Informe Otálvora del 26 de agosto de 2022
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Gustavo Petro y su embajador ante el régimen chavista Armando Benedetti, el 12MAR22 durante la campaña electoral. Foto: @AABenedetti
Gustavo
Petro decidió apresurar la reactivación de las relaciones formales con el
régimen chavista. Tal como adelantara el Informe Otálvora del 12AGO22, la
cancillería colombiana envió a Venezuela un grupo de funcionarios para realizar
una completa revisión del estado de las instalaciones de la cancillería y de la
residencia diplomática en Caracas, así como realizar los preparativos para la
llegada del embajador y el personal diplomático y consular que ocupará los
cargos. Pasando totalmente desapercibida, la misión colombiana de avanzada
permaneció en Caracas por más de una semana. El 24AGO22 Petro juramentó a
Armando Benedetti quien será su embajador ante Nicolas Maduro y quien estaría
pronto a asumir sus funciones en Venezuela. Benedetti, un tránsfuga de la
política colombiana, fue el encargado de coordinar la agenda del candidato
Petro. En la cancillería colombiana están estructurando la plantilla de
personal diplomático que acompañaría a Benedetti quien nunca ha ejercido
funciones como diplomático.
La
cancillería colombiana ya concedió el beneplácito a quien Maduro designó para
abrir su embajada en Bogotá, Félix Plasencia. Benedetti y Plascencia
presentarán cartas credenciales el 29AGO22 aunque aún se desconoce la fecha
cuando se instalarán en sus respectivas misiones.
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Aparte de
las formalidades para la reapertura de misiones diplomáticas, los dos gobiernos
ya han estado negociando un tema de alto interés común: el control de Monómeros
Colombo-Venezolanos, petroquímica localizada en Barranquilla y cuya propiedad
accionaria total es del estado venezolano desde que el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez decidiera venderla al gobierno de Hugo Chávez en 2006. Actualmente la
empresa está en manos de una directiva designada por el “gobierno provisional”
de Juan Guaidó y opera internacionalmente gracias a una licencia concedida por
el Departamento del Tesoro de EEUU que permite obviar las sanciones impuestas a
la petrolera estatal venezolana.
Los altos
jerarcas del régimen chavista ven una vía para grandes negocios en la
reapertura de las relaciones oficiales con Colombia. Y el gobierno Petro
apuesta, sin mucho sustento real, a lograr impulso económico con exportaciones
hacia Venezuela, bajar el precio de los alimentos por la hipotética reducción
de costos de producción y obtener gas desde Venezuela. Maduro, como otras áreas
críticas, puso en manos de los hermanos Jorge y Delsy Rodríguez el manejo de la
reactivación con Colombia. Delsy Rodríguez dirige un “equipo especial” sobre
Colombia y el designado como nuevo embajador en Bogotá es una ficha de los
hermanos Rodríguez en la cancillería del régimen.
Según revelara
Armando Benedetti el 18AGO22 en la ciudad fronteriza de Cúcuta, ya el gobierno
Petro ha negociado con Maduro los pasos para la entrega de Monómeros al régimen
chavista, el cambio de su junta directiva e incluso, ya habrían revisado los
precios a los cuales la empresa vendería la producción de fertilizantes a
Colombia. Temerosos que el Departamento del Tesoro reimponga sanciones a la
empresa al nuevamente estar bajo control de Maduro, Benedetti dejó saber que
está en conversaciones con el gobierno de EEUU para impedir que Monómeros
reingrese a la lista de empresas sancionadas. Rápidamente se está armado un
entramado de intereses políticos y comerciales entre el nuevo gobierno
colombiano y la dictadura venezolana.
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El gobierno
de Argentina, en su condición de presidente de la CELAC, el organismo que reúne
a todos los gobiernos del continente, con exclusión de EEUU y Canadá y
autoexclusión de Brasil, realizó un evento para analizar “el futuro de la
integración” continental. El encuentro ocurrió el 18AGO22 en el Centro Cultural
Kirchner de Buenos Aires, llevaba el engañoso título de “Unidad en la
diversidad” y fue organizado por la cancillería argentina.
