Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio encabezaron la operación para lograr el acuerdo bipartidista en la ley sobre Venezuela. (Foto: Senate Foreign Relations Committee)
Los
resultados de la segunda vuelta por la senaduría del estado de Luisiana
marcaron el inicio de una carrera en los pasillos del Congreso de EEUU,
buscando la aprobación de una ley con sanciones contra personas (no sólo
funcionarios) involucrados en violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El
domingo 06DIC14, la demócrata Mary Landrieu fue derrotada por el republicano Bill
Cassidy en su intento por lograr un cuarto mandato como senadora por Luisiana.
El hecho, que aparentemente no guardaba relación directa con Venezuela,
defenestraba a la senadora Landrieu quien mantiene fuertes conexiones con el
sector petrolero de su estado, incluyendo a la empresa Citgo, propiedad del
gobierno venezolano, de la cual recibe contribuciones para financiar sus
actividades políticas. El 31JUL14 Landrieu bloqueó en el Senado, la
consideración y aprobación sin votación ni debate de un proyecto de ley referido
a Venezuela, patrocinado por el senador demócrata y presidente del Comité de
Relacionas Exteriores Robert Menendez. Landrieu se hizo eco de papeles
preparados por Citgo en los cuales se especulaba sobre potenciales impactos
contra esa empresa en caso de prosperar la ley. En una jugada parlamentaria de última hora, las “dudas” de
Landrieu imposibilitaron la aprobación de
la ley, por vía rápida, tal como ya había sido acordado entre las dos bancada.
Resultó obvio que la senadora había facilitado una maniobra propiciada por el
gobierno de Nicolás Maduro para posponer la consideración de la ley. Llegaron
las vacaciones legislativas y el tema quedó congelado hasta que en la noche del
06DIC14 se conocieron los resultados de Luisiana por los cuales Landrieu ahora va
de salida del Senado.
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El
proyecto de Ley 2142 titulado “Ley de defensa de los derechos humanos y la
sociedad civil de Venezuela” fue presentado originalmente por Robert Menendez
el 13MAR14, con el copatrocinio del demócrata Bill Nelson (Florida) y de los
republicanos John McCain, Marco Rubio y Mark Kirk (Arizona, Florida e Illinois). En paralelo, desde el 07MAY14, en
la Cámara de Representantes comenzó a procesarse un proyecto análogo (HR4587) al
de Menendez, presentado por la republicana Ileana Ros-Lehtinen (Florida)
el cual llegó a ser aprobado por el plenario de la Casa y esperaba su
confirmación por el Senado.
Con
la derrota de Landrieu en Luisiana, los grandes motores de la ley sobre
Venezuela, Rubio, Menendez y Ros-Lehtinen, arracaron el lunes 07DIC14 una
intensa actividad para reactivar el acuerdo bipartidista y aprobar el proyecto
en el Senado sin debate ni votación, para luego llevarlo a consideración de la
Cámara, lograr que fuera considerado sin modificaciones y proceder a votarlo
sin debate. Todo ello debía realizarse en un plazo de cuatro días, durante la
última semana del actual Congreso, compitiendo con decenas de decisiones
legislativas represadas. El martes 08DIC14 el Senado de EEUU aprobó la ley
“Para imponer sanciones a personas responsables de violación de derechos
humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la
sociedad civil en Venezuela y para otros propósitos”. A las 6:26 de la tarde
del miércoles 10DIC14 la Cámara de Representantes aprobaba igualmente el
proyecto de ley.
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El
grupo de parlamentarios bipartidista, bicameral y descendiente de
latinoamericanos habían logrado imponer su estrategia ante el gobierno de Nicolás
Maduro, pasando a manos del presidente Barack Obama una carta que puede
representar el escalamiento en las tensiones entre Washington y el régimen
venezolano.
Quedó
demostrado que el tema “Venezuela” ya forma parte de la agenda de los políticos
latinos en EEUU. El caso más notorio de reciente activismo político y
parlamentario alrededor del tema latinoamericano y en especial “Venezuela” es
el del republicano Marco Rubio. Durante su viaje oficial a Colombia el
05-06NOV14, Rubio sostuvo reuniones con el alto gobierno colombiano incluyendo
al vicepresidente German Vargas Lleras, los ministros de Defensa y Hacienda,
así como el jefe de la delegación oficial en las negociaciones con las Farc,
Humberto de la Calle. Rubio igualmente se reunió con el expresidente Alvaro Uribe
Vélez.
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Desde
la radicalización del régimen de Hugo Chávez y su inocultable alianza política
y militar con Cuba, el gobierno de EEUU ha ido imponiendo diversas limitaciones
y sanciones al régimen chavista. Las ventas a clientes venezolanos por empresas productoras de alta tecnología,
tales como IBM o HP, han sido supervisadas durante la última década, según
diversas fuentes, ante sospechas de flujo de equipos informáticos a Cuba.
