Informe Otálvora del 08 de octubre de 2021
Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken y Alto
Representante de la UE Josep Borrell el 04MAY21 en Londres. Foto: Departamento
de Estado EEUU.
La alianza partidista que sostiene a Juan Guaidó como “Presidente Encargado” de Venezuela y su aparato de gobierno está mostrando serias señales de ruptura.
El 04OCT21 se produjo una reunión vía internet del grupo de
representantes diplomáticos que Guaidó mantiene en diversos países donde se le
reconoce oficialmente como jefe del Ejecutivo. La reunión había sido convocada
por Julio Borges, uno de los jefes del partido Primero Justicia y quien desde
el exilio en Colombia ejerce como “Comisionado Presidencial para las Relaciones
Exteriores de Venezuela”. Primero Justicia ha sido parte de los cuatro
partidos, el G4, que han dado piso al “gobierno” de Guaidó quien milita en
Voluntad Popular el partido liderado por Leopoldo López desde España.
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El tema del encuentro del lunes 04OCT21 era inicialmente el
impacto de la decisión de la Unión Europea de enviar a Venezuela una misión de
observación electoral. La convocatoria al encuentro había causado sorpresa en
razón del poco interés que Borges suele mostrar en mantener contacto con el
“cuerpo diplomático” de Guaidó y, porque apenas el 27SEP21 un comunicado de
Primero Justicia había dejado ver el virtual divorcio con el “gobierno Guaidó”.
Ese día el partido de Borges y Henrique Capriles Radonski anunció su retiro “de
los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”, es
decir, se retiraron de la coadministración que el G4 ha mantenido de un paquete
de propiedades del Estado venezolano en el extranjero y que incluyen la
petrolera Citgo en EEUU y la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos
asentada en Colombia. La empresa Monómeros fue puesta bajo control del
“gobierno Guaidó” en 2019 y desde entonces su administración ha sido objeto de
crecientes observaciones y divergencias entre la base política de Guidó.
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La empresa Monómeros proporciona aproximadamente el 50 por
ciento de los fertilizantes que se utilizan en el agro colombiano por lo que la
salud de la empresa es un asunto de seguridad nacional para Colombia. De hecho,
el 07SEP21 la Superintendencia de Sociedades de Colombia optó por someter a
control a la empresa ante el temor de que se declare en insolvencia o quiebra.
La decisión de Colombia en cuanto preservar a Monómeros,
reproduce la línea de acción de los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden en
cuanto a permitir el manejo de Citgo por designados de Guaidó y proteger la
empresa de acciones judiciales, lo cual además de aportar “poder” a Guaidó responde
al interés estadounidense de preservar, también por razones de seguridad
nacional, la integridad de la empresa propietaria de tres refinerías y de una
extensa e importante red de distribución de combustible.
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Si bien Borges ha dicho que sus críticas al manejo de Monómeros
las ha hecho como jefe político de Primero Justicia y no como “Canciller” de
Guaidó, su posición como vocero del “gobierno provisional” de Venezuela quedó
seriamente comprometida en público. En medios diplomáticos y de gobiernos de la
región, en realidad, la confrontación de Borges contra Guaidó es un asunto ya
conocido desde tiempo atrás. Borges, quien tiene sus propios enlaces en
Washington, da desarrollado su propia agenda internacional casi siempre en
contravía con Guaidó.
En la reunión realizada vía Internet, Borges dijo, según la
versión de varios testigos, que el gobierno Guaidó ya llegaba a su final y
recomendó a los asistentes virtuales que consultaran con sus respectivos jefes
políticos. Tales aseveraciones habrían desatado las intervenciones de los
diplomáticos convocados quienes en su mayoría chocaron con la posición del
“canciller”. Poco después, un vocero oficioso de Borges divulgó desde Bogotá la
especie según la cual el “gobierno Guaidó” finalizaría el 04ENE22, sin que se
conozcan las razones de esa fecha. Algunas fuentes aseguran que la fecha del
04ENE22 corresponde con la supuesta finalización del reconocimiento a Guaidó
por parte del Departamento del Tesoro de EEUU. En realidad esa especie tiene
poco asidero ya que ese reconocimiento oficial de EEUU a Guidó y a la Asamblea
Nacional electa en 2015 como representantes del estado venezolano, está basado
en la Licencia General 31A emitida por el Departamento del Tesoro el 04ENE21
sin límites temporales de vigencia. En todo caso, el “canciller” de Guaidó
estaría pregonando que el “gobierno” Guaidó ya tiene fecha de cierre.
