Informe Otálvora del 17 de octubre de 2020
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Bloqueos de calles el 05AG020 en
El Alto, Bolivia, promovidas por seguidores de Evo Morales. Foto: Agencia
Boliviana de Información.
La Unión Europea no reconocerá los resultados de las votaciones legislativas convocadas por el régimen chavista para el 06DIC20. Las gestiones del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, promovidas especialmente por los gobiernos de España y Portugal, buscaron que el régimen venezolano aceptara suspender las votaciones, para abrir un compás de tiempo para negociaciones con sectores de la oposición dispuestos a participar en elecciones.
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El 12OCT20, Borrell informó al Consejo
de Ministros de Exteriores de la UE sobre el fracaso de sus gestiones en
Caracas y, al final de la sesión, la ministra española Arancha González Laya dijo
a la prensa que su gobierno no apoyaría las votaciones convocadas por Maduro. “Las
elecciones parlamentarias no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de
vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos
reconocer los resultados”, ratificó la ministra española. Los mandatarios de la
UE celebraron una reunión ordinaria del Consejo Europeo los días 16-26OCT20 en
el cual atendieron varios temas de política exterior sin que Venezuela
apareciera en la agenda reflejando que Europa no tiene dispuesto un cambio de
posición ante la crisis venezolana. El envío de una misión de observación
electoral a Venezuela para validar las votaciones del 06DIC20 (como la que sí
fue enviada a Bolivia) está totalmente descartado por la UE.
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El gobierno cubano fue electo
para formar parte del Consejo de Derecho Humanos de la ONU, ratificándose una
vez más que esa instancia no es un club de defensores de DDHH. El Consejo,
creado el 2006, es en realidad un campo de batalla diplomática donde regímenes
sustentados en la violación sistemática de los DDHH procuran impedir denuncias
en sus contra e intercambian favores políticos en procura de ocupar uno de los codiciados
asientos.
El Consejo está integrado por 47
gobiernos que son electos en votación secreta por los 193 miembros de la ONU.
El mandato de un país electo dura tres años y tiene derecho a presentar su
candidatura para una única reelección. Las reglas permiten que un país
permanezca seis años consecutivos y tras un año fuera del Consejo pueda
nuevamente procurar su elección. De esta manera el régimen cubano y China han
logrado sentarse en el Consejo de DDHH por doce años del total de catorce años
en que ha existido esa instancia de la ONU.
A partir del 01ENE21, de los ocho
asientos reservados para América Latina y el Caribe, cuatro de ellos estarán en
manos de gobiernos asociados al eje castrochavista: Argentina, Cuba, México y
el régimen de Nicolás Maduro que continúa representando a Venezuela en la ONU.
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Bolivia va a elecciones generales
el domingo 18OCT20 en un proceso que determinará la continuidad de la redemocratización
del país o el regreso del castrochavismo a la Presidencia.
Las encuestas señalan que habría
el 29NOV20 una segunda vuelta entre Luis Arce, exministro y candidato en nombre
del partido de Evo Morales, y el
expresidente Carlos Mesa que corre con las siglas de la alianza Comunidad
Ciudadana. Las encuestas se han realizado básicamente por vía telefónica lo que
implica una baja capacidad de medir la intención de voto en áreas no urbanas
que sumarian un mínimo de 30 por ciento de los votantes. Para obtener la
Presidencia se requiere una mayoría superior al 50 por ciento, pero igualmente
es posible que un candidato sea declarado ganador cuando obtenga más del 40 por
ciento de los votos y su diferencia con respecto a su más cercano competidor
sea de más de 10 por ciento.
La OEA y la Unión Europea
organizaron misiones formales de observación electoral que han hecho
seguimiento a todo el proceso.
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La presidenta encargada Jeanine
Añez de Bolivia y el expresidente Jorge
Quiroga optaron por retirar sus postulaciones ante sus bajos porcentajes de
intención de votos. Ambos están llamando a votar por Carlos Mesa como la opción
con posibilidad real de derrotar al candidato de Morales quien aparece de
primero en todas las encuestas.