El
suministro a Venezuela de material para uso militar o para uso final por parte
de militares con tecnología estadounidense está vetado, lo que ha impedido
ventas por parte de las industrias bélicas de varios países incluyendo Brasil y
España. El embargo de EEUU a Venezuela en materia de venta de bienes y
servicios militares fue fijado por resolución del Departamento de Estado
vigente desde el 17AGO06. Luego, desde el 23ENE09, el Departamento de Seguridad Nacional estableció la
revisión especial de barcos que se dirijan a puertos estadounidenses y que
previamente tocaran en puertos venezolanos, como una medida antiterrorista.
En septiembre y noviembre de 2014, el Departamento de
Comercio de EEUU emitió resoluciones que ampliaron el bloqueo al suministro de
equipos con tecnología estadounidense y con uso final militar que pudieran ser
negociados por Venezuela con Rusia y China. El gobierno de Barack Obama
justificó esas recientes nuevas
restricciones de comercio bélico como una respuesta a la “violenta represión
militar contra el pueblo de Venezuela”. También por esa causa, el Departamento
de Estado impuso sanciones, el 30JUL14, a altos funcionarios civiles y
militares venezolanos a quienes se les retiró el visado. Según diversas
fuentes, EEUU ha mantenido informados a varios gobiernos de Latinoamérica,
incluyendo a Brasil y Colombia, sobre los pasos que ha dado ante el régimen
venezolano.
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La
ley 2142 identifica tres tipos de potenciales personas (no sólo funcionarios) sancionables
por EEUU. Primero: los que perpetraron, ordenaron o dirigieron actos de
violencia o serias violaciones de los derechos humanos contra personas
asociadas a las protestas antigubernamentales iniciadas en Venezuela el 04FEB14
(arranque de protestas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira). Segundo:
quienes ordenaran o dirigieran el arresto y persecución de venezolanos por su
ejercicio del legítimo derecho de expresión y reunión. Tercero: quienes
aportaron apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios, en
apoyo de los actos de violación de DDHH. Los supuestos arriba indicados
pudieran corresponderse con varias centenas de potenciales sancionados.
La
implementación de la ley de sanciones tendría un costo que en agosto pasado se
estimaba en US$ 8 millones. Estos recursos serían utilizados por el gobierno de
EEUU en las tareas de identificación de las personas sancionables y la
implementación de dichas medidas que se resumen en suspensión y denegación de
visados, bloqueo de propiedades y de transacciones en EEUU. Por razones de
seguridad nacional, el Presidente podrá exceptuar la aplicación de sanciones a
determinadas personas. Las sanciones no serán aplicables al personal venezolano
ante las Naciones Unidas.
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El
proyecto de ley de sanciones aprobado
por el Congreso de EEUU difiere en diversos aspectos con la versión
originalmente presentada por Robert Menendez en el Senado y del
proyecto impulsado Ros-Lehtinen. El proyecto senatorial fue progresivamente
modificado para complacer a diversos sectores en el Congreso, reduciendo el
costo presupuestario de la ejecución de la Ley. Igualmente fueron dejados a un
lado diversos aspectos de acción directa en la política venezolana, reduciendo
el perfil “injerencista” del proyecto inicial y haciéndolo más potable
internacionalmente. La ley aprobada no incluye la creación de un fondo para respaldar a la oposición
venezolana, cuyo monto era de US$ 15 millones en el proyecto de Menendez y de
US$ 5 millones en el proyecto Ros-Lehtinen. Este punto fue eliminado desde el
mes de agosto por los promotores del proyecto en el Senado, para garantizar que
varios senadores republicanos no bloquearan la vía rápida para la aprobación.
El proyecto que corrió en el Senado originalmente obligaba al Departamento de
Estado a “fortalecer la organización y
capacidad operacional de la sociedad civil en Venezuela”, “facilitar el acceso
no censurado a Internet a los venezolanos”, “proveer apoyo a organizaciones
políticas democráticas y al monitoreo electoral en Venezuela”, entre otras
medidas. Estas acciones no figuran en el proyecto finalmente aprobado.
El
apoyo a refugiados políticos, las sanciones a empresas proveedoras de equipos
antimotines, puntos incluidos en el proyecto de ley de Ros-Lehtinen, también
quedaron fuera de la legislación aprobada.
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Las
primeras reacciones del gobierno Maduro ante la aprobación de la ley en el
Congreso de EEUU ha sido intensificar su campaña contra el líder opositor
Leopoldo López, preso en una cárcel militar y, contra su esposa Lilian Tintori
quien adelanta una incansable campaña internacional por la causa de su marido. Aparte de la utilización publicitaria de la
ley en plano de victimización interna, el aparato propagandístico
castrochavista ya comenzó a movilizarse internacionalmente. El ALBA se
pronunció el 11DIC14 denunciando la “agresión” de la “elite imperialista”. El
gobierno Maduro está gestionando pronunciamientos de los distintos gobiernos de
la región y de organismos como Mercosur o Unasur. En Caracas y en La Habana se
sopesan las posibles acciones diplomáticas de Maduro ante EEUU.
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