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El nuevo presidente guyanés, David Granger,el 21MAY15 a bordo del barco de perforación petrolera Deepwater Champion en aguas disputadas por Venezuela. (FOTO GINA) |
El
07JUN15 el principal jefe militar de Guyana, brigadier Mark Phillips, anunció
que sus fuerzas estaban listas para repeler una invasión desde Venezuela. Ese
mismo día, la Autoridad de
Aviación Civil de Guyana
sancionó a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, prohibiéndole el
aterrizaje de sus aviones por falta de pago de una fianza. Ambas acciones
formaron parte de la reacción del recién posesionado gobierno de Guyana ante la
emisión por Nicolás Maduro de un Decreto creando y activando “Zonas Operativas
de Defensa Integral Marítimas e Insulares” (Zodimain) que abarcan desde las
aguas aún no delimitadas con Colombia en el Golfo de Venezuela hasta aguas
situadas al norte del territorio francés de la Guyana Francesa.
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El
decreto de las Zodimain está basado en la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitida el 17NOV14 mediante un
decreto del propio Maduro. Según esa ley, una “zonas operativas de defensa
integral” es “una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio
geográfico (…) donde se conducirán las operaciones para la defensa…”. Su creación,
en definitiva, es la de definir áreas para la disposición del aparato militar. En
un casi ingenuo intento de borrar el componente bélico implícito en el decreto,
la Cancillería venezolana emitió el 09JUN15 un comunicado en el cual definía la
zona de defensa creada frente al territorio esequibo como “una norma
administrativa dirigida a organizar, mediante la asistencia de las nuevas
tecnologías de información, labores cotidianas de supervisión y protección
marítima”. Tan edulcorada descripción no se corresponde con la base legal que
Maduro invocó para crear dichas zonas.
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El
Decreto 1787 publicado el 26MAY15 creó varias Zodimain, una de ellas denominada
“Atlántica” que incluía la proyección en el mar de la Guayana Esequiba,
territorio reclamado por Venezuela y que está sujeto a delimitación. En la
práctica, la definición de esa Zonimain y su publicación oficial significaba
una delimitación territorial unilateral por parte de Venezuela, dejando a un
lado los mecanismos diplomáticos. La emisión del decreto coincidió con la
llegada al poder de un nuevo gobierno en Guyana, encabezado por el militar
retirado David Granger, quien reafirmó la política de su antecesor de impulsar
la exploración y explotación petrolera costas afuera, en bloques asignados a
empresas extranjeras (entre ellas ExxonMobil) en áreas reclamadas por
Venezuela. La aparente mano dura de Maduro ante Guyana contrastaba con la
posición de Hugo Chávez de obviar la reclamación territorial y paralizar (por
inacción de su representante) el mecanismo existente entre ambos gobiernos de
un “buen oficiante” promovido por la ONU.
El
Decreto fue interpretado inicialmente por sectores de la oposición venezolana como
un intento de Maduro para ganar popularidad, recurriendo a la carta
nacionalista, remedando al gobierno militar argentino de Leopoldo Galtieri quien en 1982 provocó la Guerra de las Malvinas
contra el Reino Unido.
Expertos
en temas limítrofes consultados por este Informe calificaron el Decreto como confuso en cuanto a los límites
que establecía ante Guyana e, innecesariamente agresivo contra países como
Surinam, Francia y Colombia. Expertos en asuntos militares, por su parte, se
mostraron escépticos sobre la capacidad real de las fuerzas militares
venezolanas de mantener un patrullaje naval permanente, dadas las difíciles condiciones
de las aguas en la zona bajo reclamación.
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El
07JUN15 se produjo un cambio en la posición del gobierno Maduro ante Guyana,
mediante una sutil modificación en el texto del decreto que creó las zonas de
defensa. Alegando “fallas en los originales”, Maduro ordenó reimprimir el
Decreto 1787 el cual, en su nueva versión, apareció en la Gaceta Oficial del
08JUN15. El nuevo texto del decreto, tras indicar las mismas coordenadas ya
publicadas el 27MAY15 y que definen el área de la zona de defensa Atlántica,
anuncia que “Sin embargo, existe un área marítima por delimitar, que será
determinada una vez se resuelva la controversia pendiente entre la República
Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana según el acuerdo
de Ginebra de 1966, la cual está definida por los puntos “T”, “U” y “V”.”. El punto V está localizado
en la desembocadura del río Esequibo a unos 30 kilómetros de Georgetown la
capital guyanesa y marca la posición histórica venezolana sobre el inicio de los
límites con Guyana. El punto U muestra una curiosa hipótesis delimitadora del
actual gobierno venezolano, distinta a la mantenida por Venezuela desde 1968,
la cual proyecta el territorio marítimo en disputa hacia el noreste incluso hasta
Francia (Guyana Francesa), incluyendo las actuales exploraciones petroleras de
ExxonMobil dentro del territorio bajo reclamación.
Trazado
aproximado de la Zona Operativa de Defensa Integral Atlántico, creada mediante
decreto emitido por Nicolás Maduro el 27MAY15. Elaborado sobre Mapa Google Earth. Sólo para uso referencial.
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El
10JUN15 se produjo la apertura de las sesiones del nuevo parlamento guyanés. El
vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl B. Greenidge,
pronunció el discurso de ocasión, el cual estuvo dedicado al conflicto con
Venezuela, país al cual acusó de “usurpador”. Greenidge informó en su discurso haberse
reunido previamente con la Embajadora de Maduro en Guyana, Reina Arratia Díaz,
quien estaba presente en la sala. Arratia habría entregado al canciller guyanés
el comunicado del 09JUN15 enviado por Caracas, en el cual la canciller
venezolana Delsy Rodríguez afirma que el Decreto “en nada puede afectar a la
República Cooperativa de Guyana” y se lamentaba que Georgetown escandalice e “intente
crear una crisis artificial, inventando situaciones irracionales contra un país
hermano como Venezuela, y utilizando un lenguaje altamente ofensivo”.
El
canciller guyanés informó que su país está dispuesto a mantener conversaciones
con Caracas pero, al igual que el gobierno guyanés anterior, estima que fracasó el actual esquema de “buen
oficiante” promovido por la ONU en procura de un acuerdo entre los dos países.
Para Guyana el caso debe ser elevado a consideración del Secretario General de
la ONU para la definición de una nueva vía distinta a la de los “buenos
oficiantes” que se mantiene desde 1989. Con ello, Guyana intenta abrir una
brecha a nivel de la ONU para eventualmente llevar el caso a un esquema de
arbitraje internacional o, incluso, a un proceso judicial internacional. Esas
opciones forman parte del repertorio previsto por el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Greenidge
informó a los parlamentarios presentes que su país ha tenido en los últimos
días “contactos con diversos miembros de la comunidad internacional y especialmente
con el Caribe y miembros de la Commonwealth de los cuales hemos recibido
constante apoyo a nuestra causa”. La prensa de Georgetown asegura que Guyana ya
habría presentado quejas contra Venezuela ante la OEA y Unasur. De esta forma,
el guyanés tocó una de las fibras sensibles del régimen chavista que ha
procurado mantener como aliados políticos al rosario de islas que forman el
Caribe.
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El
11JUN15, al día siguiente del discurso de Greenidge, la cancillería venezolana
emitió un comunicado en el cual mostraba alborozo por la posición guyanesa: “La
declaración del Ministro Greenidge en la cual manifiesta su voluntad de
apegarse a las disposiciones del Acuerdo de Ginebra destinadas a un acuerdo
legalmente vinculante, es propicia para reafirmar la invitación de la
Cancillería venezolana para un diálogo sobre diferendo territorial y avanzar en
la agenda bilateral para el desarrollo compartido de nuestros pueblos”.
La
cancillería de Maduro declaraba cerrada la crisis con Guyana, no sin insistir
en la tesis de que la empresa Exxon es la culpable porque “a través de
manipulaciones e intrigas, pretende entorpecer las buenas relaciones entre
países vecinos”. En su afán por mantenerse como socio y amigo de Guyana y el
Caribe y enfocarse en su enfrentamiento contra EEUU, Maduro y su Canciller
insisten en la tesis, no compartida ni siquiera por el propio gobierno guyanés,
según la cual es la petrolera ExxonMobil
y no Guyana la responsable de la exploración petrolera en las aguas en disputa.
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Pero si
la reimpresión (con enmienda) del Decreto descartó una hipotética y poco
probable ofensiva militar sobre Guyana por parte de Maduro, dejó abierto un
potencial conflicto con Colombia. Maduro ordenó también la creación de una zona
de defensa “Occidental” la cual parte de Castilletes (lugar en la península de
la Guajira que sirve de inicio a la línea fronteriza terrestre entre Venezuela
y Colombia) y se proyecta hacia aguas del Golfo de Venezuela antes de dibujarse
sobre el Caribe. Esa zona dentro del Golfo se corresponde con la tradicional hipótesis
de negociación venezolana ante Colombia y no a una delimitación legal
existente. El área definida por el decreto de Maduro dentro del Golfo de
Venezuela se asemeja a las zonas de patrullaje que la Armada venezolana ha
mantenido durante los últimos cuarenta años, cuyas coordenadas solían manejarse
como secreto de Estado.
Maduro
creó una zona militar en aguas que no están delimitadas con Colombia, lo cual
probablemente conlleve a un pronunciamiento del gobierno de Juan Manuel Santos.
Fuentes diplomáticas colombianas consultadas para este Informe señalaron que el
tema es objeto de análisis en la Cancillería colombiana. Las negociaciones
limítrofes entre Venezuela y Colombia
están oficialmente paralizadas desde el año 2009, cuando fue disuelta la
comisión negociadora del régimen chavista, integrada por Pavel Rondón, Giovanna
De Michelle y Francisco Nieves Croes. El propio Hugo Chávez anunció el 31AGO07
que sólo restaban detalles para alcanzar un acuerdo con Álvaro Uribe Vélez, el
cual finalmente no se concretó.
