a
la representante de Maduro ante la UE, Claudia Salerno Caldera, pero además el
endurecimiento de la posición europea. L a
sorpresa europea ante la expulsión de su embajadora hizo que el gobierno de
Eslovaquia anunciara su reconocimiento a Guaidó como Presidente interino,
declaración a la que se había negado desde principios del 2019.
Quedaba en evidencia una de esas
situaciones extrañas provocadas por la existencia de dos gobiernos paralelos en
Venezuela. La mayoría de los países de la UE reconocen a Juan Guaidó como
Presidente de la República interino pero toleran la presencia de diplomáticos
designados por Maduro. La falta de acuerdo dentro de la UE hace que esa
comunidad reconozca a Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y no como
Presidente de la República, por lo cual la UE acepta a la representante de
Maduro.
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Tras su tuiteo, Borrel emitió un
comunicado mediante el cual la UE condenó “firmemente esta decisión y lamenta
profundamente el mayor aislamiento internacional que provocará. Pedimos que se
anule esta decisión”. Borrell, quien es el jefe del servicio exterior europeo,
pedía que se dejara sin efecto la expulsión de la funcionaria bajo su
responsabilidad pero igualmente ratificó la posición de la UE afirmando que la
salida a la “profunda crisis política y socioeconómica que atraviesa
actualmente Venezuela” (…) “debe basarse
en unas elecciones dignas de crédito, en el reconocimiento y el respeto de la
función e independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente,
en particular la Asamblea Nacional, en la liberación de todos los presos
políticos y en la defensa de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales”.
Con extrañeza, los jefes del
aparato diplomático europea observaban que la orden de expulsión ordenada por
Maduro la noche del 29JUN20 no se había concretado en una comunicación oficial
de la cancillería a la UE. La mañana del 02JUL20 el vocero de la UE Peter Stano
dijo, durante una rueda de prensa vía web, que hasta ese momento el gobierno
Maduro no había notificado formalmente la expulsión de su embajadora en
Caracas. Socios internos y externos de Maduro lo habían aconsejado para que
diera marcha atrás en su afrenta a la UE.
En tanto, el canciller del
régimen chavista, Jorge Arreaza, procuró una conversación telefónica con
Borrell en la cual le informó que Maduro dejaba sin efecto la expulsión. La
tarde del 02JUL20 la cancillería de Maduro y el Servicio Exterior de la UE
emitieron un comunicado simultáneo y conjunto para anunciar que “el Gobierno
venezolano decidió rescindir la decisión según la cual la embajadora Isabel
Brilhante Pedrosa, fue declarada persona non grata”. Curiosamente la versión
publicada por la cancillería chavista llevaba fecha del 01JUL20. El propio
Arreaza confesó, en declaraciones al canal de propaganda Telesur, que las
sanciones de la UE continuarían.
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Un golpe de Estado se está
ejecutando en Guyana.
El mandatario David Granger quien
gobierna desde el 16MAY15, fue objeto de un proceso de impeachment el 21DIC18
que obligaba a la convocatoria de elecciones en un plazo de noventa días.
Mediante diversas maniobras, Granger logró permanecer en funciones y las
elecciones parlamentarias fueron convocadas con un año de atraso. Las
votaciones se realizaron finalmente el 02MAR20 pero desde entonces no se ha
producido la proclamación de los resultados finales.
Bajo la supervisión de Caricom,
la OEA y la Unión Europea, se han realizado varios reconteos de votos a pesar
de que desde marzo es un hecho que la alianza opositora que respalda a Irfaan
Ali habría obtenido mayoría en el parlamento. Funcionarios electorales
asociados con Grager han obstaculizado los conteos de votos y obligaron a la
realización de un reconteo a nivel nacional que duró varios meses y cuyos
resultados son avalados por los observadores de Caricom. Keith Lowenfield, el
jefe de la Comisión Electoral de Guyana recibió la orden de la presidenta de la
Comisión Electoral Claudette Singh, para presentar el informe conclusivo tras
el reconteo de votos que darían la victoria a la alianza opositora. Lowenfield
optó por elaborar un informe que anula 115.000 votos equivalente a 25 por
ciento de los votantes. El informe de Lowenfield permitiría que David Granger
fuera reelecto.
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La negativa de Granger para
reconocer su derrota logró la inusual coincidencia de posiciones de EEUU y
gobiernos de izquierda asociados con Cuba.
En una rueda de prensa el
01JUL20, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, hizo un nuevo
pronunciamiento sobre Guyana porque “han pasado cuatro meses desde la elección
de Guyana”. Resaltó que “CARICOM y la OEA ya han certificado los resultados del
recuento”. Pompeo pidió que se continuara el proceso de anuncio de los
resultados con base en ese recuento y advirtió nuevamente que EEUU procederá a
aplicar sanciones en caso de imponerse una salida fraudulenta. “He dado
instrucciones a mi Departamento para garantizar que quienes minen la democracia
de Guyana rindan cuentas”.
Desde la acera izquierdista del
continente, el entrante presidente de Caricom, Ralph Gonsalves de San Vicente y
las Granadinas, quien es un leal aliado del régimen cubano y habitué del
palacio presidencial en Caracas, también se ha pronunciado contra el fraude que
se estaría produciendo en Guyana. El 10JUN20, Gonsalves afirmó durante una
entrevista “estoy satisfecho de que Caricom no se quedará de brazos cruzados y
observará el recuento que se realizó correctamente para que los resultados se
descarten” y agregó que “no toleraría que nadie robara una elección” en Guyana.
El 01JUL20, durante una teleconferencia de mandatarios de Caricom para el
cambio de mando, Gonsalves se refirió a Guyana apoyando la línea seguida por su
antecesora la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien en las últimas
semanas fue blanco del gobierno guyanés por su insistencia en que sean
reconocidos los resultados electorales avalados por Caricom y la OEA.
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