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| Listas de precios de alimentos en un abasto de Caracas el 14OCT16. |
La situación legal del
expresidente izquierdista brasileño Lula da Silva tiende a complicarse aún más.
El Ministerio Público de Brasil presentó el 10OCT16 denuncia contra Lula por recibir
propinas millonarias a cambio de influir para que el estatal Banco Nacional de
Desarrollo (BNDES) aprobara créditos a la constructora Odebrecht destinados a
obras en Angola. La acusación de la Fiscalía fue acogida el 13OCT16 por un juez
federal de Brasilia quien declaró a Lula como “indiciado”. Hasta la fecha Lula
figura como indiciado en tres procesos judiciales distintos, todos ellos
relacionados con el esquema de corrupción que conectó a empresas constructoras
con altos jefes del partido PT. Según Lula se trata de maniobras de jueces,
policías y medios para frenar su candidatura presidencial del 2018. Pero la
imagen del otrora dirigente sindical se está convirtiendo en una rémora para su
propio partido, según se desprende de los resultados de las elecciones
municipales del 02OCT16 en las cuales su electorado tradicional dio la espalda
al PT.
Tras la destitución de
Dilma Rousseff, el PT acarició la idea de crear un clima de violencia callejera
y exigir elecciones anticipadas para reemplazar al presidente Michel Temer. Los
resultados electorales municipales pusieron fin a la ilusión izquierdista de Lula
arrasando en las urnas y devolviéndolos al poder. En este momento el futuro de
Lula pareciera está más cercano a los tribunales de justicia que al palacio
presidencial de Brasilia.
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El régimen chavista
implementa una nueva fase de su paquete de ajuste económico con el único
propósito de garantizar disponibilidad de dólares en manos del Gobierno.
Mediante grises mecanismo de importación, con exoneración de aranceles y sin
registros sanitarios, los estantes de abastos y cadenas de supermercados
venezolanos comienzan a recibir mercadería importada la cual es ofrecida en los
envases originales de sus países de origen. Arroz procedente de Brasil donde el
precio a nivel del consumidor oscila en menos de un dólar por kilogramo, está
siendo vendido en Caracas al equivalente a US$ 3,5. Alimentos procedentes de EEUU, tales como harina de
trigo, arroz, aceite o azúcar son comercializados a más de tres veces el precio
ofrecido en cualquier cadena de ventas minoristas estadounidense. El salario
mínimo en Venezuela equivale a US$22 y se eleva a US$66 mediante bonificaciones
obligatorias. Sólo una pequeña y decreciente fracción de la población venezolana
está en capacidad de sufragar sus gastos básicos. Las más extremas propuestas “neoliberales”
para la economía venezolana resultan tibias ante el impacto empobrecedor del
paquete “antineoliberal y socialista” que aplica Maduro, soportado por la alta
jerarquía castrense y por un aparato represivo omnipresente.
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Mediante la
declaración del estado de excepción a principios del año 2016, el gobierno
Maduro se autoconfirió la potestad de aprobar erogaciones fiscales
extrapresupuestarias, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional controlada
por la Oposición. El chavismo se niega a someter al escrutinio público las
cuentas de los diecisiete años en los que han gobernado hegemónicamente al
país. En la medianoche del 11OCT16 el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente
bajo control de chavismo, anunció una sentencia según la cual el Presupuesto
Nacional 2017 no requeriría la aprobación del poder Legislativo, bastando la
emisión de un Decreto presidencial y la bendición de la Sala Constitucional de
ese mismo Tribunal Supremo. La base “legal” para tal sentencia es que según el
TSJ, la Asamblea Nacional, es decir la representación popular, estaría en
“desacato”. El 14OCT16, a las puertas del Panteón Nacional, Maduro procedió a
autoaprobarse el presupuesto de ingresos y gastos del año 201 incluyendo los
montos en los cuales endeudará a la Nación para financiar sus erogaciones. El
gobierno chavista, sin que el documento fuera considerado y aprobado por el
parlamento, se autorizó a sí mismo a gastar US$ ocho mil millones.
Además, los reiterados
decretos emitidos por Maduro que suspenden las garantías constitucionales,
debidamente ratificados por el TSJ, lo facultaría para aprobarse su propio
presupuesto de la Nación.
La palabra “dictadura”
para referirse al régimen venezolano comienza a ser de uso generalizado en los
más diversos medios internacionales.
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Tras la derrota
sufrida en el plebiscito del 02OCT16 cuando el electorado colombiano rechazó el
Acuerdo Santos-Farc, el presidente colombiano está desplegando una intensa
operación para lograr, sea como sea, la entrada en vigencia de algún pacto “de
paz” con la guerrilla. La estrategia de Santos pareciera ser la de crear un
clima de opinión, interno y externo, que neutralice los resultados del
plebiscito, muestre a Santos como un “interlocutor” nacional entre las Farc y
los “guerreristas” y favorezca la aplicación del Acuerdo Santos-Farc basado en
sus genéricas potestades constitucionales.
