Vender armas a Maduro sería sancionado por Estados Unidos
Venezolanos residentes en Florida y en diferentes estados de la Unión Americana llegaron ante la Casa Blanca para pedir sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de mayo. (Twitter)
Viajar fuera de Venezuela podría representar riesgos a la “integridad física” de la diputada María Corina Machado. La información fue divulgada por la oficina de prensa de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados (CREDN) brasileña.
La Comisión tenía prevista la presencia de Machado el miércoles 28MAY14 para una sesión pública sobre la “crisis institucional en Venezuela”. La noche del martes, el asesor de la CREDN, Marcelo Rech, informó que Machado no asistiría a la cita. Según Rech, un miembro del equipo de Machado y ella misma informaron al presidente de la Comisión, el diputado Eduardo Barbosa, sobre los riesgos que el viaje representaba para Machado, quien fue desaforada por una decisión administrativa del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del partido de Gobierno PSUV, Diosdado Cabello.
La Comisión tenía prevista la presencia de Machado el miércoles 28MAY14 para una sesión pública sobre la “crisis institucional en Venezuela”. La noche del martes, el asesor de la CREDN, Marcelo Rech, informó que Machado no asistiría a la cita. Según Rech, un miembro del equipo de Machado y ella misma informaron al presidente de la Comisión, el diputado Eduardo Barbosa, sobre los riesgos que el viaje representaba para Machado, quien fue desaforada por una decisión administrativa del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del partido de Gobierno PSUV, Diosdado Cabello.
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El mismo día cuando M.C. Machado debía estar en Brasilia, fue acusada por la jerarquía del régimen venezolano de formar parte de un plan del golpe de Estado, con magnicidio incluido, contra Nicolás Maduro. Según contabilizó el diario Tal Cual de Caracas, se trata de la decimotercera vez que el Gobierno Maduro denuncia un plan magnicida. Las supuestas pruebas del “plan golpista” fueron presentadas por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y no por alguna autoridad judicial. Rodríguez estaba acompañado de la esposa de Maduro, Cilia Flores, así como de Diosdado Cabello y otros altos cuadros del chavismo. Según declaraciones emitidas el 29MAY14 por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, los emails que probarían la conspiración habrían sido obtenidos por la Policía política (Sebin) a solicitud de esa Fiscalía. Ortega Díaz justificó que las “pruebas” llegaran a manos de los miembros del “alto mando político de la revolución”, alegando que se trata de un “problema de seguridad de Estado”. El caso pareciera perseguir la neutralización de Machado y otros dirigentes opositores, mediante la apertura de un proceso penal en su contra.
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Sanciones para quienes suministren armas al Gobierno de Venezuela contempla el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU el 28MAY14. El proyecto fue presentado por la representante Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida) y copatrocinado por 22 representantes de ambos partidos. El proyecto establece sanciones personales a funcionarios venezolanos que “perpetraron”, ordenaron o dirigieron actos de violencia y violaciones de derechos humanos contra quienes participaron en las protestas realizadas en Venezuela desde el 12FEB14. Las sanciones abarcarán a quienes ordenaron el arresto de personas que legítimamente ejercía el derecho de libertad de expresión. Igualmente, EEUU sancionaría a quienes proveyeron apoyo financiero, tecnología, bienes y servicios que fueran usados para violar los DDHH de los manifestantes. El proyecto de ley HR4587 titulado “Ley para la protección de la democracia y los derechos humanos en Venezuela” incluye, como sujetos de sanciones, a quienes hubiesen establecido medidas de censura para impedir la difusión de información sobre las protestas.
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El suministro al Gobierno de Venezuela de armas de fuego, municiones, perdigones de goma, sprays químicos o de pimienta, gases lacrimógenos, armas para electrochoques o cañones de agua utilizados contra las protestas, sería objeto de sanción en EEUU, de acuerdo al proyecto de Ley HR4587. Igualmente serían penados los proveedores de “tecnología sensible” (hardware y software) que fuera utilizada para restringir el flujo de información “imparcial”, para interrumpir o monitorear esa información. La lista de potenciales sancionados abarcaría, en consecuencia, a empresarios de diversos países tales como Brasil o China.