Las miradas están centradas en
Luis Fernando Camacho, un líder regional en el departamento de Santa Cruz quien
emergió a nivel nacional e internacional como protagonista de las protestas
contra el gobierno Morales en 2019. En diciembre de 2019, Camacho viajó a
Washington donde realizó reuniones y conferencias, una de ellas blanco de
sabotaje por el grupo izquierdista pro iraní Codepink. Camacho tendría entre 12
y 16 por ciento de intención de votos a nivel nacional y estaría acumulando
casi el 40% de los votos en su departamento. Según analistas que han seguido de
cerca el proceso, los resultados electorales en Bolivia podrían depender de la
decisión del electorado de Santa Cruz, fuertemente enfrentado al gobierno de
Morales y que representa el 26 por ciento de los electores del país. La
fractura del voto antimasista en Santa Cruz podría conllevar a la victoria del
candidato de Morales. El retiro de la candidatura de Camacho o un llamado suyo
a votar por Mesa son opciones que han sido manejadas en medios políticos
bolivianos en los últimos días.
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La táctica de Morales en los
últimos meses desde su exilio en Argentina propiciando protestas y actos de
sabotaje en diversas regiones, sumando al control territorial que ejercen los
sindicatos cocaleros en amplias zonas del departamento de Cochabamba (19 por
ciento de los votos del país), mantienen abierta la hipótesis de que puedan
presentarse situaciones de violencia con motivo de las votaciones.
Las elecciones en Bolivia son de
altísimo interés para la izquierda continental que ha volcado su apoyo político,
organizativo, financiero y propagandístico al candidato masista. En apoyo al
candidato de Morales funciona en Bolivia un centro de análisis y generación de
encuestas montado por el “Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica”,
un aparato dirigido por el economista español asesor del régimen venezolano
Alfredo Serrano Mancilla, ente promovido por Pablo Iglesias, Nicolás Maduro,
Ernesto Samper, Rafael Correa y en cuyo consejo consultivo aparece Juan Carlos
Monedero, Alberto García Linera, Gustavo Petro y otras figuras del jet set
izquierdista.
A solicitud del MAS han ingresado
a Bolivia militantes de izquierda bajo la figura de “acompañamiento
internacional” entre los cuales aparecen parlamentarios europeos y miembros del
grupo estadounidense Codepink, operador castrochavista en EEUU, el mismo que
mantuvo retenida la sede de la Embajada de Venezuela en Washington por
instrucciones de la cancillería de Nicolás Maduro. Entre los enviaos por
Codepink aparece el “periodista” estadounidense Max Blumenthal, quien dirige el
portal “The Grayzone” que sirve como plataforma de propaganda a favor del
chavismo en EEUU.
Sin solicitar autorización del Tribunal
Supremo Electoral, el exmandatario paraguayo Fernando Lugo se encuentra en
Bolivia alegando que se dispone a ejercer observación electoral por invitación
del MAS, partido que estaría organizando secretamente la presencia de la
vicepresidenta argentina Cristina Kirchner en La Paz el día de las elecciones.
El gobierno argentino, a su vez,
además de dar soporte a Evo Morales y su comitiva asentada en Argentina, en la
voz del subsecretario de Obras Públicas Edgardo Depetri ofreció públicamente
apoyo para garantizar para al candidato de Morales los votos de los bolivianos
residentes en Argentina donde se concentra un nada despreciable dos por ciento
del total de votantes.
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Una nueva oleada de migrantes
venezolanos comienzan a tomar rumbo hacia los países vecinos. Los actuales
migrantes venezolanos en procura de llegar a la línea fronteriza con Colombia
están realizando largas caminatas desde sus ciudades de origen enfrentando un nuevo
tipo de peligro: el pillaje del cual son víctimas a manos de los organismos
policiales y militares que mantienen controles en las vías carreteras. Lo que
era una realidad difundida a sotto voce se convirtió en un hecho públicamente
conocido el 12OCT20 mediante la denuncia que hiciera el obispo de la fronteriza
ciudad de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta. En la homilía durante la misa por el
aniversario de la Diócesis de San Cristóbal, según reportó el diario La Nación,
Moronta afirmó que a los “caminantes” (“aquellas personas que han decidido irse
de este país porque hay hambre y miseria”) los cuerpos de seguridad en los
puntos de control “en vez de defenderlos, hacen es vejarlos, robarles lo
poquito que pueden traer”.
