La Cumbre de las Américas de Los Angeles..

Edgar C. Otálvora hablando con Nelson Bocaranda, Mariela Celis y Toto Aguerrevere

Link: Onda La Superestación. 10 de mayo de 2022. Caracas. Venezuela

 

Venezuela en la ONU y otros temas

Entrevista con Nelson Bocaranda el 24 de septiembre de 2019

El Show de Bocaranda

Operación militar creó crisis entre Venezuela y Colombia

Informe Otálvora del 25 de marzo de 2017


Video oficial colombiano muestra tropas de ese país supervisando el retiro de soldados venezolanos de la ribera derecha del río Arauca el 23MAR17. 

Un grave incidente militar estuvo a punto de ocurrir en la frontera entre Venezuela y Colombia a raíz de la decisión de los mandos castrenses venezolanos de instalar un campamento con decenas de soldados, en la ribera derecha del río Arauca en la frontera llanera entre ambos países. Mientras el gobierno venezolano permaneció casi una semana en silencio, el caso fue llevado por Colombia a consideración de la ONU y fue objeto de consultas urgentes entre diversas cancillerías del Continente.

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La presencia de uniformados venezolanos en la zona denominada “Los Pájaros” (versión venezolana) o “Bocas del Jujú” (versión colombiana), a una veintena de kilómetros al oeste de las poblaciones mellizas de Arauquita (Colombia) y La Victoria (Venezuela), fue reportada por lugareños desde el domingo 19MAR17. Ya a mediados de semana, la representación de Colombia habría notificado al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, las coordenadas geográficas del campamento donde ondeaba la bandera venezolana, lo que para militares y cartógrafos colombianos era una obvia invasión y no el extravío de una pequeña patrulla militar. El escenario de los hechos fue el Arauca, alejada región petrolera con alta presencia de la guerrilla de ELN. Allí el límite entre los dos países está determinado por el curso del Arauca, lo que hace que la línea limítrofe esté a merced de las usuales variaciones del cauce y caudal del rio.  

Localización aproximada del campamento construido por el Ejército venezolano en la ribera derecha del río Arauca. Imagen: Google Earth

Finalmente, el batallón de soldados venezolanos, en presencia de efectivos de tropa profesional del Ejército colombiano, debió arriar la bandera y retirarse del lugar a media tarde del 23MAR17. El batallón venezolano, según fuentes castrenses venezolanas citadas por el portal “El Pitazo”, estaba compuesto mayoritariamente por soldados de reciente alistamiento. Se trataría de tropas  al mando de un teniente coronel, pertenecientes a la Brigada Caribe basada en la fronteriza población de Guasdualito en el estado Apure venezolano.

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A lo largo del jueves 23MAR17, la diplomacia colombiana encabezada directamente por Juan Manuel Santos, entró en contacto con  varios gobiernos de la región para advertirles sobre la presencia de tropas venezolanas en territorio colombiano y la disposición de Bogotá de exigir su incondicional e inmediato retiro. Desde el 21MAR17 el gobierno colombiano había enviado al campamento tanto al Cónsul colombiano en El Amparo (población limítrofe venezolana) como a personal civil que realizó mediciones de posicionamiento de las tropas venezolanas. Varias fuentes señalan que helicópteros militares colombianos, probablemente Black Hawk artillados basados en la población de Saravena, sobrevolaron en varias ocasiones el campamento, mientras la Brigada 18 del Ejército colombiano, acantonada en Arauca, recibió instrucciones aprobadas por Santos para rodear a prudente distancia el campamento de los venezolanos. El Director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, arribó a la ciudad de Arauca la noche del 22MAR17 y se desplazó en la mañana siguiente al campamento de los venezolanos donde supuestamente le esperarían sus homólogos venezolanos. En el sitio se comentaba sobre la inminente llegada del general venezolano Gerardo Izquierdo quien ejerce como “Ministro de Fronteras”, pero el encuentro bilateral ofrecido por el gobierno Maduro no ocurrió. Tras Montenegro confirmar a su gobierno la presencia de las tropas venezolanas en la ribera derecha del río Arauca y la negativa del comandante del batallón venezolano de retirarse del lugar alegando “órdenes superiores”, Colombia intensificó sus gestiones diplomáticas pidiendo a varios presidentes latinoamericanos solidaridad y apoyo para condenar la acción del gobierno Maduro en caso de no retirarse de inmediato.  

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Tras una conversación telefónica solicitada por Colombia hacia el final de la mañana del 23MAR17, la cual según fuentes colombianas fue corta y en tono duro entre Santos y Nicolás Maduro, finalmente el batallón de militares venezolanos  desmanteló su campamento y se dirigió a la ribera izquierda del rio. Tanto el jefe del batallón en el sitio como voceros militares venezolanos expresaron una inédita tesis la cual incluso fue reiterara por Maduro a Santos, según la cual el límite internacional ya no se ampara en los tratados firmados en el siglo XX que establecen el río Arauca como lindero. Sin que existan acuerdos bilaterales, la tesis de los militares venezolanos suministrada a Maduro asegura que el límite en esa sección de la frontera está determinado por una hipotética “línea geosatelital” que fijaría las áreas de soberanía de cada país. La posición de Santos ante Maduro fue la de hacer valer los tratados ya centenarios. Maduro prometió a Santos que ordenaría la retirada de los militares venezolanos y cuatro horas después el mandatario colombiano tuiteó: “acaba de salir último soldado venezolano de territorio colombiano”. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Bogotá y Caracas un grupo de militares de la Fuerza de Tarea Quirón colombiana, entrenados y con experiencia en combate real contra la guerrilla, procedían a izar  la bandera de Colombia en el lugar donde hasta unos minutos antes habían permanecido los uniformados venezolanos.

Terminaba así una tensa situación que pudo haber desencadenado un serio incidente militar. En el alto gobierno colombiano circuló la hipótesis según la cual el movimiento militar venezolano respondía a alguna táctica de política interna del chavismo. El periodista venezolano Nelson Bocaranda se preguntaba desde su cuenta Twitter: “¿Gobierno estaría preparándose para decretar Estado de Excepción con asentamiento militar en Colombia?”.

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La cancillería de Maduro emitió en la noche del 23MAR17 un comunicado en el cual no explicó las razones para la instalación de un campamento con bandera enarbolada, alegando que se trataba sólo de “patrullaje cotidiano en territorio venezolano fronterizo con Colombia”. En su usual estilo, la cancillería chavista arremetió contra “falsarias que pretenden promover la confrontación entre países hermanos” y alegó “alteraciones producto de cambios climatológicos” en el ríoArauca que provocan “diferencias de interpretación”.

El incidente en el Arauca no es la primera ocasión en la cual el gobierno Maduro intenta modificar unilateralmente los límites de Venezuela con base en reportes de sus fuerzas militares, creando roces internacionales. El 26MAY15, Maduro firmó un decreto creando “zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares”. Una de las zonas se extendía al este hasta la Guyana Francesa y otra de las zonas incluía áreas no delimitadas con Colombia en el Golfo de Venezuela y el Caribe. Los reclamos internacionales obligaron a Maduro el 16JUN15 a dejar sin efecto buena parte del decreto.

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Según fuentes colombianas, durante su conversación telefónica del 23MAR17 a raíz de los sucesos en el Arauca, Maduro habría reclamado a Santos por haberse unido al grupo de gobiernos que desde la OEA están pidiendo la celebración de elecciones en Venezuela. En realidad no se trata de un grupo de reciente creación ya que actúa desde mediados del año 2016 coordinando posiciones y acciones ante la crisis política interna venezolana.

El “grupo Venezuela” o “”grupo de los 15” está conformado por Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El grupo se ha pronunciado públicamente en dos ocasiones previas: el 15JUN16 emitió un comunicado apoyando la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la OEA, bajo amparo de la Carta Democrática, para escuchar el informe del secretario general Luis Almagro sobre la crisis política y de DDHH en Venezuela. El gobierno Maduro y sus aliados intentaban frenar aquella iniciativa de Almagro. Luego, el 11AGO16, el “Grupo Venezuela” se pronunció exigiendo se cumplieran “sin demoras las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial”, el cual fue abortado por las autoridades electorales venezolanas controladas por el chavismo. La incorporación del Vaticano como facilitador en el “dialogo Maduro-MUD”, enfrió las acciones del “Grupo Venezuela” en la OEA, el cual ahora nuevamente ha comenzado a operar con el especial impulso del gobierno mexicano.

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El 17MAR17, Luis Almagro entregó a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA ejercida por el representante de Belice, un segundo informe según el cual en Venezuela existe una "alteración del orden constitucional". Almagro recomienda continuar el proceso de la Carta Democrática ya abierto en el 2016, exigiendo a Venezuela llamar a elecciones generales, liberar a los presos políticos, validar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y elegir nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Almagro propone que en caso de no prosperar las gestiones diplomáticas se proceda a  suspender a Venezuela de la OEA, única sanción contemplada en la Carta Democrática.

El nuevo informe de Almagro logró desencadenar una aguda actividad diplomática  continental reactivando el debate sobre la crisis venezolana. Si bien la medida de suspender a Venezuela no cuenta con suficientes votos a favor y es vista por algunos gobiernos como ineficaz o aún apresurada, el “Grupo Venezuela” decidió reactivar las presiones diplomáticas desde la OEA. El 23MAR17 el grupo emitió un comunicado en el cual Belice se abstuvo para mantener una posición negociadora. En el texto, los catorce gobiernos asumen como propios los reclamos de Almagro pidiendo “liberación de presos políticos”, “se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional” y “se establezca un calendario electoral”.  El “Grupo Venezuela” logró en las últimas horas el apoyo de Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucia para solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que analice la situación venezolana. La Presidencia de la OEA accedió al pedido y convocó a una reunión extraordinaria a celebrarse el 28MAR17, pese a las protestas del gobierno Maduro. La cancillería chavista solicitó que el Consejo Permanente se reúna el 27MAR17 para “recibir” a la canciller de Maduro, Delsy Rodríguez, quien se dirigirá a la plenaria para rechazar la convocatoria de la reunión solicitada por el “Grupo Venezuela” e intentar abortar la sesión del martes que analizará la crisis venezolana.
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Chavismo suprime al parlamento en Venezuela

Informe Otálvora del 21 de enero de 2017

Militantes chavistas toman el salón de sesiones de la Asamblea Nacional el 23OCT16. Foto: Asamblea Nacional

El fallecimiento el 19ENE17 del magistrado Teori Zavascki, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil STF, al caer al mar el avión que lo transportaba, desató toda clase de teorías conspirativas sugiriendo que no se trató de un accidente. En manos de Zavascki no estaba el enjuiciamiento pero si el seguimiento de los procesos de “Lava Jato”, el esquema de corrupción que envuelve a políticos, empresas constructoras y la petrolera Petrobras. Zavascki estaba pronto a realizar la revisión formal y autorizar su uso como pruebas de varias centenas de documentos con confesiones de setenta altos ejecutivos de la constructora Odebrecht que optaron por realizar delaciones a cambio de mejoras en sus condenas. En breve el STF designará un magistrado para atender el caso Lava Jato y proveerá al juez Sergio Moro con las delaciones de Odebrecht que  afectarían a decenas de notables políticos brasileños.

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Fuentes confiables aseguran a este Informe que el gobierno de Nicolás Maduro sopesa procesar judicialmente a varios importantes comunicadores sociales venezolanos como parte de las acciones represivas del “plan antigolpe”. Según las fuentes, el prestigioso periodista Nelson Bocaranda y por lo menos otros dos periodistas o editores de medios digitales, quienes cuentan con millones de seguidores en sus respectivas cuentas Twitter, pudieran ser objetos de acusaciones por “usos golpistas” de medios y redes sociales.

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El 11ENE17 la policía política Sebin detuvo al diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro Alfonzo y a su compañera la activista de Derechos Humanos Steyci Escalona. La detención violó la inmunidad parlamentaria que protege al parlamentario. Según la actual Constitución venezolana, la detención de un parlamentario sólo es posible mediante orden del Tribunal Supremo de Justicia TSJ con previa aprobación de la Asamblea Nacional, trámites que no se cumplieron en el caso de Caro. Pocas horas después de la detención ilegal de Caro, el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami confirmó el apresamiento del diputado asegurando que fue “capturado en flagrancia” por supuestamente portar un fusil, municiones y explosivos y por haber visitado la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. “Está siendo custodiado por el Sebin para cumplir con su presentación ante las instancias judiciales, y que además sea castigado con todo el peso de la ley” dijo el jefe del “Comando Anti Golpe” juramentado por Maduro el 10ENE17. La Constitución “Bolivariana” establece que en caso de detención de un parlamentario “en flagrancia” deberá ser arrestado en su residencia y se notificará al TSJ. Pasada una semana de su arresto, Caro permanecía retenido e incomunicado en instalaciones militares. El cogobernante Diosdado Cabello aseguró que el encarcelamiento de Caro fue el “primer logro del Comando Antigolpe”.

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El 01ENE14, la entonces Ministra de Información del gobierno Maduro, Delsy Rodríguez, publicó en su cuenta Twitter un listado de 27 personalidades (políticos, periodistas, abogados, empresarios) señalando los destinos en el extranjero a los cuales habían viajado durante los días de finales del año 2013. El listado titulado “La derecha de fin de año en el exterior” fue elaborado con información oficial del organismo encargado del movimiento migratorio y pretendía desacreditar a la dirigencia opositora. Tres años después han sido reportadas unas vacaciones “secretas” de la ahora ministra de Relaciones Exteriores del gobierno Maduro. Delsy Rodríguez viajó acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, oficialmente Alcalde de Caracas y uno de los hombres fuertes dentro del Comando de la Revolución gobernante en Venezuela, en un periplo que mezcló placer con algunas actividades oficiales menores en Qatar, Italia y España. Los hermanos Rodríguez supuestamente habrían disfrutado del Qatar ExxonMobil Open de tenis según fotos mostradas por el portal “La Patilla” y diversos medios venezolanos los mostraron de compras en Roma durante los primeros días del nuevo año. Según “La Patilla” las fotos de la estadía en Roma habrían sido tomadas y filtradas como parte de una vendetta en el interior del chavismo.

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Durante su estadía en la capital italiana, los hermanos Rodríguez quienes también forman parte de la delegación oficialista en el llamado “Diálogo Maduro-MUD”, solicitaron una reunión urgente con monseñor Claudio Maria Celli, el alto funcionario vaticano que actúa como representante personal del papa Francisco y facilitador en el paralizado diálogo entre el gobierno y la Oposición venezolana. Celli accedió a la inusual solicitud de los emisarios de Maduro a quienes recibió   el 06ENE17, dejando ver en su rostro un aire de desagrado en las fotos que fueron tomadas a solicitud de los visitantes quienes se mostraban sonrientes. Tras esa cita, la canciller de Maduro tuiteó: “Papa Francisco mantiene su compromiso con el diálogo en Venezuela en beneficio de nuestro pueblo”. Al asegurar que Celli viajaría a Caracas para asistir a una supuesta reunión Gobierno-MUD el 13ENE17, el chavismo intentaba contraponer al Vaticano con la Conferencia Episcopal Venezolana cuyos voceros ya habían calificado como un “fracaso” el “dialogo”.

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Dos semanas después de la visita de los hermanos Rodríguez a Roma, el Vaticano informó que monseñor Celli no viajaría a Caracas para reuniones que los “facilitadores” Ernesto Samper y los expresidentes encabezados por José Rodriguez Zapatero, sostendrían el 19ENE17 separadamente con el Gobierno y la Oposición para intentar convencer a la MUD de reintegrarse a la mesa de diálogo. En medios políticos se maneja la versión según la cual podría producirse una convocatoria a Roma para que varios delegados del Gobierno y la MUD sostengan encuentros directos con el Papa y una eventual reunión conjunta, emulando la dinámica de la cita provocada por Francisco entre Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Vélez el 16DIC16. Por cierto, el encuentro Santos-Uribe en presencia de Francisco resultó inútil como mecanismo para bajar tensiones entre los dos dirigentes colombianos.

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El plan del régimen chavista para anular las facultades de la Asamblea Nacional venezolana comenzó a ejecutarse el 14ENE16, a sólo nueve días de la instalación de las sesiones del cuerpo legislativo ahora controlado por la Oposición. Mediante la emisión del Decreto 2.184, Maduro declaró estado de “emergencia económica” que fue profundizado y prorrogado a lo lardo del año. Valiéndose de la emisión de sucesivos decretos, Maduro ha gobernado dictando decretos amparados en el “estado de excepción” que conlleva a la suspensión de las garantías constitucionales y que obvian al poder legislativo. Esto se suma a la suspensión de entrega de recursos presupuestarios para los gastos de la Asamblea Nacional y, la declaración de “desacato” contra el parlamento por parte del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo con base en el cual se han declarado nulas las leyes aprobadas durante el año 2016.

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Mediante un nuevo decreto emitido el 13ENE17, Maduro se adjudica ahora la autoridad para disponer de recursos sobrantes del presupuesto de gastos 2016; aumentar impuestos al incrementar la denominada “unidad tributaria”; incrementar los presupuestos de gastos de los organismos públicos; aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela; suscribir contratos para “la obtención de recursos financieros” o “el aprovechamiento de recursos estratégicos”; autorizar operaciones de financiamiento “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”; suspender las sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Maduro se arroga facultades para endeudar a la Nación sin contar con autorización legislativa y decreta la nulidad de cualquier sanción que pudiera imponerles la Asamblea Nacional a sus ministros.

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Un decreto de declaración de “estado de excepción” requiere, según la actual Constitución venezolana, la aprobación de la Asamblea Nacional y la declaratoria de constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Desde que la Oposición venezolana se hizo de una holgada mayoría parlamentaria, el TSJ ha convalidado los estados de excepción sin contar con la aprobación de los diputados. Maduro afirmó el 18ENE17: “constitucionalmente no me hace falta la Asamblea Nacional”. Sólo dos días después el TSJ declaró la “constitucionalidad” del nuevo decreto que prorroga el estado de excepción. Según el decreto 2.667 dictado por Maduro el 13ENE17, la suspensión de garantía se justifica porque “la mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea Nacional ha efectuado una serie de actos fraudulentos y simulaciones de situaciones jurídicas para engañar a la comunidad nacional e internacional”. En Venezuela el parlamento no ha sido disuelto como lo hiciera, por ejemplo, Alberto Fujimori en Perú el año 1992. Pero en la práctica, el chavismo congeló la aplicación de la Constitución venezolana para maniatar y suprimir funcionalmente al poder legislativo.

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El gobierno de Paraguay decidió bajar el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela como respuesta a usuales ataques de Nicolás Maduro contra altos funcionarios del gobierno de Horacio Cartes. El embajador Enrique Jara que representaba a Paraguay en Caracas fue llamado a consultas a su país el 05AGO16 y el 19ENE17 recibió  instrucciones para asumir la Embajada paraguaya en Panamá. La cancillería paraguaya no designará nuevo Embajador en Caracas y dejará su embajada en manos de un funcionario de menor rango, el consejero Celso Riquelme, como Encargado de Negocios a.i. Paraguay mantiene una posición dura contra el régimen venezolano siendo uno de los promotores de  las sanciones impuestas a Maduro el 02DIC16 por el Mercosur.

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