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viernes, 31 de mayo de 2024

Maduro intenta extorsionar a Milei por asilados

Informe Otálvora del 25 de mayo de 2024

El presidente argentino Javier Milei y su ministra de exteriores Diana Mondino el 13DIC23. Foto: MRE Argentina.


En Venezuela “hay una cúpula militar que apoya al gobierno, pero en la institución armada, en su conjunto, debe reflejarse también el desmoronamiento e impopularidad del gobierno”. Esa evaluación del mundo militar venezolano fue hecha por el ahora candidato de la unidad opositora, Edmundo González Urrutia, durante una conferencia dictada en México el 28SEP17 promovida por la fundación democratacristiana alemana Konrad-Adenauer-Stiftung. Fuera del foco de la prensa, durante dos décadas en su condición de operador de la oposición venezolana, el diplomático González Urrutia expresó en muy diversos foros sus consideraciones políticas incluyendo el asunto militar, clave para entender la dictadura venezolana de la cual la jerarquía castrense es parte activa.

Ahora como candidato presidencial, González Urrutia, en un discurso leído durante su primer acto de masas el 18MAY24, se dirigió a los militares: “a la fuerza armada nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad tal como reza el artículo 328 de la Constitución”. El artículo 328 de la constitución chavista establece que “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico…”.

González Urrutia, igualmente ya se refirió a las relaciones con la dictadura cubana, en caso de alcanzar la Presidencia. “Hay que revisar las relaciones con Cuba”, le dijo a los periodistas de Voz de América el 22MAY24.

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La Unión Europea no ha aprobado aún el envío de una misión de observación electoral para las votaciones convocadas por el chavismo para el 28JUL24.

Mientras la Oposición, agrupada alrededor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, clama por la presencia internacional durante el proceso, en la Unión Europea siguen las consultas internas evaluando la situación venezolana y la pertinencia del envío de una MOE. El tiempo con el cual contaría la UE para organizar y desplegar la MOE es un asunto particularmente crítico ya que según los manuales de la propia organización requiere hasta seis meses. El despliegue de una MOE está precedido de un largo proceso que va desde la firma de un acuerdo con el país receptor, la selección de un jefe de misión que implica un proceso de consultas políticas, el reclutamiento de personal y la contratación del apoyo logístico y, los preparativos para el desplazamiento con cinco semanas de anticipación de la primera oleada de observadores. Todo ello antes de la llegada del grueso de la MOE.  

 

El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE está convocado para reunirse el 27-28MAY24 en Bruselas. El programa de la sesión del lunes 27MAY24 contempla entre los “asuntos de actualidad” una intervención del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien informará sobre “los últimos acontecimientos en Venezuela, haciendo hincapié en el proceso electoral”. Un vocero oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior, consultado por el Informe Otálvora, aseguró que se trata sólo de “un punto informativo” y no se espera que los ministros de Exteriores tomen alguna decisión sobre Venezuela ese día.

El envío de una MOE a Venezuela para las votaciones del 28JUL24 está en manos de Borrell.

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El régimen venezolano está invitando a decenas de gobiernos y organizaciones internacionales políticamente afines con el propósito de darle legitimidad a sus votaciones y restar relevancia a la posible presencia de una misión técnica de la UE. El régimen ha vetado la presencia de una misión de la OEA y sólo accedió a invitar al Centro Carter y a un “panel de expertos” de la ONU. Incluso, altos jerarcas del régimen mantienen la posición de no permitir la presencia de la UE.