La pandemia de COVID19, con sus
repercusiones en las economías de países como Perú y Ecuador, empujó a varias
decenas de miles de venezolanos a regresar a Venezuela cruzando Colombia. Comenzando
el mes de agosto, las autoridades colombianas estimaban que 95.000 venezolanos
habían procurado regresar a Venezuela por vías de Colombia. Maduro y voceros de
su gobierno, como el jesuita Numa Molina, calificaron a los “retornados” como
“armas biológicas” enviadas por el gobierno de Ivan Duque contra Venezuela.
Durante los primeros meses de la pandemia, fueron numerosos los reportes sobre
maltrato, confinamiento en condiciones precarias, encarcelamiento y discriminación
por parte del régimen contra los venezolanos que procuraban regresar a su país.
El informe oral sobre Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del 25SEP20 manifestaba su preocupación
por “el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de
introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces
irregulares”. En ese texto, Bachelet al referirse a los centros de detención
que el régimen mantiene para venezolanos que retornan al país, reiteró su
“llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua,
alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y
abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas
a la privación de libertad”.
La situación rápidamente está
cambiando y nuevamente se está produciendo un flujo de venezolanos que intentan
cruzar las fronteras hacia Colombia y Brasil las cuales permanecen cerradas por
la pandemia. Dado que el ingreso de estos venezolanos a territorios de Colombia
y Brasil se está produciendo por atajos llamados “trochas” y no por los puestos
fronterizos, las autoridades no les están confiriendo documentación. En
oficinas de organismos internacionales que hacen seguimiento y respaldo a los
refugiados venezolanos en los países vecinos, comienza a sentirse preocupación
por el inicio de una nueva ola de migrantes en momentos en los cuales las
economías suramericanas están seriamente golpeadas y la ayuda internacional
para este tipo de causas ha tendido a disminuir.
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El gobierno de Jair Bolsonaro
mantiene, con apoyo de Acnur y respaldo
financiero de EEUU, un programa de atención a los refugiados venezolanos
denominado “Operação Acolhida” que se sustenta en las fuerzas militares
brasileñas. Además de ayuda humanitaria fronteriza, la operación está relocalizando
familias venezolanas en diversas ciudades de Brasil. Se trata de la iniciativa
mejor estructurada para atender el fenómeno de los refugiados venezolanos. Sin
embargo, comienza a registrarse manifestaciones de xenofobia impulsadas por
razones políticas contra la presencia de venezolanos.
Con vistas a las elecciones
municipales brasileñas del 15NOV20, varios candidatos en zonas fronterizas
están promocionándose con base en una agenda de rechazo a los migrantes
venezolanos. La propaganda del actual diputado federal por el estado Roraima,
Antonio Nicoletti, ofrece una gestión en la cual los “venezolanos no tendrán
privilegios”. Nicoletti aspira a la alcaldía de Boa Vista, la capital de
Roraima y milita en el partido PSL el mismo que sirviera de plataforma
partidista para la postulación de Jair Bolsonaro en 2018.
Gerlane Baccarin, quien también
está nominada para el cargo de Alcalde de Boa Vista, presenta como oferta
electoral “limitar la atención en salud y las vacantes en escuelas para los
inmigrantes”. Baccarin, esposa del diputado federal Hiran Gonçalves (PP), fue ministra
interina de Salud durante el gobierno de Michel Temer y ahora se presenta a las
elecciones por una alianza partidista del “Partido Progressistas” (PP) y el “Partido
Democrático Trabalhista”.
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