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sábado, 16 de mayo de 2026

La política exterior de EEUU se decide y se anuncia en la Casa Blanca

Informe Otálvora del 02 de mayo de 2026

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio rodeando al presiente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 27ABR26. Foto: Departamento de Estado


La política exterior ocupa una alta relevancia para la actual administración estadounidense y los anuncios de esa área han pasado a ser materia casi exclusiva de la Casa Blanca.

Desde el 12AGO25 el Departamento de Estado suspendió la realización de las tradicionales ruedas de prensa diarias en las cuales un vocero de alto nivel presentaba los temas de política exterior del momento y atendía las consultas de la prensa especializada.

Hasta ese día el cargo de vocero del Departamento fue ejercido por la comentarista política Tammy Bruce quien había sido designada el 20ENE25 por decisión personal de Donald Trump. Durante su gestión, los “briefings” del Departamento de Estado ya dejaban ver que la actual política exterior de EEUU, incluso en sus aspectos más menudos, no sólo se decide en la Casa Blanca, sino que su divulgación es asunto presidencial. Bruce asumió la rutina de brindar su rueda de prensa diaria solo cuando su homóloga de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había concluido su propia rueda de prensa. En decenas de ocasiones durante las ruedas de prensa del Departamento de Estado, la respuesta de Bruce a las rutinarias consultas de los periodistas sobre temas de política exterior fue remitirlos a la Casa Blanca. La vocera del secretario Marco Rubio prefería ser omisa en sus respuestas antes de eventualmente contradecir a la Casa Blanca.

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El 12AGO25 Tammy Bruce salió del cargo de vocera del Departamento de Estado ya que Trump decidió nominarla como segunda en la misión de EEUU en la ONU. La vocería quedó en manos de Thomas "Tommy" Pigott en calidad de “encargado”  y quien sólo fue designado en propiedad el 24ABR26. Pigott quien ingresó al Departamento como parte del equipo de Trump, no ofreció ruedas de prensa durante su interinato.

La designación el 01MAY25 de Marco Rubio como Consejero de Seguridad Nacional en condición de interino, además, ha hecho que el Secretario de Estado se haya trasladado físicamente a la Casa Blanca para su gestión cotidiana, según lo reflejan las agendas públicas diarias que difunde el propio Departamento.

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El 22ABR26 el embajador Michael Kozak, quien encabeza el gabinete para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, publicó en X un inusual anuncio. Acompañado en una fotografía con la política venezolana Dinorah Figuera, Kozak dijo que se había reunido con la “presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015”. El propósito del encuentro, según Kozak, habría sido “conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”. Por su parte, Figuera republicó el texto de Kozak y escribió: “Acudí como presidente de la @AsambleaVE, institución reconocida por el gobierno” de EEUU.

Ambos textos revivieron las múltiples interrogantes que todavía existen sobre aspectos legales implícitos en el inusual proceso que ha llevado a que EEUU no reconociera (23ENE19) a Nicolás Maduro (“ni a sus asociados”) como el “gobierno de Venezuela” y reconociera el gobierno provisional de Juan Guaidó (2019-2023); la destitución de Guaidó por la Asamblea de 2015 y el reconocimiento por parte de EEUU a Dinorah Figuera como presidenta del “único poder legítimo” y en consecuencia como cabeza del gobierno de Venezuela (2023); la declaración de Figuera de haber asumido responsabilidades de poder Ejecutivo (2023); la prohibición de su partido (Julio Borges) para que Figuera aceptara el viaje a Washington propuesto por el Departamento de Estado para formalizar sus relaciones con EEUU (2023); la declaración del Departamento de Estado (07MAR25) en la cual afirmaba que EEUU “sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”, la declaración del embajador Kozaz (29AGO25) ante tribunales de EEUU reiterando que “la Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución pública democráticamente elegida en el país” y, finalmente, la comunicación nuevamente firmada por Kozak en la cual informó (11MAR26) a los tribunales de su país que “EEUU está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

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El Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre si EEUU continuaba reconociendo a los diputados electos en 2015 y encabezados por Figuera, como la “rama legislativa” en Venezuela. En la pregunta se precisaba “¿Reconoce EEUU a Delcy Rodríguez (como informó el embajador Kozac a los tribunales) como "el único jefe de Estado", pero aun así reconoce a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como un poder legislativo activo? Insistimos en el "activo”.

