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Dilma Rousseff en la
residencia de Lula, en São Bernardo do Campo, el 05MAR16. Foto: Ricardo
Stuckert/Instituto Lula
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Los diplomáticos
extranjeros acreditados en Venezuela deben solicitar permiso al gobierno de
Nicolás Maduro para sostener reuniones con dirigentes de la Oposición,
incluyendo a las autoridades de la Asamblea Nacional.
El 07ENE15, la
canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, convocó a los jefes de misiones
diplomáticas acreditadas en Caracas para una reunión colectiva en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los
diplomáticos citados a la Casa Amarilla suponían
que el encuentro tendría como objeto recibir un saludo amistoso por el inicio
del nuevo año. Para sorpresa de los invitados, la convocatoria no fue hecha con
fines sociales sino para que la ministra Rodríguez emitiera una reprimenda a
los embajadores extranjeros. Rodriguez exigió “no inmiscuirse en la vida
política nacional, Venezuela es hoy víctima de una guerra no convencional, por
lo tanto hacemos un llamado a los funcionarios diplomáticos acreditados en
Venezuela que no se involucren en la vida política de Venezuela, no les
corresponde, no les compete…”
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Dos días antes, el
05ENE16, se había producido la instalación de la nueva Asamblea Nacional ahora
bajo control de la oposición. La usual presencia de embajadores extranjeros en una
ceremonia de este tipo en el Palacio Legislativo, generó gran molestia entre
los altos jerarcas del régimen chavista. Pocas horas después el co-mandatario Diosdado
Cabello, en su programa semanal en la Tv estatal, atacó al embajador de
Colombia en Venezuela Ricardo Lozano Forero a quien acusó de estar “haciendo reuniones”.
Lozano fue uno de los diplomáticos que atendió la invitación de la Asamblea
Nacional.
El chavismo, como los
antiguos gobiernos de la Unión Soviética y sus países satélites o de la Cuba
actual, viola la libertad que los diplomáticos extranjeros cuentan para
realizar su trabajo el cual incluye contactos con todos los sectores políticos
del país. Por cierto, el gobierno Maduro vetó la presencia de periodistas de “medios
internacionales colombianos” durante una rueda de prensa de la ministra
Rodriguez en la Casa Amarilla el 04MAR16.
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Según el diario Folha
de São Paulo, la embajada de Brasil en
Caracas para atender la renovada exigencia del régimen venezolano, habría
remitido a mediados del mes de febrero una comunicación escrita a la ministra
Rodríguez solicitándole autorización para sostener reuniones con el presidente
de la Asamblea Nacional y con el presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, diputados Henry Ramos Allup y Luis Florido. Dos semanas después la
embajada brasileña aún esperaba respuesta oficial a su pedido. Otras misiones
diplomáticas incluyendo a gobiernos supuestamente incondicionales con el
chavismo, han hecho caso omiso de las advertencias de la canciller de Maduro y,
abierta o discretamente, estarían manteniendo usuales encuentros con
representantes parlamentarios y líderes opositores venezolanos.
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La cancillería
venezolana, que funciona básicamente como un aparato de propaganda del chavismo,
ha sido incorporada al aparato del régimen para neutralizar a la Asamblea
Nacional, mediante una campaña internacional de desprestigio al parlamento
venezolano. La canciller de Maduro viajó a Ginebra, Suiza, para realizar
encuentros con “sectores sociales” e intervenir en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, donde el 02MAR16 dedicó su intervención a atacar el proyecto
de Ley de Amnistía que corre en el parlamento venezolano y que permitiría la
liberación de decenas de presos políticos. La ministro de Maduro, en un acto
que no dejó de causar sorpresa entre diplomáticos acreditados en la ONU, pidió
que ese organismo se pronuncie contra una ley que debate el parlamento
venezolano.
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La crisis política que
vive Brasil alcanzó altos niveles el viernes 04MAR16, cuando unidades élites de
la Policía Federal allanaron decenas de residencias y oficinas relacionadas con
el expresidente Lula da Silva, sus hijos y colaboradores más inmediatos en el
Instituto Lula. El Ministerio Público Federal MPF de Brasil afirma contar con
decenas de evidencias que vinculan a Lula como facilitador y beneficiario en un
esquema de transferencia de recursos desde empresas constructoras contratistas
de la petrolera estatal Petrobras. Se trata sólo de parte de los procesos que
la justicia brasileña investiga y en los cuales el líder de la izquierda
brasileña aparece comprometido.
El MPF solicitó al juez
federal brasileño Sérgio Fernando Moro, con sede en la ciudad sureña de
Curitiba y quien encabeza el proceso de investigaciones denominado “Lava Jato”,
autorización para el traslado obligatorio de Lula y su esposa dona Marisa
Leticia hasta una sede de la Policía Federal de São Paulo para ser interrogados. Moro permitió el
traslado forzado pero sin esposas de Lula, “en caso que el expresidente se
niegue a acompañar voluntariamente a la autoridad policial”, pero “garantizando
el derecho al silencio y la presencia del abogado defensor”. Lula no sería
fotografiado o filmado durante el operativo ordenó Moro, quien no autorizó la
“conducción coercitiva” para la esposa de Lula.
Durante las tres
largas horas en que Lula fue interrogado en la sede policial del aeropuerto de Congonhas,
allí estuvo acompañado de tres abogados y del diputado del PT Paulo Teixeira. Luego
de abandonar el lugar, Lula se dirigió a la sede del Directorio Nacional de su
partido donde emitió declaraciones acusando a la prensa por lo que calificó
como “enjuiciamiento mediático”, se declaró “ultrajado” y dijo merecer “más
respeto en este país”.
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En el documento
entregado por el MPF al juez Moro se señala elementos que podrían demostrar los
pagos a Lula por diversas empresas, entre ellas las constructoras Odebrecht,
OAS, Camargo Correa, Queiroz Calvão, todas
comprometidas en el esquema de corrupción de Petrobras. Compras y costosas
remodelaciones de un apartamento playero y de una propiedad vacacional rural,
transferencias al Instituto Lula por concepto de donaciones y pago de supuestas
conferencias, traslado de ese dinero del Instituto Lula a hijos de Lula, pago
por empresas constructoras de los servicio de trasporte y almacenaje de bienes
de Lula tras su mudanza de Brasilia a São
Paulo y ocultamiento de propiedades son parte de la lista.
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La conexión entre Lula
y compañías constructoras habría quedado
patente tras las investigaciones policiales y judiciales alrededor del
publicista João Santana y su esposa Mônica Cunha, detenidos el 25FEB16 como
parte de las investigaciones seguidas por el juez Moro. Santana, fue el
responsables de las campañas electorales de Lula (2006) y de Dilma Rousseff
(2010 y 2014), asesora a ambos en materia de imagen pública, además de haber
diseñado campañas electorales para diversos aliados extranjeros de Lula cuyos
gobiernos mantenían relaciones de negocios con la empresa Odebrecht. Según las
investigaciones seguidas por el Ministerio Público Federal brasileño, en los
últimos años se constituyó una triangulación entre gobiernos extranjeros que
otorgaban contratos a contratistas brasileños para los cuales Lula actuaba como
facilitador de negocios, lo que se habría repetido con los gobiernos de Hugo
Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba, Danilo Medina en República Dominicana,
amén de operaciones análogas en Angola. El asesor Santana, ya detenido en
Brasil, continúa actuando como responsable por la campaña electoral para la
reelección de Medina en las elecciones previstas para el 15MAY16. En una carta
dirigida el 02MAR16 por los abogados de Santana al juez Moro aseguran que “todo
un equipo de profesionales continúa trabajando en la campaña para la reelección
de Danilo Medina”
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La conexión entre Panamá,
la empresa Odebrecht y el asesor electoral de Lula también ha sido resaltada en
las investigaciones que adelantan autoridades brasileñas. Un cable emitido el
19NOV14 por la embajada de Brasil en Panamá destinado a la Cancillería
brasileña y divulgado por la revista Época, da cuenta de la relación de
Odebrecht y el asesor electoral de Lula con el gobierno panameño encabezado por
Ricardo Martinelli. La empresa brasileña, según la cancillería de
ese país, era “la más importante contratista del gobierno del expresidente
Martinelli”. El cable oficial agrega: “se comenta que la contratación del
publicista Joao Santana para actuar en la campaña del candidato del partido del
expresidente Martinelli, José Domingo Arias, derrotado por el actual
presidente, habría sido efectuada por indicación de la Odebrecht”.
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La apertura de un
juicio político con vistas a la destitución (impeachment) de la presidente
Dilma Rousseff ganó fuerzas tras la acción policial contra Lula. Dos días
antes, el 02MAR16, la revista Istoé publicó documentos filtrados del proceso
Lava Jato, en los cuales se asegura que el senador petista Delcídio do Amaral,
preso acusado de formar parte del esquema Petrobras, habría confesado que Lula
y Rousseff formaron parte del sistema de corrupción de la petrolera. La
filtración de las delaciones de Amaral movió al presidente del principal
partido opositor PSDB, Aécio Neves, para llamar a sus partidarios y aliados a
adelantar el impeachment contra Rousseff, el cual ya fue introducido en la
cámara de diputados. El PSDB se ha sumado a decenas de organizaciones civiles
para convocan a una protesta nacional el 13MAR16 para exigir la salida de
Rousseff de la Presidencia.
En tanto, Dilma
Rousseff viajó al estado de São Paulo el
05MAR16 para almorzar y dejarse fotografiar en la casa de Lula en São Bernardo do
Campo para así mantener una posición pública de
apoyo a su mentor. Pero, simultáneamente, Dilma se ha ido distanciando del
partido PT. La suerte de Lula y Rousseff no necesariamente están unidas: la
mandataria pudiera maniobrar para sobrevivir a la crisis y llegar al 2018, año
de elecciones. Por su parte, Lula pareciera pretende utilizar la figura de
víctima como excusa para iniciar una campaña política a su favor por todo el
país. En tanto, el juez Moro continúa sumando pruebas y declaraciones contra el
exmandatario…
