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martes, 29 de marzo de 2022

EEUU baja velocidad al “tema Venezuela”

Informe Otálvora del 11 de marzo de 2022 

Vicepresidenta del régimen chavista Delsy Rodríguez con el canciller ruso Serguéi Lavrov el 10MAR22 en Antalya, Turquía. Foto: MinExteriores Rusia.



Los resultados de las elecciones presidenciales colombianas del 29MAY22 condicionaran la continuidad de las relaciones de Colombia con EEUU especialmente en el área militar.

El eventual suministro de aviones de combate F16, como reemplazo de los obsoletos Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana, estaría en suspenso ante la eventualidad del triunfo del izquierdista Gustavo Petro.

El 10MAR22 el presidente colombiano Iván Duque fue finalmente recibido en la Casa Blanca por Joe Biden quien anunció la designación de Colombia como “país aliado estratégico no miembro de la OTAN”. Tal designación en teoría facilitaría la adquisición de material bélico estadounidense.

 

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Comenzando el gobierno Biden, el colombo-estadounidense Juan González, “Asistente Especial” presidencial de Joe Biden y Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, en entrevista con su paisana Patricia Janiot del 13MAR21, afirmó que “la democracia a Venezuela no llegará mañana, tomará tiempo y tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición como iguales a negociar una salida. Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país”. Para lograr que Maduro se siente a negociar con la oposición, el asesor de Biden indicó que “vamos a seguir incrementando la presión de una manera multilateral, que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática”, para lo cual EEUU se propone “formar un consenso entre la comunidad internacional para asegurar que quienes están robando miles de millones de dólares de Venezuela, no encuentren refugio en ninguna parte del mundo”. González resaltó la vía multilateral que buscaría el nuevo gobierno ante Venezuela: "la administración anterior habló de una coalición internacional, pero todo lo que estaba haciendo era unilateral" y el “consenso internacional [sobre Venezuela] se estaba rompiendo por las acciones políticas unilaterales” del gobierno Trump.

 

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El 15FEB22, a solicitud del gobierno de EEUU, se produjo una reunión de funcionarios de rango medio de las cancillerías de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y la Unión Europea. Se trató de la conclusión de los esfuerzos de la diplomacia del gobierno Biden para definir una agenda multilateral para Venezuela. El documento promovido por EEUU resaltó “la importancia de reanudar urgentemente las negociaciones inclusivas en México de buena fe, (…) la necesidad de un acuerdo sobre un organismo electoral independiente e imparcial, con máxima autoridad sobre el proceso electoral, y sobre un sistema de justicia independiente e imparcial, actuando únicamente como garante de las libertades políticas” para unas “elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes –estas últimas a más tardar en 2024…”.

Además, según el documento que fue divulgado el 16FEB22 por el Departamento de Estado de EEUU, “los participantes reiteraron su voluntad de revisar las políticas de sanciones basadas en un progreso significativo en el marco de estas negociaciones lideradas por Venezuela”.

Este es, en definitiva, el marco en el cual se mueven actualmente los gobiernos que promueven la redemocratización de Venezuela y son básicamente los elementos que expusiera Juan González un año atrás.

 

 

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El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, usualmente ocupado en temas extracontinentales, concretó una reunión el 02MAR22 en Washington con sus colegas de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, Rodolfo Solano, Roberto Álvarez y Erika Mouynes respectivamente.

En la agenda estuvo el tema migratorio a nivel regional, la cooperación en el combate del COVID19, el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, exaltaron al nuevo gobierno de Honduras, discutieron sobre restaurar la democracia en Haití y, sobre la defensa de la democracia y la soberanía de Ucrania.