En medios diplomáticos latinoamericanos, incluyendo
funcionarios que atienden el tema Venezuela en la cancillería colombiana, era
un hecho que Borges renunciaría a su condición de representante de un
“gobierno” del cual está claramente distanciado. Sin embargo, Borges aceptó la
invitación que le hiciera el presidente colombiano Iván Duque para que lo
acompañara, junto a altos funcionarios de Colombia y diplomáticos de los países
bolivarianos, en un viaje a la fronteriza ciudad de Villa del Rosario el
06OCT21 donde participaría en nombre de Venezuela en una ceremonia de
exaltación patriótica.
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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 11SEP21, el
servicio exterior de la Unión Europea estaba preparando los detalles para el
envío a Venezuela de una misión de observación electoral para las votaciones
regionales convocadas por el régimen chavista para el 21NOV21. El 28SEP21 el
Encargado de Negocios de la Unión Europea en Caracas suscribió un acuerdo con
el Consejo Nacional Electoral que norma la presencia de los enviados europeos.
Al día siguiente el Servicio Exterior de la UE hizo público la decisión del
Alto Representante Josep Borrell de enviar cerca de un centenar de observadores
a Venezuela a partir del mes de octubre y de forma progresiva. Borrell
igualmente seleccionó a la eurodiputada portuguesa Isabel Santos como
Observadora Jefe de la Misión que viajaría a Venezuela. Usualmente las misiones
electorales de la UE son encabezadas por algún miembro del Parlamento Europeo y
Borrell optó por una diputada miembro del Partido Socialista portugués quien
curiosamente en el pasado se manifestó en contra del gobierno de Nicolás
Maduro. En un debate en el Parlamento Europeo el 14ENE20, Santos se mostró
favorable a la imposición de sanciones a “aquellos que promuevan la violación
de las reglas democráticas y la violación de los Derechos Humanos” en
Venezuela.
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Por cierto, las pláticas que sostienen los representantes de
Juan Guaidó y Nicolás Maduro llegaron rápidamente a un estado de empantanamiento.
Oficialmente se han realizado dos rondas de negociaciones directas. El 07SEP21,
al término de la primera ronda, las delegaciones anunciaron dos acuerdos
referidos a una posición común ante el diferendo territorial sobre la Guayana
Esequiba y otro sobre “protección social del pueblo venezolano. Se trataba de
un obvio intento de las dos delegaciones para ganar credibilidad sobre el
mecanismo. Como resultado de la segunda ronda de negociaciones, el 27SEP21 el
gobierno de Noruega distribuyó un comunicado de las partes en la cual
informaron que habían decidido “realizar en lo inmediato varias sesiones de
consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e
internacionales” para constituir “un eficiente mecanismo de consulta y
participación”. Inicialmente las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez
en nombre de Maduro y por Gerardo Blyde en nombre de la alianza partidista que
apoya a Guaidó, habían señalado una agenda precisa de negociación entre las dos
fuerzas políticas. Luego de la segunda ronda de negociaciones ha surgido el
siempre conveniente esquema de alargar procesos mediante consultas a terceros.
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La jefe de la misión europea estará llegando a Caracas el
18OCT21 para asumir la conducción directa de un proceso de observación con el
cual, al permitirlo, el régimen chavista procura ganar legitimidad internacional.
El régimen chavista ha permitido que la misión de la UE emita un informe
preliminar sobre los resultados de su observación el cual deberá ser presentado
previamente al gobierno y sólo sería emitido dos días después de las
votaciones.
En las votaciones sólo están en juego los poco influyentes
gobiernos estadales y locales. Diversos sectores de la oposición han optado por
participar alegando que se trata de una oportunidad para reorganizar fuerzas,
aunque en la práctica la unidad opositora venezolana se ha ido resquebrajando
primero por el debate entre participar o no en las votaciones del régimen, y
después en batallas locales por las nominaciones.