El vocero del Departamento de Estado en su respuesta del 24ABR26 obvió todo tipo de referencia al poder legislativo en Venezuela. La respuesta del vocero fue: “Como parte del enfoque de tres fases de la Administración para la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la reconciliación política, y la transición democrática, Estados Unidos reconoce al gobierno interino venezolano bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez”. 

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Por cierto. Una de las más curiosas “explicaciones” ofrecidas sobre la decisión del gobierno de EEUU de reconocer a Delcy Rodríguez como el “único jefe de Estado de Venezuela”, la emitió el 23FEB26 el Director de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano, Jaime Florez. “Hay que negociar con ella”, argumentó el vocero republicano basado en la Florida, “porque ella en este momento es quien tiene las nóminas, los cheques, las cuentas, el manejo de la opinión pública, el manejo de las gentes en las calles, el manejo del gobierno. No tenemos a otra persona que pueda hacerlo. Y eso no se puede improvisar. No puedes enviar a alguien que llegue en un avión y al día siguiente tenga el manejo de un país”.   (Sin comentarios).

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A finales del mes de septiembre debería producirse la elección del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas para un periodo de cinco años. Por reglas no escritas el próximo Secretario General debería proceder de un país latinoamericano o del Caribe y según la opinión de diversos gobiernos, la escogencia debería recaer en una mujer. El cargo es decidido por la Asamblea General a partir de un candidato recomendado por el Consejo de Seguridad. El paso esencial para la elección del nuevo secretario se produce en el Consejo de Seguridad donde el candidato deberá recolectar nueve de los quince votos posibles siempre y cuando ninguno de los cinco miembros permanentes emita un veto.

Si bien es posible la aparición sorpresiva de una nueva candidatura, el proceso formal de postulaciones terminó el 01ABR26. Las candidaturas presentadas son las del argentino director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi, la costarricense y Secretaria de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU Rebeca Grynspan, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el expresidente de Senegal Macky Sall. Las candidaturas de Grossi, Grynspan y Sall fueron presentadas por sus propios gobiernos. La postulación de Bachelet fue hecha por Chile, Brasil y México, pero inmediatamente después de la toma de posesión de José Antonio Kast, el gobierno chileno retiró su apoyo a la postulación de la expresidenta.

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El Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre su inclinación entre los candidatos presentados. Un vocero oficial del gobierno de EEUU en respuesta emitida el 30ABR26, señaló que “EEUU busca un candidato práctico, motivado y centrado en la reforma que proteja las valiosas contribuciones de los Estados miembros, restaure una gestión competente y agilice significativamente la organización.  Cualquier nuevo Secretario General debe devolver a la ONU a su propósito principal: mantener la paz y la seguridad en el mundo, en lugar de la absurda, politizada y woke ideología que ha socavado la eficacia de la institución”, Por ello “EEUU evaluará activamente a los candidatos para determinar la mejor persona con las cualificaciones más excepcionales y no prejuzgará a un candidato basándose en características personales inmutables”. La expresión “características inmutables” en este contexto suele referirse a aspectos como origen nacional, raza, etnia, edad o sexo.

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El expresidente senegalés Sall parece totalmente descartado como opción ya que parece privar la intención de elegir a alguien de Latinoamérica-Caribe. La candidatura de la expresidenta chilena Bachelet pareciera que no cuenta con suficientes amigos en el Consejo de Seguridad donde sólo la Colombia de Gustavo Petro es un claro respaldo, amén de algunas simpatías de gobiernos de centro. En los análisis iniciales pareciera que sólo sobreviven las candidaturas del argentino Grossi y la costarricense Grynspan.

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En Brasil habrá elecciones presidenciales el 04OCT26. Los partidos deberán presentar formalmente sus candidaturas en el mes de agosto. En general se da como un hecho que Lula da Silva competirá por el que podría ser su cuarto mandato. En la acera de enfrente, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, ha recibió el encargo de representar a la familia. Pero, en realidad formalmente las candidaturas no están decididas y todavía las alianzas políticas no se han concretado.