La importante lista de temas dejaba al descubierto que el “tema Venezuela” desapareció de las prioridades políticas regionales. Venezuela que era asunto infaltable en cualquier reunión de autoridades diplomáticas del Continente dejó de ser relevante para la diplomacia continental. EEUU abandonó el activismo internacional para un rápido cambio de régimen en Venezuela y ha optado a dar como un hecho, más o menos inmodificable a corto plazo, que en Venezuela gobierna una dictadura. Mantener el esquema de sanciones heredado de los gobiernos Obama y Trump, procurar la liberación de estadounidenses presos-rehenes del gobierno Maduro, mantener el apoyo formal y financiero al “gobierno” de Juan Guaidó pero abriendo un canal directo con la dictadura de Maduro, pareciera ser el esquema que los “muchachos” de Biden han definido como su esquema para Venezuela.

 

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Roger D. Carstens, oficial retirado del Ejército de EEUU y quien desde el 01MAR20 ejerce como Enviado Especial para asuntos de rehenes del Departamento de Estado, llegó a Venezuela el 07DIC21 en una misión “secreta”. Por casi una semana el funcionario del gobierno estadounidense estuvo en Caracas en gestiones relacionadas con estadounidenses que permanecen presos en Venezuela por órdenes del gobierno Maduro. Por intermedio de gobiernos europeos que aún conservan representantes diplomáticos en Caracas y gestiones de parlamentarios estadounidenses que mantienen vínculos con Venezuela, la diplomacia de EEUU habría ido creando las condiciones para la visita de Carstens. El enviado de Washington finalmente logró visitar a ocho de los estadounidenses presos en Venezuela y recolectó pruebas de vida que fueron entregadas a sus familiares en EEUU. Como consecuencia de aquella visita el tema de la liberación de los presos estadounidenses cobró una nueva dinámica y en la Casa Blanca existía la percepción de que podría lograrse un éxito diplomático al lograr el regreso de los rehenes.

La noche del sábado 05MAR22 se produjo en el Palacio de Miraflores en Caracas una reunión entre Nicolás Maduro y una delegación estadounidense que había viajado en secreto. La delegación cuya composición no ha sido totalmente revelada, habría estado encabezada por Juan González quien estaba acompañado de Carstens y del Embajador de EEUU en Venezuela (que opera desde Bogotá) James Story. La misión diplomática de Suiza, país que sirve de custodio de los intereses de EEUU en Caracas, habría prestado apoyo operativo a la delegación estadounidense. En la reunión de Maduro con los enviados de EEUU habría participado su esposa Cilia Flores y por el negociador oficial del régimen Jorge Rodríguez. Esa misma noche se produjo también un encuentro entre los enviados de EEUU y el jefe negociador de la oposición venezolana, Gerardo Blyde, quien fue informado sobre las conclusiones del encuentro con Maduro.

Lo que debía ser una reunión secreta con un posible resultado feliz por la liberación de alguno o algunos presos estadounidenses, se convirtió en un escándalo político cuando la noche del 05MAR22 el portal de New York Times y la agencia Reuters revelaron el viaje a Caracas. Las hipótesis más diversas comenzaron a circular, entre ellas medios y analistas a nivel global hablaban de un pacto para que Venezuela proveyera petróleo a EEUU, una gestión para que Maduro corte sus relaciones con el gobierno ruso de Vladimir Putin, la eliminación de las sanciones impuestas por EEUU al régimen chavista, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la ruptura de Washington con Juan Guaidó…

Lo que pudo ser un golpe propagandístico favorable a la gestión de Biden se convirtió en un problema de opinión pública, a la vez que quedaba en evidencia que el poderoso lobby petrolero estadounidense mantiene fuerte presión para que el gobierno de EEUU autorice el reinicio de actividades en Venezuela. La invasión rusa a Ucrania es el más reciente argumento utilizado por empresas estadounidense petroleras y de ingeniería petrolera para retomar sus negocios con la estatal petrolera venezolana. Según Pedro Burelli, venezolano residenciado en Washington y que ha hecho carrera en el mundo petrolero, la idea de intercambiar rehenes en manos de Maduro a cambio de levantar las sanciones petroleras al régimen chavista y la consecuente posibilidad de que la empresa Chevron reactive operaciones en Venezuela, habría sido introducida al gobierno Biden por Amos Hochstein quien ejerce como Asesor senior de seguridad energética. Horchstein tiene un conocido historial como lobista en Washington.

El “timing” errado que no tomó en cuenta la hipersensibilidad global por la invasión a Ucrania y la decisión de realizar la reunión en Caracas en secreto, buscando un efecto teatral con la liberación de los presos, dieron al traste con el impacto procurado con la “Operation Belieber”.

El 09MAR22 el Departamento de Estado emitió un comunicado informando que habían llegado a EEUU, acompañados del Enviado especial Roger Carstens, dos de los estadounidenses que permanecían presos en Venezuela. El comunicado firmado por el Secretario de Estado no hizo mención a la misión que había viajado a Caracas. Parecía que, como ya ocurrió en tiempos de Trump, la Casa Blanca de Biden está dejando fuera al Departamento de Estado de su diplomacia hacia la dictadura chavista.

 

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El lunes 07MAR22 durante la rueda de prensa diaria, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psaki fue interrogada sobre la reunión en Caracas. “El propósito del viaje que realizaron los funcionarios fue discutir una variedad de temas, incluida sin duda la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos”, dijo Psaki. La subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, quien había sido convocada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para una sesión sobre Ucrania el 08MAR22, fue interrogada sobre el viaje a Caracas y en su respuesta ratificó el reconocimiento de EEUU a Juan Guaidó como “líder” de Venezuela. Nuland aseguró que no había “una nueva estrategia” hacia Venezuela y dijo que el propósito del viaje había sido velar por los estadounidenses presos y forzar a que Maduro se siente nuevamente en la mesa de negociación con la oposición.

Tras casi una semana en la cual el Departamento de Estado y la Casa Blanca no se pronunciaron expresamente sobre la misión que había viajado a Caracas, el asistente especial Juan González optó por ofrecer declaraciones en una obvia operación de control de daños justamente en la zona del país donde el “tema Venezuela” tiene mayor impacto electoral. González conversó el 11MAR22 con el periodista venezolano Julio Cesar Camacho quien transmite en la estación Actualidad 1040 desde Miami, Florida.

González reconoció haber formado parte de la delegación que viajó a Caracas. Afirmó que el propósito de la visita había sido presionar por la liberación de los presos estadounidenses y transmitir directamente a Maduro la posición del gobierno de EEUU sobre la transición en Venezuela. Cualquier paso en relación a aliviar la presión de las sanciones dependerá de los acuerdos a que Maduro y la oposición lleguen en la mesa de negociación que deberán incluir la libertad de los presos políticos y la realización de elecciones, reiteró González. “No fue una negociación”, “nos reunimos con Maduro así como nos reunimos con otros dictadores”. “No buscamos derrocar a Maduro por la fuerza”. “El restablecimiento de la democracia debe ser en el campo electoral”. “Reconocemos a Juan Guaidó pero hablaremos con todos”. Esas fueron algunas de las expresiones del enviado del gobierno de EEUU en su conversación con Camacho.

El canciller de Maduro, Felix Plasencia, durante una intervención en el “Antalaya Diplomacy Forum” en Turquía, el 12MAR22,  afirmó que las empresas estadounidenses y el gobierno de EEUU habían mostrado interés en reactivar el comercio petrolero con Venezuela. Plasencia afirmó que Maduro está preparado a vender petróleo a EEUU, petrolero por cierto que no está en capacidad de producir a niveles significativos.

 

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El gobierno de Joe Biden en la reunión en Miraflores, ratificó que está dispuesto a aliviar las sanciones que EEUU ha impuesto al régimen chavista a cambio de acuerdos políticos que garanticen la redemocratización del país mediante un proceso electoral confiable.

Se trata en el fondo de la misma línea que el gobierno de Trump ya había expuesto en dos documentos del año 2020, en los cuales ofrecía la reducción de las sanciones a cambio de procesos de transición en Venezuela. El 09ENE20 el gobierno Trump hizo público un plan para Venezuela en el cual diseñaba una “rápida transición negociada”. El 31MAR20, el Secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, presentó el documento “Marco de Transición Democrática” que suponía el retiro simultaneo de Maduro y Guidó de sus respectivas “presidencias” y la conformación de un gobierno de transición que organizaría las elecciones. Ambas propuestas del gobierno Trump se resumían en la propuesta de propiciar negociaciones entre Maduro y las fuerzas democráticas del país.

La continuidad en el enfoque hacia Venezuela fue confirmada el 13MAR22 por Jake Sullivan, el Asesor de Seguridad Nacional de Biden. Durante una intervención en el programa "Meet the Press" de NBC, Sullivan afirmó: “Y lo que te diré es esto, Chuck. Cualquier alivio de las sanciones que proporcionemos, como fue cierto en la última administración y es cierto en esta administración, tiene que estar vinculado a pasos concretos que tomen Maduro y las personas que lo rodean”.

 

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La inclusión de Juan González en la delegación que viajó a Caracas, tal como él mismo resaltara en su conversación con Camacho, fue la primera visita de un alto funcionario de la Casa Blanca al Palacio de Miraflores quizás desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999.

El antecedente más cercano en cuanto a contactos directos entre emisarios de la Casa Blanca y el régimen chavista se remontaría al 17SEP20 cuando Richard Grenell, por instrucciones directas de Donald Trump y de su Asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, se reunió en Ciudad de México con Jorge Rodríguez. Aquella cita habría sido un verdadero diálogo de sordos. Grenell pedía en nombre de Trump que Maduro abandonara la Presidencia a cambio de garantías para él y su familia, mientras Rodríguez insistía en un intercambio de presos. La liberación del operador financiero de Maduro, Alex Saab, detenido entonces en Cabo Verde a solicitud de EEUU, era exigida por Rodríguez quien ofrecía la liberación de seis funcionarios de la petrolera CITGO, de nacionalidad estadounidense, encarcelados en Venezuela. En la reunión en Ciudad de México habría participado Erik Prince, el fundador de la firma Blackwater y quien durante el gobierno Trump actuó como enlace no oficial de la Casa Blanca con el Palacio de Miraflores. La agencia Reuters reseñó en su momento que Prince habría estado reunido con la vicepresidenta de Maduro, Delsy Rodríguez, en Caracas alrededor del 20NOV20.

Según John Bolton, quien actuó como Asesor de Seguridad Nacional por poco más de un año hasta su explosiva salida del cargo el 10SEP19, Trump regularmente exponía sus deseos de sostener una reunión con Maduro “para resolver todos nuestros problemas”. Tales deseos le fueron expuestos por Trump a Iván Duque quien visitó la Casa Blanca el 13FEB19. Estos hechos son narrados por Bolton en su libro “The Room Where It Happened” publicado en 2020.

 

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Mientras la delegación del gobierno Biden se aprontaba para aterrizar en Venezuela, en Caracas el régimen celebraba el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV. El 05MAR22 se cumplían nueve años de la fecha oficial del fallecimiento de Hugo Chávez y el aparato del partido estaba congregado. Durante su discurso a los participantes, Nicolás Maduro se hizo acompañar en el presídium del boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa. El embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, igualmente asistió a las actividades del congreso chavista y fue ovacionado en diversas ocasiones.

El régimen chavista forma parte de los actores internacionales que activamente respaldan la invasión rusa a Ucrania. El 10MAR22 la vicepresidente Ejecutiva del régimen chavista, Delsy Rodíguez, sostuvo una reunión con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Antalya, Turquía. Rodríguez se hizo acompañar del canciller del régimen, Félix Plasencia, a la reunión con Levrov en la cual ratificaron la “asociación estratégica” entre ambos gobiernos y la “identidad de las posturas de Rusia y Venezuela hacia la mayoría de los problemas mundiales”.

A raíz de las sanciones impuestas por EEUU al régimen chavista, Rusia ha estado prestando en los últimos años servicios de triangulación bancaria para las operaciones financieras del gobierno Maduro. Uno de los temas que apuraban la reunión de la enviada de Maduro con el canciller Levrov habría sido los términos en los cuales se manejaran los depósitos bancarios que mantiene el régimen en bancos rusos ahora sancionados por EEUU y la Unión Europea. La imposición de restricciones bancarias impuestas por el propio gobierno ruso estaría afectando la movilidad de los dineros chavistas.

Publicado originalmente en:



domingo, 28 de febrero de 2021

Chavismo manipula a la ONU contra sanciones de EEUU

 Informe Otálvora del 20 de febrero de 2021

Nicolás Maduro y la relatora de la ONU Alena Douhan el 11FEB21 en Caracas. Foto: @NicolasMaduro 

A partir del 19FEB21 comenzaron a arribar a Bogotá diversos dirigentes opositores venezolanos procedentes de Venezuela y de Europa para lo que sería un intento de alcanzar acuerdos de acción. La mayoría de los convocados se encuentran actualmente en el exilio y algunos de los participantes lo harán vía internet. Las serias diferencias tácticas entre las distintas fuerzas opositoras les han impedido definir una hoja de ruta común ante el proceso de normalización del chavismo en Venezuela. Varios gobiernos extranjeros aliados de la oposición venezolana se encuentran en espera de definiciones. De hecho, uno de los temas a ser debatidos sería el de una planeada visita a Washington para encuentros con el nuevo gobierno de EEUU y con parlamentarios de ambos partidos.

Por cierto, uno de los asuntos tratados en la primera conversación oficial entre el nuevo Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y su colega española Arancha González Laya, fue el “tema Venezuela”. Sobre la redemocratización de Venezuela el representante del gobierno Biden ha conversado con los cancilleres de Colombia y Brasil, así como con el Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell. “¿Qué hacer con Venezuela?” es una pregunta reiterada y a veces monótona en las conversaciones entre las cancillerías occidentales.

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El gobierno de facto de Nicolás Maduro organizó una compleja operación de propaganda internacional, utilizando a las Naciones Unidas, para impulsar una campaña contra las sanciones que diversos países le han impuesto en los últimos años.

El 26ENE21, la vicepresidente ejecutiva del régimen chavista, Delsy Rodríguez, anunció el inminente arribo a Venezuela de la “relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. La emoción impresa por Rodríguez a la llegada de la bielorrusa Alena Douhan contrastaba con el hecho de que el gobierno chavista impide o condiciona el ingreso de funcionarios del sistema de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, el chavismo jamás autorizó el envío de las misiones solicitadas por el jordano Zeid Al Hussein quien fue el antecesor de Michelle Bachelet como Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.  A la usanza cubana, el chavismo sólo permite el ingreso de observadores de DDHH que le sean cómodos y que incluso actúen como parte de su armazón de propaganda internacional.

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Dos casos particularmente notorios de enviados de la ONU operando como propagandistas de regímenes castrochavistas son la filipina Virginia Bonoan-Dandan y el cubano-estadounidense Alfred-Maurice de Zayas.

Dandan, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  (CDDHH) el 01AGO11 como “Experta Independiente en DDHH y Solidaridad Internacional” ganó figuración luego de una visita a Cuba el 10-14JUL17. En su informe oficial Dandan afirmó que su visita había tenido como objeto “observar y aprender sobre cómo los DDHH están integrados en los esfuerzos de solidaridad internacional de Cuba” para lo cual se reunió con diversos funcionarios y con organizaciones “de la sociedad civil” manejadas por el régimen. Interrogada en la rueda de prensa antes de abandonar La Habana sobre sus contactos con los sectores opositores, la experta Dandan dijo "no sé a qué se refiere por oposición. Francamente no sé quién está en la oposición", a la vez que alababa los servicios de salud y educación cubanos, censuraba las sanciones de EEUU y se negaba a pronunciarse por el tratamiento a los DDHH en la isla.

Alfred-Maurice de Zayas y Virginia Dadan el 11SEP12. Foto: Blog de Alfred-Maurice de Zayas



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 Alfred-Maurice de Zayas ejerció entre el 01MAY12 y el 30ABR18 la condición de   “Experto Independiente de la ONU en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”. Zeyas fue el primero en ocupar un cargo creado el 29SEP11 por el CDDHH mediante una resolución promovida por Cuba, Bolivia, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Nicaragua entre otros. Zayas realizó una sonora visita a Venezuela el 27NOV-04DIC17, la primera de un “experto” de la ONU permitida por el régimen en dos décadas. Zayas se hizo conocer porque durante su estadía caraqueña publicó en Twitter unas fotografías supuestamente tomadas dentro de un supermercado situado en una de las zonas del alto ingreso de la capital venezolana. Esas imágenes según el experto demostrarían que en Venezuela no existía una crisis humanitaria lo cual difería con la notable y dramática crisis de desabastecimiento de alimentos que vivía el país aquel año. En su informe oficial distribuido el 03AGO18, Zeyas incluso se victimizó señalando que había sido acusado de parcialidad por algunas ONG defensoras de los DDHH. También se quejó por supuestamente haber sido objeto de “acoso moral” y de un “clima de intimidación”. En su informe Zayas aclaró que “no emprendió una investigación general sobre las violaciones de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” en Venezuela y dedicó su informe a justificar al régimen chavista que según el experto era blanco de una “guerra económica” (…) “que no difiere mucho de las guerras no convencionales libradas contra Cuba, Chile y Nicaragua”.  El informe Zayas incluía además un capítulo para exaltar las gestiones del español José Rodríguez Zapatero en Venezuela. Luego de aquella visita Zayas, quien es un promotor del secesionismo catalán, ha actuado como asesor del régimen chavista para sus operaciones en el seno de la ONU.

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La experta independiente Virginia Bonoan-Dandan, el experto independiente Alfred-Maurice de Zayas y la relatora especial Alena Douhan quien visitó Caracas en febrero de 2021 tienen algunas condiciones en común: sus cargos fueron inventados por el CDDHH con base en mayorías coyunturales, fueron designados por el Consejo pero no son funcionarios de la ONU aunque actúan como agentes del organismo internacional. Los cargos ejercidos por los tres forman parte de los llamados “procedimientos Especiales” del CDDHH. Se trata de individuos, profesionalmente vinculados al tema de los Derechos Humanos, quienes basados en sus contactos y filiaciones políticas internacionales son designados para atender esos “procedimientos”. Según la cartilla de la ONU “trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo”. Sus gastos de vida en Ginebra que es una de las ciudades más caras del mundo son financiados por fuentes desconocidas pero presumibles. Dice el manual de la ONU que “son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual” lo cual es razonablemente puesto en duda.

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La selectividad impuesta por el régimen chavista al momento de permitir el ingreso y la actividad de observadores de la ONU en materia de DDHH ha quedado especialmente resaltada en dos casos recientes: los condicionamientos a las operaciones de los enviados de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y   la negativa para permitir el ingreso de una misión aprobada y designada por el CDDHH.

El 20SEP19 los representantes del gobierno de facto suscribieron un memorando de entendimiento con la Alta Comisionada para DDHH, con el propósito de autorizar y normar la presencia en Venezuela de un pequeño grupo de funcionarios de la ONU con teórico acceso ilimitado a los centros de reclusión de los numerosos presos políticos existentes en el país. En medios diplomáticos de la ONU y en Caracas son generalmente conocidas las serias limitaciones que el régimen impone a la oficina de la ONU en Venezuela en sus actividades de monitoreo. Según la periodista Sebastiana Barráez quien reporta desde Caracas para el portal bonaerense Infobae, “la mayor parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar Talleres de Protocolo sobre derechos humanos, dándole una patente de corso a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

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El régimen no ha permitido el ingreso a territorio venezolano de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos”, Esa misión fue creada el 27SEP19 por el CDDHH de la ONU mediante una votación que sumó 19 votos a favor y siete en contra en lo que constituyó una gran derrota para el aparato diplomático del castrochavismo. Pese a ser una decisión legítima del CDDHH, el gobierno de facto se negó a reconocerla y cumplirla.

Esa misión fue creada con el mandato de investigar en Venezuela “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. La misión, que debía entregar su informe en septiembre del 2020, necesitó instalar una oficina en Panamá ante la imposibilidad de actuar en terreno. El mandato original de esa Misión era de un año pero el 06OCT20 el mismo Consejo decidió prolongar por dos años la duración y su objetivo fue ampliado: “seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Hasta la fecha el gobierno Maduro mantiene su negativa para el ingreso de la Misión que reporta al CDDHH. Por cierto, los representantes de Maduro en la ONU lo inscribieron como uno de los oradores que participarán en el “segmento de alto nivel” del periodo de sesiones 45 del CDDHH que se inicia el 22FEB21. Un grupo de gobiernos, especialmente Irán, Cuba, Venezuela y Rusia, que son objeto de sanciones por parte de EEUU y Europa pretenden utilizar el espacio de la ONU para atacar estas medidas.

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Alena Douhan, quien equivocadamente es presentada en medios de prensa como vocero de la ONU, visitó Caracas en su condición de “Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. El cargo fue creado por el CDDHH el 18SEP14 mediante una resolución presentada por Irán e impulsada por Cuba y Venezuela en el contexto del llamado “Movimiento de Países No Alineados”.

Después, en el periodo 36 del CDDHH, los enviados de Maduro presentaron un proyecto de resolución para “prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial”. La resolución fue aprobada el 28SEP17 por 30 votos a favor y quince en contra. A favor estuvieron Cuba, China, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, El Salvador, Venezuela, además de Saudi Arabia, India, Iraq, Suráfrica, entre otros. Rusia no estaba ese año en el Consejo por lo cual no pudo votar a favor. En contra votaron Alemania, Japón, Países Bajos, EEUU, Portugal, Reino Unido, Albania, Bélgica, Corea, Suiza y cinco gobiernos más. En ese mismo período de sesiones del CDDHH, el 14SEP17 se realizó una “mesa redonda” bianual sobre “medidas coercitivas unilaterales”. En esa oportunidad la coordinación de esa “mesa” fue asignada al representante de Maduro en el Consejo, el embajador Jorge Valero, quien incluyó entre los ponentes a dos personas que en el futuro serían llevadas a Venezuela en operaciones de apoyo al régimen chavista: el para entonces “relator especial” Alfred de Zayas y la para entonces experta invitada Alena Douhan. Los defensores del régimen chavista, supuestamente “independientes”, se mostraban actuando coordinadamente en este evento ocurrido en Ginebra.

El embajador Jorge Valero,  Alena Douhan y Alfred de Zayas en un evento en el CDDHH en Ginebra el 14SEP17. Imagen desde un video de ONU



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El primero en ocupar el cargo de relator sobre “impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales” desde el 01MAY15 fue el argelino Idriss Jazairy quien falleció el 27FEB20. La posición de Jazairy fue asignada rápidamente a Alena Douhan. El mandato de Douhan fue además prolongado por tres años, hasta el 2023, mediante una resolución del CDDHH del 06OCT20 presentada por Azerbaiyán y la delegación palestina. No queda duda que el rol de la relatora Douhan es de altísima importancia política para un grupo de países confrontados contra EEUU.

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En repetidas ocasiones, en documentos y declaraciones de prensa, el relator especial Idriss Jazairy se mostró favorable a los gobiernos de Rusia, Cuba, Venezuela e Irán por lo que resultaba una figura particularmente útil en las campañas de propaganda contra las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea. Su fallecimiento impidió que Jazairy cumpliera una invitación ya extendida por el régimen Maduro en 2019, la cual finalmente fue atendida por Alena Douhan.

Douhan estuvo en Venezuela entre 01FEB y 12FEB21 y sostuvo decenas de reuniones con altos jerarcas del régimen, así como con líderes opositores incluyendo a Juan Guaidó. En su informe preliminar entregado a la prensa antes de su partida, Douhan dejó en evidencia que su visita estaba orientada a producir un informe contra la política de sanciones de EEUU al régimen chavista.  “El Relator Especial insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas” concluye en el informe asegurando que “las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas”.

El objetivo de la visita de Douhan estaba cumplido: el gobierno de facto cuenta con un documento con el sello de la ONU para alegar que la situación económica venezolana se debe a las sanciones externas y no al sistema político y la conducción económica durante dos décadas de chavismo. La difusión del informe Douhan, en la intrincada red de propaganda internacional castrochavista y sus aliados internacionales, comenzó de inmediato en lugares tan distantes como Washington, Berlín o Madrid buscando presionar a los gobiernos de Joe Biden y de la Unión Europea para que moderen las sanciones

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La Casa Blanca dejó saber que no pretende disminuir sus actividades con el gobierno de Jair Bolsonaro y calificó como una “asociación vibrante” las relaciones de EEUU y Brasil. El comentario fue hecho por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa del 08FEB21. El mimetismo de Bolsonaro con respecto de Donald Trump así como la agenda ambientalista entre otros asuntos hacía presumir un alejamiento entre Washington y Brasilia.

La corresponsal del diario carioca O Globo, Raquel Krähenbühl, interrogó a Psaki sobre el informe elaborado por un grupo de presión izquierdista denominado “Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil” el cual recomendó que el gobierno Biden imponga sanciones a Brasil y limite sus relaciones con Bolsonaro acusándolo de acciones contra Derechos Humanos y el ambiente. El informe, uno más de incontables papeles que circulan en Washington especialmente en tiempos de inicios de gobierno, era presentado por sectores opositores brasileños, incluyendo la cadena O Globo, como un elemento que perjudicaría a Bolsonaro.   Psaki no mostró interés en el informe que según algunos medios brasileños ya circulaba en la Casa Blanca y determinaría el futuro de las relaciones bilaterales. La periodista de O Globo repreguntó dejando ver un claro sesgo antiBolsonaro: “Pero, Jen, las políticas del presidente brasileño y del presidente Biden, en muchos temas (clima, derechos de los homosexuales, otros) son muy diferentes. ¿Cómo pueden trabajar juntos?”. La vocero oficial optó por dejar sentada la posición de su gobierno: “al igual que en muchas de nuestras relaciones, buscamos oportunidades para trabajar juntos en temas en los que existe un interés nacional conjunto. Y, obviamente, existe una relación económica importante, y no nos detendremos en áreas en las que no estemos de acuerdo, ya sea el clima o los derechos humanos, o de otro tipo. Y ese será también el camino a seguir en nuestra relación con Brasil”.

Tres días después, el 11FEB21, el secretario de Estado Blinken telefoneó por primera vez al canciller brasileño Ernesto Araújo, con lo cual se abrieron relaciones directas entre los gobiernos de Joe Biden y Jair Bolsonaro.

Hasta el 19FEB21, el secretario Blinken había sostenido conversaciones telefónicas con sus colegas de México, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Publicado originalmente en: