Informe Otálvora del 31 de octubre de 2020
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Asamblea General de la OEA aprobó
desconocer las votaciones del 06DIC20 en Venezuela. Foto: OEA
El 26OCT20 se produjo la primera
advertencia concreta de acción militar de EEUU sobre Venezuela.
El representante especial del
Departamento de Estado para Venezuela e Irán Elliott Abrams afirmó que "la
transferencia de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable
para EEUU y no será tolerada ni permitida". Abrams. En sus declaraciones
para Fox News, Abrams se refería a la posibilidad de que Irán suministre
misiles de largo alcance a su aliado el régimen chavista, hipótesis que ha
ganado fuerza ante los anuncios iraníes de reiniciar abiertamente sus ventas de
material bélico. "Haremos todo lo posible para detener los envíos de
misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela serán
eliminados allí" dijo Abrams.
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Las votaciones legislativas
convocadas por el régimen chavista para el 06DIC20 no serán reconocidas por la
mayoría de los países del Continente.
En la Asamblea Anual de la OEA,
celebrada vía Internet el 20-21OCT20, fue considerada una resolución que
condiciona el reconocimiento de cualquier elección que pudiera celebrarse en
Venezuela. La resolución, aprobada por 20 de lo 34 miembros de la organización,
con sólo cuatro votos en contra, establece que “el reconocimiento de las
elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de
las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y
transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y
de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables
para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional
independiente y creíble”. El título de documento, “La carencia de condiciones
democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes
en la República Bolivariana de Venezuela” concreta la valoración que la OEA
hace sobre el proceso convocado por el chavismo en su intento de renovar la
Asamblea Nacional.
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La resolución de la OEA sobre
Venezuela del 21OCT20 sumó los votos de Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay y de la representación de Venezuela.
Sólo votaron en contra los enviados de Dominica, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas y, Antigua y Barbuda. Se
abstuvieron los restantes miembros: Argentina, Barbados, Belice, Granada,
Guyana, México, Saint Kitts y Nevis, Surinam y, Trinidad y Tobago.
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En medio de un cambio de jefes de
misiones diplomáticas que involucran a Cuba y Venezuela entre otras, el
gobierno español de Pedro Sánchez ha optado por bajar el rango a su
representación diplomática en Caracas.
Ya desde el mes de septiembre
pasado se conocía sobre el fin de las gestiones en Caracas del embajador Jesús
Silva Fernández quien fue designado Embajador en 2017 por el gobierno de
Mariano Rajoy. Silva, quien es blanco de usuales ataques por el régimen
chavista e incluso fue expulsado de Venezuela en 2018, ahora regresa a cumplir
funciones en el ministerio de Exteriores en Madrid. En su reemplazo ya había
sido anunciado el embajador que encabezaba la misión diplomática española en La
Habana desde 2018. En medios diplomáticos había circulado la versión según la
cual España no solicitaría al gobierno de Nicolás Maduro el debido placet para
Fernández Trigo. Esa decisión fue confirmada el 29OCT20 por la secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica Cristina Gallach.
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El embajador Juan Fernández Trigo
asumirá la jefatura de la Embajada de España en Venezuela en condición de
“Encargado de Negocios permanente” (e.p.) y no como Embajador. La decisión en
términos políticos significa un desaire a Maduro por cuanto la designación de
Fernández sólo será un trámite administrativo entre cancillerías y no un acto
que involucra a la jefatura del Estado. En términos diplomáticos, España se
suma a varios países europeos y latinoamericanos que han optado por mantener
abiertas sus misiones en Venezuela pero con un nivel inferior al de Embajador
como señal de un estado de “anormalidad” en las relaciones. España no reconoce
el proceso electoral del año 2018 en Venezuela por lo que desconoce la
legitimidad del gobierno de Maduro y no reconocerá las votaciones legislativas
convocadas para el 06DIC20.