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El 08OCT21, buscando justificar su decisión ante Venezuela,
Borrell afirmó que la UE acompañará a la oposición porque “es una mayor
garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema”. La afirmación
fue hecha durante un “desayuno informativo” organizado por “Nueva Economía
Forum” durante el cual Borrell sostuvo que el informe final de la misión de
observadores de la UN “legitimará o deslegitimará” a Maduro. Igualmente afirmo
que obviamente “las elecciones en Venezuela no son como en Suiza” pero “si la
oposición decide ir y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir
una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando
una misión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas?”. Las
palabras de Borrell desataron la ira chavista en Caracas donde el Ministerio de
Exteriores del régimen emitió un comunicado en el cual acusó a la Unión Europea
de “pretensión injerencista” y le pidió “abstenerse de manipular políticamente
la Misión de Observación Electoral” pero sin rechazarla. En la realidad, el
régimen si aspira que la UE lo legitime o al menos le otorgue una carta de
buena conducta para luego reclamar el fin de las sanciones.
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La decisión de Borrell forma parte de una línea acordada con
EEUU que incluye estimular a una salida negociada entre Maduro y la “oposición”
a la crisis venezolana. De allí el apoyo mostrado por el actual gobierno de
EEUU a las pláticas organizadas por Noruega que reúnen a enviados de Maduro y
Guaidó en Ciudad de México. El tema Venezuela ha sido discutido personalmente
por Borrell y el Secretario de Estado Antony Blinken y en ellas concluyeron
que, en la práctica, las votaciones convocadas por el régimen serían una suerte
de termómetro sobre la situación venezolana. Incluso, el Centro Carter estaría
negociando con las autoridades electorales del régimen chavista los términos
para el envío de representantes para “observar” las votaciones del 21NOV21. El
Centro Carter ha sido convocado por el gobierno Biden para que coopere en
cuanto a casos críticos en Latinoamérica y su posible presencia en Venezuela
contaría con el franco apoyo del Departamento de Estado.
El gobierno Biden, en lo poco que atiende los temas
latinoamericanos, está enfocado en el asunto migratorio y en sus relaciones con
México. Hasta la fecha, ha optado por mantener grosso modo la política del
gobierno Trump hacia Venezuela confirmando el respaldo a Guaidó y ratificando
las sanciones al régimen chavista. Pero el “tema Venezuela” progresivamente ha
ido saliendo de la agenda de los gobiernos de América y Europa, por cansancio,
por la pandemia de Covid, por el surgimiento de una nueva ola de gobiernos
castrochavistas en el Continente y por la creciente falta de coherencia de la
oposición venezolana. En tanto, la dictadura venezolana tiende a convertirse en
un estado de normalidad en el país ante la cual los gobiernos extranjeros
responden con posiciones crecientemente pragmáticas. Incluso el gobierno de
Colombia que militantemente desconoce la autoridad de Nicolás Maduro, estaría
dispuesto a reanudar las relaciones consulares ante la obvia necesidad que la
comunidad colombiana en Venezuela tiene de servicios de su gobierno.
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El presidente de Perú Pedro Castillo anunció públicamente su
respaldo al establecimiento de una legislación que legalice la producción de
hoja de coca en Perú. Siguiendo el esquema ya establecido en Bolivia por el
gobierno de Evo Morales, bajo el argumento de respetar el consumo tradicional
de hoja de coca, la legislación promovida por el diputado izquierdista
Guillermo Bermejo procura proteger los cultivos de coca con claro destino hacia
la producción de cocaína.
El 03OCT21 en Pichari en el departamento de Cuzco, Castillo
anunció su respaldo al proyecto de ley que promueve Bermejo quien estaba a su
lado. Castillo para la ocasión cambió su disfraz campesino con sombreo chotano
para vestir indumentaria indígena. Guillermo Bermejo es uno de los enlaces
entre el nuevo gobierno peruano y las redes castrochavistas continentales y en
diversas ocasiones ha organizado en Lima actos de apoyo al régimen chavista.
En la práctica se está produciendo una alianza entre el
gobierno izquierdista de Castillo y los productores de coca de Perú con apoyo
organizativo de Evo Morales quien ha multiplicado la frecuencia de sus visitas
a Lima.
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