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| Dilma Rousseff condecoró a Cristina Kirchner el 17JUL15 en el Palacio Itamaraty de Brasilia. Foto: Roberto Stuckert Filho/Presidencia Brasil |
En la OEA está operando un grupo de quince gobiernos orientado a definir acciones conjuntas ante la crisis en Venezuela. Al margen de los mecanismos formales de la OEA, el grupo ya emitió dos pronunciamientos, el más reciente fue distribuido el 11AGO16 en el cual hacen un llamado a las “autoridades venezolanas” para que se “cumplan de manera, clara, cierta y sin demoras las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial”.
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El comunicado del
“Grupo Venezuela” de la OEA del 11AGO16 fue elaborado pocas horas después que
las autoridades electorales venezolanas del CNE, de mayoría abiertamente chavista,
se negaran a anunciar la fecha para la recolección de firmas que convocarían al
referendo contra Nicolás Maduro.
La oposición
venezolana presentó el 09MAR16 su solicitud al CNE para activar el proceso
revocatorio. Cinco meses después, el 09AGO16, la rectora electoral Tibisay
Lucena informó que se tomará varios meses más para evaluar si se cumplen las “normas”
(redactadas por el propio CNE) antes de convocar la recolección de firmas, validarlas
y llamar eventualmente a referendo, el cual según el chavismo sólo ocurriría en
el primer trimestre del año 2017. De posponerse para el próximo año, la derrota
del chavismo en el referendo no conllevaría a la convocatoria de nuevas
elecciones ya que la Presidencia sería asumida por el vicepresidente designado
por Maduro.
La celebración de un
referendo revocatorio para desplazar a Maduro fue asumida por la oposición
venezolana, entre otras razones, por tratarse de una vía constitucional y
electoral aceptable por la “comunidad internacional”. A su vez, diversos
gobiernos americanos y europeos, e incluso el propio Vaticano, mostraron
simpatía por la vía del referendo para superar la crisis venezolana. La maniobra chavista para posponerlo, basándose
en normas procedimentales, disparó las alarmas internacionales y su primera
manifestación fue el comunicado del grupo de países en el seno de la OEA.
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El “grupo Venezuela”
en la OEA está conformado por los representantes de Argentina, Belice, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá,
Paraguay y Uruguay. Las siete principales economías del continente, los cuatro países
fundadores de Mercosur, siete de los doce gobiernos suramericanos incluyendo
dos de tendencia socialista y, casi la mitad de los miembros de la OEA figuran
en esta lista. No es poca cosa en términos de peso político internacional.
El grupo hizo su debut
el 15JUN16 emitiendo un comunicado durante la Asamblea Anual de la OEA
celebrada en República Dominicana. En esa oportunidad expresaron su respaldo a
la solicitud del Secretario General Luis Almagro para presentar su informe
sobre Venezuela invocando la Carta Democrática. Ese comunicado de junio sirvió
para frenar las maniobras del régimen venezolano para impedir la sesión
solicitada por Almagro.
Por cierto, las
gestiones del español José Rodriguez Zapatero para un “diálogo nacional” en
Venezuela han perdido rápidamente el apoyo internacional del cual gozaban. El
grupo de quince países de la OEA que en junio “apoyaba los esfuerzos” de Zapatero,
en su pronunciamiento de agosto apenas lo mencionan.
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El juicio a la
presidente brasileña Dilma Rousseff comenzará el 25AGO16 y todo señala que al
finalizar el mes ya habrá sido destituida.
La madrugada del
10AGO16, la plenaria del Senado brasileño realizó siete votaciones como parte
del proceso de impeachment. En todas ellas resultaron derrotados los seguidores
de Rousseff. En las votaciones participaron 80 senadores ya que el presidente
del cuerpo, Renan Calheiros, optó por asistir a la sesión pero absteniéndose. La
sesión que había comenzado a media mañana del día 09AGO16, fue conducida por el Presidente del Supremo Tribunal
Federal, Ricardo Lewandowski, confirmando que el proceso de impeachment sigue
las normas constitucionales. Tras largas horas de discursos y de escuchar a los
abogados acusadores y defensores, los senadores de Brasil debían pronunciarse a
favor o en contra del informe preparado por una comisión especial la cual
encontró méritos para enjuiciar a Rousseff. Además de valorar el informe, el
Senado debió considerar seis recursos introducidos por senadores asociados al
PT y al Partido Comunista de Brasil que trataban de limitar el alcance de las
acusaciones contra Rousseff. Con un total de 59 votos fue aprobado el informe convirtiendo
a Rousseff en imputada, para lo cual sólo eran necesarios 42 votos. En las
restantes votaciones de la noche, 58 senadores se opusieron a los textos
presentados por los senadores aliados de Rousseff.
