La canciller
venezolana Delsy Rodríguez y el expresidente José Rodriguez Zapatero en un
pasillo de la OEA en Washington el 21JUN16. Foto: OEA
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Juan Manuel Santos se
anotó un éxito político y publicitario el 23JUN16 con la celebración en Cuba,
bajo la tutela de Raúl Castro, del acto de presentación de los términos
acordados con las Farc para el “cese al fuego y de hostilidades bilateral y
definitivo y dejación de armas”. Si bien no es la firma definitiva del “acuerdo
de paz”, Santos logró crear una ola de atención mundial y congregar en Cuba a seis
mandatarios, al Secretario General de la ONU y enviados de EEUU, Noruega y la
Unión Europea. El evento fue presentado como el “último día de la guerra”
aunque en realidad fue el anuncio de cronogramas para el fin de las hostilidades,
entrega de armas, áreas de concentración de guerrilleros, protección otorgada a
los jefes guerrilleros, entre otros aspectos operativos.
El “acuerdo de paz”
entre Santos y las Farc, antes de entrar en vigencia será sometido a
consideración del electorado en un plebiscito cuya base legal aún debe aprobar
la Corte Constitucional de Colombia.
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Cuatro “Zonas
Veredales Transitorias de Normalización”, donde se concentrarán guerrilleros de
las Farc con sus armas en caso de entrar en vigencia el “acuerdo de paz”, estarían
situadas en municipios fronterizos con Venezuela, en los departamentos
colombianos de Cesar, Norte de Santander y Arauca.
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La diplomacia del
régimen venezolano recibió el 23JUN16 una estruendosa derrota en la OEA. Las
alianzas y complicidades tejidas por Hugo Chávez en el Continente ya no están funcionando.
Lejos quedaron los días cuando el chavismo se permitía imponer sanciones en la
OEA como cuando el 05JUL09 logró la expulsión de Honduras por el juicio y destitución
de su aliado Manuel Zelaya. Los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para
impedir que la situación interna venezolana se convirtiera en tema de análisis
multilateral resultaron inútiles ante un obvio cambio en la configuración
política de los gobiernos de la región y la evidente pérdida de influencia de
la diplomacia chavista.
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La cancillería de
Maduro intentó durante dos meses impedir que el Secretario General de la OEA,
el uruguayo Luis Almagro, invocara la Carta Democrática Interamericana para
presentar un informe que concluye que en Venezuela se ha producido una
“alteración del orden constitucional” que afecta el “orden democrático”. El
05MAY16, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de forma extraordinaria a
solicitud de Maduro, para escuchar una exposición de su canciller Delsy
Rodríguez durante la cual negó que Venezuela viva una situación de crisis
humanitaria, se mofó de la posibilidad de invocar la Carta Democrática contra
su gobierno y rechazó cualquier gestión de la OEA para atender la crisis
venezolana.
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El 30MAY16, Almagro
consignó ante la Presidencia de la OEA, en manos del representante permanente
de Argentina Juan José Arcuri, un extenso informe sobre Venezuela. Invocando la
Carta Democrática, Almagro solicitó la convocatoria de una reunión
extraordinaria del Consejo Permanente para conocer y debatir el informe. El
31MAY16, el gobierno Maduro emitió un comunicado remitido al Presidente del
Consejo Permanente de la OEA con exigencia de ser distribuido entre los gobiernos
miembros. En su comunicado, la cancillería de Maduro rechazó la invocación
hecha por Almagro de la Carta Democrática calificándola de “fraudulenta”, acusó
al Secretario General de extralimitarse en sus funciones, violar los estatutos
de la OEA y de estar “parcializado” con los “sectores golpistas, violentos y
antidemocráticos” que promueven “el derrocamiento” de Maduro. En el comunicado de
la cancillería chavista no faltaron los epítetos de “imperialista” e “injerencista” contra Almagro
y de promover una “intervención extranjera militar” contra Venezuela. Su comunicado
del 31MAY16 marcó la tónica agresiva contra Almagro adelantada por la
diplomacia chavista y directamente por su canciller durante sus intervenciones ante
tres sesiones del Consejo Permanente en Washington y durante la Asamblea
General de la OEA celebrada en República Dominicana a mediados de junio. Debilitar
la imagen de Almagro, desacreditarlo políticamente presentándolo como agente de
EEUU y como enemigo personal de Maduro, poner en duda sus facultades legales y
exigir su renuncia fueron parte de los argumentos usados por la cancillería
chavista en su intento de impedir que el Informe fuera presentado. En paralelo,
el gobierno Maduro argumentaba que la aplicación de la Carta Democrática es innecesaria
ya que estaría en marcha un “diálogo nacional” entre el Gobierno y la
Oposición, encaminado por el Secretario de Unasur Ernesto Samper con la mediación
de los expresidente José Rodriguez Zapatero, Leonel Fernandez y Martín
Torrijos, el cual contaría con amplio respaldo internacional. A solicitud de la
cancillería chavista, la OEA se reunió el 21JUN16 para recibir a Zapatero,
quien confesó que sus gestiones apenas estaban en fase “exploratoria” y que su
presencia en Washington respondía a los deseos de Maduro. Zapatero no pudo
mostrar resultados de sus gestiones ya que la Oposición venezolana no ha
aceptado participar en el “diálogo” diseñado por Samper a solicitud de Maduro.
