Informe Otálvora del 18 de marzo de 2026
 |
Delcy
Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la
embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores. Foto: U.S.
Department of the Interior
Venezuela
adquirió la condición de un protectorado luego que una operación militar de
EEUU derrocara y encarcelara a Nicolás Maduro el 03ENE26 y que los altos
jerarcas del régimen acordaran un modus vivendi bajo control estadounidense.
La
expresión “protectorado” fue asomada inicialmente por la reputada consultora Beatrice
Rangel en un artículo de principios de febrero publicado en diversos portales
del continente bajo el título de “El protectorado como eje del nuevo orden
internacional”. Y con el pasar de los días el concepto fue ganando peso
explicativo y argumental incluso en espacios académicos. En la merideña Universidad
de los Andes tuvo lugar a finales de febrero un evento convocado por el
decanato de FACES-ULA en el cual expertos en derecho constitucional, Historia y
Economía analizaron el futuro de Venezuela. Una de las interrogantes a ser
debatida por los expositores fue justamente “Venezuela hacia un protectorado o
país libre y asociado”.
Por su
parte, el editor y agudo analista Rafael Poleo, en alguno de sus usuales textos
en X, ha asomado la expresión de “puertorriqueñización” de Venezuela.
*****
Desde el
chavismo histórico ha surgido una interpretación propia de lo que ocurre en
Venezuela y en la cual reconoce haber sido desplazado del poder. “Hoy en
Venezuela hay dos fuerzas principales que se disputan el poder. Ambas son
fracciones de la burguesía: la tradicional representada por María Corina, y la
otra, la burguesía emergente, o nuevos ricos representados por el
Delcy-Madurismo traidor. Cada una de estas fuerzas posee su expresión civil y
su expresión militar. Lamentablemente en este momento, la opción revolucionaria
está ausente en la disputa del poder en Venezuela: el Socialismo, el Chavismo
auténtico, no aparece en la contienda (por ahora)”. El texto corresponde a un
artículo firmado por el protochavista Toby Valderrama difundido en Internet el
03MAR26. Valderrama formó parte del partido dirigido por Douglas Bravo que captó
al joven militar Hugo Chávez a finales de la década de los años setenta.
*****
El primer
gobierno Trump no reconoció los resultados de las votaciones presidenciales del
20MAY18 en Venezuela y, en consecuencia, desconoció la proclamación de Nicolás
Maduro para encabezar el gobierno que arrancaría el 10ENE19. En ese marco, EEUU
reconoció el 23ENE19 a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea
Nacional, como “Presidente Interino de Venezuela”. El desconocimiento a Maduro,
el reconocimiento a Guaidó y luego a la Asamblea Nacional como cabezas del
Estado venezolano fue mantenida como política por el gobierno de Joe Biden. Incluso
Biden reconoció oficialmente el 19NOV24 a Edmundo González Urrutia como
“presidente electo” de Venezuela y lo recibió en la Casa Blanca el 06ENE25.
En el
arranque del segundo gobierno Trump quedaron en evidencia los diferentes
enfoques y grupos que procuraban imponer la línea y administrar la acción de
EEUU hacia la dictadura venezolana. Justo un año atrás, el Informe Otálvora
consultó al Departamento de Estado sobre la posición que el nuevo gobierno de
EEUU tenía sobre el asunto. La respuesta recibida oficialmente “adjudicable a
un vocero del Departamento de Estado” fechada el 07MAR25 fue: “Estados Unidos
sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de
Venezuela”.
Después, el
29AGO25, el embajador Michael Kozak en nombre del Departamento de Estado
remitió una carta a la Fiscal General Adjunta Brenna Jenny del Departamento de
Justicia para su tramitación ante los tribunales respectivos. El destinatario
del contenido era la Corte del Distrito Sur de Nueva York a propósito de un
caso sobre bonos de deuda de PDVSA. Pero dada la pertinencia y carácter general
del documento, copias del mismo fueron incorporadas en los expedientes de otros
diversos casos. La carta de Kozak se presentaba como el “seguimiento” de una comunicación
emitida el 16SEP20 por el entonces representante especial para Venezuela del
primer gobierno Trump, Elliot Abrams. “Escribo ahora para actualizar la postura
de reconocimiento del gobierno de EEUU respecto de Venezuela, a la luz de los
acontecimientos ocurridos en el país”, decía Kozak en marzo de 2025 cuando se
refería a que “el 28 de julio de 2024, más de doce millones de venezolanos
acudieron a las urnas para participar en elecciones presidenciales (…) a pesar
de la desinformación, amenazas y violencia, esos ciudadanos valientes votaron
de manera abrumadora por el candidato opositor Edmundo González Urrutia”. Por
lo cual “Maduro no representa al pueblo venezolano. Tal como explicamos en
nuestra presentación previa al tribunal, desde el 23 de enero de 2019 EEUU no
ha reconocido a Maduro ni a sus asociados como gobierno de Venezuela. La
Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución
pública democráticamente elegida en el país. Aunque el liderazgo de esa
Asamblea ha cambiado desde nuestra última comunicación, EEUU continúa
reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”. Esa era la posición del gobierno Trump el
29AGO25.
Sólo siete
meses después, el 11MAR26, tocó al propio embajador Kozak notificar al sistema
de justicia de EEUU que el gobierno Trump había cambiado de opinión sobre a
quien reconoce como representante de Venezuela. EEUU seguía sin reconocer a Maduro
pero había decidido reconocer a una de sus “asociados”.
*****
La política
de sanciones y licencias sobre empresas y altos jerarcas políticos venezolanos,
diversos procesos judiciales en marcha y el reconocimiento de Juan Guaidó como
cabeza del Estado venezolano en 2019 han creado una intrincada maraña legal en
EEUU en cuanto a Venezuela.
El 03DNE26,
a pocas horas de la operación de captura de Maduro, Donald Trump ofreció una
rueda de prensa sobre los sucesos acontecidos en la madrugada y sobre sus
planes para Venezuela. Interrogado sobre quien quedaría al frente del gobierno
venezolano Trump sacó a relucir a la vicepresidenta Ejecutiva (designada no
electa) Delcy Rodríguez. Dijo Trump: “¿quién va a tomar el control? Quiero
decir, no hay nadie que pueda tomar el control. Tienes una vicepresidenta que
fue nombrada por Maduro. Y, en este momento, ella es la vicepresidenta. Y ella
es, supongo, la presidenta”. Este comentario del 03ENE26 y las declaraciones de
Trump en los siguientes días sobre “acuerdos” alcanzados por Marco Rubio con
Rodríguez incluso sobre administración coordinada de recursos provenientes de
la venta de petróleo, desataron acciones judiciales buscando respuesta a una
pregunta aparentemente simple: ¿Quién a los efectos del gobierno de EEUU y, en
consecuencia, para el sistema judicial de ese país, representa a la República
Bolivariana de Venezuela?. El 12ENE26 la juez Sarah Netburn, quien preside la
Corte del Distrito Sur de Nueva York, ofició al Departamento de Justicia
transmitiendo esa interrogante, alegando cuatro casos en los cuales la
respuesta era pertinente y fijando el 11FEB26 como fecha máxima para la
respuesta oficial. El gobierno Trump y el aparato estatal estadounidense no
estaban preparados para dar una respuesta al interrogante del tribunal sobre un
proceso que ostensiblemente estaban diseñando sobre la marcha.
*****
Además de
las conversaciones a larga distancia de Marco Rubio y otros representantes del
gobierno de EEUU con los jerarcas del régimen chavista, luego del 03ENE26 se
registraron diversas visitas de altos funcionarios estadounidenses, el ingreso progresivo al país de personal de
seguridad e inteligencia, así como la activación del personal local de la
Embajada en Venezuela que permaneció en nómina a pesar de la suspensión de
operaciones desde el 12MAR19. Según un informe del Inspector General del
Departamento de Estado fechado en septiembre de 2025, el gobierno de EEUU
mantuvo un total de 150 empleados locales en la nómina de la misión diplomática
en Caracas pese a que la Embajada estaba cerrada.
El 14ENE26
se produjo una primera conversación telefónica entre Trump y Rodríguez y al día
siguiente el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita de horas a
Caracas para un encuentro con Rodríguez. Ratcliffe habría sido acompañado por
el embajador John McNamara quien para la fecha era aún el jefe de la misión
diplomática de EEUU en Colombia y jefe de la “Venezuela Affairs Unit” VAU que
operaba desde Bogotá. Las fotografías oficiales del encuentro fueron alteradas
para no mostrar al acompañante de Ratcliffe.
