Informe Otálvora del 27 de agosto de 2016
 |
| En Bogotá el consejo de ministros siguió en vivo la firma del Acuerdo con las Farc celebrada en La Habana el 24AGO16. Foto: Presidencia Colombia. |
La gestión de Ernesto
Samper al frente de Unasur, marcada por su abierta inclinación a favor de los
gobiernos castrochavistas de la región, habría llegado a su final.
El 22AGO16 amaneció
formalmente acéfala la organización de países suramericanos ya que ese día se
completó el lapso para el cual fue electo
Samper como Secretario General de la organización. El 22AGO14, los
gobiernos que conforman Unasur reunidos en Paramaribo, eligieron a Samper “por
un periodo de dos años, a iniciarse en la presente fecha”. Si bien la Presidencia
de Unasur era ejercida en aquel entonces por el mandatario de Surinam, Désire
Bouterse, la entrega de la Secretaría General a Samper se produjo en el Palacio
de Miraflores en Caracas, en un acto presidido por Nicolás Maduro el 11SEP16.
*****
Samper pudo pretender
la renovación de su mandato para un nuevo periodo de dos años, pero mediante
una tardía carta del 18AGO16 dirigida a Maduro en su condición de Presidente
Pro Témpore de Unasur, el colombiano anunció que no aspira a la reelección.
Samper alega que regresará a Colombia a “seguir luchando” por la paz, pero su
salida apresurada de Unasur, marcada por él para el 11AGO16, es un claro
reflejo del estado de confrontación que viven los gobiernos de Suramérica. El
choque por la conducción de Mercosur entre el régimen chavista y los gobiernos
de Argentina, Brasil y Paraguay ya se proyecta sobre Unasur. La decisión de
reelegir a Samper debe ser tomada por unanimidad entre los doce gobiernos
suramericanos pero es muy probable que varios gobiernos se nieguen a dar su
voto a quien se ha mostrado como un incondicional agente de Maduro y un abierto
detractor del gobierno brasileño que reemplaza a la izquierdista Dilma
Rousseff.
La selección del nuevo
Secretario General de Unasur, que debe ser igualmente por consenso, enfrenta
serias dificultades. Hasta ahora ningún gobierno ha mostrado intenciones de
proponer una candidatura, mientras algunas cancillerías analizaban la opción de
acordar que Samper permaneciera en el cargo de forma extraordinaria por varios
meses, en espera de identificar un candidato de consenso y de que la crisis en Mercosur
sea superada. El 26AGO16 Unasur informó oficialmente que Samper permanecerá en
el cargo hasta el 31ENE17.
*****
El interés común de un
importante sector de la élite dirigente colombiana y de los cabecillas de las
Farc para poner fin a su confrontación militar está a punto de concretarse. Las
negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Farc concluyeron el
24AGO16 mediante la suscripción por los respectivos jefes negociadores de un
“Acuerdo Final” que el Gobierno colombiano ya está ejecutando sin esperar su
aprobación en las urnas. Santos, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares,
ordenó el fin de las operaciones militares contra las Farc a partir de las cero
horas del 29AGO16. Está previsto que la última semana del mes de septiembre, en
una ceremonia que contaría con la asistencia de numerosos jefes y delegaciones
extranjeras, Santos y el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez Timochenco,
suscriban la versión protocolar del Acuerdo, con lo cual el pacto con las Farc
se convertirá, en la práctica, en un hecho políticamente consumado. La
proyección internacional de los acuerdos convierte a Santos y Timochenko en
seguros candidatos al próximo Premio Nobel de la Paz, quizás en compañía de los
jefes negociadores Humberto de la Calle e Iván Márquez..
*****
La aprobación del
acuerdo con las Farc depende del resultado de una consulta popular fijada por
Santos para el 02OCT16, en lo que oficialmente será un “plebiscito especial
para la paz”. Según la Corte Constitucional de Colombia, los colombianos irán a
las urnas para pronunciarse a favor o en contra del contenido de las 297
páginas que contienen el acuerdo firmado por Santos, pero la propaganda oficial
presenta la consulta como la alternativa entre paz y guerra buscando
estigmatizar a quienes se oponen a los términos pactados con las Farc. Según
una reciente modificación legal, la aprobación del acuerdo en el plebiscito
requerirá sólo del voto favorable del 13% del padrón electoral, lo cual
equivale a un poco más de cuatro millones electores. La cifra de votos favorables
no parece difícil de obtener, ya que Santos cuenta con el respaldo de una
intensa campaña propagandística, el peso del Estado, una extensa alianza partidista,
el respaldo de la izquierda aliada de las Farc, de “movimientos sociales” y de la
propia guerrilla que hará campaña en sus zonas de influencia sin haber
procedido al desarme. El expresidente Alvaro Uribe Vélez capitanea el rechazo
al Acuerdo, pero su campaña en contra la ejecuta en franca desventaja.
Aplicando una reforma
constitucional aprobada el 07JUL16, Santos podrá legislar mediante decretos
para “facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo” del
Acuerdo. Por seis meses, además, el Congreso de Colombia podrá aprobar leyes
sugeridas por Santos mediante un procedimiento de fast track.
*****
El documento firmado
en La Habana tiene una extensión de 297 páginas en las cuales figuran desde proclamas
doctrinales, cronogramas de cese del fuego y cientos de enunciados de acciones
que el Estado se compromete a ejecutar en materias tan diversas como automatización
de los sistemas de votación, impuestos prediales, manejo de la televisión
estatal, alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada para la
población, por ejemplo. La cantidad y variedad de temas, diferentes a los
específicos del fin del conflicto armado, hace virtualmente inejecutable el acuerdo
firmado por Santos con las Farc, el cual contempla el funcionamiento por un
irreal lapso de diez años de una “Comisión de Implementación, Seguimiento y
Verificación”.
*****
Algunos de los
contenidos del pacto entre Santos y las Farc.
En Colombia será
creado un sistema paralelo de justicia denominado “Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición” el cual contará incluso con jueces
extranjeros. El sistema tiene como objeto administrar la “amnistía más amplia
posible” ofrecida por el Gobierno. Los jefes guerrilleros, sobre los cuales
pesan actualmente graves sentencias judiciales, en razón del acuerdo podrán
aspirar a cargos de representación política, ya que “la imposición de cualquier
sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará
el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política,
para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.
Santos se compromete a
crear un “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política” como
garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la
política en el marco de reglas democráticas”, el cual deberá crear un “programa
de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político
que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal” El
gobierno deberá garantizar “que los esquemas de protección” a líderes de las
Farc y sus familiares, “estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes”.
Se estima que el Estado colombiano deberá contratar y armar a varios cientos de
exguerrilleros que actuarán como espalderos de los jefes de las Farc
legalizados. El Acuerdo prevé que EEUU participará en
“acompañante internacional” en esta materia.
Las Farc obtienen inmediata
representación en el Consejo Nacional Electoral y realizarán una evaluación del
sistema electoral con apoyo, entre otros, del Centro Carter. Tendrán asegurada hasta
el año 2026 su participación en el Congreso colombiano ya que
independientemente de los votos que obtengan en las próximas dos elecciones
(2018 y 2022) el Acuerdo les garantiza cinco senadurías y cinco escaños en la
Cámara de Representantes. Además, Santos se comprometió a crear “circunscripciones
electorales transitorias” justamente en zonas rurales con presencia guerrillera,
en las cuales los candidatos “contarán con reglas especiales para la
inscripción y elección” y “financiación especial” y en las que se escogerán 16
representantes a la Cámara hasta el año 2026. Las Farc recibirán frecuencias de
radio para la operación de “radios comunitarias” “en las zonas más afectadas
por el conflicto”.
Las Farc obtienen hasta
el año 2026 el 20% del presupuesto asignado por el Estado para los partidos
políticos, monto que en 2016 sería cercano a US$ 3 millones anuales. El monto
entregado por el Estado será destinado al funcionamiento del partido de las
Farc y de un “Centro de pensamiento y formación política”. Además, el Estado
financiará y facilitará una empresa de las Farc denominada “Economías Sociales
del Común”.
Cada uno de los
guerrilleros desmovilizados recibirá del Estado por un lapso de dos años rentas
equivalentes al 90% del salario mínimo.
Igualmente obtendrán una “asignación única de normalización” y un “apoyo
económico” que sumarán cerca de US$ 3.400.
*****
Los gobiernos de
Argentina, Brasil y Paraguay se proponen materializar el control colectivo de
Mercosur, dejando a un lado al gobierno Maduro y contando con la posición
dubitativa de Uruguay. El 23AGO16 se celebró en la sede de Mercosur en
Montevideo, una reunión autoconvocada por los coordinadores nacionales los
cuatro miembros fundadores del organismo de integración sureño. El
representante de Maduro, pese a estar invitado, se negó a asistir por
considerar que sólo Venezuela puede convocar a ese tipo de reuniones. Allí fue
definido un cronograma de actividades y reuniones temáticas para los meses que
restan del año 2016 el cual prescinde de la presidencia pro tempore reclamada
por Maduro. El 24AGO16, el representante del gobierno chavista en Mercosur, Héctor
Constant, celebró una reunión para presentar su propio cronograma de
actividades pero sólo el coordinador por Uruguay atendió la convocatoria del chavista
ya que los demás miembros no reconocen la autoridad del enviado de Maduro.
