Informe Otálvora del 28 de marzo de 2020
El Fiscal General William Barr muestra
durante la presentación de las acusaciones contra Nicolás Maduro el 26MAR20. Foto: Departamento de Justicia EEUU.
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El gobierno de Brasil procederá a
expulsar al personal diplomático y consular así como agregados militares designados
por Nicolás Maduro que aún permanecen en control de la sede de la Embajada de
Venezuela en Brasilia y de los seis consulados venezolanos. El 01MAY20 es la
fecha límite impuesta por la cancillería brasileña para la salida de los
representantes del régimen chavista tras lo cual serían declarados “persona non
grata” y serían deportados.
El 13MAR20 habría tenido lugar
una conversación telefónica entre los ministros de la Defensa de Maduro y Jair Bolsonaro
solicitada por el general Vladimir Padrino López. En el alto gobierno en Brasil
se sintió malestar por la decisión del ministro Fernando Azevedo e Silva al
aceptar una conversación saltándose la línea presidencial de limitar los
contactos con el régimen chavista. La comunicación entre los ministros de
Defensa, de la cual rápidamente se ufanara Maduro y Padrino, habría tenido
lugar sin notificación a la cancillería de Itamaraty. Según Padrino se habría
“abierto un canal” con el gobierno de Bolsonaro lo cual fue desmentido por
fuentes de la cancillería brasileña consultados para este Informe.
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En un intento desesperado para
impedir la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA, un grupo
de países caribeños estimulados desde La Habana y Caracas, alegaron que la
alcalde de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, ordenaría el allanamiento de
la sede de la organización en caso de producirse la asamblea de elección. Para
el 20MAR20 había sido convocado un periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA, conformada por los ministros de exteriores de los
países miembros. La rápida expansión de la pandemia de COVID-19 hacía ver que
serían pocos o ninguno los cancilleres que viajarían a Washington para
personalmente emitir el voto en la elección para la Secretaría General y la
Secretaría Adjunta de la organización. En los medios diplomáticos se daba como
un hecho que los gobiernos instruirían a sus respectivos representantes
permanentes, residenciados en Washington, para actuar como jefes de la
delegación y votar.
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El 16MAR20 el gobierno de Perú
anunció que retiraba la postulación del embajador Hugo de Zela al cargo en la
OEA. De esa manera ante la opción de reelegir a Luis Almagro sólo se mantenía
la ecuatoriana María Fernanda Espinosa quien no contaba con el apoyo del
gobierno de su país y corría como la candidata presentada por gobiernos aliados
del eje castrochavista. El retiro de De Zela no significó un aumento de los
compromisos de votos a favor de Espinoza quien contaba con la mayoría de los
votos caribeños, más el voto de sus amigos ideológicos de Argentina, Nicaragua
y México y el posible voto de Canadá cuyo gobierno había decidido oponerse a la
reelección de Almagro. La candidatura de Espinoza había sido presentada por los
gobiernos de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A cuarenta y
ocho horas de la elección, trece gobiernos entregaron al Presidente del Consejo
Permanente una inusualmente larga comunicación en la cual solicitaban aplazar la
elección del Secretario alegando las recomendaciones de la ONU, la OMS y hasta
de Donald Trump en el sentido de evitar reuniones masivas. Los firmantes
incluso alegaron que –según la alcalde de Washington- la sede de la OEA no
contaría con inmunidad diplomática y podía ser objeto de medidas punitivas. La
comunicación fue suscrita por los representantes permanentes de Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y
Trinidad y Tobago, todos los miembros de Caricom exceptuando a Haití. La
representante permanente de México en la OEA, Luz Elena Baños Rivas, entregó el
18MAR20 una comunicación respaldando el pedido de los caribeños. La decisión de
aplazar la Asamblea General requería el apoyo de dos tercios del total de
treinta y cuatro miembros de la organización y el día 19MAR20 quedó en
evidencia que la propuesta de cambio de fecha no contaba con los apoyos
requeridos. Quienes se oponían a la inminente reelección de Almagro amenazaron
con no asistir a la Asamblea y que “la reunión sea considerada como carente de
legitimidad”.
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A media mañana del 20MAR20, tal
como estaba previsto, fue instalado el 54 período extraordinario de la Asamblea
General de la OEA. La sesión fue celebrada en el Salón Simón Bolívar en
condiciones excepcionales en las cuales sólo estaba presente un miembro por
casa país miembro además del personal mínimo de apoyo. Solamente la delegación
de Dominica faltó a la cita. Almagro resultó electo con 23 votos contra 10 de
su rival en votación secreta, lo que indica que algunos países caribeños se
sumaron al respaldo a Almagro. La reelección de Almagro confirmó la desaparición
del castrochavismo como fuerza política que imponía posiciones dentro de la
OEA.
La representante del gobierno de
Manuel López Obrador realizó tres intervenciones durante la sesión para
oponerse a la presencia del representante de la Asamblea Nacional de Venezuela,
para rechazar la designación del representante de Ecuador como Presidente de la
Asamblea y finalmente para declarar la guerra a Almagro. Leyendo un texto
previamente preparado por su cancillería, la embajadora mexicana dijo a Almagro
que “Usted inicia un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con
el rechazo de un grupo importante de Estados”. Poco después el canciller del
gobierno Maduro, Jorge Arreaza, emitió un comunicado calificando como “apresurada
e inoportuna” la reelección de Almagro. Maduro, que abandonó la organización en
2019, quedaba en evidencia sobre su intervención en la maniobra ejecutada por
sus socios dentro de la OEA.
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La Fiscalía General de EEUU
difundió el 26MAR20 las acusaciones penales que presentaba contra Nicolás Maduro,
el cogobernante Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino,
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno y otros altos
jerarcas del régimen chavista como Tareck
El Aissami Madd quien ha ocupado altísimos cargos de gobierno. Las acusaciones
implican igualmente a Iván Márquez y Jesús Santrich, dos comandantes de la
guerrilla colombiana Farc que rompieron con los acuerdos de paz y pasaron a la
clandestinidad. El Departamento de Estado de EEUU, a su vez, informó la
decisión de ofrecer “recompensas por información que conduzca al arresto y / o
condena” de Maduro, Cabello, El Aissami y los militares retirados Hugo Carvajal
Barrios y Clíver Alcalá Cordones.
Maduro y Cabello están acusados
de “participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia
mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua”, “conspirar para
importar cocaína a los EEUU, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de
10 años y un máximo de cadena perpetua”, “usar y transportar ametralladoras y
dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y
dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e
importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30
años y un máximo de la vida en prisión” y “conspirar para usar y transportar
ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer
ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico
e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena
perpetua”. El caso contra Maduro corre a manos de la Fiscalía del Distrito Sur
de Nueva York.
La acción de la Fiscalía de EEUU al
develar los casos judiciales contra los jerarcas chavistas colocó el “tema
Venezuela” en un nuevo nivel. La estrategia del gobierno de EEUU desde la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido crear condiciones para que los socios internos (y
externos) de Maduro lo presionen a la renuncia. “Esta disposición es con la
finalidad de “obligarlo o convencerlo” de aceptar unas negociaciones “exactas y
precisas por elecciones presidenciales” dijo el encargado de la Embajada
virtual de EEUU en Venezuela, James Story, en declaraciones a “El Nacional” de
Caracas. En el alto chavismo calcularon que la crisis mundial por el COVID-19
daría un alivio a las presiones internacionales que reclaman la
redemocratización de Venezuela. La evaluación del chavismo fue equivocada.
Por cierto, en la acusación por “conspiración
para cometer lavado de dinero y lavado de dinero” que la Fiscalía del Distrito
Sur de la Florida presentó contra Maikel Moreno, narra que “un director de
concurso de belleza venezolano” habría recibido US$40.000 de manos del
señalado.
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Los gobiernos de Cuba, Irán y
Rusia emitieron declaraciones atacando la acción de la fiscalía estadounidense.
En su rueda de prensa del 27MAR20, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso María
Zajárova, luego de expresar usuales ataques a la oposición “radical”
venezolana, afirmó que “Rusia continuará ayudando a Venezuela, incluso en la
normalización de la situación sanitaria y epidemiológica”.
El gobierno ruso, además,
ratificó el 28MAR20 la decisión de reforzar su presencia en Venezuela como
actor petrolero y aliado del régimen chavista. La empresa petrolera Rosneft
anunció la venta de sus activos en Venezuela y el fin de sus operaciones incluyendo
su participación en las empresas productoras y comercializadoras Petromonagas,
Petroperija, Boqueron, Petromiranda y Petrovictoria. Rosneft es una empresa
controlada por el gobierno ruso pero cuya propiedad accionaria es compartida
con la BP británica y con el fondo catarí QH Oil Investments LLC. Según el
comunicado emitido por Rosneft, había alcanzado un acuerdo “para vender todos
sus intereses” en Venezuela a una empresa “100 por ciento propiedad del
gobierno de la Federación Rusa” cuyo nombre es obviado en el texto. Se trataría
de una maniobra de cambio de bandera para mantener las operaciones petroleras
rusas en Venezuela mediante una empresa de capital estrictamente estatal ruso,
lo que pudiera sortear temporalmente las sanciones que EEUU ha venido
imponiendo a subsidiarias de Rosneft involucradas en la venta de crudo
venezolano favoreciendo al régimen chavista.
Publicado originalmente en:
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