Informe Otálvora del 28 de mayo de 2016
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| Cancilleres de Brasil y Argentina, José Serra y Susana Malcorra firman acuerdo de coordinación política el 23MAY16. Foto: Cancillería Argentina. |
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El régimen venezolano
amenaza con la masiva utilización de personal militar y cuadros partidistas
para reprimir las protestas en el país.
Tras suspender las
garantías constitucionales en Venezuela, Nicolás Maduro anunció la realización
de “ejercicios militares” los días 20 y 21MAY16. En los “ejercicios”
denominados “Independencia II 2016”, aparte de prácticas de desembarcos de
infantería de marina o uso de sistemas de defensa antiaérea contra hipotéticos
enemigos externos, fue especialmente notoria la realización de simulaciones de
operaciones de control de orden público y combates terrestres contra “enemigos
internos”. Además, altos funcionarios civiles del régimen comenzaron a utilizar
uniformes y armamento militar. El vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturiz
participó en los “ejercicios” en Caracas vistiendo uniforme de la Milicia Bolivariana
con símbolos del rango de “primer teniente”.
En fotografías
oficiales aparece el ministro de Deportes Mervin Maldonado y el gobernador del
estado Mérida Alexis Ramírez, civiles ambos, portando fusiles de asalto AK103
durante los “ejercicios” realizados el 21MAY16 en la población de Tabay, estado
Mérida, al occidente del país.
Arriba: El
gobernador chavista del estado Mérida Alexis Ramírez, el general Luis Graterol
y el Ministro del Deporte de Venezuela Mervin Maldonado durante ejercicios
militares en Tabay, Mérida, el 21MAY16. Abajo: Simulación de operaciones de
represión de protestas en diversas regiones del país. Fotos:
@zodimerida y @ceofanb
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El gobierno paraguayo
de Horacio Cartes, sin estridencias mediáticas, se ha convertido en las últimas
semanas en un activo actor a propósito de los dos temas más álgidos de la
política continental actual: el impeachment a la presidente brasileña y la
crisis política venezolana.
El 18MAY16, cuando la
sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA estaba por finalizar, el
representante de Paraguay solicitó la palabra en la tanda de “temas varios”
para referirse a un asunto no previsto en la agenda: la situación política de
Brasil, luego que el 12MAY16 el Senado brasileño acordara el enjuiciamiento a Dilma
Rousseff. El diplomático José Pereira Sosa, representante alterno de Paraguay ante
la OEA, leyó un comunicado oficial de cinco líneas emitido por su gobierno que califica
como “proceso institucional” el impeachment contra Rousseff y asegura que “proseguirá
normalmente el relacionamiento” con Brasil. De esa manera Paraguay introdujo en
la OEA el tema brasileño contrastando, además, su posición con los altisonantes
gobiernos castrochavistas que califican el impeachment como un “golpe”. Ya
durante el mes de abril, Cartes se negó a suscribir una pronunciamiento de
Unasur a favor de Rousseff y un mes después, desde la OEA, tendió un puente
hacia el nuevo gobierno brasileño intensamente vapuleado internacionalmente por
aliados de Rousseff y Lula da Silva.
Luego, la visita a
Buenos Aires el 23MAY16 de José Serra, Ministro de Relaciones Exteriores del
gobierno de Michel Temer, en la cual fue recibido por el presidente Mauricio
Macri, confirmó que el nuevo gobierno brasileño es bien recibido en el seno de
los países sureños que conforman Mercosur. Serra y su colega argentina Susana
Malcorra crearon ese mismo día, un "mecanismo de coordinación
política" y se prevé una pronta visita de Temer a Argentina.
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La postura de Paraguay
en la OEA el 18MAY16 generó intervenciones de los representantes de Bolivia,
Nicaragua y Venezuela atacando el impeachment en Brasil contra “la compañera
Dilma”. El representante de Brasil, José Luiz Machado e Costa, designado al
cargo en 2015 por Rousseff, defendió la constitucionalidad del proceso que se
sigue en un ambiente de paz contra su exjefa. Argentina tomó la palabra para ratificar
su “respeto” al “proceso institucional” en Brasil. El representante de EEUU, Michael Fitzpatrick,
calificó como constitucional el impeachment y, en contraste con Venezuela,
afirmó que en Brasil existe clara separación de los poderes. “Hoy hay lacrimógenos pero no es en Brasilia o en
São Paulo sino en Caracas”, afirmó Fitzpatrick.
El breve debate en la
OEA sobre el enjuiciamiento a Rousseff concluyó rápidamente, con lo cual se
confirmó que un intento de suspender a Brasil de la OEA, promovido por los
gobiernos castrochavistas y acariciado por Rousseff, no tendría los votos
necesarios. Sólo seis países tomaron clara posición mientras los restantes no
se pronunciaron. Este cuadro de omisiones y silencios pudiera repetirse en caso
de que el tema venezolano sea llevado al Consejo Permanente de la OEA en
procura de la “aplicación” de la Carta Democrática al gobierno de Nicolás
Maduro.
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Mediando el mes de
mayo de 2016, desde el Secretario General de la ONU, el coreano Ban Ki-moon,
pasando por el Vaticano, los gobiernos de Chile, EEUU, Uruguay, Francia,
Argentina, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea,
entre otros, han realizado declaraciones oficiales llamando a un diálogo entre
el Gobierno y la Oposición en Venezuela. El canciller español, José
García-Margallo, propugna un diálogo en Venezuela con previa liberación de
presos políticos. El Secretario de Unasur, Ernesto Samper, impulsa una comisión
encabezada por el español José Rodríguez Zapatero para dar cuerpo a la “Comisión
por la Verdad, Justicia y Reparación a Víctimas” inventada por Maduro. El líder
opositor venezolano Henrique Capriles confesó, al diario El País de Madrid el
23MAY16, haber negociado con Lula da Silva para que el brasileño sirva como mediador
en Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, por su parte, aseguró
haber realizado gestiones privadas para
promover el diálogo en Venezuela. Por cierto, Santos se negó a recibir a Lilian Tintori cuando la esposa del preso
político Leopoldo López visitó Bogotá el 19MAY16.
Dos posiciones de los
países suramericanos se han diferenciados del coro de los que proponen el diálogo
como receta para superar la crisis venezolana. El gobierno uruguayo, en voz de
su canciller Rodolfo Nin Novoa, afirmó el 19MAY16 que “la única manera de
solucionar la crisis en Venezuela es con un [referendo] revocatorio".
Paraguay, a su vez, se convirtió en el primero gobierno que asoma la opción de
imponer sanciones regionales al gobierno de Maduro.
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El 21MAY16, Paraguay emitió
un comunicado sobre la “delicada situación” en Venezuela y llamó “al Gobierno,
a la Asamblea Nacional y los actores políticos y sociales” a “mantener la plena
vigencia de las instituciones democráticas, el estado de derecho, el respeto a
los derechos humanos y a la libertad de expresión”. El comunicado hizo
referencia a la declaración emitida en diciembre de 2015 en Asunción, aprobada
incluso por Venezuela, con motivo de los diez años del “Protocolo de Asunción”,
en la cual los miembros de Mercosur ratificaron que “el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales
son elementos esenciales de la democracia”. A renglón seguido, el comunicado
paraguayo del 21MAY16 recordó al gobierno Maduro que “a nivel regional y
subregional existen mecanismos a ser implementados, para preservar el sistema
democrático, en casos de que se registren graves y sistemáticas violaciones a
los derechos humanos y libertades fundamentales en situaciones de crisis
institucional o durante la vigencia de estados de excepción previstos en los
ordenamientos constitucionales”.
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Venezuela se encuentra
en “estado de excepción” con suspensión de garantías constitucionales decretadas
reiteradamente por Maduro desde mediados de 2015. Ahora Paraguay alega el contenido
del “Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos en el Mercosur”, el cual contempla sanciones de suspensión
de un país miembro que registre sistemáticas violaciones a los DDHH. El régimen
chavista, miembro integral de Mercosur desde 2012, no ha ratificado este
protocolo que está vigente en Mercosur, pero si asumió el Protocolo de Ushuaia
de 1998 sobre “Compromiso Democrático en el Mercosur” y el Protocolo de
Montevideo de 2011 conocido como Ushuaia II.
Dado que el protocolo Ushuaia
II no está aún vigente, el gobierno de Paraguay, según fuentes de Asunción consultadas
para este Informe, estima que Maduro podría ser sancionado en Mercosur con base
en las reglas del protocolo original de Ushuaia, el cual se activa ante “toda
ruptura del orden democrático”.
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El 25MAY16 el gobierno
de Paraguay dio un nuevo paso en la dirección de sancionar a Maduro. El
canciller paraguayo, Eladio Loizaga, invocando el Protocolo de Ushuaia solicitó
formalmente a su colega uruguayo la convocatoria de una reunión urgente de
cancilleres del Mercosur para discutir la situación venezolana. La Presidencia
semestral pro tempore de Mercosur está en manos de Uruguay hasta el mes de
julio cuando la debería recibir Venezuela, por lo cual corresponde a la
cancillería uruguaya tramitar la celebración del encuentro solicitado por
Paraguay al cual ya Argentina anunció que asistirá.
La suspensión de
Venezuela de Mercosur, tal como le fuera aplicada a Paraguay en 2012, depende
de una decisión consensuada entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay la cual, dado el actual cuadro político sureño, podría materializarse.
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El 22JUN12, Nicolás
Maduro quien era Canciller de Hugo Chávez, intentó provocar en el palacio presidencial
de Asunción, un pronunciamiento militar del alto mando paraguayo que impidiera
la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Tal como en 2016 a
propósito de Dilma Rousseff, el castrochavismo defendía en 2012 a su socio Lugo,
alegando que el impeachment era un “golpe parlamentario”. Tras la destitución
de Lugo, las presidentes Rousseff, Cristina Kirchner y el uruguayo Pepe Mujica,
en connivencia con Chávez, suspendieron
la membresía de Paraguay en el Mercosur.
Cuatro años después,
el gobierno de Paraguay se propone convencer a sus socios sureños para retirar
a Venezuela de las instancias de decisión del Mercosur por violación del orden
constitucional.
