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lunes, 28 de octubre de 2024

Rusia, China y Cuba derrotadas en ONU por tema Venezuela

Informe Otálvora del 13 de octubre de 2024

Pizarra de la votación de propuesta de Cuba para eliminar misión de ONU sobre DDHH en Venezuela el 11OCT24. Foto: Video ONU.


Edmundo González Urrutia no prevé una visita inminente a EEUU.

Luego de su llegada a Madrid el 08SEP24 bajo la protección del gobierno español EGU, quien obtuvo la mayoría absoluta en las votaciones del 28JUL24 en Venezuela, ha estado cumpliendo intensas agendas de contactos con dirigentes políticos españoles y europeos. El 03OCT24 sostuvo en Galicia una reunión informal con el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell. La primera salida de España la realizó para viajar a Portugal, donde fue recibido el 11OCT24 por el primer ministro Luis Montenegro y su ministro de exteriores Paulo Rangel.

Consultado por el Informe Otálvora el 11OCT24 sobre versiones de prensa que aseguraban sobre una visita a EEUU, EGU categóricamente afirmó que “no hay viaje a EEUU por los momentos”.

La cercanía de las elecciones en EEUU y el tenso clima de la campaña pareciera desaconsejar un viaje en estos momentos a Washington.

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La discusión sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 11OCT24 fue una clara puesta en escena del posicionamiento de los distintos grupos de países ante el régimen chavista.

El Consejo está integrado por los representantes de 47 gobiernos escogidos por la Asamblea General de la ONU. La sesión del 11OCT24 era la última del periodo de sesiones número 57 que había arrancado el 09SEP24. La agenda del día contemplaba la consideración por el Consejo de una serie de proyectos de resoluciones una de ellas referida a Venezuela, país sobre el cual el Consejo conoció y debatió varios informes que nuevamente retrataban el estado de sistemática violación de DDHH por parte del régimen venezolano. El proyecto de resolución denominado L8, en su parte resolutiva, incluía la extensión por dos años de las actividades de la denominada ”Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, conocida por sus siglas en inglés como FFM. Se trata de un mecanismo creado el 27SEP19 por el Consejo y tiene como misión documentar los abusos sistemáticos a los DDHH en Venezuela desde 2014. Conformada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y Paul Seils del Reino Unido, la Misión que tiene un mandato de la ONU, nunca ha podido ingresar a territorio venezolano por el impedimento del régimen. Sus tareas de documentación han sido realizadas mediante la creación de una red de informantes y contactos con las víctimas.

Desde su primer informe la Misión se ha convertido en una fuente de información internacional para el seguimiento de la situación venezolana, la identificación de las violaciones de DDHH y la elaboración de expedientes sobre los responsables de los delitos. El mandato de la Misión fue renovado en 2020 y 2022 por lapsos de dos años por lo cual el futuro del mecanismo dependía de una nueva renovación que debía ser considerada en la sesión del 11OCT24. Los gobiernos socios del régimen chavista intentarían impedir la renovación del mandato. Los amigos de la causa democrática venezolana se disponían a garantizar la continuidad del esquema de seguimiento a la situación venezolana que además de la misión independiente incluye la presencia en Caracas de una oficina permanente de funcionarios de DDHH la ONU quienes fueron expulsados de Venezuela el 15FEB24.

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En el ambiente diplomático de la sede de la ONU en Ginebra que cobija al Consejo de Derechos Humanos se produjo una serie de movimientos de los distintos gobiernos alrededor del tema de la aprobación de la resolución sobre Venezuela.

El proyecto de resolución para extender el mandato de la misión independiente fue trabajado por un comité formado por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, con el cercano apoyo de EEUU, dejando ver la recomposición de un frente continental a favor de la causa venezolana tras la desaparición del Grupo de Lima. Ese grupo base realizó el usual proceso en organismos internacionales de circulación de textos, intercambio de propuestas, deliberación con delegaciones que procuran cambios en el contenido y finalmente la redacción de un texto consensuado que agrega y cohesiona la mayor cantidad de propuestas. La presentación del proyecto de resolución fue hecho a dos voces por la representante del gobierno de izquierda de Chile, embajadora Claudia Fuentes Julio y, por su colega argentino Federico Villegas representante del gobierno de derecha de Javier Milei

La aprobación de la resolución fue objeto de una típica estrategia obstruccionista por parte de gobiernos aliados del régimen de Nicolás Maduro. Si bien ya existía un texto consensuado, varios gobiernos guiados por las manos de Rusia,  China y Cuba, procuraron impedir la aprobación de la resolución mediante la presentación al Consejo de textos de enmienda. Eritrea, un país cuyo gobierno juega a favor de Rusia en el contexto de la ONU, presentó una enmienda a la resolución exigiendo que fueran incluidas referencias a ataques racistas a los migrantes venezolanos. El representante de Cuba, Juan Antonio Quintanilla, actuó en el debate como vocero del régimen venezolano anunciando que Maduro no acataría una resolución que extendiera el mandato de la Misión. Quintanilla presentó una propuesta de enmienda en la cual exigía se incluyera una condena a las “medidas coercitivas unilaterales” que según el cubano impactan en Venezuela. La representación de Bielorrusia país que no forma actualmente parte del Consejo pero tiene derecho a participar y proponer, presentó un proyecto de enmienda para incluir un texto que asegurara que la migración venezolana es consecuencia de las sanciones internacionales al régimen. Bielorrusia pedía que se eliminara de la resolución la solicitud para que los organismos sobre migraciones y refugiados continúen actuando en el caso venezolano. ´La representante de Rusia que tampoco es parte del actual Consejo, presentó una enmienda al proyecto de resolución para reducir el financiamiento, disminuir el número de futuras reuniones del Consejo sobre el tema venezolano y reducir el número de informes que deberá presentar la Misión al Consejo. Finalmente, en un acto de clara acción bucanera del representante cubano, Quintanilla intervino para presentar una propuesta oral de enmienda pidiendo que fuera eliminado totalmente el punto resolutivo 16 del proyecto de resolución, el cual justamente es el que aprueba prorrogar por dos años el mandato de la “misión internacional independiente de determinación de los hechos” sobre Venezuela.

Durante el debate la dictadura venezolana recibió mensajes de apoyo de Rusia, China, Bielorrusia, Honduras, Eritrea y Cuba. La representante china incluso solicitó que el Consejo reconociera las acciones del gobierno Maduro en beneficio de los venezolanos y de sus DDHH.

A solicitud de Argentina, todos los proyectos de enmienda que buscaban obstruir la resolución fueron sometidos a votación. Las dos enmiendas presentadas por Cuba, así como las propuestas de Eritrea, Bielorrusia y Rusia fueron derrotadas en el Consejo. La votación de la propuesta cubana para eliminar la misión independiente para Venezuela sólo recibió los votos favorables de Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam.  

Por cierto, la embajadora Claudia Fuentes Julio, en representación de Chile, hizo una fuerte intervención en respuesta a la posición cubana. Afirmó que su gobierno está en contra de la aplicación de  “medidas coercitivas unilaterales” pero que las sanciones establecidas contra el régimen venezolano no podían justificar la violación de los derechos humanos. “Ninguna sanción podrá justificar el ambiente de miedo, represión y persecución en el que vive hoy el pueblo venezolano. Ninguna sanción es un fundamento habilitante para detener injustificadamente a opositores. Las sanciones nada tienen que ver con las muertes en el contexto de las protestas”, afirmó la diplomática chilena.

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Finalmente fue votado el proyecto de resolución que extiende el mandato de la misión de seguimiento de los DDHH en Venezuela. La resolución reunió 23 votos favorables, con 18 abstenciones y seis votos en contra. Los gobiernos que votaron favorablemente la resolución fueron Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, EEUU, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, República Dominicana, Rumanía y Somalia.

En su parte argumental entre otros argumentos, la resolución aprobada por el Consejo afirma actúa “alarmado por las continuas informaciones que dan cuenta de un agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y de un aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático”. Además “expresando profunda preocupación por las recientes informaciones sobre la reclusión de niños y adolescentes acusados de delitos graves como si fueran adultos y afirma “su profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual” de Venezuela y “de que esa solución incumbe al pueblo venezolano”. La resolución además se pronunció sobre las votaciones del 28JUL24 “tomando nota” de las irregularidades detectadas por el grupo de expertos de la ONU que las observaron.

La delegación de Brasil tomó la palabra para anunciar que apoyaba la extensión del mandato de la Misión pero que se oponía al lenguaje usado en la resolución por lo cual se abstendría en la votación de la resolución, con lo cual el gobierno de Lula da Silva mantenía su posición de cuerda floja ante la situación venezolana.

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La sesión del Consejo de Derechos Humanos del 11OCT24 a propósito de la violación de DDHH en Venezuela dejó ver que dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, siguen moviendo sus fichas diplomáticas para favorecer al régimen chavista. La diplomacia de Cuba y del régimen venezolano se mantiene actuando en absoluta coordinación de dirección y propósitos.

En la acera de enfrente, se estaría produciendo un nuevo esfuerzo por cohesionar el apoyo internacional a favor de la causa democrática venezolana, al menos en el terreno de los limitados mecanismos que permiten los organismos de la ONU.

Por cierto. En la reunión ordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevista para celebrase en Luxemburgo el 14OCT24 está incluido el tema “Venezuela” en la sección “temas de actualidad” donde igualmente aparece la consideración de las elecciones en Georgia y Moldavia así como sobre planes de la UE en el Cuerno de África. Los ministros recibirán información actualizada sobre Venezuela de parte de Josep Borrell. En principio no se espera alguna resolución operativa sobre Venezuela por parte del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

El tema venezolano luego de ocupar amplio espacio en la agenda europea durante los años 2019 y 2020 había ido desapareciendo rápidamente. El fraude electoral, la fortaleza electoral probada por la oposición, la conducta confrontacional asumida por el régimen contra actores internacionales relevantes y, la brutal represión desatada en Venezuela han propiciado que el “tema Venezuela” regrese a las agendas internacionales.

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Desde el año 2015 en medios de prensa corrió la información sobre la relación de Evo Morales con una menor de edad la cual lo acompañaba en viajes oficiales y  fue embarazada por el entonces presidente de Brasil. La niña de 15 años de edad formaba parte de la “Generación Evo”, un grupo juvenil organizado por el partido MAS a solicitud del propio Morales y que era denominado “Guardia Juvenil del Presidente Evo Morales Ayma”. Por presiones de Morales, la hija concebida por la menor, nacida el 08FEB16, sólo fue presentada en un registro civil cuando la madre ya contaba con mayoría de edad.

Morales se niega a asistir a las citaciones de la Fiscalía en el departamento de Tarija, exige que el caso sea tratado en tribunales de la provincia del Chapare en el departamento de Cochabamba controlado territorialmente por Morales y los sindicatos cocaleros que él preside. Morales asegura que el proceso por estupro ha sido retomado por razones políticas para impedir que presente su candidatura presidencial y amenaza con nuevamente cerrar las carreteras del país.  La Fiscalía emitió el 10OCT24 un acto de conducción contra Morales para que atienda la citación.

Si bien existe una confrontación entre Morales y sus antiguos compañeros de partido ahora encabezados por el presidente Luis Arce Catacora, no es la primera ocasión en la cual la conducta de Morales queda asociada a manipulación de menores de edad. Durante su gobierno quedó al descubierto una truculenta trama entre Morales y una amante de nombre Gabriela Zapata con quien habría concebido un niño cuyo paradero e incluso su existencia nunca fue aclarada. Zapata quien fue contratada por una empresa china para actuar como facilitadora de negocios con el gobierno de su examante fue juzgada y condenada a diez años de cárcel el 23MAY17 por jueces a la orden del Morales.

La alianza izquierdista Grupo de Puebla emitió un comunicado el 03OCT24 intentado lavar la cara de Morales. Para los líderes izquierdistas, el proceso por violación es sólo una “politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales”. Califican el caso como una “operación de daño reputacional” y advierten al presidente Arce (quien también es miembro del Grupo de Puebla) que un juicio a Morales  “allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales”.  La izquierda continental procura que el caso del estupro a una menor sea nuevamente engavetado en pro de los intereses políticos de uno de sus socios.

Publicado originalmente en:



lunes, 16 de septiembre de 2024

EEUU dispuesto a hablar con Maduro si “respeta voluntad de venezolanos”

Informe Otálvora del 01 de septiembre de 2024

Nicolás Maduro el 04JUL24 reunido con el altomando militar. Foto: @presidencialven


Nicolás Maduro ofrendó a Vladimir Putin con el envío a Moscú de dos colombianos que habían combatido a favor de Ucrania.

El 18JUL24 los colombianos Alexander Ante y José Medina partieron de Polonia y arribaron al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una escala de tránsito en su viaje desde Madrid a Bogotá. Según fuentes diplomáticas en Caracas, las prendas con diseño militar que portaban los dos pasajeros provocaron que fueran retenidos, interrogados, revisadas sus pertenencias y encarcelados. Según una fuente diplomática en Bogotá, sus funcionarios consulares en Caracas usando vías oficiales, solicitaron a la cancillería de Maduro información sobre los colombianos cuyas familias reportaban como desaparecidos en Venezuela. La cancillería chavista mantuvo silencio ante esas solicitudes hechas por vías diplomáticas. La muy activa embajada rusa en Caracas tampoco se comunicó con sus colegas colombianos para tratar el tema.

El 28AGO24 las agencias de noticias rusas informaron que Ante y Medina se encontraban presos en la prisión de Lefortovo en Moscú. Ese día un tribunal moscovita ordenó su detención acusándolos de servir como mercenarios para Ucrania, según reportó la agencia estatal rusa RT.

Todo indica que la dictadura chavista, sin mediar proceso judicial, procedió a encarcelar a los dos ciudadanos colombianos, notificar al gobierno ruso sobre su presencia en Venezuela y entregarlos a agentes para trasladarlos secretamente a Rusia.  

Un número no precisado de militares colombianos en condición de retiro se han sumado a las fuerzas ucranianas luego de la invasión rusa. En general son incorporados al Batallón de Infantería No. 49 denominado informalmente como el “batallón carpathian sich”. Varios colombianos han muerto combatiendo como parte de ese batallón.

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En la medianoche del 30-31AGO24, los usuarios de Internet en Brasil dejaron de poder acceder a la plataforma de X. Se trató de la más reciente y notoria, dado el impacto en una empresa global propiedad de Elon Musk, medida de altos jueces brasileños en lo que algunos califican como una “dictadura judicial”.

Por una sentencia individual del 30AGO24 suscrita individualmente por Alexandre de Moraes, uno de los once miembros vitalicios del Supremo Tribunal Federal, fue ordenada la suspensión del funcionamiento de X en Brasil hasta que un paquete de órdenes judiciales previas sean cumplidas, así como el pago de multas impuestas por el propio Moraes.

La sentencia, en su segundo punto decisorio, ordenó que las empresas Apple y Google de Brasil establezcan “obstáculos tecnológicos” para que los usuarios brasileños de los sistemas operativos IOS y Android puedan acceder a X. Igualmente esas empresas deberán retirar de sus tiendas virtuales la aplicación X así como varios aplicativos que despliegan servicios de VPN (“virtual private network”) que permiten evadir bloqueos de páginas. La sentencia ordena a los presidentes de las empresas brasileñas proveedoras de Internet a colocar obstáculos tecnológicos para inviabilizar la utilización del aplicativo X.

En su tercer punto decisorio, Moraes establece una multa diaria de R$50.000 (aproximadamente US$ 9.000), además de “sanciones civiles y criminales” a las personas naturales y jurídicas que utilicen “subterfugios tecnológicos” tales como el uso de VPN para continuar utilizando X.

Pocas horas después, Moraes emitió una segunda sentencia en la cual suspendió temporalmente la aplicación de las medidas contempladas en el segundo punto.

En todo caso, en Brasil desde la madrugada del 31AGO24 no es posible utilizar X, salvo mediante la utilización de aplicaciones de VPN lo cual convierte en criminal a quien lo haga, según la sentencia de Moraes.

La sentencia de Moraes explica que fue tomada porque X se negó a cumplir una sentencia del magistrado del 07AGO24 en la cual ordenaba el bloqueo de cuentas de usuarios a quienes vincula con unas “milicias digitales” y con el llamado “intento de golpe de Estado” del bolsonerismo. En su texto, Moraes menciona especialmente al periodista Allan dos Santos, asociado al bolsonerismo y quien debió salir al exilio en 2020 ante la persecución judicial de la cual es objeto.

Ante el inminente arresto de sus directivos en Brasil, el 17AGO24 Elon Musk anunció el cierre de las oficinas de X en Brasil y la salida del país de sus representantes legales. Esto originó que Moraes procediera a ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas asociadas a Musk en Brasil, incluyendo las de la empresa Starlink proveedora de servicios de Internet satelital. Starlink tiene una alta presencia en zonas amazónicas de Brasil y es proveedora de servicios de Internet para unidades del Ejercito brasileño en zonas de la Amazonía.

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En Brasil la máxima autoridad electoral la ejerce el Tribunal Superior Electoral el cual organiza las elecciones, las norma y funciona como sala judicial para los asuntos electorales. En su composición de siete miembros figuran tres magistrados del Supremo Tribunal Federal. En 2022 el Tribunal Superior Electoral estaba presidido por el magistrado Alexandre de Moraes quien fue el encargado de organizar y supervisar el proceso electoral presidencial de aquel año. El 20OCT22 el TSE aprobó una sentencia redactada por Moraes mediante la cual el órgano se adjudicó la potestad de ordenar el bloqueo de direcciones de Internet , la remoción de información de páginas de Internet y la suspensión de perfiles en redes sociales bajo el argumento de combatir la divulgación de “desinformación, caracterizada por la publicación contumaz de informaciones falsas o descontextualizadas sobre el proceso electoral”. La decisión puso en manos del presidente del TSE, es decir del propio Moraes, el poder para ordenar el cierre de páginas, el borrado de contenidos y la suspensión de cuentas. Esta decisión fortaleció la línea de actuación de Moraes, quien actuaba individualmente dejando a un lado el carácter colegiado del tribunal.

La actuación de Moraes contra militantes del bolsonerismo y contra prensa independiente hizo que cuentas en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube fueron clausuradas masivamente mientras muchos de sus titulares fueron procesados judicialmente y encarcelados. Moraes impuso una censura previa a los medios de comunicación llegando a prohibir el uso de la expresión “amigo de dictadores” o “expresidiario” para referirse al candidato Lula da Silva.  Por orden de Moraes a los medios de comunicación brasileños les quedó prohibido referirse a las relaciones del candidato Lula da Silva con Nicolás Maduro y Daniel Ortega.  

El propio Jair Bolsonaro, por decisión del TSE del 30JUN23, fue inhabilitado hasta el año 2030 señalado de “abuso de poder” por haber realizado, cuando aún era Presidente y candidato a la reelección, una reunión con diplomáticos extranjeros en la residencia presidencial de La Alvorada el 18JUL22. Bolsonaro,en aquella reunión pública con los embajadores acreditados en Brasilia, se había quejado de la integridad del sistema electoral brasileño lo que le valió la actual inhabilitación para postularse.

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El 13AGO24, el diario Folha de São Paulo publicó un reportaje basado en grabaciones de conversaciones entre funcionarios del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del Tribunal Superior Electoral, ambos presididos por Moraes. Las grabaciones evidencian que la llamada “Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação” del tribunal electoral fue utilizada para elaborar expedientes contra bolsoneristas que serían utilizados en procesos abiertos por Moraes en el STF. La reacción de Moraes fue desestimar las acusaciones de irregularidades y abrir un proceso judicial a raíz de la filtración de las grabaciones.

Por cierto. Las sentencias contra Lula da Silva, políticos y empresarios a raíz del escándalo de corrupción revelado bajo el nombre de caso Lava Jato, han ido siendo dejadas sin efecto por los altos tribunales brasileños. Los altos magistrados, entre ellos Moraes, acusando al juez de la causa, Sergio Moro, de haber intervenido indebidamente en los procesos de investigación. El reportaje de Folha dejó al descubierto que Moraes ha intervenido indebidamente en procesos de investigación contra bolsoneristas a quienes el magistrado persigue por razones claramente políticas.

Hasta ahora la acción de Moraes contra el bolsonerismo ha resultado beneficiosa para Lula da Silva y los suyos en tanto el magistrado se ha encargado de neutralizar a Jair Bolsonaro y mantiene un cerco de amenaza judicial contra los opositores.  

Aunque no suele mencionarse en los medios de comunicación, el número de presos políticos ha estado en aumento en Brasil a manos de los magistrados del STF. Filipe Martins, el joven asesor de asuntos exteriores de la Presidencia en tiempos de Jair Bolsonaro, fue detenido el 08FEB24 y permaneció en prisión por seis meses acusado de participar en el planeamiento de un intento de golpe de Estado que encabezaría Bolsonaro luego de perder las elecciones. Martins pudo abandonar la cárcel a principios del mes de agosto con serias restricciones. Moraes prohibió que Martins concediera una entrevista al diario Folha de São Paulo en otro caso de censura previa.

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Transcurrido un mes de las votaciones en Venezuela del 28JUL24, de la proclamación de Nicolás Maduro por sus autoridades electorales como triunfador, y de la divulgación de las actas electorales que demuestran la derrota de Maduro y el triunfo de Edmundo González Urrutia, el “tema Venezuela” nuevamente ha escalado espacio en la agenda internacional. Decenas de gobiernos se han pronunciado a favor de la causa democrática venezolana, algunos de ellos como Argentina reconociendo a González Urrutia como “presidente electo”, aunque un grueso número de gobiernos se limitan a reconocer que EGU obtuvo la mayoría de votos pero sin proceder a reconocerlo formalmente como nuevo Presidente.

Pero al contrario del año 2019 cuando masivamente fue desconocido el segundo gobierno de Maduro y reconocido por varias decenas de gobiernos el interinato de Juan Guaidó, con imposiciones de sanciones a empresas y jerarcas del régimen, en esta ocasión salvo las declaraciones de apoyo a la causa democrática venezolana, no se vislumbran acciones internacionales sobre el régimen. En general la posición internacional es la de hacer llamados a que “las partes” negocien una improbable “transición pacífica”. El comunicado más relevante a nivel internacional, suscrito el 16AGO24 en Santo Domingo con motivo del segundo gobierno de Luis Abinader, fue suscrito por Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, EEUU, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido​, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Unión Europea, a los cuales posteriormente se unieron Australia, Ucrania, Kosovo, Nueva Zelanda, Bosnia Herzegovina, Macedonia del Norte y Georgia. Las gestiones de EEUU y de Uruguay han logrado esta amplia representación. En el documento, estos gobiernos aseguran que “el momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”. No más…

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El 29AGO24 se produjo en Bruselas la reunión informal anual de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Al término del encuentro, que incluyó la intervención vía Internet de Edmundo González Urrutia, el alto representante de la UE Josep Borrell dejó saber que los ministros habían decidido que “puesto que no hay verificación y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”. Maduro, a quien la UE como entidad (no así los países miembros que la conforman) no reconoce como Presidente electo desde 2019, “seguirá siendo presidente de facto”, en palabras de Borrell quien descartó incrementar el número de jerarcas del régimen sancionadas por la UE. Borrell igualmente descartó que la UE pudiera romper relaciones con Venezuela, afirmando que “hay muchos casos en el mundo que no les reconocemos legitimidad democrática, pero existen y tienen el control del territorio, y tenemos embajadas en Venezuela, tenemos embajadas en Nicaragua. ¿Cree usted que reconocemos la legitimidad democrática del señor Ortega? No, pero tenemos embajadas y nos relacionamos, claro, con muchos países con los cuales no reconocemos que ese gobierno sea un gobierno legítimo en el sentido de elegido democráticamente por ciudadanos”.

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El 12AGO24, el Informe Otálvora consultó a la Casa Blanca de EEUU sobre el estado de los contactos con el régimen chavista. En específico se preguntó si luego de las votaciones del 28JUL24 en Venezuela, funcionarios de la Casa Blanca habrían mantenido conversaciones directas con el régimen venezolano, ejemplificando con posibles contactos entre el responsable del Hemisferio Occidental Daniel Erikson con el jerarca chavista Jorge Rodríguez.

En la respuesta a la consulta del Informe Otálvora, atribuible a una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, especifican que “no comentamos sobre asuntos diplomáticos privados.  Dicho esto, estaríamos dispuestos a dialogar de buena fe con los representantes de Maduro si estuvieran interesados en respetar la voluntad de los venezolanos y regresar a las normas democráticas”.

El 23AGO24 un portavoz del Departamento de Estado, consultado por el Informe Otálvora, afirmó que “de acuerdo con nuestra política, el Departamento de Estado no anticipa ni comenta públicamente sobre posibles consideraciones de sanciones”.  Este Informe había solicitado información sobre “acciones específicas que tiene previsto tomar el gobierno de EEUU y sobre la opción de “volver a imponer sanciones al sector del petróleo o el gas mediante la eliminación de las licencias actuales”. Igualmente se consultó al portavoz acerca de si “EEUU seguirá recibiendo solicitudes de licencias petroleras para hacer negocios con la empresa estatal venezolana”. El vocero se abstuvo de comentar estos tópicos y sugirió consultar al Departamento del Tesoro.

Consultado el Departamento de Estado sobre sus contactos con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, el portavoz afirmó que “como se ha dicho públicamente anteriormente, mantenemos contacto con la oposición democrática de Venezuela junto con otros socios en Venezuela y en toda la región”.


Publicado originalmente en:




viernes, 31 de mayo de 2024

Maduro intenta extorsionar a Milei por asilados

Informe Otálvora del 25 de mayo de 2024

El presidente argentino Javier Milei y su ministra de exteriores Diana Mondino el 13DIC23. Foto: MRE Argentina.


En Venezuela “hay una cúpula militar que apoya al gobierno, pero en la institución armada, en su conjunto, debe reflejarse también el desmoronamiento e impopularidad del gobierno”. Esa evaluación del mundo militar venezolano fue hecha por el ahora candidato de la unidad opositora, Edmundo González Urrutia, durante una conferencia dictada en México el 28SEP17 promovida por la fundación democratacristiana alemana Konrad-Adenauer-Stiftung. Fuera del foco de la prensa, durante dos décadas en su condición de operador de la oposición venezolana, el diplomático González Urrutia expresó en muy diversos foros sus consideraciones políticas incluyendo el asunto militar, clave para entender la dictadura venezolana de la cual la jerarquía castrense es parte activa.

Ahora como candidato presidencial, González Urrutia, en un discurso leído durante su primer acto de masas el 18MAY24, se dirigió a los militares: “a la fuerza armada nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad tal como reza el artículo 328 de la Constitución”. El artículo 328 de la constitución chavista establece que “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico…”.

González Urrutia, igualmente ya se refirió a las relaciones con la dictadura cubana, en caso de alcanzar la Presidencia. “Hay que revisar las relaciones con Cuba”, le dijo a los periodistas de Voz de América el 22MAY24.

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La Unión Europea no ha aprobado aún el envío de una misión de observación electoral para las votaciones convocadas por el chavismo para el 28JUL24.

Mientras la Oposición, agrupada alrededor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, clama por la presencia internacional durante el proceso, en la Unión Europea siguen las consultas internas evaluando la situación venezolana y la pertinencia del envío de una MOE. El tiempo con el cual contaría la UE para organizar y desplegar la MOE es un asunto particularmente crítico ya que según los manuales de la propia organización requiere hasta seis meses. El despliegue de una MOE está precedido de un largo proceso que va desde la firma de un acuerdo con el país receptor, la selección de un jefe de misión que implica un proceso de consultas políticas, el reclutamiento de personal y la contratación del apoyo logístico y, los preparativos para el desplazamiento con cinco semanas de anticipación de la primera oleada de observadores. Todo ello antes de la llegada del grueso de la MOE.  

 

El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE está convocado para reunirse el 27-28MAY24 en Bruselas. El programa de la sesión del lunes 27MAY24 contempla entre los “asuntos de actualidad” una intervención del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien informará sobre “los últimos acontecimientos en Venezuela, haciendo hincapié en el proceso electoral”. Un vocero oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior, consultado por el Informe Otálvora, aseguró que se trata sólo de “un punto informativo” y no se espera que los ministros de Exteriores tomen alguna decisión sobre Venezuela ese día.

El envío de una MOE a Venezuela para las votaciones del 28JUL24 está en manos de Borrell.

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El régimen venezolano está invitando a decenas de gobiernos y organizaciones internacionales políticamente afines con el propósito de darle legitimidad a sus votaciones y restar relevancia a la posible presencia de una misión técnica de la UE. El régimen ha vetado la presencia de una misión de la OEA y sólo accedió a invitar al Centro Carter y a un “panel de expertos” de la ONU. Incluso, altos jerarcas del régimen mantienen la posición de no permitir la presencia de la UE.

El 07MAR24 el consejo electoral del chavismo extendió invitación a la UE para el envío de observadores "siempre que cumplan la normativa constitucional y legal". Un mes después, el 07ABR24, llegó a Caracas una misión exploratoria para las usuales reuniones con autoridades y sectores políticos. El propósito de esa misión es determinar si el envío de una MOE es “útil, factible y recomendable”. La decisión de Borrell para enviar la MOE depende del contenido del informe de la misión exploratoria y de la posición de gobiernos y otros actores políticos de la UE interesados en el tema. El vocero de la UE consultado por el Informe Otálvora dejo saber que el organismo luego de la visita de la misión exploratoria “ha seguido colaborando con las autoridades venezolanas en relación con el posible despliegue de una MOE de la UE”, probablemente en la definición del contenido del “memorando de entendimiento” que regularía la actuación de la MOE. Un tema sensible es el referido a las limitaciones operativas que suele imponer el chavismo a las misiones de observación electoral en cuanto a emisión de reportes sobre el proceso electoral. En declaraciones ofrecidas a este Informe el 24MAY24 el vocero de la UE afirmó que “actualmente estamos todavía analizando las conclusiones de esa misión exploratoria” y Borrell “tomará una decisión en breve tras concluir sus consultas con los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo”.

Una misión con mandato limitado podría ser la opción que asuma la UE ante la inminencia de las votaciones en Venezuela.

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El 26MAR24 el gobierno argentino hizo público que había acogido en su embajada en Caracas a seis venezolanos perseguidos por el régimen. Desde ese momento comenzaron negociaciones del gobierno de Javier Milei con la cancillería chavista en procura de la emisión de salvoconductos que permitieran la salida del país del grupo formado en su mayoría por miembros del equipo central de trabajo de María Corjna Machado. Ese mismo día, la presidencia argentina emitió un comunicado afirmando que “La República Argentina, arraigada en su histórica vocación de fomento y salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y ejerciendo su compromiso efectivo en tal sentido, expresa su inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras públicas de Venezuela".

El periodista venezolano Vladimir Villegas, quien ejerció cargo diplomático en México enviado por Hugo Chávez y suele airear intimidades del régimen, aseguró el 02ABR24 que la cancillería chavista se disponía a entregar los salvoconductos. Tres días después, la ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, confirmó que su gobierno ya había concedido el asilo a los seis venezolanos que permanecían bajo su protección en la sede diplomática en Caracas, aunque advirtió que aún no habían recibido los salvoconductos solicitados pese a que la cancillería chavista los ofreció a Argentina. Comenzaba así un proceso de extorsión por parte del régimen hacia el gobierno de Javier Milei.

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Los venezolanos que permanecen en la residencia del embajador argentino en Caracas son Magalli Meda la jefe de la campaña electoral de MCM tenida como su “mano derecha”, el politólogo Pedro Urruchurtu encargado de relaciones internacionales del partido de MCM, la periodista Claudia Macero encargada de comunicaciones, Omar González parlamentario y coordinador electoral de MCM en el estado Anzoátegui,  Humberto Villalobos coordinador electoral del partido y el empresario y activista opositor Fernando Martínez Mottola quien no forma parte del equipo directo de MCM.

Todos ellos fueron acusados por el fiscal del régimen, Tarek William Saab, de planear “acciones desestabilizadoras” para presionar para que el régimen aceptara la candidatura de MCM. Los miembros del equipo de MCM ya habían sido objetos de órdenes de captura por la fiscalía chavista el 06DIC23 cuando fueron acusados de mantener relaciones con la empresa petrolera Exxon que explota crudo en Guyana. El fiscal chavista ordenó su detención culpándolos de “odio inmemorial contra el pueblo de Venezuela”. En aquella ocasión el equipo de MCM buscó secretamente refugio en sedes diplomáticas en Caracas por varias semanas, al ser acusados de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y legitimación de capitales. Como parte de las negociaciones entre el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana que llevaron a un intercambio de presos el 20DIC23, el negociador por Maduro, Jorge Rodríguez, se habría comprometido a dejar sin efecto el proceso judicial contra el equipo de MCM. Esa versión fue hecha pública por Juan González quien era uno de los negociadores estadounidenses en aquellos días. Los miembros del equipo de MCM, confiando en lo negociado por la Casa Blanca con Maduro, abandonaron su refugio diplomático, no fueron arrestados, pero les fueron impuestas medidas que impedían su salida del país obligados a concurrir regularmente a sedes de tribunales. Finalmente, el 20MAR24, el Fiscal General del régimen, retomó el procesamiento judicial contra el equipo de MCM, cumpliendo un obvio plan de debilitar la plataforma operativa de la líder opositora y amenazando una vez más con procesarla judicialmente.

La inclusión de Fernando Martínez Mottola en la lista de órdenes de arresto llamó la atención del mundo político. Martínez Mottola, quien fuera ministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y adelantara una exitosa carrera empresarial en el sector de telecomunicaciones por varias décadas, ha sido en los últimos años un importante operador tras bastidores de la oposición venezolana, como también lo ha sido el ahora candidato Edmundo González Urrutia.

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El anuncio de la cancillería chavista al jefe de la misión diplomática argentina en Caracas, sobre la emisión de los salvoconductos, hizo que la cancillería argentina iniciara el proceso para evacuar a los venezolanos asilados. Saldrían de Venezuela hacia Buenos Aires en vuelo comercial, vía Panamá, debido a la prohibición impuesta por Maduro a las líneas aéreas comerciales argentinas. Como se recordará, el 12FEB24 el gobierno argentino ejecutó la sentencia de un tribunal de Buenos Aires que ordenaba la entrega a EEUU de un carguero Boeing 747-300M, propiedad de la empresa estatal venezolana Emtrasur. La aeronave permanecía retenida desde el 2002, por órdenes del gobierno del izquierdista Alberto Fernández, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La aeronave había sido transferida por el gobierno de Irán a Venezuela violando sanciones comerciales de EEUU.

El plan de viaje de los asilados por Panamá fue rechazado por el régimen alegando que un vuelo comercial de un tercer país no era aceptable porque podría generar protestas en el aeropuerto de Maiquetía por parte de militantes chavistas. El régimen también alegó la muy curiosa excusa según la cual los asilados pretendían desviarse hacia EEUU al aterrizar en Panamá. Desde principios del mes de abril el régimen exige que la salida de los asilados sea en una aeronave privada de matrícula argentina que viaje desde Argentina en vuelo directo. Los temores de que esa aeronave sea incautada, en represalia por la aeronave de Emtrasur, habría desaconsejado al gobierno Milei para el envío de una aeronave a Caracas. Fuentes diplomáticas en Caracas y Brasilia aseguran que los gobiernos de México, Colombia y Brasil se habrían mostrado dispuestos a aportar aeronaves para la evacuación de los asilados venezolanos pero el régimen no ha aceptado esas opciones.

Javier Milei se niega a enviar un embajador ante el régimen chavista. El diplomático argentino con rango de ministro plenipotenciario Andrés Mangiarotti, acaba de llegar a Caracas para asumir le jefatura de la misión diplomática en condición de Encargado de Negocios a.i. En Buenos Aires aspiran que Mangiarotti, quien es un diplomático de carrera, logre retomar las negociaciones con la dictadura para destrabar el asunto de los asilados. Se ignora cuál es el precio que aspira cobrar el régimen a cambio de los asilados e incluso se pone duda que los duros del régimen estén dispuestos a dejar partir al equipo de MCM.

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En esa misma dirección, altos jerarcas chavistas hicieron abortar un proceso de negociación promovido y realizado por los gobiernos de Colombia y Brasil, con apoyo de Chile y México, para la firma de un acuerdo entre el régimen y la Oposición con vista al respeto a los resultados electorales del 28JUL24. Tras diversas reuniones celebradas en sedes diplomáticas en Caracas en las cuales participaron representantes opositores y de las cuales incluso habría emergido un proyecto de texto, la iniciativa de Gustavo Petro para una transición política en Venezuela fue rechazado por el régimen chavista.

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lunes, 15 de mayo de 2023

Petro amenaza con incendiar Colombia

Informe Otálvora del 05 de mayo de 2023

Gustavo Petro el 01MAY23 hablando desde un balcón de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia Colombia


Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está ya abiertamente promoviendo una ola de violencia política en su país.

Petro logró convencer a varias decenas de gobiernos sobre su idea de una “conferencia internacional” para estimular el reinicio de las pláticas entre Nicolás Maduro y la “plataforma unitaria” opositora, las cuales se encuentran suspendidas desde el 26NOV22.

El evento promovido por Petro tuvo lugar el 25ABR23 en el Salón Simón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana, se denominó “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela” y contó con la asistencia de representantes de veinte gobiernos y la Unión Europea. El primer punto de la confusa agenda de la reunión consistió en un discurso de Petro quien estaba acompañado de su omnipresente secretaria Laura Sarabia.

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El discurso de Petro fue una exaltación a la violencia política. Algunas frases: “Latinoamérica es la región más desigual del mundo (…) un problema que tiene que ver con la política antidrogas, la más violenta”. “Somos la sociedad más desigual del mundo, toda América Latina, unos más, otros menos. Y eso ha hecho que unas fuerzas de izquierda, libertarias, una tensión política, casi que insurgente, haya aparecido en todo nuestro continente para buscar igualdad (…)  de niños, de niñas, muchos latinoamericanos en esta y en pasadas generaciones han querido sacrificarse, incluso, por la lucha por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por un mejor vivir, por un mundo mejor. Yo hago parte de esa corriente”. “En Colombia no hubo uniformados en la Presidencia, pero las mismas prácticas que se hicieron en Argentina y en el Uruguay se reprodujeron en nuestro país (…) era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego (…) y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas”. “¿América Latina volverá a los años 70? Nuestra incapacidad de convivir en medio de la diferencia en la sociedad más desigual del mundo, ¿nos llevará de nuevo a las guerras?”.

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El 01MAY23, Petro discurseó desde un balcón del palacio presidencial. Citó a Hegel, expuso tesis marxistas del capitalismo y exaltó en el mejor estilo chavista “la alianza entre ejército y pueblo” supuestamente creada por Simón Bolívar y destruida por “las élites” según Petro. Dedicó largas frases a exaltar las acciones violentas que la izquierda colombiana ejecutó contra el gobierno de Iván Duque en 2021. “Un pueblo que supo estallar en manifestaciones, que supo poner la problemática social en la mesa de la discusión (…) gracias a esa lucha yo estoy aquí”. “Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social; que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida. El hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia”. Después hizo el llamado: “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución (…) lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado”. “No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados”. De no concretarse las “reformas” que intenta imponer Petro, el mandatario colombiano amenaza con desatar la violencia que ya impulsó en el pasado.

Mientras Petro en Bogotá aseguraba que la violencia callejera lo había llevado a la Presidencia y garantizaría ahora las “reformas”, la vicepresidenta Francia Márquez en un evento análogo en Cali lanzaba vivas a los grupos violentos conocidos como “primera línea” responsables de las acciones violentas del año 2021 contra el gobierno de Iván Duque: “no me da miedo decir aquí que viva la primera línea”.  

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La conferencia sobre Venezuela convocada por Petro resultó el fracaso anunciado. Al encuentro asistieron los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas el “camarada” Ralph Gonsalves y de Barbados Mia Mottley; el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell, los ministros de exteriores de Argentina, Bolivia, Honduras; el “asesor presidencial” brasileño Celso Amorim; altos funcionarios de las cancillerías de Canadá, Portugal, México, España, Noruega, Reino Unido; el embajador de Francia en Caracas; los embajadores en Bogotá de Turquía, Alemania, Sudáfrica e Italia y, la delegación de EEUU encabezada por el Consejero adjunto de seguridad nacional Jonathan Finer. Petro estaba escoltado por su jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien además posó en la foto de familia junto a los partivcipantes. ras el discurso de Petro y con la prensa ya fuera del salón, comenzó una caótica sesión presidida por el canciller colombiano en la cual se escucharon las intervenciones de cada gobierno asistente. Las delegaciones de gobiernos aliados del chavismo ratificaron la posición de Maduro en cuando a la condición previa de levantar las sanciones que EEUU y la UE mantienen sobre altos jerarcas del régimen chavista y sobre empresas estatales venezolanas.

El diseño del evento, sin trabajo previo de las delegaciones, adelantaba que no habría una declaración conjunta de consenso. Antes de finalizar el evento, Ralph Gonsalves voló a Caracas para informar personalmente a Maduro sobre lo ocurrido en Bogotá. Al final del día, el canciller colombiano compareció ante la prensa para leer un breve comunicado: “se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas: La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”. El texto leído por Leyva, sin firmas de respaldo de los gobiernos participantes, fue la fusión acomodaticia de las exigencias que la oposición y el chavismo tienen en la mesa.

Para demostrar que se trataba de un evento para promocionar la imagen internacional de Petro, en un acto de extrema adulación, su canciller dijo que “sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado”. Es decir, la perorata de Petro sobre las costumbres sexuales y las cualidades de bailarín de Bolívar (y del actual embajador de EEUU en Bogotá) y del carácter libertario de la guerrilla colombiana habría servido de guía a las deliberaciones, según el canciller de Colombia.

En Caracas Maduro y Jorge Rodríguez confirmaban que no regresarían a la mesa de negociaciones hasta que EEUU levante todas las sanciones, libere recursos del estado venezolano congelados y una nueva condición: que la Corte Penal Internacional detenga el proceso de investigación por violación de Derechos Humanos en Venezuela “porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes”.

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Juan Guaidó, quien ejerciera como presidente interino por tres años desde 2019, con reconocimiento de varias decenas de gobiernos, debió realizar una arriesgada operación para salir de Venezuela en procura de “protección” para él y su familia.

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 reconocida por EEUU y otros países, había decidido el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” encabezado por Guaidó. Además, tres de los partidos del llamado G4 decidieron no renovar la presidencia de Guaidó al frente de esa Asamblea Nacional. Guaidó, seguido de cerca por el aparato represivo del régimen, pasó de ser “presidente interino” a la condición de precandidato presidencial de su partido, Voluntad Popular, para las hipotéticas elecciones que convocará el régimen en 2024.

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La noche del 23ABR23 circulaban en Caracas versiones según las cuales Guaidó y su familia habrían solicitado protección diplomática de la embajada del gobierno francés, ante las amenazas de encarcelamiento que el propio Guaidó había denunciado desde principios de mes. Voceros de Guaidó descartaron que estuviera refugiado en una embajada y ofrecieron que en pocas horas se conocerían detalles de su suerte. En ese momento ya Guaidó se encontraba en territorio colombiano, según se deprende de los hechos posteriormente conocidos. Salió de Venezuela evadiendo los controles militares y migratorios del régimen e ingresó a Colombia secretamente sin notificación previa al gobierno de Petro. Una de las primeras medidas de política exterior de Petro al llegar a la Presidencia el 07AGO22 fue desconocer a Guaidó, enviar un embajador a Caracas y visitar a Maduro, manteniendo una posición agresiva contra la oposición venezolana.

En el pasado reciente, el embajador de Petro ante Nicolás Maduro, Armando Benedetti, había calificado a Guaidó con expresiones como “huevón”, “pendejo” y aseguraba que “Guaidó no es nadie en Venezuela”. De hecho, Benedetti quien suele abandonar rutinariamente su misión en Caracas para viajar a la costa colombiana, no ha sostenido reuniones con la oposición venezolana desde su llegada al país. Ni Gustavo Petro ni su canciller Álvaro Leyva, en sus ya usuales visitas a Caracas, han incluido encuentros con la oposición. La única reunión oficial del gobierno Petro con opositores venezolanos ocurrió el 22ABR23, cuando el mandatario y su canciller recibieron a los integrantes de la delegación negociadora encabezada por Gerardo Blyde, cita a la cual no asistió el representante del partido de Juan Guaidó. Por cierto, la reunión de Petro con la representación opositora como antesala a la “conferencia sobre Venezuela”, fue organizada por la presidencia de Colombia para tener lugar en horas nocturnas y en la residencia presidencial campestre de Hato Grande situada en Sopó, a cincuenta kilómetros del centro de Bogotá. De esta manera Petro dejaba entendido su decisión de no recibir a los opositores venezolanos en el palacio de Gobierno. Petro abandonó pronto la reunión y dejó a la delegación venezolana reunida con su secretaria Laura Sarabia y con el canciller Leyva.

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La mañana del 24ABR23 fue difundido un comunicado en el cual Guaidó decía: “acabo de llegar a Colombia (…) he venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”. En otro párrafo afirmaba: “en los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro”.  La nota de Guaidó dejaba entender que su salida de país respondía a “buscar apoyo del mundo para los venezolanos” y se centraba en el evento que comenzaría pocas horas después y al cual él ni estaba invitado ni pretendía forzar su asistencia. Pocas horas después, en la noche del 24ABR23, Guaidó embarcó en un vuelo comercial rumbo a Miami, presionado por el gobierno de Colombia. Había transcurrido un día de ajetreo diplomático en Bogotá durante el cual diplomáticos de EEUU se encargaron de los enlaces con el gobierno Petro para garantizar la salida de Guaidó hacia territorio estadounidense, abortando cualquier opción de deportación hacia Venezuela. Varios días después, el 01MAY23, la esposa de Guaidó y sus dos hijas arribaron a Miami, procedentes de Colombia, con lo cual se completó la operación para evacuar a Guaidó de Venezuela.

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Con su familia a resguardo, Guaidó viajó a Washington para iniciar una serie de contactos políticos a nivel de congresistas de ambos partidos y para comparecer en varios foros académicos. El 05MAY23 fue recibido en el Departamento de Estado por el subsecretario para el Hemisferio Occidental embajador Brian Nichols, quien estuvo acompañado del asesor presidencial y encargado del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional el colombo-estadounidense Juan González. Se trató de una reunión de cortesía dado que Guaidó no ocupa posición de gobierno.

Ese mismo día en Caracas, el partido de Guaidó anunció la designación de un reemplazo para competir en las elecciones primarias de la oposición. El anuncio que fue secundado por el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, significa en la práctica que la estadía de Guaidó en el extranjero será por tiempo indefinido sumándose a la lista de dirigentes opositores venezolanos en el exilio. De hecho, la presencia de Guaidó en EEUU provocó la celebración en Washington de una reunión de trabajo de los más altos dirigentes del partido Voluntad Popular, la mayoría en el exilio y que no realizaban un encuentro presencial en casi una década.

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Para el 30MAY23 está convocada una cumbre de mandatarios suramericanos convocada por Lula da Silva. Tal como adelantara este Informe el 05ABR23, el mandatario brasileño extendió invitación a todos los gobiernos suramericanos, incluyendo a la dictadura chavista, para concentrarse en Brasilia. Las invitaciones fueron remitidas durante el mes de abril y oficialmente la cancillería brasileña informó el 04MAY23 sobre la realización del “Encuentro de Presidentes de los Países de América del Sur”. Según el comunicado de Itamaraty, el evento tendrá como objeto “promover un diálogo franco entre todos, con miras a identificar denominadores comunes, discutir perspectivas para la región y reactivar la agenda de cooperación sudamericana”. La reconstrucción de UNASUR, de la cual por ahora sólo seis de los doce miembros originales se mantienen afiliados, es uno de los propósitos de la cita brasiliense con la cual Lula aspira a asumir una suerte de liderazgo subregional.

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Salvo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, la mayoría de los invitados entre los cuales la mitad son asociados al Grupo de Puebla, habrían ya confirmado su asistencia. La probable presencia de Nicolás Maduro entre los asistentes está creando malestar entre varios de los mandatarios invitados. Aparte de su asistencia a la reunión multilateral, según versiones en medios diplomáticos de Brasilia, la estadía de Maduro en la capital brasileña sería orientada como una visita oficial bilateral para lo que sería presentado como el relanzamiento de las relaciones entre los dos países. El asunto fue parte de los temas tratados por el encargado de diplomacia paralela de Lula, el excanciller y actual asesor especial de la Presidencia Celso Amorim, en su visita a Caracas el 09MAR23.

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Gustavo Petro realizó una visita de Estado de cinco días a España. El 04MAY23 al término de su agenda española, el colombiano suscribió una declaración conjunta con su homólogo el presidente de gobierno Pedro Sánchez. En el largo documento aparece un curioso aparte en el cual los gobiernos de España y Colombia se comprometen a efectuar acciones en territorio venezolano. Los firmantes “manifiestan su voluntad de explorar opciones para el apoyo de la Cooperación Española a las iniciativas de desarrollo y cooperación transfronterizas con Venezuela y para la puesta en marcha de proyectos de cooperación triangular que permitan compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas inclusivas en beneficio de los derechos de todas las personas de Colombia y Venezuela”, reza el documento.

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El 13ABR23 Lula da Silva inició una visita oficial a China en la cual realizó polémicas declaraciones acusando a EEUU y a la Unión Europea de la guerra en Ucrania. La reacción del gobierno de EEUU fue de tal grado que Lula envió a su “asesor” y encargado de la diplomacia paralela presidencial, Celso Amorim, para que entrara en contacto con la Casa Blanca y bajara presión. El 18ABR23 Amorim se comunicó con el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan al cual garantizó que Brasil no estaba alineado con la posición de Rusia ante Ucrania.

La primera actividad de Lula en China fue asistir a un acto fastuoso para la toma de posesión de Dilma Rousseff de la presidencia del banco del grupo de países BRIC, el NBD, con sede en Shanghái. El cargo rotatorio corresponde a Brasil para el periodo 2020-25 y fue ocupado desde el 2020 por un representante del gobierno de Jair Bolsonaro. Durante el acto Lula pronunció un discurso en el cual promovió la sustitución del dólar como moneda en el intercambio comercial mundial.

Pocos días después de la ceremonia de encumbramiento de Rousseff y del exaltado discurso de Lula, el NBD anunció la emisión de un nuevo bono con el cual el banco pretende sumar recursos para financiar “proyectos verdes”. El detalle es que la emisión, anunciada el 20ABR23 por el surafricano Leslie Maasdorp quien ejerce como vicepresidente del banco, está nominada en dólares estadounidenses. La retórica de Lula no parece haber afectado el realismo de los banqueros que operan la institución basada en China. 

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viernes, 29 de octubre de 2021

Castrochavismo corre en auxilio de dictadura de Ortega

Informe Otálvora del 22 de octubre de 2021

Secretario de la alianza castrochavista ALBA reunido con Daniel Ortega y Rosario Murillo el 19OCT21. Foto: @SachaLlorenti

La cifra procede de un informe hecho público el 18OCT21 por el Departamento de Tesoro de EEUU que analiza las sanciones que ese organismo administra y analiza medidas “para preservar y mejorar su eficacia en el apoyo a la seguridad nacional y los intereses de EEUU”.Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor número de jerarcas políticos sometidos a sanciones por el gobierno de EEUU.

“La revisión de las sanciones del Tesoro ha demostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. Estamos comprometidos a trabajar con socios y aliados para modernizar y fortalecer esta herramienta fundamental” afirmó el subsecretario Wally Adeyemo quien encabezó la investigación.

 

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Para el 07NOV21 están convocadas votaciones generales en Nicaragua en las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer una nueva reelección luego de haber impedido, mediante cárcel e ilegalizaciones, la participación de candidatos opositores.

La familia Ortega-Murillo, probablemente la más rica del país, aspira continuar gobernando y para ello no ha dudado en romper las pocas formalidades institucionales que existían. Diez años atrás, la candidatura de Ortega para su reelección en 2011 fue abiertamente inconstitucional pero su control de la Corte Suprema de Justicia le permitió burlar el impedimento legal. En 2013, el boliviano Evo Morales usaría el mismo artilugio para violar la constitución por él mismo impuesta en Bolivia y presentarse para un tercer mandato.

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El Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de un grupo de miembros, fue convocado para celebrar el 20OCT21 una sesión sobre la situación en Nicaragua. El propósito era someter a consideración un pronunciamiento, el segundo en menos de cuatro meses, referido a la sistemática violación de DDHH en Nicaragua y la falta de garantías para las votaciones del 07NOV21.

La votación mostró la dirección que está tomando la política dentro de la OEA en la cual México y Argentina están actuando ala limón, con Bolivia secundándolos. El texto sometido a consideración en la sesión del 20OCT21 había sido previamente debatido y negociado en reuniones entre los proponentes y las restantes delegaciones con lo cual el tono había ido moderándose para ganar el voto especialmente de gobiernos del Caribe. La posición de los representantes de México y Argentina fue, desde el principio, negarse a apoyar cualquier proyecto que implicara un pronunciamiento de la OEA sobre la situación en Nicaragua.

El gobierno de Daniel Ortega ordenó a su representante ante la OEA no participar en la sesión. México, Argentina y Bolivia recurrieron a la figura de la abstención a lo cual se sumó el gobierno de San Vicente y las Granadinas que es un aliado castrochavista en el Caribe, así como los centroamericanos Guatemala y Honduras junto a Barbados. Con 26 votos a favor fue aprobada la resolución que había sido presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Paraguay y Uruguay.

 

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Mediante la resolución aprobada con 26 votos, el Consejo Permanente de la OEA reiteró “su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, expresar “su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados” y tomar nota “con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”. Igualmente acordaron “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”. La suspensión de Nicaragua de la OEA está en el tapete aunque, como ya pasó en el caso venezolano, los votos todavía no están asegurados.

Por cierto, fue notorio el voto del representante de Perú quien recibió instrucciones de su gobierno para apoyar la resolución contra el gobierno de Ortega. El presidente peruano Pedro Castillo está actuando con alto cuidado en su política exterior y no dudó en asistir a un ejercicio de desembarco anfibio el 02OCT21 que formó parte de los juegos de guerra UNITAS LXII en las cuales participaban naves y tropa estadounidenses en territorio peruano.

 

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Lo que pareciera un hecho inevitable es el desconocimiento del proceso electoral nicaragüense por parte de una creciente lista de países.

El 22SEP21 fue dado a conocer un pronunciamiento firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Reino Unido y República Dominicana en el cual afirmaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, a las que se han comprometido los Estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre, tal como se están organizando actualmente”.

La Unión Europea optó el 11OCT21 por mantener por un año adicional las sanciones, que impusiera en 2019, a altos jerarcas del régimen sandinista incluyendo a la cogobernante Rosario Murillo. El 18OCT21 el Consejo de Política Exterior de la Unión Europea incluyó en su agenda una evaluación sobre Nicaragua desde el inicio de la violenta represión en abril de 2018. “Las perspectivas de que se lleve a cabo un proceso electoral creíble y legítimo en torno a estas elecciones son muy escasas” concluyeron los ministros de exteriores europeos.  A la salida de la reunión ministerial, el Alto Representante de la UE Josep Borrell, durante la usual rueda de prensa, se refirió a Nicaragua: "la UE continuará insistiendo en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la puesta en libertad de presos políticos y que haya elecciones libres”. Borrell fue particularmente directo al calificar el proceso electoral organizado en Nicaragua: “las [elecciones] que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura".

 

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La represión que comenzó a alcanzar a dirigentes históricos de la izquierda nicaragüense desató a mediados de año algunas olas de malestar entre voceros de la izquierda continental.

El 15JUN21 los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador emitieron una declaración conjunta con la cual intentaban compensar el hecho de haberse negado a apoyar la declaración aprobada en la OEA cuatro días antes. Argentina y México. Alegaron no estar de acuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos” aunque se mostraron preocupados “por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Una semana después, el 21JUN21, como protesta por la continuidad de los encarcelamientos en Nicaragua, los gobiernos de Argentina y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua quienes varios meses después aún permanecían en sus respectivas capitales.

 

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El 25JUN21, el semanario izquierdista uruguayo Brecha publicó una declaración que arrancaba expresando que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario”. Los 125 firmantes originales del texto eran gente poco conocida de izquierda básicamente de Uruguay,  pero tras la publicación se sumaron varias firmas, dos de ellas de dos referentes de la izquierda continental: el expresidente Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky.

El 22JUL21 Lula da Silva fue entrevistado por la mexicana Sabina Berman quien le preguntó sobre Nicaragua. El brasileño afirmó que “hace diez años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua, pero tengo informaciones de que las cosas no están nada bien ahí”.

Después, a mediados de agosto en declaraciones buscadas por BBC, el ahora vocero castrochavista y fundador del Grupo de Puebla, el colombiano Ernesto Samper Pizano, se quejó que las acciones de Ortega están “comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico”. “Progresismo” es el más reciente eufemismo con el cual se disfraza la izquierda radical continental. Samper adelantaba que antes que condenar a Ortega, el Grupo de Puebla se proponía abrir contactos.

La alianza castrochavista, dejando a un lado las preocupaciones cosméticas de algunos de sus acólitos, ha decidido ratificar su respaldo a la dictadura nicaragüense. El boliviano Sacha Llorenti, quien actúa como Secretario del ALBA, permaneció en Nicaragua por una semana siendo recibido el 19OCT21 por Ortega y Murillo. El día anterior, los gobiernos del ALBA con los regímenes de Cuba Bolivia y Venezuela encabezando, habían distribuido un pronunciamiento en el cual saludaban “la preparación del proceso electoral” y ratificaban su respaldo al gobierno sandinista”. Por su parte, el gobierno de Rusia se ha convertido en protector internacional del régimen nicaragüense emulando sus relaciones con el gobierno de facto de Venezuela.

 

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Aparte de no sumarse a la posición colectiva ante Nicaragua, los gobiernos de Bolivia, Argentina y México continúan en una férrea confrontación contra el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.

La denuncia de fraude electoral hecha por la OEA en las elecciones bolivianas del 20OCT19 que condujeron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida al extranjero, ha sido progresivamente convertida por la izquierda continental en una narrativa según la cual en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Esa narrativa busca lavar la imagen de Evo Morales y servir de sustento a la persecución judicial contra la expresidenta Jeanine Añez y otros miembros del gobierno de transición que asumieron ante la estampida del gobierno renunciante.

En ese contexto, los representantes de Bolivia, Argentina y México convocaron para un evento contra Almagro que tuvo lugar el 22OCT21 en el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington. “¿Qué sucedió realmente en las elecciones de 2019 en Bolivia? Los expertos comparten sus hallazgos” era el título del evento que buscaba desacreditar los informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de aquel año y tratar de imponer la versión del golpe de Estado.

Los ponentes presentados por los gobiernos en calidad de “expertos electorales” fueron Jake Johnston miembro del Center for Economic and Policy Research CEPR, un grupo de generación de informes largamente asociado con el gobierno chavista de Venezuela. Jack Williams quien en 2020 elaborara un trabajo sobre las elecciones en Bolivia financiado por el CEPR del cual publicó un resumen en The Washington Post adjudicándolo falsamente como una investigación del Massachusetts Institute of Technology. El tercer ponente fue el venezolano Francisco Rodríguez, economista asociado al gobierno de Hugo Chávez quien en los últimos años ha laborado en banca internacional negociadora de bonos de deuda pública venezolana y confronta a la oposición venezolana. El papel de Johnston, Williams y Rodríguez era mostrar análisis estadísticos de laboratorio en contraposición a los informes elaborados in situ por la misión electoral de la OEA en 2019.

La guerra contra Almagro continúa y tendrá un nuevo capítulo en la Asamblea General anual de la OEA que tendrá lugar el 10-12NOV21.


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