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El ministro de la
Defensa Vladimir Padrino visita una empresa textil militar el 12FEB16 (Foto
@prensaFANB)
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La situación política
en el interior del régimen venezolano tiende a complicarse y este hecho se
refleja en su actividad internacional. Desde finales del año 2015, la
diplomacia chavista planificó un viaje de Nicolás Maduro a Nueva York aprovechando que Venezuela asumiría la
presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de
febrero. Mejorar la maltrecha imagen internacional de Maduro era el principal
motivo de la visita. El representante permanente del gobierno Maduro ante la
ONU, Rafael Ramírez, negoció y organizó para el 15FEB16 una sesión especial del
Consejo que sería presidida por Maduro, para la cual se acordó con gobiernos
antiestadounidenses realizar una suerte de enjuiciamiento a la política
exterior de EEUU. El “respeto de los propósitos y principios” de la ONU fue el título escogido
por Ramírez para la sesión organizada para que su jefe ganara titulares de
prensa en el privilegiado escenario del Consejo de Seguridad. El programa
elaborado para Maduro incluía una velada musical en el salón de sesiones de la
Asamblea General, donde la estrella musical internacional del chavismo, Gustavo
Dudamel, dirigiría la Orquesta Sinfónica de Venezuela movilizada a EEUU
especialmente para la ocasión.
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Llegado el 15FEB16,
Maduro no viajó a EEUU. El Consejo de Seguridad realizó la prevista sesión
especial pero bajo la presidencia de la canciller de Maduro, Delsy Rodriguez, quien
pronunció un discurso inusualmente largo para un ministro en este tipo de reunión.
Probablemente Rodríguez leyó el texto que había sido preparado para Maduro. En
horas de la noche, la canciller chavista acompañada del Secretario General de
la ONU, Ban Ki-moon, fue la anfitriona en la deslucida gala con Dudamel. En los
pasillos de la ONU quedó la impresión de
que algo debía estar ocurriendo en Venezuela que impedía que Maduro fuera a
Nueva York.
Por cierto, el
14FEB15, día antes de la planeada visita a la ONU, Maduro tenía previsto
desplazarse al estado Cojedes, al centro de Venezuela, hasta donde viajó un
ejército de vicepresidentes y ministros para participar en un acto-programa de
televisión. Las actividades de Maduro en Cojedes fueron suspendidas a última
hora sin explicación oficial.
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La alianza de gobierno
entre el debilitado chavismo y la cúpula militar en Venezuela, basada en el
control castrense de las áreas más sensibles del aparato gubernamental, ya se
expandió a los sectores claves de la economía venezolana: petróleo y minería. A
la usanza cubana, donde la élite militar controla las empresas del Estado, el régimen
chavista propició que aparte de su rol castrense el Ministerio de la Defensa actuara
también como un holding corporativo con,
por ejemplo, empresa de transporte, vigilancia de valores, un banco comercial y
hasta un negocio de envasado y comercialización de agua potable, todo ello
financiado con recursos del tesoro público.
Según la analista de
temas militares Rocío San Miguel, en los últimos cinco años han ascendido 886
oficiales al rango de general en Venezuela. Como se recordará, el chavismo
mediante la Constitución Bolivariana eliminó el control parlamentario sobre los
ascensos castrenses, los cuales ahora dependen sólo de la decisión presidencial.
El número total de generales activos en Venezuela es un secreto oficial, pero
las estimaciones de San Miguel lo colocan en más de un millar. La cifra no pareciera
guardar correspondencia con promedios internacionales que relacionan el tamaño
de los países y sus ejércitos con el número de cargos de generalato y
almirantazgo. Según un reciente reporte del portal brasileño Defesa.net, con base
en cifras oficiales del año 2015, en Brasil existen sólo 273
oficiales-generales distribuidos en las tres armas.
Desde el Ministerio de
la Defensa, a lo largo del régimen chavista, una importante cantidad de
oficiales han pasado a ejercer funciones de alto y medio nivel en todo el
aparato gubernamental, incluyendo la estrecha vigilancia a las factorías
privadas.
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Con fecha 10FEB16,
Maduro dictó el decreto 2.231 mediante el cual “autorizó” la creación de una
empresa bajo total control del Ministro de la Defensa, con las liberalidades de
una “compañía anónima”, la cual tendrá como propósito incursionar en negocios
petroleros, gasíferos y mineros. El sigilo con el cual fue tomada la medida
despertó toda suerte de sospechas en el mundo político venezolano, incluso
dentro de sectores oficialistas, máxime cuando la designación de la junta
directiva de la empresa estará en manos del Ministro de la Defensa. Pese a la
privatización de la explotación petrolera impuesta por Hugo Chávez bajo el
cínico título de “verdadera nacionalización petrolera”, en Venezuela la
producción y comercialización de crudo está reservada al Estado. Expertos en
derecho petrolero consultados opinan que el Decreto 2.231 es abiertamente
violatorio de normas constitucionales y
legales que regulan la actividad minera y petrolera.
El teórico del
protochavismo radical Toby Valderrama escribió el 17FEB16 en su portal “El
Arado y el Mar”: “No se conoce muy bien cuál es la finalidad de esta empresa,
pero todo apunta a una manera de privatizar el petróleo y las minas sin las
trabas políticas, espirituales, legales que tendría PDVSA para una entrega
descarada al capitalismo”.
La larga lista de
actividades para las cuales se faculta a la empresa CAMIMPEG dibuja a una
teórica gran prestadora de servicios a empresas petroleras, pero igualmente
retrata a una empresa de explotación minera, gasífera y petrolera. El fisco
venezolano no está en capacidad de financiar la capitalización de una empresa
como la creada por los militares venezolanos la cual, en cambio, podría
comenzar a recibir concesiones petroleras y mineras negociables con empresas y
gobiernos extranjeros interesados, por ejemplo, en explotar oro o diamantes en
las selvas venezolanas.
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A poco menos de 13
kilómetros de la línea fronteriza que separa a Colombia de Venezuela, las Farc
realizaron el 18FEB16 una concentración de varias centenas de combatientes
vistiendo uniformes de campaña, llegados desde territorio venezolano y de diversas
zonas del oriente y la costa colombiana. Desde Cuba, en un vuelo directo desde
La Habana a Valledupar y luego en helicóptero bajo protección de la Cruz Roja
Internacional, Iván Márquez, Jesús Santrich, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda arribaron
al caserío Conejo en el municipio Fonseca de La Guajira. Para su movilización
terrestre fueron utilizadas camionetas de alta cilindrada, probablemente
blindadas, que portaban matrículas venezolanas. El viaje de los jefes de las
Farc a La Guajira fue autorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual
ordenó a sus fuerzas militares despejar la zona. Lo que oficialmente debió ser
sólo una reunión de los jefes de la Farc con sus tropas para informarles sobre
los alcances de las negociaciones en La Habana, se convirtió en un mitin
político donde los jefes guerrilleros escoltados por centenas de hombre y
mujeres fuertemente armados con fusiles de asalto, arengaron a militantes
llegados al lugar en lujosos autobuses.
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Desde el año 2015, a
medida que las negociaciones en La Habana se han ido concretando, el gobierno Santos
autorizó la movilización desde Cuba de
cabecillas de las Farc para sostener reuniones con la “guerrillada”, en
lo que eufemísticamente fueron denominadas como “visitas pedagógicas” para
“socializar” los acuerdos. Las movilizaciones de los guerrilleros implican
complejas y costosas operaciones que involucran a la Cruz Roja Internacional, así
como a los gobiernos de Colombia, Cuba, Noruega y Venezuela. Según fuentes
oficiales, hasta la fecha han sido autorizados cinco viajes a Colombia de los
negociadores de las Farc con ese propósito. El primero hecho público, habría
ocurrido los días 15 y 16MAY15 con la presencia de los “comandantes” Carlos
Antonio Lozada y Pastor Alape en aislados municipios en los departamentos de
Antioquia y Florencia. Salvo por la cobertura del canal de propaganda
castrochavista Telesur y por los sofisticados medios con que las Farc cuentan
en Internet, la reunión de los jefes de las Farc con sus tropas pasaban
usualmente desapercibidas. La situación cambió el 18FEB16 cuando la reunión se
celebró en La Guajira y su formato rebasó el de un encuentro interno, lo que
rápidamente se divulgó por los medios de comunicación creándole al gobierno
Santos una situación difícil de opinión pública y dando gráficos argumentos a
quienes se oponen radicalmente a los acuerdos con las Farc. Tras ordenar el fin
de las “visitas pedagógicas”, el 19FEB16 Santos afirmó que “no habrá
proselitismo político, ni tendrán efecto los beneficios jurídicos mientras las
Farc estén armadas”.
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El acto en Conejo fue
el primer evento organizado abiertamente y en conjunto por el brazo armado de
la guerrilla y sus organizaciones legales (“sociales” y “culturales”) incluyendo
al partido Unión Patriótica, con vistas a la futura actividad política partidista
de las Farc. Panfletos firmados por el Frente 59 de las Farc que opera en La
Guajira, llamaban a “convertir cada organización comunitaria en un comité de
implementación y verificación de los acuerdos”. Con armas y municiones, los
guerrilleros de las Farc ya están haciendo campaña política, sin esperar la
firma de los acuerdos.
Las Farc escogieron La
Guajira como zona experimental para su nueva estrategia. No pareciera casual ahora
que La Guajira colombiana de pronto se convirtió en tema de denuncias internacionales
sobre la secular y dramática situación de las comunidades indígenas. Incluso, la
exsenadora y operadora política Piedad Córdoba, con el apoyo del gobierno chavista
por medio de Telesur, realizó a principios del mes de febrero una publicitada visita
a la región acompañada de la activista guatemalteca Rigoberta Menchú.