Debido a
que McNamara se jubilaría en breve y ante la necesidad de contar con una
jefatura a tiempo completo en la VAU de Bogotá, el 22ENE26 fue designada la
embajadora Laura Dogu como jefe de la misión para Venezuela. Después, el
31ENE26, Dogu llegó a Caracas sin aún haberse reestablecido relaciones
diplomáticas y, al parecer, sin la emisión de las usuales visas diplomáticas. EEUU
había decidido reiniciar las funciones de su misión en Caracas para atender
desde el terreno su plan de control de Venezuela.
Dogu se
reunió en el Palacio de Miraflores con Rodríguez el 02FEB26 reestableciendo de
facto las relaciones oficiales entre el gobierno de EEUU y el régimen chavista.
Confirmando
la normalidad reinante, el 08FEB26 Dogu publicó en X una fotografía que la
mostraba a ella y su “equipo” (todos de espalda) presenciando desde la sede diplomática
en Caracas el Super Bowl 2026 que se disputaba en ese momento en Santa Clara,
California. La imagen se repetiría el 17MAR26 cuando Dogu mostró la escena de
ella y miembros de su equipo (esta vez con sus rostros visibles) viendo el
partido de Venezuela versus EEUU en la final del Clásico Mundial de Beisbol. El
modus vivendi de EEUU con la dictadura venezolana permite momentos de solaz a
los diplomáticos estadounidenses.
*****
El
11-12FEB26 visitó Caracas el secretario de Energía Chris Wright para ratificar
la deriva petrolera que Trump había impuesto en su política hacia Venezuela. El
jefe del Comando Sur general Francis L. Donovan fue a Caracas el 18FEB26 con
visita a Rodríguez y reuniones con el ministro de Defensa Vladimir Padrino y
con el alto jerarca chavista y ministro del Interior Diosdado Cabello. El
04-05MAR26 tocó el turno en Caracas al Secretario del Interior y zar energético
Doug Burgum quien realizó visitas a zonas de producción petrolera a manos de la
empresa Chevron, apadrinó junto a
Rodríguez la firma de un contrato que involucraba a la petrolera Shell y habría
cerrado un negocio para la venta de oro por parte del régimen a la
intermediaria Trafigura el cual fue autorizado en cuestión de horas mediante
una licencia del Departamento del Tesoro.
*****
El 05MAR26
el Departamento de Estado difundió una nota en la cual dejó saber que “EEUU y
las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones
diplomáticas y consulares”. Anticipando el contenido de lo que sería la
posición legal que se remitiría a los tribunales del país, Trump dijo durante
una reunión con mandatarios latinoamericanos en Doral, Florida, el sábado 07MAR26,
que le complacía informar que “esta semana hemos formalmente reconocido al gobierno
venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”.
Tras dos
solicitudes de prórroga autorizadas por el tribunal de Nueva York, el 10MAR26
finalmente el gobierno Trump emitió su nueva posición sobre Venezuela. Ese día
el embajador Kozak en nombre del Departamento de Estado envió al Fiscal federal
del Sur de Nueva York, Jay Clayton, la posición oficial la cual, a su vez, fue
convertida por Clayton en una comunicación dirigida a la jueza Netburn fechada
el 11MAR26.
*****
La
comunicación de Kozak al fiscal Clayton hace una primera precisión: “desde el 23ENE19,
EEUU no han reconocido a Maduro como Jefe de Estado de Venezuela, y ese no
reconocimiento continúa hasta el presente”. Con esta declaración el gobierno
Trump se propone abortar cualquier intento de Maduro para alegar condición de
“Jefe de Estado” y solicitar eventuales inmunidades ante el tribunal que lo
juzga.
Después,
justificándola como una medida para “facilitar” una “transición pacífica hacia
un gobierno democráticamente elegido”, el embajador Kozak anuncia que “EEUU
está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de
actuar en nombre de Venezuela”. En consecuencia, Trump dejó de reconocer a la
“Asamblea Nacional electa en 2015” como “gobierno de Venezuela”.
El
reconocimiento a Rodríguez está condicionado y según Kozak, su gobierno
continúa “examinando cuidadosamente las transacciones con las autoridades
interinas” y seguirá “utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia
Internacional y otras herramientas disponibles”. El reconocimiento sigue en
todo caso condicionado al cuerpo de ordenes ejecutivas, sanciones y licencias
que el Ejecutivo estadounidense ha emitido desde que el gobierno Obama el
08MAR15 declarara a Venezuela como una “inusual y extraordinaria amenaza” y, ese
reconocimiento está condicionado también a los términos de diversos procesos
judiciales en curso. Y lo fundamental, ese “reconocimiento” está condicionado a
la continuidad del “modus vivendi” acordado por el gobierno Trump con los
jerarcas del chavismo y, al final, a las idas y venidas de la política interna
de EEUU.
*****
Asuntos como la designación por Rodríguez de
juntas directivas de empresas estatales radicadas en EEUU (como la emblemática
Citgo) pasan, entonces, por depender de la opinión favorable del gobierno Trump
expresada probablemente en forma de una licencia del Departamento del Tesoro y,
además, de una autorización del tribunal que mantenga la respectiva empresa
bajo su control.
El gobierno
Trump se abstuvo de manifestarse expresamente sobre a quién corresponde la
designación de representantes legales de Venezuela en los procesos judiciales que
cursan en tribunales de EEUU en los que está involucrada la República de
Venezuela. La carta del fiscal Clayton a la juez Netburn afirma que “EEUU respetuosamente
se abstienen de opinar sobre la disputa pendiente respecto a “cuáles abogados
están autorizados para representar a ciertas entidades estatales venezolanas”
aunque el gobierno “deja abierta la posibilidad de una presentación futura, si
resulta apropiado, en una etapa posterior del litigio”.
Dado que la
declaración del reconocimiento a Rodríguez surgió como la respuesta a un
tribunal en referencia a procesos judiciales, el tema ha sido objeto de
múltiples interpretaciones por abogados que siguen estos asuntos y relativizan
el alcance del pronunciamiento. Pero lo cierto es que a los efectos de EEUU, de
su poder Ejecutivo y sus tribunales, la vicepresidenta Ejecutiva designada por
Maduro y alta jerarca de la dictadura venezolana es “Jefe de Estado” y la única
representante aceptada por Washington.
*****
El 09ENE26,
seis días después de la operación militar de EEUU en Caracas, Trump emitió la
Orden Ejecutiva 14373, la cual es un punto clave en el modus vivendi
establecido entre EEUU y el régimen chavista.
Mediante
esa Orden, Trump creó un fondo administrado por el Departamento del Tesoro y
dirigido por el Secretario de Estado “en nombre del Gobierno de Venezuela”
denominado “Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero”. Ese fondo está alimentado
por pagos recibidos por el gobierno de EEUU que se “derivan de la venta de
recursos naturales [por el régimen venezolano] o de la venta de diluyentes al
gobierno de Venezuela”. La Orden Ejecutiva estableció que los fondos constituyen
“propiedad del Gobierno de Venezuela y no constituyen propiedad de ninguna
parte privada, incluidos los acreedores judiciales de Venezuela” por lo cual
los fondos no son objeto de embargo por acreedores. No existen textos oficiales
públicos sobre el esquema para la administración de este fondo pero el 28ENE26,
ante un comité del Senado de EEUU, Marco Rubio informó que la dictadura
venezolana le presentaría mensualmente “un presupuesto” de gastos a partir del
cual el secretario de Estado dispondría el envío de recursos.
El esquema
se completa con la emisión de diversas licencias generales y algunas de
carácter particular (privadas) mediante las cuales el gobierno Trump, sin dejar
sin efecto las sanciones, ha ido liberando el espacio para que el régimen
chavista regrese al mercado petrolero y minero. Las reglas establecidas en
licencias emitidas y revisadas por la OFAC a partir del 03ENE26 señalan que el
gobierno de EEUU selecciona las empresas mayoristas que compraran crudo y
derivados, así como oro o fertilizantes procedentes del régimen venezolano.
EEUU indicará y autorizará expresamente las empresas que podrán operar en el
sector petrolero o minero en Venezuela, los clientes aceptables para las
exportaciones venezolanas, las áreas de operaciones admitidas. Según lo afirmo
Trump, las ganancias de la venta de recursos venezolanos se dividirán entre las
empresas productoras, el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana. Se
desconoce los términos exactos de esta ecuación. Las ganancias destinadas al
régimen venezolano serán acumuladas en el fondo dirigido por Rubio. Es la
concreción contable de lo que Beatrice Rangel ha denominado como un
“protectorado”.
Publicado originalmente en:
