Informe Otálvora del 08 de marzo de 2025
Dinorah
Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. Foro:@dinorafiguera |
El gobierno
de EEUU encabezado por Donald Trump mantiene el reconocimiento como el gobierno
legítimo venezolano a la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 y encabezada
por la diputada Dinorah Figuera, según el Departamento de Estado consultado por
el Informe Otálvora.
Diversos
voceros del nuevo gobierno estadounidense han ratificado la posición
establecida en 2019 por Trump y sostenida durante el gobierno de Joe Biden
desconociendo a Nicolás Maduro como jefe del Estado venezolano. El asunto ha
sido tratado con todo cuidado por los redactores de recientes documentos
oficiales firmados por Trump en los cuales se menciona a Venezuela. Por
ejemplo, en un memorando del 22FEB25 mediante el cual Trump designaba a varios
gobiernos como “adversarios extranjeros”, los redactores usaron la fórmula de
“el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” para no denominarlo como
representante de la República de Venezuela, como si lo hace al mencionar en el
mismo párrafo a China, Cuba, Irán, Corea y Rusia.
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El Informe
Otálvora realizó una consulta formal al Departamento de Estado el 06MAR25. Se
preguntó: “A raíz de que EEUU no reconoció a Nicolás Maduro en 2019 como un
gobierno legítimo, la posición de EEUU desde 2019 ha sido reconocer primero a
Juan Guaidó como presidente encargado. También reconocen a la Asamblea Nacional
elegida en 2015 como el único poder constitucionalmente electo en Venezuela.
Tras el reemplazo de Guaidó, EEUU reconoció a la presidenta de esa Asamblea,
Dinorah Figuera, como representante del Poder Ejecutivo venezolano. Pregunta. A
los efectos de los EEUU, ¿quién dirige o representa actualmente al Estado
venezolano? ¿Siguen reconociendo a la Asamblea Nacional electa en 2015?”.
La
respuesta “adjudicable a un vocero del Departamento de Estado” recibida vía
email el 07MAR25 es: “Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional
de 2015 como el gobierno de Venezuela”.
Ya el 22ENE25
el Secretario de Estado Marco Rubio había calificado a Edmundo González Urrutia
como “el legítimo presidente de Venezuela”.
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La
declaración del Departamento de Estado confirma que a los efectos legales en
EEUU la representación de la República de Venezuela está en manos de la
diputada Dinorah Figuera presidenta desde 2023 del único poder público
constitucionalmente electo que pervive en Venezuela. El andamiaje legal que
mantiene fuera del control de Maduro las empresas petroleras del estado
venezolano se sustenta en la existencia de un poder que representa a Venezuela
aún cuando obviamente no tiene control territorial de Venezuela el cual está
detentado por “el régimen del político venezolano Nicolás Maduro” como lo
describió el memorando de Donald Trump del 22FEB25.
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El domingo
02MAR25 el Departamento del Tesoro de EEUU publicó en su página web un aviso
sin precedentes en la sección dedicada a listar las sanciones aplicadas a
gobiernos extranjeros. El aviso incluido en la subsección dedicada a Venezuela
decía: “El Departamento del Tesoro se está preparando para tomar medidas para
desmantelar la Licencia General 41 y otras licencias específicas según
corresponda. Emitiremos orientación adicional para facilitar la implementación
junto con cualquier cambio en las autorizaciones”. No se trataba de la
publicación de una medida específica sino del anuncio de que estaban preparando
esa medida.
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Sin
pronunciarse hasta ese momento sobre medidas específicas ante el régimen
chavista, más allá de un pacto para que Maduro recibiera venezolanos
deportados, el 26FEB25 Trump escribió sobre Venezuela en cuenta en TruthSocial:
“estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás
Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, de fecha 26 de
noviembre de 2022, y también que tienen que ver con las condiciones electorales
dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro.
Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que
enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían
acordado. Por lo tanto, ordeno que se rescinda el ineficaz e incumplido "Acuerdo
de Concesión" de Biden a partir de la opción de renovación del 1 de marzo.
¡Gracias por su atención a este asunto!”.
El texto de
Trump era confuso e impreciso en sus referencias ya que el 26NOV22 no se firmó
algún “acuerdo de concesión” entre Biden y Maduro. Alguien en el equipo de
Trump informó equivocadamente al Presidente. Ese día de 2022 la oposición
venezolana, empujada por el gobierno Biden, firmó en Ciudad de México un
acuerdo con el régimen chavista para crear un ilusorio fondo mil millonario para
ejecutar obras en Venezuela “para la protección social del pueblo venezolano”.
