Los cancilleres de Brasil y Paraguay, José Serra y Eladio Loizaga el 08JUN16 en Brasilia. Foto: Itamaraty |
El papa Francisco
condicionó fuertemente la participación del Vaticano en un eventual proceso de
“diálogo” entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela. El hecho se desprende
de una carta dirigida por el Secretario de Estado del Vaticano Pietro Cardenal
Parolin, al Secretario de Unasur, Ernesto Samper, fechada el 12AGO16 y
extrañamente sólo difundida por Samper un mes después en Caracas. En su
comunicación, el cardenal Parolín exige que cualquier solicitud de intervención
del Vaticano debe partir de los venezolanos y no de Samper. Igualmente exige
que la solicitud sea hecha tanto por el Gobierno como por la Oposición “una vez
que hayan tomado la firme decisión de iniciar formalmente el diálogo”, lo cual
la diplomacia vaticana sabe que es poco probable. Además, el Vaticano exige que
el Gobierno y la Oposición estén “receptivos para acoger las eventuales
sugerencias”, con lo cual Parolín claramente deja saber que el Papa no se
prestará a servir de un simple correo entre las partes.
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El gobierno
izquierdista uruguayo presidido por Tabaré Vázquez tomó la decisión de
abandonar su hasta ahora irrestricto apoyo al régimen venezolano, corroborando
el derrumbe de la influencia chavista en el Continente.
El Mercosur, la
alianza de libre comercio sureña impulsada por Brasil y Argentina desde la
década de los años ochenta y creada en 1991 con la participación de Paraguay y
Uruguay, se convirtió en el 2016 en el terreno de confrontación entre el
régimen chavista y los gobiernos de Horacio Cartes, Mauricio Macri y Michel
Temer los cuales son críticos de la situación política interna venezolana,
denuncian la situación de violación de DDHH en Venezuela, se muestran
solidarios con la oposición venezolana y han puesto en duda la condición
democrática del régimen chavista. Además, Maduro mantiene una política de
choque contra Brasil al no reconocer al gobierno de Michel Temer.
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El ingreso de
Venezuela al Mercosur fue suscrito el 04JUL06 pero su materialización dependía
de la aprobación del respectivo Tratado por parte de los cuatro parlamentos de
los países socios. Se trató de una decisión marcada por la afinidad política e
ideológica entre Chávez y Lula da Silva que obvió exigir a Venezuela la
adecuación previa de su legislación a la del Mercosur. La aprobación uruguaya y
argentina llegó pronto pero en el Congreso brasileño la entrada de Chávez al
Mercosur provocó serios rechazos. Fue sólo hasta finales del año 2009 cuando,
por fuertes presiones de Lula da Silva,
el Protocolo de ingreso de Venezuela fue aprobado en el Senado brasileño por 35
votos a favor y 27 en contra. Previo a la decisión del Congreso brasileño,
Chávez se había comprometido a iniciar
los trámites para acordar con los técnicos de Mercosur los plazos para la
incorporación de la normativa comercial del grupo a la legislación venezolana. Tres
años después, Venezuela aún no era miembro de Mercosur ya que en el parlamento
paraguayo no existían los votos necesarios para aprobar el Tratado. Si bien
Venezuela no era miembro pleno y por lo tanto no tenía mayores compromisos con
la organización, Chávez participaba en todas las instancias del Mercosur en
razón de estar “en proceso de incorporación”. La alianza sureña controlada por
cinco gobiernos de orientación castrochavista, comenzó a operar con un foro
político que frenó los aspectos comerciales que le habían dado sentido a su
creación.
El 29JUN12, mediante
una maniobra diseñada por Chávez y Lula, los entonces presidentes Dilma
Rousseff, Cristina Kirchner y José Pepe Mujica, acordaron suspender a Paraguay
de su membresía y, simultáneamente, aprobar el ingreso de Venezuela sin esperar
la decisión del parlamento paraguayo. La legalidad de la decisión fue puesta en
dudas por el entonces canciller uruguayo Luis Almagro, pero su jefe Pepe Mujica
optó por acompañar la artimaña jurídica.