En la
lista de los convidados por el gobierno argentino como ponentes figuraron el
presidente de México Andres Manuel López Obrador, los expresidentes José Pepe
Mujica de Uruguay y Ernesto Samper Pizano de Colombia, el expresidente de
gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el operador internacional de
Lula Da Silva y excanciller brasileño Celso Amorín, el senador chileno y
exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, la senadora mexicana Beatriz
Paredes y el varias veces candidato presidencial chileno Marco
Enríquez-Ominami. Todos ellos tienen algo en común: son miembros fundadores del
Grupo de Puebla y uno de sus objetivos es la disolución de la OEA para su
sustitución por la CELAC. Formalmente se trataba de un evento de la CELAC, pero
en realidad fue diseñado y ejecutado por el Grupo de Puebla, organización
partidista internacional de la cual el presidente argentino, Alberto Fernández,
es uno de sus fundadores.
El evento
habría sido financiado por la Corporación Andina de Fomento CAF ahora
denominada Banco de Desarrollo de América Latina. De hecho, el Presidente
Ejecutivo de CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados, formó parte activa del
evento acompañado de otros altos funcionarios del organismo. El mecanismo
multiestatal latinoamericano para financiamiento del desarrollo está ahora
abiertamente jugando a favor del Grupo de Puebla. También intervino en el
evento del Grupo de Puebla, el italo-argentino Mario Cimoli, quien está
encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, cargo que depende
directamente de secretario general de la ONU.
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La
intervención del mexicano López Obrador en el evento del CELAC-Grupo de Puebla
fue por medio de un video. AMLO reiteró su tesis según la cual Latinoamérica
debe negociar con EEUU y Canadá un acuerdo económico en el cual el sur
aportaría la mano de obra faltante en el norte. Pero EEUU y Canadá, según AMLO “tienen que
cambiar la política de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los
asuntos internos de otras naciones”. Aseguró que su gobierno es “respetuoso de
la autodeterminación de las naciones”, pero hacia el final de su intervención
el mexicano dejó sin efecto sus propias palabras. AMLO optó por nuevamente
involucrarse en la política interna de Brasil: “Le mando un saludo a Lula, le
deseo lo mejor en la próxima contienda (…) dije cuando estuvo Lula en México que Lula va
a ser como una bendición para el pueblo de Brasil”.
Pocos días
después, AMLO y otros socios del Grupo de Puebla darían una nueva demostración
de la coordinación de acciones de los gobiernos que controlan.
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El 22AGO22
el fiscal argentino Diego Luciano presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N°2 de Buenos Aires sus conclusiones sobre el proceso denominado “Causa
Vialidad”, seguido a Cristina Kirchner y una decena de exfuncionarios y socios
de la familia Kirchner acusados de corrupción. El proceso lleva tres años en el
tribunal y ha incluido más de un centenar de audiencias en las cuales los
acusados, incluyendo a Cristina Kirchner, tuvieron oportunidad de defenderse en
declaraciones indagatorias.
Ante el
tribunal formado por tres jueces, Luciano pidió penas de prisión entre tres y
doce años de prisión para los trece encauzados. Cristina Kirchner, líder del
peronismo kirchnerista, miembro de la izquierda VIP latinoamericana, exprimera
dama, expresidenta de Argentina, exsenadora y actual vicepresidenta fue acusada
de actuar como “jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de
administración fraudulenta agravada”.
El fiscal Luciano
pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, inhabilitación perpetua para
ejercer cargos públicos y pago prorrateado junto a los demás acusados de un
monto que ascendería a más de US$ 1.000 millones. Se trata del estimado que la
fiscalía hace de las pérdidas que el estado argentino tuvo a raíz de la
asignación de obras públicas en la sureña Provincia de Santa Cruz, durante los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a su socio Lázaro
Báez.
Otro de
los señalados es el exministro de Planificación Nacional Julio de Vido quien
ejerció como el enlace directo entre los Kirchner y Hugo Chávez para los
negocios conjuntos. Luciano ha pedido al tribunal una condena de 10 años de
prisión para De Vido dado su carácter de “organizador de la asociación ilícita
y por administración fraudulenta”.
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Este proceso
judicial contra Cristina Kirchner no está pronto a llegar a su final. Antes de
la sentencia que deberá contar con mayoría de votos del tribunal colegiado,
deberá cumplirse una etapa de presentación de alegatos en defensa por parte de
los acusados o sus abogados. Este ciclo de audiencias podría extenderse por el
resto del año 2022 y la sentencia del tribunal se estaría conociendo no antes
del primer trimestre del año 2023.
En caso de
una sentencia condenatoria por parte del tribunal, se abrirá un largo proceso
de apelaciones ante la Cámara de Casación Penal y, en última instancia ante la
Corte Suprema, por lo cual una sentencia definitiva podría esperar dos o tres
años.
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El
encarcelamiento de Kirchner por la Causa Vialidad, su inhabilitación para ejercer
cargos y el decomiso de dinero no ocurrirá en breve, por lo cual muy
probablemente estará en condiciones de presentarse para las próximas elecciones
argentinas previstas para el 29OCT23.
Pese a ese
hecho, Kirchner ha desatado toda una campaña nacional e internacional
denunciando al sistema judicial argentina y ha exigido que el gobierno presione
al sistema de justicia. El propio presidente, en declaraciones a la TV ha insinuado
que el fiscal de la causa podría “suicidarse”.
Alberto
Fernández y miembros de su gabinete han publicado gruesos ataques contra la
justicia de su propio país. "el Gobierno Nacional condena la persecución
judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”,
reza un comunicado de la Presidencia de Argentina del 22AGO22. El comunicado
agrega que el gobierno “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a
esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos
similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia
se pone al servicio de poderes fácticos”. La tesis de los aliados de Kirchner
es que los procesos judiciales en su contra son "lawfare” que buscan
impedir la participación política de dirigentes de izquierda. Es el mismo
argumento esgrimido para obviar las evidencias de corrupción que han acompañado
a los gobiernos de Lula das Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, por
ejemplo.
El Grupo
de Puebla emitió el 25AGO22 un comunicado denunciando “la persecución judicial”
contra” Kirchner en medio de “una creciente judicialización de la política,
correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder
Judicial”. En realidad, el comunicado del Grupo de Puebla parecía describir a
los sistemas judiciales de Cuba, Venezuela o Nicaragua y no el de Argentina. Entre
los firmantes del texto aparecen tres miembros del entorno del actual gobierno
colombiano: Ernesto Samper Pizano, la senadora Clara López (suele acusar de
machismo a quienes narran sus acciones internacionales a nombre de Petro) y el parlamentario
Iván Cepeda.
Además del
pronunciamiento del Grupo de Puebla, Alberto Fernández envió a Luis Arce,
Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador un texto para ser suscrito oficialmente
en su condición de jefes de Estado. Pese a declararse defensores de la no
injerencia en asuntos de otros países, los tres mandatarios un dudaron en
firmar una declaración por la cual manifestaron “más absoluto rechazo ante la
injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual
vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”.
Agregaba Arce, Petro y López Obrador que “dicha persecución” tiene como
objetivo apartarla “de la vida pública, política y electoral, así como sepultar
los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un
modelo neoliberal”. Los tres mandatarios extranjeros incluso objetaron el
proceso judicial argentino en cuanto a los plazos y cronogramas para la
presentación de alegatos de defensa por parte de los procesados.
De esta
manera Gustavo Petro borró toda duda que existiera sobre su filiación a la
alianza castrochavista internacional y su coordinación política con el Grupo de
Puebla.
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El tema de
la política del gobierno Petro hacia el narcotráfico y su inevitable impacto en
la presencia militar de EEUU en Colombia amenaza con ser el detonante de un
retroceso en las relaciones entre los dos países.
El
gobierno de EEUU envió a Colombia una delegación encabezada por el director de
la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul
Gupta. En la misión que llegó a Bogotá el 21AGO22 se encontraba el subsecretario
de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado Todd D. Robinson y el
Administrador Adjunto Principal de USAID Peter Natiello. Robinson es el
diplomático estadounidense expulsado de Venezuela por la dictadura chavista el
22MAY18 cuando ejercía como jefe de la misión diplomática de EEUU en Caracas.
La agenda
de la visita consistía en pasar revista a los acuerdos bilaterales a la luz de
los anuncios que Petro ha hecho sobre el tratamiento que dará al narcotráfico y
a las organizaciones narcoterroristas. EEUU mantiene su línea de financiar
programas de asistencia al sector rural colombiano como parte de los esquemas
para eliminación de cultivos y en respaldo al acuerdo de paz suscrito con las
Farc, así como para proyectos de prevención y tratamiento a narcodependientes
dentro de Colombia. Por ello la presencia del representante de USAID. El
canciller colombiano Alvaro Leyva manifestó a los visitantes que el gobierno
Petro se dispone a adelantar una política “holística” (palabra de moda en la
Casa Blanca de Biden) y “compasiva” hacia el narcotráfico y aspira “alinear
prioridades” con EEUU.
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No extradición
de capos del narcotráfico a EEUU, eliminación del uso de aspersión de glifosato
para exterminar plantaciones de coca, restricciones en las operaciones
militares (bombardeos) contra grupos irregulares, programas de reemplazo
voluntario de narcocultivos son el listado de decisiones que el gobierno Petro
anunció a la delegación de EEUU. Los enviados de Washington mostraron
complacencia en cuanto a los programas de prevención y de “salud pública”
internos pero fueron enfáticos sobre los cambios que se propone ejecutar Petro
en materia de combate al narcotráfico, señalándole que deberán ser tratados por
Colombia con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado de
EEUU.
Por
cierto. La delegación enviada por la Casa Blanca a Colombia también sostuvo una
reunión de trabajo con el embajador James Story quien ejerce como jefe de la Unidad
de Asuntos Venezolanos de EEUU con sede en Bogotá.
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En Panamá
comienza a cobrar cuerpo una estrategia de desestabilización política dirigida
por un sindicalista asociado a la dictadura cubana. El acaudalado secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá, Sául
Mendez, está liderizando protestas contra el débil gobierno de Laurentino
Cortizo. Analistas políticos panameños comienzan a ver en su país el patrón de
conflictivización presenciado en Chile y Colombia previo a los procesos
electorales. Panamá está en la mira del castrochavismo, ha afirmado el
exembajador panameño en la OEA Guillermo Cochez.
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Circula un
nuevo libro sobre la Crisis de la Corbeta Caldas. “La historia secreta. Crisis
en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas” de Jesús Aveledo et al.
Se trata
de una colección de textos de diversos autores con sus personales versiones de
los hechos y, de material propio redactado por Aveledo a partir de numerosas
entrevistas, con lo cual reconstruye los principales momentos de lo que pudo
convertirse en una conflagración militar entre Venezuela y Colombia en agosto
de 1987. El padre de Jesus Aveledo, Jesús Aveledo Penso, ejercía como
Comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela durante los eventos narrados.
Aveledo hace especial hincapié en los aspectos castrenses de la crisis y en las
versiones aportadas por oficiales activos en aquellos momentos.
El libro
cuenta con una presentación a manos de Leandro Area Pereira.
Publicado originalmente en:
