Informe Otálvora del 03 de junio de 2017
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El canciller de Brasil
y Bolivia, Aloysio Nunes y Fernando Huanacuni Mamani, durante la reunión de la
OEA el 31MAY17. Foto:OEA.
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“En nombre de una
supuesta solidaridad ideológica continental, se cerraron los ojos ante las
violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela que incluyen la prisión arbitraria e ilegal de oponentes
políticos, así como ante los fraudes electorales supuestamente perpetrados en
las últimas dos elecciones”. El texto anterior forma parte de un informe
preparado por la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos dependiente de la
Presidencia de la Republica de Brasil, en el cual los autores realizan un
descarnado análisis de la política exterior de su país durante los últimos
quince años. Los autores del documento son Hussein Kalout y Marcos Degaut
quienes llegaron al gobierno de la mano de Michel Temer y, la publicación lleva
una presentación firmada por el Ministro Jefe de la Secretaría de la
Presidencia Moreira Franco. Aun cuando se trata de un trabajo “académico” es, a
todas luces, un documento oficial que critica la conducción de la política
exterior brasileña incluso durante el actual mandato.
El documento se
refiere al silencio guardado por Brasil durante los gobiernos del PT “ante la
erosión de la libertad de prensa en Argentina en los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner”. Señala que “en cada uno de los casos, la inacción brasileña
era justificada como estricta observancia del principio de no injerencia. El
mismo principio, sin embargo, no impidió al gobierno brasileño criticar
políticas conducidas por países europeos o por EEUU. En contraste con la
delicadeza adoptada en el trato con
Rusia o Venezuela, Brasil tuvo pocos temores de criticar a las potencias
occidentales”.
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El primer objetivo del
régimen venezolano, de concretarse la instalación de la “Asamblea Constituyente” convocada por
Nicolás Maduro, es la disolución definitiva de la Asamblea Nacional donde la
Oposición detenta la mayoría absoluta. Aparte de procurar reformas en el texto
constitucional, la maniobra chavista busca retomar a la brevedad el control
hegemónico del Estado, apalancándose en el manejo que ejerce sobre las
autoridades electorales, el Tribunal Supremo de Justicia y la cúpula castrense.
Ya el Tribunal Supremo
de Justicia, con sentencia del 31MAY17, avaló que Maduro, sin realizar una
consulta popular previa, convoque a elecciones para conformar una constituyente
que, obviamente, tiene como propósito dictar una nueva Constitución. El Consejo
Supremo Electoral ya anunció la realización de esas elecciones para el mes de
julio y en un plazo perentorio de tres días procedió a inscribir a los
candidatos. El régimen inscribió las postulaciones de los principales jerarcas
del sistema, desde el cogobernante Diosdado Cabello hasta la esposa y el
asistente personal de Maduro. El esquema impuesto por el régimen establece que
las elecciones se realizarán a nivel de municipios, pero igualmente a nivel de “comunas”
y “consejos comunales”, así como de “sectores sociales”, conformando un sistema
de representación dudosamente democrático, apartado de los principios de la
propia Constitución bolivariana y fácilmente manipulable por el aparato de
Estado controlado por el chavismo.
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La Oposición venezolana
congregada en la Mesa de la Unidad Democrática decidió que no convalidará la
Constituyente de Maduro y, por lo tanto, no presentará candidatos. De prosperar
el plan chavista, el actual estado de excepción, la legislación mediante
decretos presidenciales y la suspensión de garantías constitucionales vigentes
desde enero de 2016, serían reemplazadas por un “suprapoder constituyente” detentado
directamente por Cabello y que asumirá las funciones legislativas.
La gravedad de la
predecible situación política y legal en Venezuela, en el escenario de la
Constituyente de Maduro, es de tal magnitud que fue el tema dominante en
conversaciones privadas entre diversos cancilleres durante la reunión de la OEA
celebrada el 31MAY17. El canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, calificó
como “viciada” la convocatoria hecha por Maduro para una Constituyente. Ocho gobiernos
exigieron públicamente que el gobierno Maduro suspenda su intento de modificar
la Constitución El proyecto de declaración sometido a consideración de los
miembros de la OEA, que cuenta con el respaldo abierto de por lo menos catorce
gobiernos, “hace un llamado” al “cese de la iniciativa de realización de una
Asamblea Constituyente Nacional en la forma en que está concebida actualmente”.
La diplomacia del
Continente, incluyendo a EEUU que aún mantiene la línea definida por el
gobierno Obama, intenta crear un esquema que permita tender puentes entre el
Gobierno y la Oposición en Venezuela. Desde los gobiernos que mantienen una
posición crítica contra el régimen venezolano hasta sus cercanos socios
caribeños, existe un consenso sobre la necesidad de que la “comunidad
internacional” aporte facilidades para superar la crisis venezolana. En el seno
de la OEA no se planteó la posibilidad de imponer sanciones al gobierno Maduro,
pero la realización de la Asamblea Constituyente bajo un formato controlado por
el chavismo, dinamita cualquier posibilidad de diálogo o negociación entre las
partes, según la evaluación compartida por varias influyentes cancillerías de
la región.
La imposibilidad de
que los principales actores políticos venezolanos alcancen un acuerdo, la
opción de represión militar que implementa el régimen ante las protestas
populares y la agudización de la crisis económica, han hecho que diversos
organismos internacionales y varios gobiernos de la región, estén evaluando las
posibilidades de una hipotética migración masiva desde Venezuela y las medidas
que deberían tomarse en países vecinos. Ya Acnur la agencia de la ONU para
refugiados, ha realizado evaluaciones en el estado brasileño de Roraima, con
vistas a la construcción de un centro para refugiados procedentes de Venezuela.
El gobierno colombiano ya tiene definido incluso la localización en el
fronterizo departamento Norte de Santander de, por lo menos, dos campamentos
para eventuales refugiados. La Organización Mundial de Migraciones así como
otras agencias de la ONU están realizando estudios urgentes sobre número y
perfil de los potenciales migrantes venezolanos. Si bien las cifras totales son
aún bajas, la tasa de crecimiento del número de venezolanos que están solicitando
refugio tiene encendidas luces de alarma en varias partes del globo. Desde esa
perspectiva, ya varios gobiernos de la región han asomado la opción de llevar
el “tema Venezuela” a consideración formal del Consejo de Seguridad de la ONU por
tratarse de un caso de crisis humanitaria.
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“Venezuela no quería
que hubiera reunión, y reunión hubo. Logramos una mayoría que permitió la
convocatoria de la reunión y Venezuela anunció su salida de la organización”.
Esa es la evaluación del representante de Colombia en la OEA, Andrés González, sobre
la reunión de consulta de cancilleres del Continente realizada el 31MAY17 en
Washington. Si bien el gobierno Maduro anunció su salida del organismo, su
aparato diplomático fuertemente apoyado por la cancillería cubana, realizó
intensos esfuerzos por retrasar la reunión y, en todo caso, impedir que se
aprobara una resolución sobre Venezuela. Desde Caracas se promovió la
presentación de un proyecto de resolución anodina por parte de los países miembros
de la comunidad caribeña Caricom que competía con la propuesta presentada por Perú,
Canadá, EEUU, México y Panamá. Las cancillerías de Bolivia y Ecuador intentaron, sin éxito, forzar
a los miembros de la OEA a realizar una votación en la cual ninguno de los
proyectos de declaración sería aprobada y la reunión finalizaría sin
conclusiones.
Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y México se constituyeron en un grupo de gobiernos que
hizo frente a las maniobras que tras bambalinas motorizaba la cancillería de
Maduro en su desesperado esfuerzo por detener la emisión de un pronunciamiento crítico
sobre la situación venezolana. Formalmente la reunión de los cancilleres de
la OEA del 31MAY17 no concluyó y su convocatoria está aún vigente. Los
representantes permanentes de los gobiernos miembros de la OEA deberán
adelantar en los próximos días las consultas para redactar un texto que cuente
con un apoyo mayoritario, el cual debería ser considerado por los cancilleres
en su encuentro anual que tendrá lugar en México el 21JUN17.
El gobierno Maduro
descubrió que su anunciada salida de la OEA fue un movimiento apresurado en el
cual ninguno de sus socios lo acompañó y que al no asistir a las sesiones perdió
un espacio para su acostumbrada diplomacia de show. La canciller de Maduro,
Delsy Rodríguez, quien sería reemplazada a la brevedad dado que es candidata
constituyente, anunció que su gobierno asistirá a la reunión de la OEA en
México.
