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Henry Ramos Allup conversa con el chavista José Vicente
Rangel, el 10ABR14 en el Palacio de Miraflores. A un lado Ramón Guillermo
Aveledo y la canciller colombiana María Ángela Holguín. Foto Prensa
Presidencial
Los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para maniatar a
la nueva Asamblea Nacional venezolana, generaron una dura reacción del gobierno
de Brasil, cuyo aparato diplomático ha ido progresivamente abandonando su rol
de aliado incondicional del chavismo. El 05ENE16, la cancillería brasileña
emitió un comunicado en el cual pidió al régimen venezolano “preservar y
respetar las atribuciones y prerrogativas constitucionales de la nueva Asamblea
Nacional venezolana y de sus miembros electos” en las elecciones del 06DIC15.
En lo que puede entenderse como una advertencia brasileña a las amenazas de un
golpe de Estado contra el Parlamento por parte del chavismo, Itamaraty declaró
que “en la Suramérica del siglo XXI no existe lugar para soluciones políticas
fuera de la institucionalidad”.
El documento de Itamaraty fue emitido por Sérgio Danese, Secretario
General de la cancillería brasileña en
funciones de Ministro ante la ausencia del titular Mauro Vieira quien
disfrutaba de vacaciones. Según el portal O Antagonista, Danese no sometió el
texto a consideración de Marco Aurelio García, el operador que Lula da Silva
mantiene en la presidencia brasileña para guiar la política exterior de Dilma
Rousseff. Danese, quien es un hombre vinculado con el vicepresidente Michel
Temer, dio una muestra de la reacción que la tradicional diplomacia brasileña
estaría dando contra la política exterior pro castrochavista del lulismo.
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Tras la derrota en las elecciones legislativas del 06DIC15,
el chavismo gobernante en Venezuela se apresuró a tomar medidas para
neutralizar al nuevo Parlamento y garantizarse el actual control total del
sistema judicial. Una de esas medidas fue ejecutada por la Asamblea Nacional
saliente el 22DIC15, con la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia sin cumplir los trámites y plazos legales. El régimen venezolano
creyó poder frenar el ingreso de magistrados no chavistas al máximo tribunal,
el cual según la Constitución deberá operar como virtual árbitro entre el
Ejecutivo y la Asamblea Nacional ahora con mayoría opositora. Voceros de la
oposición manifestaron en su momento, la intención de anular esa treintena de
designaciones que incluyó a 13 magistrados que ya están en funciones y 21
suplentes. Pero en medios opositores se está manejando una propuesta para
proceder al reemplazo de la totalidad del Tribunal Supremo de Justicia con lo
cual se produciría un verdadero terremoto político en el país. Un informe
jurídico conocido por el Informe Otálvora incluye, además, argumentos y
recomendaciones para que la Asamblea Nacional proceda a la anulación de
designaciones en los llamados poder electoral y poder ciudadano, que abarcaría
a rectores del Consejo Nacional Electoral, la Fiscal General de la República,
el Contralor General y el Defensor del Pueblo, todos ellos de filiación chavista.
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Desde el año 2006 en Mérida, ciudad de los andes venezolanos
asiento de la bicentenaria Universidad de los Andes, funciona un grupo de
reflexión política bajo la batuta de José Mendoza Angulo, Genry Vargas, Michel
Rodríguez y Nestor López, todos ellos exrectores de esa casa de estudios. El
grupo conocido como “Tertulia de los martes” acaba de producir un documento con
la firma del jurista Moises Troconis, en el cual se pone en tela de juicio no
sólo las recientes designaciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral
sino todas las realizadas desde el año 2004. El análisis jurídico de Troconis,
que ya fue puesto en manos de la dirigencia opositora, implica que 106
magistrados fueron nombrados desde el 2004 por la Asamblea Nacional controlada
por el chavismo, violando las normas constitucionales del caso. Entre esos
magistrados se incluye a la actual presidente del TSJ, Gladys María Gutiérrez
Alvarado y a los cinco restantes miembros de la directiva quienes a su vez
presiden las salas constitucional, electoral, penal, social, civil y
administrativa. De prosperar la tesis de Troconis, todos los magistrados del
TSJ podrían ser objeto de suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos,
mientras dure un proceso sumario a manos de la actual Asamblea Nacional
controlada por la oposición que podría conducir a la anulación de sus
designaciones.
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El argumento central de Troconis para calificar de nulas las
designaciones de los magistrados reside en dos reformas realizadas los años
2004 y 2010 por el chavismo a la ley que norma el funcionamiento del Tribunal
Supremo de Justicia. Esas reformas, violando la propia Constitución chavista,
alteraron los métodos para la selección de los magistrados colocando todo el
proceso en manos de la Asamblea Nacional que para entonces actuaba como un apéndice
de Hugo Chávez. Según esas leyes, explica Troconis, “el Comité de Postulaciones
Judiciales sería un órgano de la Asamblea Nacional y sus miembros serían
designados en su totalidad por ella. De este modo, la mayoría simple de la
Asamblea tendría el control de la primera preselección de los candidatos a
magistrados y también su selección definitiva…”. Troconis agrega: “Por esta
vía, las normas legales citadas desnaturalizan el Comité de Postulaciones
Judiciales, niegan su integración constitucional, privan a los diferentes
sectores de la sociedad venezolana de elegir a sus representantes en él, y
facultan indebidamente a los diputados y demás personas designadas por la
mayoría simple de la Asamblea para suplantar a dicho Comité en el cumplimiento
de las funciones que le atribuye la norma constitucional en forma expresa.”
Troconis concluye que la Asamblea Nacional debe abrir un
proceso sumario, con derecho a defensa de los magistrados, en el cual se decida
sobre las designaciones de magistrados del TSJ realizadas el 13DIC04, 07DIC10,
28DIC14 y obviamente del 22DIC15. La apertura del proceso y sus conclusiones se
realizarían con el apoyo de la mayoría simple de la Asamblea, es decir, que la
oposición venezolana estaría en capacidad legal para adelantar el proceso.
Concluye Troconis que “Si la Asamblea reconoce que el “órgano” que fungió de
Comité de Postulaciones Judiciales era manifiestamente incompetente, que su incompetencia derivó del
hecho de haber usurpado la autoridad constitucional del Comité en el cumplimiento
de sus funciones, y que, por esta razón, los actos que ejecutó se encuentran
viciados de nulidad absoluta, la consecuencia jurídica necesaria, forzosa, de
tal reconocimiento, sería la nulidad absoluta de los procedimientos de elección
de magistrados…”.
El documento de Troconis comenzó a circular entre la
dirigencia opositora venezolana a finales del mes de diciembre. En medio de la creciente
confrontación entre el régimen chavista y la nueva Asamblea Nacional, la
propuesta Troconis cobra relevancia como una potencial línea de acción
opositora, a juicio de fuentes consultadas por este Informe.
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Las sombras de Hugo Chávez y Cristina Krichner desaparecen
rápidamente de Mercosur tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de
Argentina. El 07ENE16, Macri viajó a Uruguay para sostener en la residencia
presidencial de Anchorena, su primera reunión bilateral con el uruguayo Tabaré
Vázquez. Macri y Vázquez se mostraron como socios políticos pese a sus
diferentes orígenes ideológicos, lo que confirma la existencia de planes
comunes. La política de los gobiernos Kirchner contraria al comercio entre los
miembros del Mercosur está quedando atrás. La política argentina hacia Uruguay
ya no se rige por la ojeriza de Cristina Kirchner contra Vázquez, quien durante
su primer gobierno se opuso a la designación de Néstor Kirchner como Secretario
General de Unasur por el conflicto de intereses que ello representaba.
Macri anunció la compra de gas a Uruguay y el levantamiento
de las sanciones que los Kirchner impusieron al puerto de Montevideo. Macri y
Vázquez se proponen impulsar la candidatura conjunta para lograr la sede de la
Copa Mundial de Futbol 2030. En su reunión confirmaron lo acordado en un rápido
encuentro celebrado junto a Michelle Bachelet en Santiago de Chile el 04DIC15
para abrir una línea de acercamiento comercial entre Mercosur y la Alianza del
Pacífico.
Mientras el gobierno de Dilma Rousseff se muestra paralizado
por la crisis política interna, Macri está tomando la iniciativa para una
reorientación de los pactos políticos y económicos regionales.
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domingo, 10 de enero de 2016
Destituir todo el Tribunal Supremo estudia oposición en Venezuela
Informe Otálvora del 09 de enero de 2016