El 07MAR24 el consejo electoral del chavismo extendió invitación a la UE para el envío de observadores "siempre que cumplan la normativa constitucional y legal". Un mes después, el 07ABR24, llegó a Caracas una misión exploratoria para las usuales reuniones con autoridades y sectores políticos. El propósito de esa misión es determinar si el envío de una MOE es “útil, factible y recomendable”. La decisión de Borrell para enviar la MOE depende del contenido del informe de la misión exploratoria y de la posición de gobiernos y otros actores políticos de la UE interesados en el tema. El vocero de la UE consultado por el Informe Otálvora dejo saber que el organismo luego de la visita de la misión exploratoria “ha seguido colaborando con las autoridades venezolanas en relación con el posible despliegue de una MOE de la UE”, probablemente en la definición del contenido del “memorando de entendimiento” que regularía la actuación de la MOE. Un tema sensible es el referido a las limitaciones operativas que suele imponer el chavismo a las misiones de observación electoral en cuanto a emisión de reportes sobre el proceso electoral. En declaraciones ofrecidas a este Informe el 24MAY24 el vocero de la UE afirmó que “actualmente estamos todavía analizando las conclusiones de esa misión exploratoria” y Borrell “tomará una decisión en breve tras concluir sus consultas con los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo”.

Una misión con mandato limitado podría ser la opción que asuma la UE ante la inminencia de las votaciones en Venezuela.

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El 26MAR24 el gobierno argentino hizo público que había acogido en su embajada en Caracas a seis venezolanos perseguidos por el régimen. Desde ese momento comenzaron negociaciones del gobierno de Javier Milei con la cancillería chavista en procura de la emisión de salvoconductos que permitieran la salida del país del grupo formado en su mayoría por miembros del equipo central de trabajo de María Corjna Machado. Ese mismo día, la presidencia argentina emitió un comunicado afirmando que “La República Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras públicas de Venezuela".

El periodista venezolano Vladimir Villegas, quien ejerció cargo diplomático en México enviado por Hugo Chávez y suele airear intimidades del régimen, aseguró el 02ABR24 que la cancillería chavista se disponía a entregar los salvoconductos. Tres días después, la ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, confirmó que su gobierno ya había concedido el asilo a los seis venezolanos que permanecían bajo su protección en la sede diplomática en Caracas, aunque advirtió que aún no habían recibido los salvoconductos solicitados pese a que la cancillería chavista los ofreció a Argentina. Comenzaba así un proceso de extorsión por parte del régimen hacia el gobierno de Javier Milei.

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Los venezolanos que permanecen en la residencia del embajador argentino en Caracas son Magalli Meda la jefe de la campaña electoral de MCM tenida como su “mano derecha”, el politólogo Pedro Urruchurtu encargado de relaciones internacionales del partido de MCM, la periodista Claudia Macero encargada de comunicaciones, Omar González parlamentario y coordinador electoral de MCM en el estado Anzoátegui,  Humberto Villalobos coordinador electoral del partido y el empresario y activista opositor Fernando Martínez Mottola quien no forma parte del equipo directo de MCM.

Todos ellos fueron acusados por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, de planear “acciones desestabilizadoras” para presionar para que el régimen aceptara la candidatura de MCM. Los miembros del equipo de MCM ya habían sido objetos de órdenes de captura por la fiscalía chavista el 06DIC23 cuando fueron acusados de mantener relaciones con la empresa petrolera Exxon que explota crudo en Guyana. El fiscal chavista ordenó su detención culpándolos de “odio inmemorial contra el pueblo de Venezuela”. En aquella ocasión el equipo de MCM buscó secretamente refugio en sedes diplomáticas en Caracas por varias semanas, al ser acusados de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y legitimación de capitales. Como parte de las negociaciones entre el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana que llevaron a un intercambio de presos el 20DIC23, el negociador por Maduro, Jorge Rodríguez, se habría comprometido a dejar sin efecto el proceso judicial contra el equipo de MCM. Esa versión fue hecha pública por Juan González quien era uno de los negociadores estadounidenses en aquellos días. Los miembros del equipo de MCM, confiando en lo negociado por la Casa Blanca con Maduro, abandonaron su refugio diplomático, no fueron arrestados, pero les fueron impuestas medidas que impedían su salida del país obligados a concurrir regularmente a sedes de tribunales. Finalmente, el 20MAR24, el Fiscal General del régimen, retomó el procesamiento judicial contra el equipo de MCM, cumpliendo un obvio plan de debilitar la plataforma operativa de la líder opositora y amenazando una vez más con procesarla judicialmente.