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En el Senado de EEUU corre otro proyecto de ley para sancionar funcionarios del Gobierno Maduro. Se trata del S.2142 titulado “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela”, presentado por el demócrata Robert Menéndez (New Jersey) con respaldo de cuatro senadores copatrocinadores, incluyendo al republicano Marco Rubio (Florida). Este proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores y muestra algunas diferencias con respecto al aprobado en la Cámara. Si bien las sanciones (inelegibilidad para visas, congelamiento de bienes y prohibición de operaciones comerciales en EEUU) son prácticamente las mismas, a los efectos del proyecto que corre en el Senado, las violaciones a los Derecho Humanos en Venezuela se analizarían a partir del 04FEB14, fecha del arranque de choques entre estudiantes y efectivos policiales en la ciudad de San Cristóbal. El proyecto Menéndez no incluye expresamente sanciones contra proveedores de armamentos. Ambas propuestas proponen la inclusión de partidas en el Presupuesto 2015 para “apoyo a la sociedad civil en Venezuela”, por US$ 15 millones (Menéndez) y US$5 millones (Ros-Lehtinen). Ninguno de los proyectos incorpora nombres de potenciales sancionables, cuya identificación, de aprobarse alguna de estas leyes, correría a cuenta del Ejecutivo.
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El camino para la aplicación de sanciones por parte de EEUU a funcionarios del régimen venezolano parece largo. Barack Obama tiene potestad para hacerlo sin requerir la aprobación de nuevas leyes, amparado en la “International Emergency Economic Powers” de 1977. La posición de la Casa Blanca es de no recurrir a sanciones por ahora, lo cual reiteró la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, el 29MAY14. El proyecto aprobado en la Cámara deberá pasar al Senado donde, de aprobarse el instrumento presentado por Menéndez, requerirá la homologación de ambos documentos. El proyecto Menéndez no tiene aún fecha para ir a la plenaria. Además, Obama podría vetar la ley o, de aprobarla, retrasar su aplicación práctica.
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La línea dura hacia el Gobierno de Maduro promovida desde el Congreso de EEUU, no pareciera ser compartida por importantes empresas del sector energético, todas ellas vinculadas con sectores políticos estadounidenses. A mediados del 2013, la petrolera Chevron colocó en manos de la estatal petrolera venezolana Pdvsa un crédito por US$ 2.000 millones para financiar actividades de hidrocarburos en el estado Zulia. Chevron es copropietaria junto a Pdvsa de empresas en Venezuela, una de las cuales (Petropiar) posee una concesión petrolera en la Faja del Orinoco. Chevron es igualmente proveedora de gas al occidente de Venezuela, el cual es producido en la costa del Caribe colombiano. Las empresas estadounidenses Halliburton, Schlumberger y Weatherford, el 21MAY14, en medio de las protestas que han sacudido a Venezuela, suscribieron acuerdos con Pdvsa para la prestación de servicios a crédito por US$ 2.000 millones. Tanto Chevron como Halliburton han estado relacionadas con la familia de los expresidentes Bush y su entorno político.
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La presencia de Cuba en la VII Cumbre de las Américas del año 2015 en Panamá ya comienza a ser debatida. En 2012, la cumbre continental se realizó en Cartagena, Colombia, y la presencia de Cuba fue exigida, sin éxito, por los países de la alianza izquierdista Alba que amagaron con un boicot. El ecuatoriano Rafael Correa y el nicaragüense Daniel Ortega se abstuvieron de asistir, mientras Hugo Chávez permaneció en Caracas a causa del ya marcado deterioro de su salud. El Eje La Habana-Caracas decretó que aquella sería la última cumbre sin presencia cubana. El canciller del saliente Gobierno panameño, Francisco Álvarez de Soto, pidió en la OEA, el 08ABR14, “capacidad de encontrar espacios políticos para hacer realidad la presencia de Cuba en la OEA y todos sus foros”. Por su parte, Unasur, a solicitud de los países del Alba, en la reunión celebrada en Galápagos, Ecuador, el 23MAY14, exigió a la OEA la presencia de Cuba en la Cumbre 2015 de “forma incondicional y en plano de igualdad”. La sanción impuesta a Cuba en 1962 fue levantada en 2009 por la OEA pero, según EEUU y Canadá, el régimen cubano no ha cumplido las exigencias para su reingreso al esquema de la OEA y, en consecuencia, no puede participar en un evento convocado por el organismo regional.
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El juego político colombiano se muestra muy intenso tras la primera vuelta electoral que dio el triunfo a Óscar Zuluaga, el candidato del expresidente Álvaro Uribe. Con vista a la segunda vuelta pautada para el 15JUN14, el presidente-candidato Juan Manuel Santos ganó apoyos expresos o implícitos desde el tradicional conservatismo hasta la izquierda vinculada con el Eje La Habana-Caracas. Zuluaga relativizó su dura posición contra las negociaciones con las Farc en procura de votos del centro, a la vez que ganó el apoyo del oficialismo conservador. En dos semanas se decidirá quién gobernará Colombia partir del 07AGO14. El próximo Informe Otálvora estará centrado en este tema.
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