Dos eventos ocurridos el 29ABR26 y el 30ABR26 han hecho sonar las alarmas sobre la eventual imposibilidad de Lula para formar una alianza más allá de su espacio natural en la izquierda, que le permita optar a la Presidencia con opciones de triunfo. El Senado brasileño rechazó el 29ABR26 al candidato propuesto por Lula para ocupar un asiento vacante en el Supremo Tribunal Federal. Al día siguiente, el 30ABR26, las dos cámaras del Congreso de Brasil votaron mayoritariamente para dejar sin efecto el veto impuesto por Lula a una ley que reduce las penas impuestas a acusados del intento de golpe de Estado del 08ENE23. Los votos del bolsonerismo no son suficientes en el Congreso para derrotar a Lula así que los resultados de dos votaciones en las cuales el gobierno ha sido sonoramente derrotado parecieran indicar que la larga lista de siglas partidistas estaría abandonando la opción de Lula.

Nada está decidido en Brasil sobre quien será el Presidente que tome posesión el 01ENE27.

Publicado originalmente en:





lunes, 23 de marzo de 2026

Trump establece modus vivendi con dictadura chavista

Informe Otálvora del 18 de marzo de 2026

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior y zar de Energía Doug Burgum y la embajadora Laura Dogu el 04MAR26 en el Palacio de Miraflores. Foto: U.S. Department of the Interior


Venezuela adquirió la condición de un protectorado luego que una operación militar de EEUU derrocara y encarcelara a Nicolás Maduro el 03ENE26 y que los altos jerarcas del régimen acordaran un modus vivendi bajo control estadounidense.

La expresión “protectorado” fue asomada inicialmente por la reputada consultora Beatrice Rangel en un artículo de principios de febrero publicado en diversos portales del continente bajo el título de “El protectorado como eje del nuevo orden internacional”. Y con el pasar de los días el concepto fue ganando peso explicativo y argumental incluso en espacios académicos. En la merideña Universidad de los Andes tuvo lugar a finales de febrero un evento convocado por el decanato de FACES-ULA en el cual expertos en derecho constitucional, Historia y Economía analizaron el futuro de Venezuela. Una de las interrogantes a ser debatida por los expositores fue justamente “Venezuela hacia un protectorado o país libre y asociado”.

Por su parte, el editor y agudo analista Rafael Poleo, en alguno de sus usuales textos en X, ha asomado la expresión de “puertorriqueñización” de Venezuela.

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Desde el chavismo histórico ha surgido una interpretación propia de lo que ocurre en Venezuela y en la cual reconoce haber sido desplazado del poder. “Hoy en Venezuela hay dos fuerzas principales que se disputan el poder. Ambas son fracciones de la burguesía: la tradicional representada por María Corina, y la otra, la burguesía emergente, o nuevos ricos representados por el Delcy-Madurismo traidor. Cada una de estas fuerzas posee su expresión civil y su expresión militar. Lamentablemente en este momento, la opción revolucionaria está ausente en la disputa del poder en Venezuela: el Socialismo, el Chavismo auténtico, no aparece en la contienda (por ahora)”. El texto corresponde a un artículo firmado por el protochavista Toby Valderrama difundido en Internet el 03MAR26. Valderrama formó parte del partido dirigido por Douglas Bravo que captó al joven militar Hugo Chávez a finales de la década de los años setenta.

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El primer gobierno Trump no reconoció los resultados de las votaciones presidenciales del 20MAY18 en Venezuela y, en consecuencia, desconoció la proclamación de Nicolás Maduro para encabezar el gobierno que arrancaría el 10ENE19. En ese marco, EEUU reconoció el 23ENE19 a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como “Presidente Interino de Venezuela”. El desconocimiento a Maduro, el reconocimiento a Guaidó y luego a la Asamblea Nacional como cabezas del Estado venezolano fue mantenida como política por el gobierno de Joe Biden. Incluso Biden reconoció oficialmente el 19NOV24 a Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela y lo recibió en la Casa Blanca el 06ENE25.

En el arranque del segundo gobierno Trump quedaron en evidencia los diferentes enfoques y grupos que procuraban imponer la línea y administrar la acción de EEUU hacia la dictadura venezolana. Justo un año atrás, el Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre la posición que el nuevo gobierno de EEUU tenía sobre el asunto. La respuesta recibida oficialmente “adjudicable a un vocero del Departamento de Estado” fechada el 07MAR25 fue: “Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”.

Después, el 29AGO25, el embajador Michael Kozak en nombre del Departamento de Estado remitió una carta a la Fiscal General Adjunta Brenna Jenny del Departamento de Justicia para su tramitación ante los tribunales respectivos. El destinatario del contenido era la Corte del Distrito Sur de Nueva York a propósito de un caso sobre bonos de deuda de PDVSA. Pero dada la pertinencia y carácter general del documento, copias del mismo fueron incorporadas en los expedientes de otros diversos casos. La carta de Kozak se presentaba como el “seguimiento” de una comunicación emitida el 16SEP20 por el entonces representante especial para Venezuela del primer gobierno Trump, Elliot Abrams. “Escribo ahora para actualizar la postura de reconocimiento del gobierno de EEUU respecto de Venezuela, a la luz de los acontecimientos ocurridos en el país”, decía Kozak en marzo de 2025 cuando se refería a que “el 28 de julio de 2024, más de doce millones de venezolanos acudieron a las urnas para participar en elecciones presidenciales (…) a pesar de la desinformación, amenazas y violencia, esos ciudadanos valientes votaron de manera abrumadora por el candidato opositor Edmundo González Urrutia”. Por lo cual “Maduro no representa al pueblo venezolano. Tal como explicamos en nuestra presentación previa al tribunal, desde el 23 de enero de 2019 EEUU no ha reconocido a Maduro ni a sus asociados como gobierno de Venezuela. La Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución pública democráticamente elegida en el país. Aunque el liderazgo de esa Asamblea ha cambiado desde nuestra última comunicación, EEUU continúa reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”.  Esa era la posición del gobierno Trump el 29AGO25.

Sólo siete meses después, el 11MAR26, tocó al propio embajador Kozak notificar al sistema de justicia de EEUU que el gobierno Trump había cambiado de opinión sobre a quien reconoce como representante de Venezuela. EEUU seguía sin reconocer a Maduro pero había decidido reconocer a una de sus “asociados”.

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La política de sanciones y licencias sobre empresas y altos jerarcas políticos venezolanos, diversos procesos judiciales en marcha y el reconocimiento de Juan Guaidó como cabeza del Estado venezolano en 2019 han creado una intrincada maraña legal en EEUU en cuanto a Venezuela.

El 03DNE26, a pocas horas de la operación de captura de Maduro, Donald Trump ofreció una rueda de prensa sobre los sucesos acontecidos en la madrugada y sobre sus planes para Venezuela. Interrogado sobre quien quedaría al frente del gobierno venezolano Trump sacó a relucir a la vicepresidenta Ejecutiva (designada no electa) Delcy Rodríguez. Dijo Trump: “¿quién va a tomar el control? Quiero decir, no hay nadie que pueda tomar el control. Tienes una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Y, en este momento, ella es la vicepresidenta. Y ella es, supongo, la presidenta”. Este comentario del 03ENE26 y las declaraciones de Trump en los siguientes días sobre “acuerdos” alcanzados por Marco Rubio con Rodríguez incluso sobre administración coordinada de recursos provenientes de la venta de petróleo, desataron acciones judiciales buscando respuesta a una pregunta aparentemente simple: ¿Quién a los efectos del gobierno de EEUU y, en consecuencia, para el sistema judicial de ese país, representa a la República Bolivariana de Venezuela?. El 12ENE26 la juez Sarah Netburn, quien preside la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ofició al Departamento de Justicia transmitiendo esa interrogante, alegando cuatro casos en los cuales la respuesta era pertinente y fijando el 11FEB26 como fecha máxima para la respuesta oficial. El gobierno Trump y el aparato estatal estadounidense no estaban preparados para dar una respuesta al interrogante del tribunal sobre un proceso que ostensiblemente estaban diseñando sobre la marcha.

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Además de las conversaciones a larga distancia de Marco Rubio y otros representantes del gobierno de EEUU con los jerarcas del régimen chavista, luego del 03ENE26 se registraron diversas visitas de altos funcionarios estadounidenses,  el ingreso progresivo al país de personal de seguridad e inteligencia, así como la activación del personal local de la Embajada en Venezuela que permaneció en nómina a pesar de la suspensión de operaciones desde el 12MAR19. Según un informe del Inspector General del Departamento de Estado fechado en septiembre de 2025, el gobierno de EEUU mantuvo un total de 150 empleados locales en la nómina de la misión diplomática en Caracas pese a que la Embajada estaba cerrada.