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El arsenal
presidencial de Santos incluye desde inusuales cadenas de televisión casi
diarias con sus alocuciones sobre gestiones para la paz, hasta la participación
directa de su familia en la organización de propaganda callejera. La propia
esposa de Santos, doña María Clemencia, ha estado utilizando su cuenta en
Twitter identificada con su apodo familiar “Tutina”, para promocionar operaciones
de propaganda capitaneadas por su hijo Martín. Acciones aparentemente
espontáneas como pega de afiches en las paredes de Bogotá así como campañas en
redes sociales de Internet a favor del “Acuerdo Ya” son direccionadas desde los salones familiares
del presidencial Palacio de Nariño.
El 04OCT16, desde La
Habana, el jefe guerrillero Iván Márquez tuiteó: “Aquí no queda otro camino que
salir a la calle a defender el Acuerdo de Paz”. Mostrando poco apego a la
sentencia de las urnas, las Farc llamaban a desconocer el rechazo popular a las
condiciones del Acuerdo firmado con Santos. Esa línea fue asumida por el
gobierno Santos, estimulando un “espontaneo” activismo de calle para confrontar
a quienes se han opuesto a los términos pactados con la guerrilla. De hecho, el
Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ahora figura como uno de los
aspirantes presidenciales santistas, ha divulgado sus imágenes participando en
actividades “espontaneas” de apoyo al Acuerdo.
En tanto, desde el
Departamento de Estado de EEUU hasta el equipo editorial del The New York Times
presionan a Álvaro Uribe para que ceda en sus posiciones. Curiosamente, nadie
pide que las Farc cedan en sus exigencias que tienden a la impunidad judicial.
La táctica de las Farc pareciera estar ganando: han colocado a parte de la
élite gobernante colombiana y al Gobierno y prensa de EEUU a defender los
intereses de los jefes guerrilleros.
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La misma noche del
02OCT16 Santos invitó a conversar a quienes identificó como líderes del “No”: los expresidentes
Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Las propuestas formalizadas por Pastrana y
Uribe para modificar el Acuerdo Santos-Farc están dirigidas a temas esenciales
de lo pactado por el gobierno con la guerrilla. La propuesta opositora propone
una amnistía para guerrilleros rasos, rechaza la creación de un aparato de
“justicia especial” para guerrilleros, rechazan que los jefes de las Farc sean exonerados
de penas de privación de libertad y sean
elegibles a cargos políticos, rechazan el financiamiento privilegiado al
partido político que crearían las Farc, se oponen a que el Acuerdo se convierta
en parte de la Constitución de Colombia, no aceptan que las Farc comiencen a
tener asiento en el Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos. Santos ha
prometido llevar a las Farc las propuestas de Uribe y Pastrana sabiendo que no
son aceptadas por los jefes guerrilleros. Santos, sin duda, está entrampado
entre intentar burlar el resultado del plebiscito o procurar liderar un
improbable (¡no imposible!) acercamiento de posiciones.
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El lunes 10OCT16 en la
sede de la cancillería de Venezuela en Caracas, el gobierno de Colombia y
voceros de la guerrilla ELN, anunciaron el inicio de negociaciones públicas de
paz. El acto se produjo sin que el ELN liberara a todos los secuestrados en su
poder y pareciera mostrar el apremio de Santos por alejarse de la derrota en el
plebiscito. Las negociaciones con el ELN comenzarían el 27NOV16 en Ecuador y no
en Caracas como tantas veces solicitó la guerrilla. El gobierno de Brasil, al
cual Maduro no reconoce, forma parte de los países garantes del proceso de
negociaciones Santos-ELN.
Aún con el Acuerdo no
aprobado, el gobierno Santos procedió a suscribir el 13OCT16 un nuevo protocolo
con las Farc y las Naciones Unidas. Se trataría, en parte, de un esquema para
el aumento de personal y equipos de la ONU con el propósito de supervisar el
actual cese al fuego bilateral. El gobierno colombiano ha mantenido mutismo
sobre los términos pactados con la guerrilla, pero el jefe de la misión de la
ONU en Colombia Jean Arnault se refirió el 10OCT16 a que la Fuerza Pública colombiana
y las Farc “tomarán medidas de
redespliegue que minimicen la posibilidad de encuentros armados”. Tras la firma
de este nuevo protocolo, Santos anunció la noche del 13OCT16 la prorroga hasta
el 31DIC16 del cese al fuego, aunque para evitar malestar en los jefes de las
Farc residenciados en La Habana, el presidente colombiano aclaró que no se
trataba de un “ultimátum”.
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En medio de la
controversial situación política que vive Colombia, Santos será nuevamente
anfitrión de dos decenas de mandatarios extranjeros que se congregarán en la XXV
Cumbre Iberoamericana. El 28OCT16 deberá arrancar en Cartagena de Indias la
cita de dos días que congrega anualmente a jefes de gobierno de España y
Portugal, más una veintena de mandatarios de Latinoamérica, África y Asia, con
la segura presencia del rey Felipe VI. Tres días después de la Cumbre
Iberoamericana, Santos viajará a Londres donde disfrutará de una de las dos fastuosas
visitas de Estado que la reina Isabel concede anualmente a mandatarios
extranjeros. Santos junto a su esposa, a la canciller y también precandidata
presidencial María Ángela Holguín y parte de la larga comitiva se alojará en Palacio
de Buckingham.