El cambio de jefatura en la
misión española en Caracas coincide con la decisión del líder opositor Leopoldo
López de abandonar clandestinamente la sede de la Embajada española donde
permanecía refugiado desde el 2019. Sistemáticamente el régimen chavista se ha
negado a otorgar salvoconductos para facilitar la salida del país a los
perseguidos políticos que logran obtener la protección de misiones diplomáticas
extranjeras. López arribó a Madrid el 25OCT20 recibiendo la protección del
gobierno español y fue recibido por Pedro Sánchez el 27OCT20 en la sede del
PSOE.
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El 28OCT20 el gobierno español
habría entregado a los representantes diplomáticos de Maduro una nota verbal de
protesta. De esa manera el gobierno de España rechazaba los ataques vertidos
por Maduro contra su embajador en Caracas. “El Embajador racista, colonialista
y golpista, Jesús Silva, se va de Venezuela con plena garantía a su inmunidad
diplomática. Es un funcionario involucrado en la planificación de la incursión
marítima de la “Operación Gedeón” y en la fuga de Leopoldo López” había
tuiteado Maduro previamente. Incluso a
gobiernos como el español, que mantienen posiciones indulgentes con Maduro, les
resulta difícil llevar relaciones “normales” con el régimen.
Aparte de los ataques verbales
contra el diplomático español, el régimen chavista encendió una nueva ola
represiva con desapariciones forzadas, allanamientos de viviendas y apertura de
procesos judiciales contra personal del gobierno interino y especialmente
contra el periodista Roland Carreño, quien es un cercano colaborador de Juan
Guaidó y a quien el régimen le abrió un proceso judicial acusándolo de conspiración,
financiamiento del terrorismo y tráfico de armas de guerra.
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A partir del 03NOV20, el Senado
de Bolivia estará presidido por el líder cocalero Andrónico Rodríguez, delfín
de Evo Morales y vicepresidente de las “Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba”. Las “seis federaciones” son presididas por Morales y representan
la confluencia de la producción de coca y el control territorial que ejercen
los aliados de Morales en el departamento de Cochabamba.
El 18OCT20 se realizaron
elecciones generales en Bolivia con el propósito de renovar las dos cámaras de
la Asamblea Legislativa y para escoger un nuevo Presidente que reemplazara a la
presidenta encargada Jeanine Áñez. Tras las denuncias de fraude electoral en
las elecciones del 20OCT19, Evo Morales optó por presentar su renuncia al cargo
presidencial, abandonar La Paz para refugiarse en la zona cocalera del Chapare
y finalmente abandonar el país rumbo a México. La salida del país de Morales y
de su vicepresidente Alvaro García Linera, así como por la renuncia de la
presidente del Senado y militante del MAS,
Adriana Salvatierra, creó un vacío de poder que fue cubierto por la
senadora Añez quien procedió a formar un gobierno interino. La renuncia de
Morales ha sido presentada por la izquierda internacional como un “golpe de
Estado” calificando a Añez como una “dictadora”. El parlamento permanecíó bajo
control de cuadros de Morales quienes cercaron financieramente al gobierno de
Añez, mientras el partido MAS adelantó cruentas protestas procurando cercar
ciudades para evitar la circulación de alimentos, combustibles e incluso
suministros médicos para la pandemia.
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Para las elecciones del 18OCT20, el
castrochavismo internacional se volcó masivamente para garantizar su regreso al
poder en Bolivia, mientras los sectores democráticos bolivianos no presentaron
una oferta política ni una táctica unificada para hacer frente al gran aparato
montado para favorecer a Luis Arce, el candidato de Evo Morales. El apoyo
político, financiero, organizativo prestado a la candidatura de Arce se
materializó en una costosa campaña propagandística, equipos de encuestas y
análisis político, presencia de decenas de operadores extranjeros los días
previos a las votaciones, la implementación de un sistema computarizado con
sede en Buenos Aires para el registro de los votos, apoyo financiero para la
movilización de los cuadros del MAS en tareas proselitistas y de control de
centros de votación, amén del control territorial que ejercen grupos cocaleros
en algunas regiones del país. Según los cómputos oficiales, en algunas mesas de
votaciones situadas especialmente en el departamento de Cochabamba, el
candidato de Morales habría obtenido más del 90% de los votos, incluso en
algunas de ellas habría sumado el 100%. Los señalamientos de fraude electoral
masivo están circulando desde entones e incluso algunas organizaciones civiles
especialmente del departamento de Santa Cruz, han convocados protestas en las
cuales exige un pronunciamiento militar y el desconocimiento de la presidencia
del MAS. Con los resultados del 18OCT20 que fueron rápidamente reconocidos por
los contrincantes y, basado en un sistema de elección de parlamentarios que
sobre representa a sectores rurales, el partido de Morales logró recuperar la
Presidencia de Bolivia y el control de las dos cámaras legislativas.