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Pese a intensas
presiones del gobierno Maduro, el representante de Argentina actuando como
Presidente del Consejo Permanente, aceptó la argumentación de Almagro y convocó
a una reunión extraordinaria del Consejo pautada para el 23JUN16 con el objeto
de escuchar y debatir el informe sobre Venezuela amparado en la Carta
Democrática. Esta decisión del representante del gobierno de Mauricio Macri puede
considerarse como el inicio de la “aplicación” de la Carta Democrática a
Venezuela por segunda vez. En el año 2002 la OEA ya había actuado directamente
en Venezuela, con la conducción del Secretario General Cesar Gaviria Trujillo, ante la crisis
política venezolana. En el 2002 la intervención de la OEA se produjo con el
beneplácito de Chávez, pero en el 2016 se inicia a pesar del gobierno Maduro. La
convocatoria de la sesión para escuchar el informe Almagro creó un precedente en
la política continental, ya que la OEA se ha considerado facultada para
examinar la situación interna de un miembro sin la solicitud o conformidad del gobierno
de ese país y sin estarse en presencia del “derrocamiento” de ese gobierno.
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Dadas las presiones de
Maduro y sus aliados en la OEA para que el Presidente del Consejo Permanente
“desconvocara” la reunión del 23JUN16, los gobierno de Argentina, Belice,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron el 15JUN16 en Santo Domingo un
comunicado saludando las gestiones de Zapatero pero, igualmente, reiterando su
apoyo a la convocatoria para conocer el informe Almagro. El 20JUN16, el
representante permanente de Maduro en la OEA, Bernardo Alvarez, entregó al
Presidente del Consejo una larga comunicación en la cual solicitaba a su colega
argentino, “desconvocar” la sesión del 23JUN16 alegando que Almagro no está
“facultado” para solicitar la convocatoria y acusando a Almagro de innumerables
supuestas pretensiones como intentar “dañar la reputación e imagen
internacional” del gobierno Maduro. Alvarez igualmente alegó que la sesión era
innecesaria ya que la OEA había decidido el 01JUN16 respaldar las gestiones de
Zapatero, con lo cual el enviado de Maduro dejaba en evidencia que la comisión
de expresidentes fue impulsada por el régimen venezolano como un argumento
contra la “aplicación” de la Carta Democrática. El embajador argentino hizo
caso omiso de la petición del enviado de Maduro.
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Llegado el 23JUN16, al
iniciarse la sesión para escuchar a Almagro, la canciller de Maduro trató nuevamente
de impedirla, obligando a una votación nominal entre los miembros. A los quince
firmantes del comunicado emitido en República Dominicana se sumaron Bahamas,
Barbados, Suriname, Guyana y Jamaica. En total 20 gobiernos, de un total de 34,
votaron favorablemente por escuchar a Almagro. La diplomacia chavista recibió el
23JUN16 una derrota mayúscula. Almagro habló de violaciones de derechos
humanos, tortura, presos políticos, falta de independencia de los poderes
públicos, ausencia de libertad de prensa, entre otros aspectos con los cuales retrató
al régimen imperante en Venezuela. Durante el debate, el representante
permanente de Brasil, José Luiz Machado e Costa, afirmó que el tema quedaba en
la pauta del Consejo Permanente “a fin de continuar el intercambio sobre la
situación política, económica, humanitaria y de derechos humanos” en Venezuela.
El representante colombiano, Andrés Gonzalez, afirmó que el informe Almagro
“abre un proceso”. El representante chileno Juan Pablo Lira se pronunció por
“seguir el tema” de Venezuela en el Consejo Permanente. La representante de
Paraguay, Elisa Ruiz Díaz, reiteró la posición de su gobierno de pleno respaldo a la “aplicación” de la Carta
al gobierno de Venezuela. El presidente del Consejo, el argentino Juan José
Arcuri, propuso que se decidiera tomar nota del informe Almagro, lo cual fue
aprobado por los miembros. El tema “Venezuela” quedó abierto en la agenda de la
OEA para malestar del régimen chavista el cual, tratando de ocultar su mal paso,
asegura puerilmente que el informe Almagro fue “engavetado”.
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Tras la reunión del
Secretario de Estado de EEUU John Kerry y la canciller de Maduro el 14JUN16 en
República Dominicana, Maduro afirmó que estaba listo para enviar un Embajador a
Washington. Si bien los gobiernos de EEUU y Venezuela mantienen relaciones
diplomáticas, las misiones están en manos de encargados de negocios y no de
Embajadores desde el año 2010. Terminando mandato, resulta poco probable que
Barack Obama entre a negociar con el Congreso la designación de un nuevo
Embajador en Caracas. El futuro intercambio de Embajadores entre EEUU y
Venezuela será materia para el próximo inquilino de la Casa Blanca.