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| Lula da Silva y la comitiva de Nicolás Maduro
reunidos en la Embajada de Venezuela en Brasilia el 09MAY13. Foto: Instituto
Lula
El régimen chavista saca abierto provecho electoral y prueba
mecanismos de control social en las zonas fronterizas con Colombia. Desde el
19AGO15, el gobierno de Nicolás Maduro ha ido progresivamente cerrando el
tránsito en segmentos de la frontera con Colombia y ha decretado un estado de excepción
con derechos constitucionales suspendidos o administrados por jefes militares.
En la población fronteriza de San Antonio del Táchira, el régimen realiza desde
finales de septiembre un censo de población ejecutado por militantes del
partido de gobierno organizados en lo que denominan “Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez” con abiertos propósitos
electorales. El censo, según un reportaje del diario La Opinión de Cúcuta del
06OCT15, tiene como propósito contabilizar el número de habitantes por
vivienda, información que serviría para determinar la cantidad del suministro
de productos básicos a la zona, los cuales serán entregados a “consejos
comunales” para su venta a las “cabeza de familia” previa aprobación de las
instancias política partidista.
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Las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y
las Farc viven un momento de alta tensión. No pareciera tratarse de una crisis
que lleve, por ahora, a la ruptura de las conversaciones de La Habana. Pero las
contradicciones sobre temas de alto impacto político y el clima de
confrontación pública originado, han obligado incluso a involucrar directamente
a los representantes de Cuba y Noruega, los dos países garantes del proceso, en
las conversaciones del 08OCT15 en procura de una salida al impasse.
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La crisis entre el gobierno Santos y las Farc tuvo lugar
luego que el 23SEP15 se realizara en La Habana un muy publicitado acto, con la
presencia de Raúl Castro, Santos, el jefe de las Farc Timoleón Jiménez Timochenko,
representantes de los gobiernos garantes y acompañantes, con un inusual
despliegue mediático internacional. Timochenko, quien arribó a Cuba desde
Venezuela con apoyo logístico del gobierno de Nicolás Maduro, se mostraba ese
día con una imagen renovada, cabello y barba recortados, vistiendo guayabera
blanca y no uniforme de camuflaje, hablando pausado casi con aires de timidez
en reportajes preparados por el canal cubano-venezolano Telesur, listo para
cambiar la imagen internacional de las Farc. Del encuentro privado entre Santos
y el cabecilla de las Farc surgió el pacto para alcanzar un acuerdo definitivo
de paz a más tardar en el mes de marzo de 2016, pero ese día la noticia importante
fue la firma de un supuesto acuerdo para crear una “Jurisdicción Especial para
la Paz”.
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Ahora se sabe que el evento de La Habana del 23SEP15 tuvo
como finalidad mejorar el clima de opinión en Colombia en relación a las
negociaciones, el cual se ha ido enfriando de forma sensible. Una encuesta tras
el acto de La Habana, realizada por la empresa Ipsos-Napoleón Franco para la
revista Semana, mostró que el 52% de los entrevistados se mantiene pesimista
sobre que los diálogos concluyan en “la paz”. Esta cifra revela un relativo
cambio ya que tres meses antes el 69% se decía pesimista. Incluso, un 9% de los
entrevistados dijo tener una imagen positiva del jefe de las Farc y el 20%
afirmó que Timochenko debería poder ser congresista. Pero otras respuestas
dejan ver las dudas que mayoritariamente se mantienen en la sociedad
colombiana: el 72% no cree en la voluntad de paz de las Farc, el 67% cree que
las Farc no cumplirán con un potencial acuerdo de paz y, pese al intenso
esfuerzo publicitario del Gobierno Santos alrededor del acuerdo sobre “Jurisdicción
Especial para la Paz”, el 54% de los encuestados se mostró pesimista acerca de
que los diálogos llevarán a la paz y el 65% cree que las negociaciones podrían
romperse. Además, el 59% aseguró que apoya “castigar duro” los delitos
cometidos en el conflicto y el 51% dijo apoyar al expresidente Álvaro Uribe
Vélez en sus críticas al proceso de negociaciones.
En medio de ese clima de opinión, el acuerdo de La Habana
sobre justicia se ha mantenido en secreto y cada una de las partes ha filtrado
lo que considera de su interés. Con el pasar de los días quedó en evidencia que
no existe tal acuerdo sobre justicia para la paz sino un documento de 75 puntos
en el cual temas claves como delitos sujetos a amnistía, “restricción de
libertad” y extradición están pendientes. Las Farc acusaron el 08OCT15 al
gobierno Santos de estar violando lo pactado: “cumplimos nosotros, seguimos a
la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar
corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y
alcance del sistema concebido, que como se ha afirmado, está cerrado”. Mientras
Humberto de la Calle, el jefe negociador por el Gobierno, afirmó que el texto
firmado “exige mayores desarrollos y en algunos casos, precisiones” y que el
único acuerdo con las Farc fue el texto del comunicado distribuido. Uno de los
temas centrales de la disputa es el tipo de penas que se impondrían en un
hipotético escenario de fin del conflicto a manos de un sistema judicial
especialmente creado para este proceso. El gobierno colombiano, según cercanos
observadores del proceso, teme que la divulgación de un listado de penas leves
que habría sido negociado en La Habana, podría erosionar fuertemente el apoyo
político y de opinión sobre el acuerdo de paz. Finalmente, las Farc accedieron
a la propuesta del Gobierno de devolver el documento sobre “Jurisdicción
Especial para la Paz” al grupo de juristas designados por ambas partes quienes
deberán retomar sus tareas a mediados de octubre, muy probablemente en La
Habana y no en Bogotá como hasta ahora.