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La situación política
cambió en Suramérica y en este momento los socios fundadores del Mercosur están
reaccionando contra el régimen chavista, no sólo por las consideraciones sobre
la situación política interna venezolana sino, además, porque Venezuela no
participa del principal interés del grupo: promover el comercio internacional. La
vía para sancionar al gobierno Maduro invocando la “ruptura del orden
democrático” fue promovida por Paraguay y enunciada por Mauricio Macri incluso
desde sus tiempos de candidato presidencial. Se trataba de invocar la “cláusula
democrática” del Protocolo de Ushuaia, pero esta opción no cuenta con el
consenso necesario ya que la alianza gobernante en Uruguay no está dispuesta a
censurar a sus socios políticos chavistas. El gobierno de Vázquez ha insistido
en que cualquier decisión sobre Venezuela en el Mercosur debe ser jurídica y no
política. Las cancillerías de Paraguay, Argentina y Brasil han trabajado
intensamente el tema y finalmente presentaron a Uruguay la base legal para
sancionar a Venezuela sin aplicarle la “cláusula democrática”.
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El 13SEP16 quedó en
evidencia que Uruguay se distanciaba del régimen chavista al pactar con Brasil,
Argentina y Paraguay una salida para la crisis que vive Mercosur a raíz de la posición
mayoritaria de no aceptar que Maduro asumiera la presidencia temporal del
organismo para el segundo semestre del año. Incluso, se anunció que el 19SEP16
en la sede de la ONU en Nueva York, se producirá a solicitud de Uruguay una
reunión entre Tabaré Vázquez y su colega brasileño Michel Temer, para
normalizar las relaciones tras la destitución de Dilma Rousseff.
Dado que las
decisiones en Mercosur deben tomarse por consenso, el gobierno de Uruguay
tratando de ahorrarse choques con sus aliados internos simpatizantes de Maduro,
se abstuvo pero no rechazó el pacto propuesto por Brasil, Argentina y Paraguay.
La “Declaración Conjunta” sobre el funcionamiento del Mercosur, firmada por los
cancilleres Susana Malcorra, José Serra, Eladio Loizaga y Rodolfo Nin Novoa, al obviar a la canciller de Maduro dejó en
evidencia que Venezuela en la práctica no forma parte de Mercosur. El documento
confirmó implícitamente que Maduro no ejercería la Presidencia de Mercosur ya
que los cuatro países fundadores anunciaron que ellos colectivamente se
encargarían de “definir los cursos de acción” y “coordinar” las negociaciones
con terceros países.
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La “Declaración
Conjunta” igualmente incluye un ultimátum a Maduro. Los compromisos adquiridos
verbalmente en 2009 y formalmente en 2012 por Chávez para ajustar la
legislación venezolana a la normativa del Mercosur, no se han cumplido. Pese a
haber controlado la Asamblea Nacional hasta diciembre del 2015, el régimen
chavista no aprobó las leyes necesarias para ratificar acuerdos claves para
Mercosur. Entre ellos se encuentra el “Acuerdo
de Alcance Parcial de Complementación Económica”, epicentro de los acuerdos
comerciales mercosurianos, y el “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales”
que permitiría que los venezolanos obtuvieran residencia legal en los países
del Mercosur. El plazo para Venezuela haber cumplido sus compromisos legales
venció el 12AGO16 por lo cual Brasil y Paraguay propusieron retirar a Venezuela
su condición de “Estado parte” del Mercosur. El gobierno uruguayo, a cambio de
no impedir la Declaración, solicitó a sus socios otorgar a Maduro un plazo
adicional el cual vencerá el 01DIC16. Dada la declarada guerra que Maduro
mantiene contra la Asamblea Nacional venezolana a la cual no reconoce, es
improbable que antes de diciembre sean aprobadas las leyes necesarias para
cumplir los compromisos con Mercosur. La salida de Venezuela del Mercosur
parece ya un hecho.
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El arma legal
esgrimida para la suspensión de Venezuela de Mercosur es la “Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados” de 1969, la cual sirve como marco general para el ejercicio de los
convenios internacionales y detalla los términos para la terminación de esos
compromisos entre Estados. Uruguay pedía que la sanción contra Maduro fuera
jurídica y los restantes socios le brindaron la base legal. La Convención de
Viena establece que “una violación grave de un tratado bilateral por una de las
partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por
terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente”,
entendiendo como “violación grave”, “la violación de una disposición esencial
para la consecución del objeto o del fin del tratado”. Según los socios de
Mercosur el “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica” es una
disposición esencial del grupo y no ha sido cumplida por Venezuela.
La decisión política
ya está tomada y ahora cuenta con base legal. Brasil, Argentina y Paraguay se
disponen a declarar en diciembre que Venezuela ya no es miembro pleno del
Mercosur.
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