El 14ENE26 se produjo una primera conversación telefónica entre Trump y Rodríguez y al día siguiente el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita de horas a Caracas para un encuentro con Rodríguez. Ratcliffe habría sido acompañado por el embajador John McNamara quien para la fecha era aún el jefe de la misión diplomática de EEUU en Colombia y jefe de la “Venezuela Affairs Unit” VAU que operaba desde Bogotá. Las fotografías oficiales del encuentro fueron alteradas para no mostrar al acompañante de Ratcliffe.

Debido a que McNamara se jubilaría en breve y ante la necesidad de contar con una jefatura a tiempo completo en la VAU de Bogotá, el 22ENE26 fue designada la embajadora Laura Dogu como jefe de la misión para Venezuela. Después, el 31ENE26, Dogu llegó a Caracas sin aún haberse reestablecido relaciones diplomáticas y, al parecer, sin la emisión de las usuales visas diplomáticas. EEUU había decidido reiniciar las funciones de su misión en Caracas para atender desde el terreno su plan de control de Venezuela.

Dogu se reunió en el Palacio de Miraflores con Rodríguez el 02FEB26 reestableciendo de facto las relaciones oficiales entre el gobierno de EEUU y el régimen chavista.

Confirmando la normalidad reinante, el 08FEB26 Dogu publicó en X una fotografía que la mostraba a ella y su “equipo” (todos de espalda) presenciando desde la sede diplomática en Caracas el Super Bowl 2026 que se disputaba en ese momento en Santa Clara, California. La imagen se repetiría el 17MAR26 cuando Dogu mostró la escena de ella y miembros de su equipo (esta vez con sus rostros visibles) viendo el partido de Venezuela versus EEUU en la final del Clásico Mundial de Beisbol. El modus vivendi de EEUU con la dictadura venezolana permite momentos de solaz a los diplomáticos estadounidenses.

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El 11-12FEB26 visitó Caracas el secretario de Energía Chris Wright para ratificar la deriva petrolera que Trump había impuesto en su política hacia Venezuela. El jefe del Comando Sur general Francis L. Donovan fue a Caracas el 18FEB26 con visita a Rodríguez y reuniones con el ministro de Defensa Vladimir Padrino y con el alto jerarca chavista y ministro del Interior Diosdado Cabello. El 04-05MAR26 tocó el turno en Caracas al Secretario del Interior y zar energético Doug Burgum quien realizó visitas a zonas de producción petrolera a manos de la empresa Chevron,  apadrinó junto a Rodríguez la firma de un contrato que involucraba a la petrolera Shell y habría cerrado un negocio para la venta de oro por parte del régimen a la intermediaria Trafigura el cual fue autorizado en cuestión de horas mediante una licencia del Departamento del Tesoro.

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El 05MAR26 el Departamento de Estado difundió una nota en la cual dejó saber que “EEUU y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”. Anticipando el contenido de lo que sería la posición legal que se remitiría a los tribunales del país, Trump dijo durante una reunión con mandatarios latinoamericanos en Doral, Florida, el sábado 07MAR26, que le complacía informar que “esta semana hemos formalmente reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”.

Tras dos solicitudes de prórroga autorizadas por el tribunal de Nueva York, el 10MAR26 finalmente el gobierno Trump emitió su nueva posición sobre Venezuela. Ese día el embajador Kozak en nombre del Departamento de Estado envió al Fiscal federal del Sur de Nueva York, Jay Clayton, la posición oficial la cual, a su vez, fue convertida por Clayton en una comunicación dirigida a la jueza Netburn fechada el 11MAR26.

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La comunicación de Kozak al fiscal Clayton hace una primera precisión: “desde el 23ENE19, EEUU no han reconocido a Maduro como Jefe de Estado de Venezuela, y ese no reconocimiento continúa hasta el presente”. Con esta declaración el gobierno Trump se propone abortar cualquier intento de Maduro para alegar condición de “Jefe de Estado” y solicitar eventuales inmunidades ante el tribunal que lo juzga.

Después, justificándola como una medida para “facilitar” una “transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido”, el embajador Kozak anuncia que “EEUU está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”. En consecuencia, Trump dejó de reconocer a la “Asamblea Nacional electa en 2015” como “gobierno de Venezuela”.