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El régimen venezolano no emitió invitaciones a la OEA o la
Unión Europea para enviar comisiones de observadores a las elecciones
parlamentarias del 06DIC15. Salvo la usual lista de invitaciones individuales a
políticos extranjeros simpatizantes con el régimen, las autoridades electorales
sólo extendieron invitación en calidad de “acompañante” a Unasur, organismo que
operativamente está en manos de sectores afiliados o cercanos con el
castrochavismo.
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Unasur se apronta a enviar a Venezuela, una semana antes de
los comicios, a un grupo de cincuenta representantes de los países que
conforman esa organización, los cuales estarán encabezados por un
“representante especial”, figura que recayó en el brasileño Nelson Jobim.
Jurista de formación, Jobim es un hombre con alta movilidad en los medios
políticos y judiciales de Brasilia, con tránsito abierto ante el gobierno de
EEUU. Se desempeñó como Ministro de Defensa de los gobiernos de Lula da Silva y
Dilma Roussef donde ejecutó una intensa “diplomacia militar” en Suramérica, ha
sido miembro del Supremo Tribunal Electoral y del Tribunal Superior Electoral.
Políticamente está relacionado con el partido prooficialista PMDB, se mueve
como pez en el agua entre la oposición, el Gobierno y sectores empresariales y,
desde finales del año 2014 ha realizado gestiones ante las autoridades
judiciales a favor de empresarios envueltos en el escándalo de corrupción en la
petrolera Petrobras. El hombre seleccionado por Dilma Rousseff para
representarla en Caracas durante las elecciones del 06DIC15 es un personaje de
primera línea en su país, no incondicional con el chavismo, pero cercano a
sectores empresariales con intereses en Venezuela. Sin embargo, el papel de
Jobim y de los representantes de organismos electorales suramericanos será más
cercano al “turismo electoral” que a la observación técnica y política de la
pulcritud de todo el proceso electoral. Interrogado sobre su papel en
Venezuela, Jobim dijo el 17SEP15 a Folha de São
Paulo que “acompañamiento” y “observación” son la misma cosa, dejando en
evidencia desconocimiento o indiferencia acerca de una materia de fondo en
cuanto a este proceso electoral.
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Lula da Silva habría realizado tareas de lobby en Venezuela
no sólo ante Hugo Chávez sino ante Nicolás Maduro. Según un reportaje de la
revista brasileña Veja, Lula habría intervenido a favor de la empresa Andrade Gutierrez ante Maduro. Documentos
incautados en medio del proceso judicial por corrupción en la petrolera estatal
Petrobras, dejarían ver la preocupación de altos ejecutivos de la constructora
sobre el distanciamiento, a principios del año 2014, entre Maduro y Dilma
Rousseff el cual podría afectar las operaciones de la empresa Andrade Gutierrez
en Venezuela. La táctica de Andrade Gutierrez habría sido utilizar la amistad
de Lula con Maduro como “punto focal de apoyo” para los negocios en Venezuela.
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La situación política de Brasil tiende a hacerse cada vez
más inestable. La posibilidad de que Dilma Rousseff sea destituida en una fecha
relativamente pronta del año 2016, quedó abierta por dos decisiones tomadas con
diferencia de pocas horas por el Tribunal Superior Electoral y por el Tribunal
de Cuentas de la Unión de Brasil.
El Tribunal Superior Electoral abrió el 06OCT15 un proceso
judicial contra Rousseff y su vicepresidente Michel Temer, a quienes podría
serle retirado su triunfo electoral. Ambos serán procesados, a pedido del
opositor partido PSDB, por sospechas de haber utilizado el poder político y
económico del Estado para ejecutar y financiar su campaña, mediante el uso
indebido de locales y equipos públicos, uso indebido de cadenas de radio y Tv,
manipulación de indicadores socioeconómicos, desvío de dinero de la estatal
Petrobras y gastos superiores a los oficialmente informados a las autoridades
electorales.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión decidió el
07OCT15 recomendar al Congreso la no aprobación de la ejecución presupuestaria
del gobierno de Rousseff correspondiente al año 2014. El caso será llevado a la
Comisión Mixta de Presupuesto y posteriormente a la plenaria del Congreso, en
un proceso que podría desembocar en un juicio político a Rousseff
(impeachment) y a su destitución.
En el primero de los casos sería necesario convocar a nuevas
elecciones. En el segundo escenario, el vicepresidente Temer, cabeza del
partido PMDB, asumiría la Presidencia. Por ahora la suerte aún no está decidida
para Rousseff y habrá que esperar largos meses de tensión política en Brasilia
en un reacomodo de fuerzas políticas y empresariales, procurando un nuevo cuadro
de ejercicio del poder.
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