La inclusión de Fernando Martínez Mottola en la lista de órdenes de arresto llamó la atención del mundo político. Martínez Mottola, quien fuera ministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y adelantara una exitosa carrera empresarial en el sector de telecomunicaciones por varias décadas, ha sido en los últimos años un importante operador tras bastidores de la oposición venezolana, como también lo ha sido el ahora candidato Edmundo González Urrutia.

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El anuncio de la cancillería chavista al jefe de la misión diplomática argentina en Caracas, sobre la emisión de los salvoconductos, hizo que la cancillería argentina iniciara el proceso para evacuar a los venezolanos asilados. Saldrían de Venezuela hacia Buenos Aires en vuelo comercial, vía Panamá, debido a la prohibición impuesta por Maduro a las líneas aéreas comerciales argentinas. Como se recordará, el 12FEB24 el gobierno argentino ejecutó la sentencia de un tribunal de Buenos Aires que ordenaba la entrega a EEUU de un carguero Boeing 747-300M, propiedad de la empresa estatal venezolana Emtrasur. La aeronave permanecía retenida desde el 2002, por órdenes del gobierno del izquierdista Alberto Fernández, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La aeronave había sido transferida por el gobierno de Irán a Venezuela violando sanciones comerciales de EEUU.

El plan de viaje de los asilados por Panamá fue rechazado por el régimen alegando que un vuelo comercial de un tercer país no era aceptable porque podría generar protestas en el aeropuerto de Maiquetía por parte de militantes chavistas. El régimen también alegó la muy curiosa excusa según la cual los asilados pretendían desviarse hacia EEUU al aterrizar en Panamá. Desde principios del mes de abril el régimen exige que la salida de los asilados sea en una aeronave privada de matrícula argentina que viaje desde Argentina en vuelo directo. Los temores de que esa aeronave sea incautada, en represalia por la aeronave de Emtrasur, habría desaconsejado al gobierno Milei para el envío de una aeronave a Caracas. Fuentes diplomáticas en Caracas y Brasilia aseguran que los gobiernos de México, Colombia y Brasil se habrían mostrado dispuestos a aportar aeronaves para la evacuación de los asilados venezolanos pero el régimen no ha aceptado esas opciones.

Javier Milei se niega a enviar un embajador ante el régimen chavista. El diplomático argentino con rango de ministro plenipotenciario Andrés Mangiarotti, acaba de llegar a Caracas para asumir le jefatura de la misión diplomática en condición de Encargado de Negocios a.i. En Buenos Aires aspiran que Mangiarotti, quien es un diplomático de carrera, logre retomar las negociaciones con la dictadura para destrabar el asunto de los asilados. Se ignora cuál es el precio que aspira cobrar el régimen a cambio de los asilados e incluso se pone duda que los duros del régimen estén dispuestos a dejar partir al equipo de MCM.

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En esa misma dirección, altos jerarcas chavistas hicieron abortar un proceso de negociación promovido y realizado por los gobiernos de Colombia y Brasil, con apoyo de Chile y México, para la firma de un acuerdo entre el régimen y la Oposición con vista al respeto a los resultados electorales del 28JUL24. Tras diversas reuniones celebradas en sedes diplomáticas en Caracas en las cuales participaron representantes opositores y de las cuales incluso habría emergido un proyecto de texto, la iniciativa de Gustavo Petro para una transición política en Venezuela fue rechazado por el régimen chavista.

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Este Informe no utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en su redacción.


Publicado originalmente en:




sábado, 2 de diciembre de 2023

Maduro amenaza con guerra, pero Lula no le cree

Informe Otálvora del 01 de diciembre de 2023

Tropas de EEUU y Brasil en un ejercicio de asalto aéreo en Amapá, Brasil, el 08NOV23. Foto: Ejercito EEUU/Spc. Joshua Taeckens )


Durante 10 días, tropas de EEUU y Brasil desarrollaron un ejercicio de guerra en selva, que tuvo como escenarios los estados amazónicos de Pará y Amapá.