El análisis de los resultados
electorales muestra que en las grandes ciudades de Bolivia, salvo en El Alto,
triunfaron los candidatos antimasistas y que el candidato del MAS logra la
presidencia con los votos procedentes de la dispersa geografía boliviana
controlada territorialmente por los partidarios de Morales.
Los candidatos antimasistas
Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no contaban con un aparato partidista
organizado que les permitiera realizar actividad proselitista durante la
campaña, ni tener supervisión adecuada de las mesas de votación. Tras la
renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura presidencial, Mesa no hizo esfuerzos
de acercamiento para unir esfuerzos ante el masismo. Camacho, por su cuenta,
prefirió ratificar su poderío político en el Departamento de Santa Cruz antes
de propiciar una alianza amplia. Durante su campaña, Mesa realizó sólo ocho
actividades de calle mientras el partido de Morales estaba en permanente movilización
obviando expresamente las medidas de protección ante la pandemia.
Los seguidores de Morales se
disponen a iniciar una persecución judicial contra los miembros del gobierno de
transición.
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Chile decidió iniciar un proceso
de cambio de su Constitución con el apoyo en las urnas de sólo el 39,6% del
total de electores chilenos.
En el “Plebiscito Nacional”
celebrado el 25OCT20 concurrieron a votar siete millones y medio de ciudadanos
equivalente a 50,9 % del total de electores. La validez del plebiscito no
dependía del porcentaje de electores participantes. Por la opción de cambiar la
Constitución se pronunciaron 5.886.421 votantes lo que representa el 78,2% de
los votos pero sólo el 39,6% de los electores inscritos.
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La izquierda chilena y
continental, que se adjudica los resultados como una victoria propia, resaltó
la “masiva” aprobación del cambio constitucional, pero las cifras señalan que
sólo una minoría se pronunció a favor de la medida. La baja participación
electoral chilena es una tendencia. En los procesos electorales presidenciales
de 2013 y 2017, con abstenciones por encima del 50%, Michelle Bachelet y
Sebastián Piñera fueron electos para ejercer la Presidencia con porcentajes de
votos de alrededor de 25-26% del total de potenciales electores.
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Los resultados del plebiscito
conducen a las elecciones del 11ABR21 para escoger a 155 “convencionales
constituyentes” quienes en un plazo máximo de un año deberán redactar un nuevo
texto constitucional el cual deberá ser sometido a referendo. Existe la
posibilidad teórica según la cual la actual Constitución no sea modificada en
caso de que el texto redactado por la Convención Constitucional sea rechazado
en las urnas.
El 23DIC19 Sebastián Piñera
refrendó la ley 21200, producto de un pacto político, la cual modificó
parcialmente la Constitución vigente para abrir paso al actual proceso de
reforma. Las normas establecidas buscan impedir que en Chile se reproduzcan los
eventos ocurridos en Venezuela, Bolivia y Ecuador donde las asambleas
constituyentes dominadas por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa se
adjudicaron poderes supraconstitucionales llegando incluso a obligar a la
disolución de los parlamentos preexistentes y al término adelantado del mandato
de autoridades previamente electas. El texto de la ley chilena dice que “la
Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de
otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes”.
Igualmente precisa que “mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución
esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención
negarle autoridad o modificarla. La Nueva Constitución no podrá poner término
anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que
aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una
modificación sustancial”.
Ante la situación hipotética de
que los constituyentitas intenten asumir la tesis aplicada en las reformas
constitucionales castrochavista, la ley advierte que “le quedará prohibido a la
Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos,
atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las
que expresamente le reconoce esta Constitución”.
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