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| Nicolás Maduro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de abierta inclinación chavista, el 29ENE16. Foto: Presidencia Venezuela |
Evo Morales confesó el
05FEB16 haber mantenido una relación amorosa a mediados de la década pasada con
una joven ”empresaria” boliviana, actualmente de 29 años de edad y con una
impresionante carrera en el mundo de los negocios. La sombra de la corrupción
que ha tocado a bajos niveles del gobernante partido MAS se proyecta
directamente a los más altos escalones del gobierno. El periodista Carlos
Valverde mostró el 03FEB16 documentos que prueban que el presidente boliviano y
Gabriela Zapata Montaño son padres de un niño nacido el 18JUN07, el cual ya
habría fallecido según ahora dijo Morales. Valverde reveló que la expareja de
Morales fue contratada por la empresa china CAMC Engineering, la cual obtuvo contratos
con el gobierno boliviano en áreas tan diversas como construcción de líneas
férreas, proyectos mineros y azucareros. Valverde acusó a Zapata y Morales de
“tráfico de influencias”. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,
confirmó el 04FEB16 que la empresa recibió siete contratos estatales por un
monto de US$566 millones, pero negó que le fueran adjudicados a raíz de la
relación entre Morales y Zapata. Ante las acusaciones de corrupción, Morales
apeló a la victimización, alegando que se trataba de una “guerra sucia” que
utiliza “un hecho privado” y “utiliza hasta un niño fallecido para sus
propósitos”.
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La oposición
venezolana suscribió un pacto previó a las elecciones legislativas del 06DIC15,
según el cual procedería a adelantar las acciones necesarias dentro del
ordenamiento constitucional para provocar la salida de Nicolás Maduro de la
Presidencia de la República. Ese pacto quedó corroborado cuando el diputado por
Acción Democrática, Henry Ramos Allup, asumió la Presidencia de la Asamblea
Nacional el 05ENE16 y anunció que “en un lapso de seis meses presentaremos un
método para reemplazar constitucionalmente a Maduro”.
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Dos muestreos de
opinión pública realizados a mediados del mes de enero señalan que la popularidad de Maduro se
encuentra en 10%. Esa “popularidad” es medida mediante preguntas sobre la
opinión de los encuestados evaluando la gestión de gobierno. En ese contexto, la
definición de una ruta para forzar la salida de Maduro se ha convertido en un
verdadero quiebra cabezas para la dirigencia opositora. A la fecha, según lo
recogido entre altos dirigentes de las principales fuerzas opositoras, no
existe un acuerdo sobre la vía que la Oposición intentará utilizar para
desplazar a Maduro de la Presidencia y garantizar la celebración inmediata de
nuevas elecciones presidenciales.
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Las principales
fuerzas políticas que conforman la alianza opositora venezolana MUD no
coinciden en cuanto a la ruta para desplazar a Maduro lo cual refleja, a su
vez, las estrategias propias de cada uno de los liderazgos partidistas en su
camino al poder. Los dos líderes más importantes, según las encuestas de
opinión, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el preso
político Leopoldo López, defienden tesis contrarias. Capriles y su partido
Primero Justicia apuestan por la convocatoria de un referendo revocatorio del
mandato de Maduro, mientras la gente de López congregada en Voluntad Popular
propugna la elección de una Asamblea Constituyente que dictare una nueva carta
política que tendría como efecto colateral el acortamiento del gobierno Maduro.
El presidente de la Asamblea Nacional, por su parte, se pronunció favorable a
la opción de una enmienda constitucional que modifique la duración del mandato
presidencial, propuesta que ya fue presentada a consideración de la Asamblea
Nacional el 02FEB16 por el partido izquierdista Causa R. Sin embargo, al
interior del partido Acción Democrática existen dudas sobre la eficacia de este
mecanismo. En tanto, María Corina Machado, con poco peso en las encuestas pero
con importante impacto de opinión, mantiene la tesis de exigir la renuncia de
Maduro.
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Análisis jurídicos y
políticos que la oposición venezolana realiza sobre las opciones constitucionales para intentar
desplazar a Maduro, resaltan la dificultad de implementarlas ante la
parcialidad del Tribunal Supremo de Justicia a favor del chavismo. El control
chavista del TSJ se convirtió en la clave del régimen para neutralizar la capacidad
de acción de la Asamblea Nacional y amenaza con frustrar intenciones opositoras
de revisar las designaciones de los propios magistrados del TSJ y de proceder a
la renovación del poder electoral cuyos miembros se encuentran en situación de
provisionalidad. Todas las opciones constitucionales asomadas por la Oposición
pueden ser obstruidas y retrasadas por medidas del TSJ y pasan por su
confirmación en referendos populares a ser organizados por el Consejo Nacional
Electoral.
La opción del
referendo revocatorio, que enfrentaría predecibles interpretaciones
obstruccionistas del chavismo por medio del TSJ, podría resultar extemporáneo,
a juicio de varios líderes opositores consultados, ya que de concretarse en una
fecha tardía el reemplazo de Maduro sería su Vicepresidente Ejecutivo y no se
produciría adelanto de elecciones. La “ventana temporal” para que el referendo
revocatorio sea efectivo para la Oposición es muy estrecha y lo haría poco
aconsejable. Aunque el referendo revocatorio es la vía que contaría con menor
resistencia internacional ya que no podría calificarse como una “ruptura
constitucional”.
La propuesta de promover
una enmienda constitucional que reduzca el mandato de Maduro ha sido evaluada
negativamente por juristas opositores, quienes la califican como inviable. La
enmienda podría ser anulada por el TSJ con argumentos relativamente simples
como la inaplicabilidad retroactiva de las nuevas normas constitucionales. Sin
embargo, la enmienda constitucional, cuyo proceso en buena medida depende
directamente de la Asamblea Nacional, ha ganado respaldos en los últimos días. Incluso,
una fuente cercana al equipo de trabajo de María Corina Machado aseguró a este
Informe que la posición a favor de la renuncia podría modificarse a favor de
otra vía que reúna importantes respaldos dentro de la alianza opositora.
La reforma
constitucional es rechazada prácticamente por la mayoría de los actores por
significar un proceso largo que abriría agrios debates, incluso en el propio
seno de la oposición, restándole peso al tema de la remoción de Maduro. Una
fuente consultada, conocedora de las intimidades del movimiento de Leopoldo
López, aseguró a este Informe que su propuesta de convocar una Asamblea
Constituyente podría cambiar, de continuar el rápido agravamiento de la
situación política y económica.
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En diciembre de 2016 deberían
producirse en Venezuela elecciones para escoger gobernadores de Estado y, según
proyecciones que analistas opositores, de un total de 23 cargos en disputa la
MUD podría obtener 19, de mantenerse la férrea alianza que mostró para las
legislativas. La MUD desplazaría al chavismo de los más importantes gobiernos
regionales, según analistas consultados. Las campañas para las elecciones
estadales coincidirían en el tiempo con las potenciales campañas para un
referendo revocatorio, para una enmienda constitucional o para la eventual
convocatoria a una Asamblea Constituyente, con lo cual la decisión sobre la
“opción constitucional” para forzar la salida de Maduro pasa además por
evaluaciones electorales. Todo esto tiene como telón de fondo las alarmantes cifras
sobre la situación económica del país y la imposibilidad del gobierno Maduro para sostener los niveles
de gasto y de importaciones que abastecieron a la población.
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El 01MAY1991, guerrilleros
colombianos tomaron “pacíficamente” la Embajada de Venezuela en Bogotá
exigiendo que el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo iniciara negociaciones en
la propia sede diplomática venezolana. Álvaro Leyva Durán, político de origen
conservador y quien en aquel entonces era miembro de la Asamblea Constituyente
en representación del recién desmovilizado M19, facilitó el acceso de un grupo
de “comandantes” de las Farc, ELN y EPL quienes actuaban en nombre de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Leyva Durán había solicitado una
reunión con Fernando Gerbasi, quien entonces era el Embajador de Venezuela en
Colombia. Bajo evidente engaño, Leyva Durán introdujo a la sede diplomática
venezolana a un grupo formado por Daniel Aldana, comandante del XII frente de
las Farc, Miguel Suárez del EPL y Lucía González del ELN, junto a dos diputados
y un miembro de la Unión Patriótica. A las 11:20 de la mañana, Leyva anunció a
Gerbasi que en ese justo momento se estaba informando a las radios de Colombia
que la guerrilla realizaba una “toma pacífica” de la Embajada venezolana.
El gobierno de Carlos
Andrés Pérez que previamente había ofrecido de forma reiterada a Venezuela como
sede de eventuales negociaciones de paz, rechazó la presencia de guerrilleros
en la Embajada. El gobierno de Gaviria Trujillo se negó a complacer las
pretensiones guerrilleras. Pocas horas después, tras las gestiones de
diplomáticos venezolanos, los guerrilleros fueron evacuados por vía aérea a
Venezuela, con lo cual se comenzó a perfilar el acuerdo, alcanzado el 15MAY91,
para el inicio de las negociaciones que arrancaron en junio de aquel año en
Caracas.
El suceso de la toma
de la Embajada venezolana por la guerrilla en 1991 forma parte de los hechos
narrados por Fernando Gerbasi en su libro “Testimonio de una diplomacia activa”,
el cual acaba de poner en circulación y que reúne su larga experiencia como
diplomático venezolano en una convulsa Colombia.
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Por cierto. Leyva
Durán es actualmente uno de los “asesores” jurídicos de las Farc en las
negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y actúa como enlace de la
guerrilla con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