Desde el 06NOV23 se congregaron 300 efectivos del Ejército de EEUU y de la Guardia Nacional del estado de Nueva York sumados a un millar de soldados del Ejercito de Brasil para ejecutar los ejercicios Vanguardia 24.

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La dictadura venezolana ha estado difundiendo la especie según la cual estaría preparando una acción militar sobre el territorio de la Guayana Esequiba, el territorio situado al oeste del rio Esequibo por el cual existe una disputa territorial desde antes de la existencia de la actual República Cooperativa de Guyana.  

Impulsado por el interés del gobierno brasileño en reactivar el fenecido esquema suramericano Unasur, el 05OCT23 los gobiernos de Suramérica aprobaron el documento “Mapa del camino para la integración de América del Sur” el cual contempla varias áreas de acción incluyendo el área militar.   En ese contexto, el 22NOV23 tuvo lugar en el Palacio de Itamaraty, sede de la diplomacia brasileña, un encuentro de ministros de relaciones exteriores y de defensa de Suramérica. En la declaración final suscrita, los ministros y enviados declararon a Suramérica como una “región de paz y cooperación” y acordaron “retomar el diálogo regular sobre temas de interés estratégico”. El ambiente de camaradería de diplomáticos y militares fue roto por los enviados de Maduro, su canciller Yvan Gil y el viceministro de educación para la defensa Felix Osorio.  Según reseñó el periodista Ricardo Della Colleta de Folha de São Paulo citando asistentes al evento, los enviados de Maduro realizaron abiertas amenazas contra Guyana, país cuyos representantes se encontraban en la sala. Gil y Osorio habrían afirmado que el gobierno Maduro “podía ser forzado por el pueblo” a tomar “determinadas actitudes” después de celebrarse un referendo convocado por el chavismo para el 03DIC23.  Por medio de sus representantes y teniendo a la sede diplomática brasileña como escenario, Maduro dejó saber a los gobiernos suramericanos su pretensión de una aventura militar contra Guyana.

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El mismo día, el 22NOV23, se encontraba en Caracas el asesor presidencial y jefe de facto de la diplomacia brasileña Celso Amorim. En el Palacio de Miraflores Maduro recibió a Amorim quien llevaba un mensaje directo de Lula preocupado ante una posible acción militar en territorio Esequibo. Los pormenores de la reunión Maduro-Amorim no fueron dados a conocer. Según un cable ampliamente difundido de la agencia española EFE el 29NOV23, Brasil habría “reforzado su presencia militar en la frontera norte del país a raíz de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo”. Citando un “comunicado del Ministerio de Defensa de Brasil”, EFE aseguraba que “se han intensificado las acciones de defensa en la región de la frontera norte del país, promoviendo una mayor presencia militar”. Pero en realidad Lula no ha ordenado ningún despliegue militar en la zona de frontera.

La agenda de Lula para el 01DIC23 en Dubai, donde se celebraba la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, incluyó una reunión con el presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali.   

Varias fuentes basadas en Brasil y que realizan seguimiento al tema militar, consultadas para este Informe, confirman que las fuerzas militares brasileñas han puesto en estado de alerta a los contingentes basados en el fronterizo estado de Roraima. Pero el gobierno de Brasil, al contrario de lo que pareciera sugerir el cable difundido por la agencia EFE, no ha tomado ninguna medida de declaración de “movilización nacional” (los preparativos logísticos para atender una hipótesis de guerra) y mucho menos de movimiento de tropas hacia la frontera.