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Para que prospere la
destitución de Rousseff durante el juicio de finales de mes, serán necesarios
54 votos en el Senado. Esa cifra ya fue superada en las votaciones del 10AGO16
que decidieron enjuiciar a la mandataria. Salvo en el más cercano entorno de
Rousseff donde aún calculan poder atraer algunos senadores a su causa, nadie en
Brasil ya duda que el gobierno del Partido de los Trabajadores llegará a su fin
en las próximas semanas.
En el seno del PT existen
movimientos que, dando como un hecho la destitución, procuran una línea
política que aleje al partido de la imagen de Rousseff tratando de ganar el rol
de activa fuerza opositora. La consiga petista “volta Dilma” (regresa Dilma) fue
reemplazada por “fora Temer” (fuera Temer), develándose la intención de la
izquierda brasileña de no facilitar la gobernabilidad del país en los próximos
años. Como ya intenta el kirchnerismo en Argentina, el petismo se apresta a
crear un clima conflictivo en las calles de Brasil. Mientras, la cabeza del petismo, Lula da Silva,
confronta crecientes complicaciones judiciales que lo podrían llevar a la
cárcel o al exilio.
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Las gestiones de la
izquierda brasileña en procura de apoyo propagandístico extranjero lograron
poner en labios del derrotado precandidato demócrata estadounidense Bernie
Sanders la defensa de Rousseff. El 08AGO16, Sanders distribuyó una declaración
del senador por Vermont en la cual aseguró que “los esfuerzos para remover a la
presidente democráticamente electa” se producen por “motivos dudosos” y son en realidad
un “golpe de Estado”. Obviando que se trata de un proceso contemplado en la
Constitución brasileña, Sanders afirmó que “no se trata de un juicio legal sino
político”. Y atacando al mandatario provisional Michel Temer, Sander afirmó que
carecía de “mandato para gobernar”. El
exaspirante a la Casa Blanca demostraba así que había comprado todo el paquete
propagandístico producido por el castrochavismo para desacreditar el proceso de
impeachment que se sigue en Brasil.
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Ya en el pasado, Bernie
Sanders había mantenido cercanos nexos con la izquierda castrochavista y había servido
como vocero en Washington. En 2006, en su condición de representante por el
estado de Vermont, Sanders pactó con el gobierno de Hugo Chávez la entrega por
la empresa venezolana Citgo de combustible de calefacción a comunidades de
“bajos ingresos”. En aquel entonces el enlace de Sanders con el régimen
chavista era Bernardo Alvarez, el actual representante de Nicolás Maduro ante
la OEA y quien ejercía como Embajador en Washington.
El 10OCT11, cuando el
Senado de EEUU aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Sanders se
opuso alegando violaciones de derechos humanos contra sindicalistas colombianos.
Se trataba de una argumentación promovida por la izquierda colombiana asociada
a las Farc, asumida por sindicatos estadounidenses y que sirvió para retrasar
la aprobación del tratado alcanzado por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y George
W. Bush en 2006. Con ese argumento también habían coqueteado importantes
sectores demócratas en EEUU, incluyendo al entonces senador y candidato Barack
Obama. La izquierda castrochavista, incluyendo a las Farc, se oponía al TLC
EEUU-Colombia y Sanders repitió en Washington sus argumentos.
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Hebe de Bonafini, la
octagenaria argentina que ganó figuración internacional en los años ochenta como
activista en pro de los Derechos Humanos, está siendo investigada por un
millonario fraude a las finanzas públicas de su país. El 04AGO16 la prensa
internacional registró la orden contra Bonafini para ser llevada a testificar a
un tribunal de Buenos Aires. La izquierda argentina e internacional reaccionó indignada
contra la medida pero sin referirse a las causas que motivaron al juez Marcelo
Martínez de Giorgi quien declaró en rebeldía a la anciana que se niega
concurrir al tribunal. Bonafini continúa ejerciendo como líder de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y encabeza sus actividades.
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De luchadora contra
las dictaduras argentinas, la organización de madres de la Plaza de Mayo derivó
en aparato de propaganda de los gobiernos de los esposos Kirchner. La
asociación incluso recibió millonarias transferencias del gobierno de Hugo
Chávez. Las “madres de la plaza de mayo” se convirtieron en empresa
constructora de viviendas, para lo cual recibieron aproximadamente US$ 160
millones del gobierno Kirchner en un programa denominado “sueños compartidos”
supuestamente con fines de “inclusión social”. El destino del dinero es incierto y por lo menos un tercio podría
haber sido desviado a fines distintos de la construcción de viviendas. El
número de viviendas efectivamente construidas fue sólo una fracción del total
prometido. El 10AGO16, el juez Martínez fue personalmente a la sede de la
Asociación para interrogar a Bonafini quien se negó a declarar.
Una relación publicada
por el diario bonaerense La Nación el 24JUN16 fijaba en 16 el número de altos
funcionarios kirchneristas a los cuales, para esa fecha, se habían abierto
procesos judiciales. La lista ha ido creciendo y está encabezada por la propia exmandataria
Cristina Kirchner, seguida por el otrora poderoso Julio de Vido, el hombre
encargado de los negocios argentinos con el régimen chavista.