Ese acuerdo no contemplaba temas electorales, pero si fue usado por el gobierno
Biden para alegar que se había retomado el diálogo entre la dictadura y la
oposición y, en consecuencia, proceder a emitir ese mismo día la licencia 41 a
favor de la petrolera Chevron que la autorizaba a producir petróleo en sociedad
con la estatal Pdvsa condicionado a que el crudo fuera exportado solamente a
EEUU. Pese a lo confuso del texto de Trump todo el mundo entendió que se
refería a la llamada Licencia 41 que favorecía a Chevron. La petrolera
estadounidense al igual que cuatro empresas de ingeniería petrolera habían
logrado desde el primer gobierno Trump evadir las sanciones impuestas al
régimen chavista, obteniendo licencia para mantener abiertas sus oficinas en
Venezuela pero sin operar, hasta que Biden como parte de la política de
“incentivos” accedió a que Chevron retomara la producción de crudo en empresas
en las cuales es socia de Pdvsa. Ahora el 26FEB25 Trump declaró su decisión de
poner fin a la actividad de Chevron en Venezuela cerrando una importante fuente
de financiamiento del régimen. Presión de parlamentarios republicanos de
Florida habría influido en la decisión de Trump en lo que se considera una
victoria sobre el ala Maga del gobierno que mantiene la posición de no empujar
un cambio de régimen en Venezuela.
Poco
después de tuiteo de Trump, su secretario de Estado Marco Rubio escribió en X:
“Hoy, conforme a la orden de @POTUS estoy proveyendo orientación en nuestra
política exterior para terminar todo respaldo del Departamento de Estado a las
licencias de petróleo y gas aprobadas bajo la administración Biden las cuales
han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro”.
Pero la
licencia 41 había establecido un curioso esquema de renovación automática por
un lapso de seis meses que se activaba cada inicio de mes. Para dejar sin
efecto la licencia resultaba necesaria una expresa proclamación del
Departamento del Tesoro. Llegado el 01MAR25 el anuncio de Trump y la reacción
de Rubio para cumplir la orden de su jefe no se habían materializado y, por lo
tanto, la licencia quedó automáticamente renovada. Esa fue la razón por la cual
el Departamento del Tesoro publicó el 02MAR25 su aclaratoria dominical.
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Finalmente,
el 04MAR25 el Departamento del Tesoro publicó la nota oficial que recogía la
decisión de Trump. Ese día fue emitida una licencia, denominada LG41A la cual
dejó sin efecto la anterior licencia de Chevron y le concedió hasta el 03ABR25
para finalizar sus operaciones en Venezuela. Sin aclarar sobre la posibilidad
de que la empresa mantenga oficinas en Venezuela, EEUU mandó a que la petrolera
terminara en el lapso de un mes sus operaciones de explotación y exportación
petrolera desde Venezuela.
La
imposición de sanciones en 2019 contra la petrolera venezolana Pdvsa y contra
otras entidades controladas por el régimen venezolano ha sido seguidas por
medidas para obviar esas sanciones mediante la emisión de licencias. Existe una
intrincada lista de licencias, algunas públicas otras de carácter reservado,
algunas que favorecen a gobiernos como los de Trinidad & Tobago o Colombia,
una licencia favorece la presencia en Venezuela de cuatro grandes empresas
estadounidenses de ingeniería petrolera, otras licencias favorecen a empresas
petroleras de España o Italia. Las licencias permiten que opere la empresa
petroquímica Monómero Colombo-Venezolanos basada en Colombia y controlada por
Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una licencia faculta a la empresa Shell y al
gobierno trinitario para explotar gas venezolano mar afuera en campos situados
entre ambos países. Igualmente, mediante el esquema de licencias el gobierno de
EEUU creó un mecanismo para posponer la toma de empresas venezolanas situadas
en EEUU por parte de acreedores. La licencia de Chevron era sólo una del
esquema con el cual EEUU ha estado manejando la situación venezolana. Dentro de
ese esquema un elemento central es el de la representación jurídica de la
República de Venezuela la cual, según lo afirmado al Informe Otálvora por el
Departamento de Estado sigue, a los efectos de EEUU, en manos de la asamblea
nacional electa en 2015.