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El 23OCT23, el régimen chavista convocó a un referendo sobre el tema del territorio Esequibo, pidiendo que la población se pronuncie sobre los límites con Guyana, rechace a la Corte Internacional de Justicia como árbitro de la disputa con Guyana por esos límites y apruebe la incorporación del territorio Esequibo como un nuevo estado de la república. El chavismo, gobernante en Venezuela desde el año 1999 y dependiente ideológica y políticamente del régimen cubano, nunca ocupó atención al tema limítrofe, recordándose incluso pronunciamientos de Hugo Chávez favoreciendo que Guyana otorgara concesiones de explotación del territorio en disputa. En tanto Guyana, especialmente desde la llegada de Maduro a la Presidencia en 2013, ha estado muy activa en el otorgamiento de licencias de explotación petrolera en aguas sujetas a delimitación y demandó a Venezuela en 2018 ante la CIJ. El afán nacionalista actual del régimen chavista es, sin duda, la ruta escogida para recuperar simpatías políticas, compensar las tendencias opositoras y retomar el control de la agenda política interna. El aparato propagandístico del régimen chavista fue activado, como en una feria electoral, para estimular y obligar a la población a participar en el referendo.

El 30OCT23, el gobierno de Guyana que también está jugando a la carta nacionalista, recurrió a la CIJ pidiendole medidas provisionales que ordenaran a Maduro la suspensión de su referendo y ordenaran que Venezuela no adopte “ninguna medida que tenga por objeto preparar o permitir el ejercicio de la soberanía o el control de facto sobre cualquier territorio que haya sido adjudicado a Guayana Británica en el Laudo Arbitral de 1899”. Además, Guyana pidió a la CIJ que mandara a que “Venezuela se abstendrá de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o dificultar su resolución".

Según la sentencia emitida el 01DIC23 por la CIJ, de las declaraciones de los enviados de Maduro ante la Corte (Delcy Rodríguez y el embajador en la ONU Samuel Moncada), del jefe militar Vladimir Padrino y del propio Maduro, los magistrados entienden que el régimen venezolano “está tomando medidas con miras a adquirir el control y administrar el territorio en disputa”.

La decisión de la CIJ da como creíbles las amenazas militares del régimen venezolano y, en consecuencia, considera que están dadas las condiciones para dictar “medidas provisionales”. Según recordó la propia CIJ en su sentencia del 01DIC23, ella cuenta con la “facultad” para “indicar medidas provisionales” cuando exista un estado de “urgencia”, en el sentido “de que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable a los derechos reclamados antes de que la Corte dicte su decisión definitiva”. Y agrega que “la condición de urgencia es cuando los hechos susceptibles de causar un perjuicio irreparable” puedan "ocurrir en cualquier momento".

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Si bien la CIJ no se pronunció el 01DIC23 sobre el referendo promovido por el régimen y tampoco, por ejemplo, sobre las concesiones petroleras que Guyana ha otorgado en áreas no delimitadas, si decidió “indicar medidas previsorias. Indicó al régimen chavista que “se abstendrá de adoptar cualquier medida que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa por cuanto la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce el control sobre esa zona”. Adicionalmente indicó a ambas partes a que se abstendrán “de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o hacer que sea más difícil de resolver”, lo cual se corresponde con uno de los pedidos hechos por Guyana.

A los efectos del máximo tribunal internacional, existe una latente amenaza por parte del régimen chavista.

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En los planes estratégicos brasileños desde por lo menos los años ochenta del siglo XX, independientemente de los gobiernos que han pasado por Brasilia, ha sido una constante el interés de construir una carretera ancha y asfaltada que una la costa Atlántica de Guyana con la Amazonía de Brasil. Para los gobiernos de Guyana ha sido igualmente de interés la construcción de esa carretera que cruzaría el territorio reclamado por Venezuela.

En 2022, el gobierno de Guyana asignó a la empresa brasileña Construtora Queiroz Galvao SA un contrato por US$ 190 millones para construir el tramo carretero entre Linden y Mabura, ambas situadas al este del rio Esequibo. Por cierto, la empresa Queiroz Galvao fue una de las constructoras involucradas en el escándalo de pago de sobornos al partido de Lula a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras. Para lo que constituye el primer tramo de la carretera asfaltada hacia la frontera con Brasil, Guyana contó con financiamiento por US$ 112 millones aportado  por el Banco de Desarrollo del Caribe (del cual el propio gobierno de Venezuela es miembro) y US$ 66 millones del gobierno británico.

El plan guyanés y brasileño es llevar la carretera Linden-Mabura hasta Lethem en territorio reclamado por Venezuela y limítrofe con el estado brasileño de Roraima. El 14SEP09, el propio Lula da Silva, acompañado del para entonces presidente guyanés Bharrat Jagdeo, inauguró el puente sobre el río Takutú, construido a un costo de US$ 5 millones pagados en su totalidad por Brasil. Ese puente construido en territorio bajo disputa por Venezuela sería la conexión de Brasil con la capital guyanesa por medio de la carretera que ahora ensancha y asfalta la constructora brasileña. En 2009 el chavismo gobernante en Venezuela no se opuso al proyecto construido en el Esequibo por su aliado político Lula da Silva.

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Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercosur, el esquema de integración económica del sur del continente. Bolivia había firmado el 17JUL15 la versión definitiva de su adhesión al Tratado de Asunción, documento base del Mercosur, pero su ingreso como miembro pleno dependía de la aprobación de los parlamentos de los países miembros. Uruguay, Argentina y Paraguay aprobaron el ingreso de Bolivia entre 2016 y 2018 faltando hasta ahora la decisión brasileña. El senado de Brasil votó unánimemente el 28NOV23 la aprobación de la ley que permite que Bolivia ingrese como miembro pleno al Mercosur. El ingreso de Bolivia al esquema sureño de integración se produce más como un gesto político del gobierno de Lula da Silva hacia sus socios políticos bolivianos que como un reflejo de la dinámica del Mercosur. El esquema de integración sureño vive un claro estancamiento con enfrentamientos entre sus miembros por las restricciones que impone a la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países.

El próximo presidente argentino, Javier Milei, se ha mostrado dubitativo sobre la continuidad de su país en Mercosur, pero como parte del giro pragmático que su equipo estaría imponiendo al próximo gobierno, se espera que Argentina se mantenga en el Mercosur y trabaje para lograr la firma del largamente negociado acuerdo de comercio con la Unión Europea. Tanto en Brasil como en Argentina se han desatado acciones de grupos económicos de alta influencia política para revertir las malas relaciones entre Lula da Silva y Milei.

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El domingo 26NOV23, vestida informalmente, llegó a la sede de la cancillería brasileña Diana Mondino. Se trata de una de las figuras más influyentes en el entorno de Javier Milei y quien, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, fue señalada como la próxima ministra de exteriores de Argentina. En el Palacio de Itamaraty Mondino era esperada, en jeans y sin corbata, por el canciller brasileño Mauro Vieira. Participaron del encuentro el embajador de Argentina en Brasilia Daniel Scioli y el embajador brasileño en Buenos Aires Julio Bitelli. Según diversas fuentes, el encuentro había sido planeado y ejecutado por el embajador argentino quien al parecer será ratificado en su cargo pese a haber sido designado por el gobierno kirchnerista. La informalidad de la vestimenta no fue casual, fue la forma de bajarle tono a la tensión que ya existe entre Brasilia y el gobierno argentino que aún no comienza.

El viaje de Mondino a Brasilia, para entregar en manos de Vieira la invitación para que Lula da Silva asista a la toma de posesión de Milei el 10DIC23, marcó un cambio en las expectativas sobre lo que será la política exterior del gobierno de la nueva derecha en Argentina. “Comunista corrupto” fue uno de los varios calificativos que Milei usó en su campaña electoral contra Lula, advirtiendo que su gobierno no mantendría relaciones con dictaduras comunistas. Milei, como miembro de la llamada nueva derecha, mantiene especial relación con la familia Bolsonaro, tanto el expresidente Jair como con su hijo Eduardo Bolsonaro quien participó en diversas actividades en la campaña electoral argentina.

El sector privado argentino, el cual ha impulsado al “anarco-capitalista” Milei, se ha movido intensamente para garantizar que ofertas y promesas hechas por el ahora presidente electo sean abandonadas o retrasadas. La dolarización inmediata de la economía, la ruptura con el Mercosur, la reducción drástica del aparato estatal, el distanciamiento con Brasil y China habrían progresivamente perdido urgencia en el programa de Milei luego de su triunfo.

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