Informe Otálvora del 03 de octubre de 2020
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Por tercera vez en lo que va del año, la Armada de los EEUU realizó y publicitó una misión de “libertad de navegación” en aguas aledañas al mar territorial de Venezuela. Según informó el Comando Sur de EEUU, el destructor misilístico USS William P. Lawrence navegó el 30SEP20 en aguas frente a las costas de Venezuela a una distancia superior a las doce millas náuticas, es decir, fuera del mar territorial venezolano. Previamente los destructores misilísticos USS Nitzey y USS Pinckney realizaron el 23JUN20 y el 15JUL20 respectivamente, maniobras análogas a la efectuada en septiembre. Las tres naves, todas de la clase Arleigh Burke que pueden portar decenas de misiles incluyendo los Tomahawk, están actualmente adjudicadas a la Cuarta Flota de EEUU bajo el mando de Comando Sur y con área de acción en el Caribe y aguas suramericanas del Atlántico y el Pacífico. Las tres embarcaciones han navegado a quince y dieciséis millas náuticas de las costas venezolanas. La Armada de EEUU ha realizado misiones de “libertad de navegación” frente las costas de Venezuela desde el año 2000, coincidiendo con el inicio del gobierno chavista, pero en el año 2020 se ha incrementado notablemente la frecuencia sistemática de ese tipo de acciones.
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La cancillería de Nicolás Maduro,
en su usual estilo propagandístico panfletario de inspiración cubana, en un
comunicado del 01OCT20 calificó la presencia del USS William P. Lawrence como “un
acto deliberado de provocación, por demás errático e infantil”. Según el
comunicado del gobierno chavista se habría producido un intercambio de
comunicaciones radiales entre la nave estadounidense y la Armada venezolana en
la cual la embarcación de EEUU informó que realizaba operaciones antinarcóticos.
El comunicado del Comando Sur no hace referencia a esta radiocomunicación y declara
que la USS William P. Lawrence “desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela
en aguas internacionales”.
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El Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas inició el 14SEP20 su 45° período de sesiones, el tercer
período de sesiones del año 2020. Como parte de las decisiones tomadas por el
propio Consejo en el año 2019, en el 45° período de sesiones fueron presentados
cuatro informes oficiales sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela. Todos ellos evidenciaron la sistemática violación de los DDHH por
parte del régimen chavista.
El Consejo de DDHH, integrado por
47 Estados, se ha convertido en uno de los campos de batalla diplomática donde
gobiernos que promueven la redemocratización de Venezuela se enfrentan
abiertamente contra el régimen de Nicolás Maduro quien aún detenta la
representación del país en la ONU y cuenta con la protección de Rusia y China a
nivel del Consejo de Seguridad. Durante el periodo 42° de sesiones celebrado en
septiembre de 2019, el régimen chavista recibió la primera gran derrota en el
contexto de la ONU. La presión internacional sobre el régimen lo llevó a
aceptar la creación de un mecanismo mediante el cual la oficina de la Alta
Comisionada para Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, mantendría una
pequeña unidad permanente en Caracas para hacer seguimiento a las denuncias de
violaciones de DDHH. La medida quedó contemplada mediante un memorando de
entendimiento entre Maduro y Bachelet suscrito el 20SEP19 y que fue acogido por
la resolución 42/4 que fue aprobada por el Consejo de DDHH con el beneplácito
del chavismo y con el voto favorable de sólo 18 países del total de 47 de los
cuales 23 se abstuvieron. De esta manera el chavismo suponía que lograba neutralizar
las denuncias oficiales sobre DDHH, dosificando el acceso de los enviados de
Bachelet. Para disgusto del régimen chavista, la resolución 42/4 obligaba a
Bachelet a continuar presentando informes verbales y escritos sobre el
cumplimiento del acuerdo con Maduro y sobre el estado de DDHH en Venezuela.
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Dado que cualquier gobierno
miembro de la ONU puede presentar proyectos de resolución, un grupo de 30
países sometieron a consideración del Consejo de DDHH una segunda resolución en
la cual, entre otras razones, expresaron “gran preocupación por la alarmante situación”
de los DDHH y “la erosión del estado de derecho” en Venezuela. La resolución 42/25,
que marcó una gran derrota para la diplomacia chavista, fue aprobada el 26SEP19
por 19 votos a favor, 21 abstenciones y el voto en contra de Cuba, China y
otros cinco gobiernos. De esta manera el Consejo ordenó la creación de una
“misión internacional independiente de determinación de los hechos” con
vigencia de un año y con el mandato de viajar a Venezuela para investigar expresamente
“las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones
arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los
autores y la justicia para las víctimas”. Los miembros de esa misión contarían
con el apoyo logístico y financiero de la Oficina encabezada por Bachelet pero
serían escogidos por el Presidente del Consejo, cargo ejercido para la fecha
por el senegalés Coly Seck. Los tres miembros de la “Misión Independiente
Internacional” MII fueron designados el 02DIC19 liderados por la portuguesa
Marta Valiñas y con el concurso del británico Paul Seils y el chileno Francisco
Cox. De acuerdo al mandato recibido, el informe de esta misión debía ser
entregado en septiembre de 2020. El gobierno Maduro no aceptó la resolución 42/25
del Consejo de DDHH y no permitió el ingreso a Venezuela de los miembros de la
misión quienes debieron operar desde Panamá.
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El 14SEP20 Bachelet presentó al
Consejo su informe sobre la “cooperación y la asistencia técnica” entre su
oficina y el gobierno Maduro en el cual concluía que en el último año se había
“fortalecido su presencia en Venezuela” ya que el gobierno había permitido
algunas visitas a centros de reclusión. El gobierno chavista recibió complacido
este informe oral de la Alta Comisionada y anunció que había renovado por un
año el acuerdo de cooperación con la oficina de Bachelet.
El 16SEP20 el Consejo de DDHH
escuchó una presentación verbal de los tres miembros de la MII, mientras en la
página oficial de las Naciones Unidas eran publicados dos documentos:
“Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de
determinación de los hechos” de 443 páginas y el “Informe de la misión” de 21
páginas. El informe de la MII concluye que “tiene motivos razonables para creer
que en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad en el
período que se examina: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves
de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual,
desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar
que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a
la salud mental o física”. La MII señaló responsabilidades: “La Misión tiene
motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa,
ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el
presente informe”.
El 25SEP20 la Alta Comisionada
Michelle Bachelet presentó al Consejo su informe de actualización sobre DDHH en
Venezuela, cubriendo el lapso junio-septiembre. “Represión de protestas”,
muertes de manifestantes, muertes de 2.000 jóvenes en barrios marginados como
resultado de operativos de seguridad, fueron algunos de los señalamientos. Pero
además de reseñar diversas violaciones de DDHH, Bachelet incluyó en su informe
una referencia directa a la manipulación que el régimen chavista ha hecho para
convocar a votaciones legislativas el 06DIC20. “Me preocupan las decisiones del
Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los
representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de
los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por
parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas
para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la
composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
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La reacción del régimen chavista
y de su aparato diplomático y de propaganda ha sido intentar desacreditar a la
MII calificándola como instrumento del “Grupo de Lima” y atacando la idoneidad
profesional y personal de los juristas que la integran. El informe de Bachelett
del 25SEP20 hizo disparar nuevamente el aparato de propaganda chavista contra
la chilena: “Sra @mbachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y
agrediendo el derecho de los venezolanos” tuiteó el ministro de comunicaciones
Jorge Rodríguez. El embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, afirmó ante
el propio Consejo que el informe de Bachelet era una “hostil iniciativa” (…)
“promovida por un reducido grupo miembros de este Consejo” obviando que se
trataba de un mandato expreso del Consejo de DDHH mediante la resolución que el
gobierno Maduro había promovido en 2019. El 01OCT20 Maduro solicitó una
teleconferencia con Bachelet la cual fue calificada como “respetuosa” por la
cancillería chavista pero de la cual no existió una versión de la oficina de la
Alta Comisionada.
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Tras la divulgación de los cuatro
documentos se desataron los usuales movimientos diplomáticos en procura de
votos para aprobar una nueva resolución sobre Venezuela. Los enviados de Maduro
intentan que el Consejo apruebe una resolución que confirme el esquema
implementado por Bachelet con presencia controlada en territorio venezolano.
Curiosamente el proyecto de resolución favorable a Maduro fue presentada el
28SEP20 con el solitario apoyo de Irán, país que no forma parte del Consejo.
Ninguno de los amigos del régimen chavista que este año integran el Consejo se
prestó para apadrinar el proyecto pro Maduro. Cuba y China no forman parte este
año del Consejo de DDHH.
Por otra parte, los gobiernos de
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, Panamá, Paraguay y Perú presentaron el 25SEP20 un proyecto de
resolución que se propone extender por dos años el mandato de la Misión
Independiente Internacional. De aprobarse sería una situación excepcional ya
que el Consejo sólo ha creado este tipo de misiones en casos de extrema crisis
de violaciones de DDHH. De 37 misiones creadas por el Consejo de DDHH en lo que
va del siglo XXI, sólo dos fueron dirigidas a países americanos, Honduras en
2009 y Venezuela en 2019, mientras las restantes corresponden a lugares de
abierto conflicto en África y Asia. Los voceros del régimen chavista amenazan
suspender la cooperación con la oficina de Bachelet en caso de que fuera
aprobada la renovación de la MII. Los aliados internacionales de Maduro se
están moviendo para intentar abortar esta resolución pero no parecieran contar
con los votos suficientes en el Consejo. La votación de estas resoluciones podría
tener lugar el 06OCT20.
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Al término de la reunión de ministros de
Exteriores de la Unión Europea del 21SEP20 en Bruselas, Josep Borrell, el Alto
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, anunció que el
Consejo de Exteriores había conversado sobre el “tema Venezuela” pese a no
aparecer en la agenda. Borrell informó a los ministros sobre sus gestiones “ante
el gobierno de Maduro y los principales grupos de oposición” en procura de un
acuerdo para la celebración de elecciones parlamentarias en condiciones
internacionalmente aceptables. Para ese momento el gobierno Maduro insistía
para que la UE enviara un grupo de observadores que convalidaran el proceso
electoral. Pero la opinión generalizada en el Consejo de Exteriores de la UE era
que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para el envío de una misión
de observación electoral cuya organización requeriría, además, de un mínimo de
seis meses. Según Borrell, los ministros europeos lo autorizaron para “continuar
esta negociación a fin de buscar la posibilidad de una elección que pueda ser
observada por nuestras misiones” y agregó que “continuaremos acercándonos al
gobierno de Maduro y a ambas partes de los grupos de oposición para ver cómo
podemos ser útiles para una transición pacífica y democrática en Venezuela”. En
Venezuela, en tanto, la alianza partidista que respalda a Juan Guaidó como
Presidente Encargado se niega a participar en las votaciones legislativas,
mientras el opositor Henrique Capriles Radonski rompía la alianza inscribiendo
candidatos para el 06DIC20 aunque condicionando su participación a la presencia
de la UE.
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Borrell, con el respaldo de los
gobiernos izquierdistas de España y de Argentina (que participó en la reunión
del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela del 17SEP20) y basado en
una genérica aprobación del Consejo de Exteriores de la UE, optó por enviar a
Caracas a dos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior. El gobierno
español difundió una inusual fotografía en la cual el presidente de gobierno
Pedro Sánchez comparte mesa con Borrell el 23SEP20 en un restaurante en
Bruselas. La imagen y declaraciones posteriores del Ministerio de Exteriores
español confirmaron que Sánchez estaba tras la jugada de Borrell. Tras ese
encuentro en Bruselas, salieron hacia Caracas el vicesecretario general de
Asuntos Exteriores de la UE y el director para América, Javier Niño Pérez y Enrique
Mora respectivamente. El viaje de los dos funcionarios, realizado con especial
sigilo, había sido coordinado con el gobierno Maduro a los efectos de permisos
migratorios, seguridad y calendario de reuniones. La movilización de los
emisarios era seguida de cerca desde el Departamento de Estado en Washington
desde donde se criticó fuertemente la iniciativa de Borrell.
Las instrucciones de Niño y Mora fueron
transmitir a los actores políticos en Caracas la opción de suspender las
elecciones del 06DIC20 por un plazo mínimo de seis meses y abrir negociaciones
para modificar las condiciones electorales atendiendo las exigencias de la
oposición. Curiosamente el comunicado
del Servicio Exterior sobre el viaje a Caracas, emitido el 30SEP20, sólo cita a
Juan Guaidó de forma expresa como interlocutor limitándose a referir que los
mensajeros se reunieron con “funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal
Venezolana, la sociedad civil y el sector privado”. Según la versión de la
cancillería chavista, los funcionarios europeos llevaron “a cabo una agenda al
más alto nivel con las instituciones del Estado venezolano y diversos actores
políticos”.
Diversas fuentes en Caracas y en
EEUU confirmaron al Informe Otálvora que los enviados sostuvieron encuentros
con Juan Guaidó y con Henrique Capriles Radonski quienes representaban dos de
las posiciones que pujan dentro de los sectores democráticos, Guaidó rechazando
la participación en las votaciones del 06DIC20 y Capriles promoviendo la
participación pero haciéndola depender de nuevas condiciones negociadas. María
Corina Machado, quien mantiene una sostenida línea de no participar en las elecciones
y promueve una salida de cambio de régimen con respaldo militar extranjero, no
fue contactada por los funcionarios europeos.
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Las gestiones de Borrell, que él
presenta como un intento para mediar entre el régimen y la oposición,
fracasaron ante la decisión de Maduro de no abrir negociaciones para el cambio
de las condiciones electorales y negarse a un cambio de fecha. Además, la
oposición alrededor de Guaidó mantuvo la postura de no esperar nuevas
negociaciones con Maduro. En un comunicado del 30OCT20, Borrell debió confesar
que “la política de la UE con respecto a Venezuela se mantiene sin cambios:
actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso
electoral libre, justo y democrático”. Las votaciones legislativas del 06DIC20
en Venezuela no serán reconocidas por buena parte de América y Europa.
Como consecuencia inmediata del
periplo de los funcionarios de Borrell, Henrique Capriles, quien no logró mayor
apoyo para su postura, habría retirado sus candidatos para las votaciones del
06DIC20.
La alianza opositora optó, como
una decisión de la Asamblea Nacional, por convocar a una consulta popular que
permita legitimar la continuidad del gobierno transitorio encabezado por Juan
Guaidó más allá de la fecha constitucional de vencimiento de su mandato. “Continuidad
constitucional” es el concepto esgrimido por juristas opositores. En esa
consulta se preguntaría a los electores si apoyan “todos los mecanismos de
presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se
realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y
verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se
salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración
forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el
bienestar y el progreso de los venezolanos” y si “rechaza el evento convocado
por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra
fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y
verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus
resultados”. El debate dentro de la oposición en este momento es sobre la fecha
para la cual sería convocada la consulta existiendo dos posiciones: antes o el
mismo 06DIC20.
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