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La OEA
podría quedar bajo control de un secretario general que cuenta con el apoyo de
China (país no miembro de la organización) y de todos los gobiernos de
izquierda del continente, el canciller de Surinam Albert Ramdin. El candidato
aparentemente favorecido por Washington, el canciller paraguayo Rubén Ramírez,
parece dirigirse a una derrota en la elección del nuevo secretario de la OEA
que tendrá lugar el 10MAR25.
Inicialmente
la candidatura paraguaya creía contar con el respaldo de sus socios del
Mercosur. Pero tres de los miembros de Mercosur, Brasil, Uruguay y Bolivia,
optaron por no apoyar a Ramírez. El 04MAR25, la cancillería de Brasil emitió un
comunicado anunciando que, junto a Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia, habían
optado por apoyar a Ramdin. El acuerdo fue cocinado en Montevideo, donde Lula
da Silva, Gustavo Petro, Luis Arce y Gabriel Boric coincidieron el 01MAR25 para
la toma de posesión presidencial del izquierdista Yamandú Orsi.
Sin usar la
palabra “traición” pero con un lenguaje claramente acusador, el presidente
paraguayo, Santiago Peña”, emitió el 05MAR25 un mensaje anunciando su decisión
de retirar la candidatura de Ramírez. "en los últimos días y en forma
abrupta e inexplicable el Paraguay fue informado por países amigos de la región,
con quienes compartimos un espacio e historia común, que modificaron su
compromiso inicial con nuestro país y decidieron no acompañar finalmente la
propuesta del Paraguay". El mensaje tenía destinatario: Lula da Silva.
El
candidato de Surinam contaría así con el voto de su gobierno y de los trece
restantes países del Caricom presentes en la OEA. Con los cinco votos
suramericanos de izquierda, a los cuales seguramente se sumarán los de Perú, México
y Honduras, harían una mayoría necesaria para convertir a Ramdin en Secretario
General de la organización a partir del 26MAY25. De concretarse este escenario,
sería la primera derrota continental que enfrentaría el secretario de Estado
Marco Rubio quien habló telefónicamente con el presidente paraguayo el 05MAR25 poco
antes del retiro de la candidatura de Ramírez.
En medios
diplomáticos continentales se baraja la opción de que la subsecretaría de la
OEA, tradicionalmente controlada por países del Caricom, esta vez recaerá en
manos de un gobierno suramericano.
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La
“dictadura judicial” brasileña, sin ser mencionada expresamente, entró
colateralmente en el temario de la explosiva rueda de prensa de Donald Trump y el
ucraniano Volodymyr Zelenskyy del 28FEB25.
Tras más de
treinta minutos de intervenciones de ambos enfocados en la guerra de Ucrania y
una que otra pregunta sobre Trump , un periodista se refirió a las críticas que
el vicepresidente Vance había hecho el día antes en el mismo escenario de la
Oficina Oval al primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el tema de la
libertad de expresión. Trump pidió al secretario de Estado Marco Rubio que se
pronunciara al respecto: “Tenemos preocupaciones con las conductas particulares
que impactan a los estadounidenses. Existe una preocupación real de que el
discurso estadounidense, que está on line, podría caer en manos de la
jurisdicción británica o de cualquier otro país”(…) “los estadounidenses se sienten amenazados
por ello y vamos a tener que tomar medidas al respecto”.
Dos días
antes, el 26FEB25, el Departamento de Estado había publicado en X un texto
dirigido al estado brasileño: “El respeto a la soberanía es una vía de doble
sentido con todos los socios de EEUU incluido Brasil. Bloquear el acceso a la
información e imponer multas a empresas con sede en EEUU por negarse a censurar
a personas que viven en EEUU es incompatible con los valores democráticos,
incluida la libertad de expresión”. De esa manera el gobierno de EEUU
reaccionaba a la orden del magistrado Alexandre de Moraes, miembro del Supremo
Tribunal Federal, cerrando las operaciones de la plataforma de videos y
servicios de internet Rumble asociada con Trump Media.
La medida
contra Rumble, red poco conocida en Brasil pero de amplio uso en el mundo del
trumpismo, fue ordenada por Moraes ya que la empresa se negó a cerra cuentas de
opositores brasileños seguidores de Jair Bolsonaro actualmente refugiados en
EEUU. El bolsonerismo, por medio del senador Eduardo Bolsonaro hijo de Jair,
mantiene un activo contacto con el trumpismo y más recientemente, con
parlamentarios latinos de la Florida en procura de apoyo político internacional
para el intento de su padre de postularse a la Presidencia de Brasil en las
elecciones del 04OCT26.