El reconocimiento a Rodríguez está condicionado y según Kozak, su gobierno continúa “examinando cuidadosamente las transacciones con las autoridades interinas” y seguirá “utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles”. El reconocimiento sigue en todo caso condicionado al cuerpo de ordenes ejecutivas, sanciones y licencias que el Ejecutivo estadounidense ha emitido desde que el gobierno Obama el 08MAR15 declarara a Venezuela como una “inusual y extraordinaria amenaza” y, ese reconocimiento está condicionado también a los términos de diversos procesos judiciales en curso. Y lo fundamental, ese “reconocimiento” está condicionado a la continuidad del “modus vivendi” acordado por el gobierno Trump con los jerarcas del chavismo y, al final, a las idas y venidas de la política interna de EEUU.

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 Asuntos como la designación por Rodríguez de juntas directivas de empresas estatales radicadas en EEUU (como la emblemática Citgo) pasan, entonces, por depender de la opinión favorable del gobierno Trump expresada probablemente en forma de una licencia del Departamento del Tesoro y, además, de una autorización del tribunal que mantenga la respectiva empresa bajo su control.

El gobierno Trump se abstuvo de manifestarse expresamente sobre a quién corresponde la designación de representantes legales de Venezuela en los procesos judiciales que cursan en tribunales de EEUU en los que está involucrada la República de Venezuela. La carta del fiscal Clayton a la juez Netburn afirma que “EEUU respetuosamente se abstienen de opinar sobre la disputa pendiente respecto a “cuáles abogados están autorizados para representar a ciertas entidades estatales venezolanas” aunque el gobierno “deja abierta la posibilidad de una presentación futura, si resulta apropiado, en una etapa posterior del litigio”.

Dado que la declaración del reconocimiento a Rodríguez surgió como la respuesta a un tribunal en referencia a procesos judiciales, el tema ha sido objeto de múltiples interpretaciones por abogados que siguen estos asuntos y relativizan el alcance del pronunciamiento. Pero lo cierto es que a los efectos de EEUU, de su poder Ejecutivo y sus tribunales, la vicepresidenta Ejecutiva designada por Maduro y alta jerarca de la dictadura venezolana es “Jefe de Estado” y la única representante aceptada por Washington.

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El 09ENE26, seis días después de la operación militar de EEUU en Caracas, Trump emitió la Orden Ejecutiva 14373, la cual es un punto clave en el modus vivendi establecido entre EEUU y el régimen chavista.

Mediante esa Orden, Trump creó un fondo administrado por el Departamento del Tesoro y dirigido por el Secretario de Estado “en nombre del Gobierno de Venezuela” denominado “Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero”. Ese fondo está alimentado por pagos recibidos por el gobierno de EEUU que se “derivan de la venta de recursos naturales [por el régimen venezolano] o de la venta de diluyentes al gobierno de Venezuela”. La Orden Ejecutiva estableció que los fondos constituyen “propiedad del Gobierno de Venezuela y no constituyen propiedad de ninguna parte privada, incluidos los acreedores judiciales de Venezuela” por lo cual los fondos no son objeto de embargo por acreedores. No existen textos oficiales públicos sobre el esquema para la administración de este fondo pero el 28ENE26, ante un comité del Senado de EEUU, Marco Rubio informó que la dictadura venezolana le presentaría mensualmente “un presupuesto” de gastos a partir del cual el secretario de Estado dispondría el envío de recursos.

El esquema se completa con la emisión de diversas licencias generales y algunas de carácter particular (privadas) mediante las cuales el gobierno Trump, sin dejar sin efecto las sanciones, ha ido liberando el espacio para que el régimen chavista regrese al mercado petrolero y minero. Las reglas establecidas en licencias emitidas y revisadas por la OFAC a partir del 03ENE26 señalan que el gobierno de EEUU selecciona las empresas mayoristas que compraran crudo y derivados, así como oro o fertilizantes procedentes del régimen venezolano. EEUU indicará y autorizará expresamente las empresas que podrán operar en el sector petrolero o minero en Venezuela, los clientes aceptables para las exportaciones venezolanas, las áreas de operaciones admitidas. Según lo afirmo Trump, las ganancias de la venta de recursos venezolanos se dividirán entre las empresas productoras, el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana. Se desconoce los términos exactos de esta ecuación. Las ganancias destinadas al régimen venezolano serán acumuladas en el fondo dirigido por Rubio. Es la concreción contable de lo que Beatrice Rangel ha denominado como un “protectorado”.

Publicado originalmente en: