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viernes, 30 de junio de 2023

Dinorah Figuera preside Gobierno de Venezuela según EEUU

Informe Otálvora del 23 de junio de 2023

Dinorah Figuera presidiendo una sesión de la Asamblea Nacional via Zoom el 13JUN23. Fotograma: @asambleanacional2023 



El gobierno de EEUU reconoce a la diputada Dinorah Figuera como la presidenta del Gobierno de Venezuela, según declaraciones brindadas el 21JUN23 por el Departamento de Estado a este Informe.

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En un intercambio vía email, oficial y citable, entre este Informe y un portavoz del Departamento de Estado concretado el 21JUN23, se pudo conocer que “la Presidenta de la Asamblea Nacional, Señora Dinorah Figuera, notificó al secretario Blinken que la Asamblea Nacional de 2015 está actuando como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. En consecuencia, “EEUU reconoce a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela (Government of Venezuela)”. Ergo, la diputada Figuera sería la presidenta del Gobierno de Venezuela. Las declaraciones del Departamento de Estado obtenidas el 21JUN23 confirman la información divulgada previamente por este Informe.

Hasta ahora, diversos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado se referían a la IV Asamblea Nacional de Venezuela como “la única institución elegida democráticamente que queda en Venezuela hoy”, pero las nuevas declaraciones de EEUU ahora la califican como “el Gobierno de Venezuela”.



Este Informe solicitó el 23JUN23 a Figuera un comentario sobre su reconocimiento por EEUU, pero no se obtuvo respuesta.

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El 20MAY23 este Informe reporto que, en la práctica, la diputada Figuera se había convertido el 05ENE23 en la Presidenta Interina de Venezuela al ser designada como Presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. Esa Asamblea, previamente presidida por Juan Guaidó, es reconocida por EEUU ante la ilegitimidad de las votaciones convocadas por el chavismo en 2018 para reelegir a Nicolás Maduro y en 2020 para elegir la Asamblea Nacional. 

“Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela” fue el título del Informe del 20MAY23, el cual anotaba que “la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer Presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó”. “Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho”.

Aparte del aspecto "noticioso" de las declaraciones del Departamento de Estado emitidas el 21JUN23 a este Informe, su contenido tiene consecuencias políticas, diplomáticas y legales. Finalmente se conoce los pasos seguidos por el gobierno de EEUU para el reconocimiento del nuevo gobierno interino venezolano y la justificación jurídica para los actos de gobierno que ejecute ese gobierno interino y sean válidos ante la justicia de EEUU. Semejante razonamiento es válido en el caso del Reino Unido.

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Este Informe hizo referencia a una conversación sostenida el 18MAY23  con Figuera quien rechazó que hubiese asumido la condición de “presidenta interina”, pero sí admitió que estaba ejerciendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Al ser consultada sobre cuáles funciones ejecutivas ya había asumido, afirmó que prefería no aportar detalles que pudieran “poner en peligro la seguridad de quienes están trabajando con nosotros desde Venezuela”. Es decir, si existía ya algún tipo de equipo ejerciendo funciones típicas del poder Ejecutivo, es decir, funciones de Gobierno.

Figuera, en aquella conversación anunció su inminente viaje a Washington planeado para finales del mes de mayo o principios de junio con el objeto de sostener reuniones, entre otros, con el Departamento de Estado. Para aquel entonces la agenda aún estaba en proceso de negociación. Figuera  autorizó a este Informe para difundir esa noticia pero, pocas horas después, solicitó que no fueran publicados los detalles de su planeado viaje alegando razones de su seguridad. El régimen chavista, por medio de su Fiscalía General, mantiene orden de captura contra Figuera.

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La publicación del Informe del 20MAY23 desató una curiosa ola de ataques, desde las llamadas redes sociales, procedentes del partido Primero Justicia en el cual pertenece Figuera. En su cuenta ella tuiteó “Ante la nueva ola de desinformación les digo a todos NO soy presidenta interina”. Este tuiteo fue borrado por su autora pocas horas después. Un vocero del partido Primero Justicia y asesor económico de Capriles Radonski, José Guerra, tuiteó que “hay una campaña orquestada (…) para destruir a Primero Justicia (…) se valen del desprestigiado Informe Otálvora”. Guerra también borró su tuiteo. Por su parte, la Asamblea Nacional tuiteó “ATENCION. Ante falsas informaciones publicadas en algunos medios, la AN legítima aclara: En diciembre del 2022 se dio fin al Gobierno Interino, NO está planteado ni es agenda de esta Institución retomar dicha figura”. 

Diversas fuentes revelaron que la cúpula del partido Primero Justicia no deseaba verse asociada a un nuevo gobierno interino temiendo que impactara negativamente en la figura de Henrique Capriles, su precandidato para las hipotéticas elecciones del 2024. Destituir a Guidó y elegir como Presidenta de la Asamblea Nacional a una militante de Primero Justicia habría sido parte de los acuerdos con otros partidos opositores, además de una ofrenda hecha al régimen procurando la celebración de las elecciones del 2024. La existencia desde 2019 hasta 2022 de un “gobierno interino”, sin poder real pero con reconocimiento legal y político internacional, ha sido una serie limitante a la capacidad de acción financiera internacional del régimen. La destitución de Guaidó y el supuesto fin de la “presidencia interina” eran objetivos de común interés para el régimen y para algunos sectores opositores.

La realidad política y jurídica se habría impuesto y al final la diputada Figuera, sin ella misma haberlo procurado, terminó siendo Presidenta de un gobierno interino reconocido por EEUU. Su viaje oficial a Washington habría sido pospuesto o suspendido porque los jefes de su partido intentan incluso disolver la Asamblea Nacional que una de los suyos preside.

 

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Sobre el planeado y suspendido viaje de Figuera a Washington, el Departamento de Estado dijo a este Informe que “EEUU se relaciona regularmente con actores democráticos venezolanos para discutir oportunidades de cooperación y esfuerzos para revitalizar la democracia en Venezuela. Remitimos a la Asamblea Nacional todas las preguntas relacionadas con el posible viaje de Dinorah Figuera”.

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Una nueva visita realizó a Venezuela el Enviado Especial Presidencial de EEUU para asuntos de rehenes, Roger D. Carstens. La visita del enviado especial y su delegación se realizó entre el 19 y el 21JUN23 durante la cual el enviado estadounidense habría sostenido encuentros con altos funcionarios del régimen en un intento para lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados y a quienes se siguen procesos judiciales amañados. Uno de ellos, el experto en computación Jarrel Lloyd Kenemore, se encontraría en una larga huelga de hambre en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según reportó la periodista basada en Venezuela Sebastiana Barraez.

Según Bloomberg, Carstens igualmente tenía en su agenda procurar la extradición del empresario malayo Leonard Glenn Francis acusado en EEUU por un caso de corrupción que involucra a las fuerzas navales estadounidenses.

El régimen chavista, como el cubano, utiliza a los presos estadounidenses como activos de negociación ante el gobierno de EEUU.

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El viernes 23JUN23 terminó la gestión de Armando Benedetti como Embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro. El exsenador y excoordinador de la campaña electoral de Petro presentó su renuncia en medio de una crisis de poder y corrupción entre Benedetti y la también renunciante jefa del gabinete presidencial Laura Sarabia.

La embajada colombiana en Caracas queda en manos de German Castañeda en calidad de Encargado de Negocios a,i. Castañeda ya en el pasado actuó como el segundo de la embajada colombiana en Caracas y era también el jefe de la misión  en 2019 cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y expulsó a todos los diplomáticos y funcionarios consulares colombianos. Castañeda, a su regreso a Bogotá, formó parte del equipo de la cancillería de su país que hacía seguimiento a Venezuela y fue seleccionado para escoltar a Benedetti dado su conocimiento del terreno.

Petro designó y, Maduro le otorgó en pocas horas el respectivo beneplácito, a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador de Colombia ante el régimen chavista. Rengifo politólogo tenido como experto en asuntos medioambientales, al igual que su antecesor Benedetti, carece de experiencia en misiones diplomáticas y estaría recibiendo entrenamiento básico en el Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana. Previamente, Rengifo trabajó como asistente durante el paso de Petro como parlamentario y luego lo acompañó en la Alcaldía de Bogotá.

Publicado originalmente en:



miércoles, 28 de junio de 2023

Lula y Maduro intercambiarán información de espionaje

Informe Otálvora del 02 de junio de 2023

Lula da Silva recibe a Nicolás Maduro en el Palacio de Planalto el 29MAY23. Foto: Presidencia de Brasil. 

La visita oficial a Washington de la presidenta interina de Venezuela, la diputada Dinorah Figuera, prevista para el 01JUN23, fue suspendida o pospuesta en medio de un fuerte choque entre las fuerzas opositoras venezolanas. En Washington el Departamento de Estado había organizado una agenda de trabajo con Figuera y una delegación que incluiría a varios miembros del “Consejo de Administración y Protección de Activos”, el órgano creado por la oposición venezolana para administrar los recursos del Estado congelados en el exterior. La existencia de un “gobierno interino” en Venezuela, según expertos en legislación estadounidense, es una necesidad para cubrir extremos legales por los gobiernos de EEUU y el Reino Unido.

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Figuera fue designada el 05ENE23 como presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocida por EEUU y el Reino Unido como la única instancia estatal legítima venezolana. Figuera reemplazó a Juan Guaidó como presidenta de lo que internacionalmente se conoce como la “IV Asamblea Nacional” pero su partido, Primero Justicia, prometió a los restantes miembros de la conjura contra Guaidó (Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) y a voceros del régimen, que Figuera no asumiría la “presidencia interina”, figura que los tres partidos decidieron disolver mediante una votación del 30DIC22. La “presidencia interina” del país por parte de quien sea electo presidente de la Asamblea Nacional es consecuencia de la ausencia de un mandatario legítimamente electo. El reconocimiento por EEUU de un gobierno interino ratifica la falta de legitimidad de Nicolás Maduro lo cual erosiona su capacidad de gestión internacional. El final del “gobierno interino” de Guaidó fue una buena noticia para Maduro pero ahora, en la práctica, existe un nuevo gobierno interino al cual EEUU ha autorizado a gestiones y al cual requerirá acciones.

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Figuera, quien reside en Valencia, España, en calidad de asilada política, debió asumir responsabilidades típicamente del poder Ejecutivo en cuando a las relaciones de Venezuela con EEUU y el Reino Unido especialmente en asuntos referidos a los activos del Estado venezolano congelados por esos gobiernos. De hecho, EEUU la autorizó mediante una licencia del Departamento de Tesoro, para negociar la deuda externa venezolana, tarea que corresponde constitucionalmente al poder Ejecutivo y no al Legislativo. Figuera rechaza enfáticamente que ella haya sido designada “presidenta interina” y niega que se haya constituido un gobierno interino.

Altos jefes del partido Primero Justicia calificaron como una “ola de desinformación” y “campaña orquestada” para “destruir” a ese partido la publicación en este Informe del 20MAY23 sobre la existencia en la práctica de un nuevo gobierno interino “con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó”.  Este Informe no es la noticia por lo tanto no dedica espacio para responder ataques recibidos.

El 18MAY23, en conversación para este Informe, Figuera había reconocido que estaba asumiendo “responsabilidades constitucionales”. Interrogada sobre cuáles responsabilidades, alegó mantener en secreto tales acciones para preservar la seguridad de quienes la están ayudando dentro de Venezuela.

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Primero Justicia, el partido en el cual milita Figuera, está presentando como precandidato presidencial, para las hipotéticas elecciones de 2024, al excandidato Henrique Capriles Radonski quien fue uno de los principales motores para defenestrar a Guaidó. Capriles promueve un cambio de la línea política de EEUU hacia la dictadura venezolana y teme que la pérdida de los activos en el exterior, que ahora están en manos de una militante de su partido, le sean cobrado electoralmente. En las últimas semanas, ante la evidencia de que por la fuerza de los hechos Figuera adquirió, sin proponérselo, la condición de jefe del Ejecutivo, el partido de Capriles ha propiciado ante las otras fuerzas políticas opositoras el cierre de la Asamblea Nacional a la vez que abortaba la visita de Figuera a Washington.  

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Tras el arribo a Brasilia de varios vuelos que transportaron a numeroso y ostensivo personal de seguridad y miembros del gobierno chavista, la noche del 28MAY23 Nicolás Maduro aterrizó en la capital brasileña. Ni el Palacio de Planalto ni la cancillería de Itamaraty habían informado a los medios sobre el arribo de Maduro, quien sólo aparecía en la lista de los probables asistentes a la cumbre suramericana convocada por Lula para el 30MAY23. La última ocasión en la cual habían coincidido Lula y Maduro, al menos públicamente, ocurrió en Cuba. Raúl Castro convocó a los hijos predilectos de la revolución cubana desperdigados por el Continente para rendir homenaje a Fidel Castro, cuyas cenizas serían colocadas al día siguiente, el 04DIC16, en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.

La organización del viaje de Maduro a Brasilia fue acordada el 08MAR23 cuando el  miembro del Grupo de Puebla, “asesor especial de la Presidencia” y operador de la diplomacia paralela, Celso Amorim, visitó Caracas. Desde el mes de marzo la diplomacia paralela de Lula planeaba realizar en Brasilia un gran evento suramericano que permitiera la retomada de la agenda regional. Inicialmente habría sido evaluada la opción de convocar a una reunión cumbre de la Unasur para confirmar su renacimiento. Esa opción habría sido dejada a un lado prefiriéndose un esquema genérico de “reunión presidencial suramericana”, en un formato restringido a un “retiro” de los presidentes, sin temario previo, lo que le permitiría a Lula garantizar la presencia de todos los mandatarios regionales con la excusa de la integración. A última hora, la cancillería brasileña informó a los participantes que la reunión no sería un “retiro privado” sino una reunión con presencia de presidentes, ministros de exteriores y delegaciones de la cual debería surgir, además, una declaración.

Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 08ABR23, la decisión de Lula y Maduro fue hacer coincidir su reencuentro oficial con la cumbre suramericana. Aparte de demostrar la alianza política natural entre dos hijos de la revolución cubana, el plan permitía a Lula brindar a Maduro una alfombra de lujo para su retorno a los espacios diplomáticos regionales de los cuales había sido excluido desde la creación del Grupo de Lima el 08AGO17 como consecuencia de la ruptura del orden democrático en Venezuela.  

La presencia de Maduro en Brasilia tendría entonces un doble carácter: una visita oficial el lunes 29MAY23 y la participación en la cumbre suramericana el 30MAY23.  La invitación a Maduro y el texto redactado por Brasil como proyecto de declaración generaron malestar entre los mandatarios de Ecuador, Uruguay y Paraguay quienes llegaron a Brasilia quejándose por la presión de Lula para declarar el renacimiento de Unasur y forzarlos a adquirir compromisos claramente ideológicos.

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Cuando Maduro aterrizó en Brasilia lo esperaba su vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez quien ejerce como verdadera encargada de las relaciones exteriores del régimen. Rodríguez junto al ministro de exteriores nominal, Yvan Gil, habían previamente realizado una gira por el Caribe y llegaron a Brasilia como parte de los preparativos de la visita de su jefe mantenida en secreto hasta entonces. Versiones recogidas en Brasilia sugieren que los aviones que transportaban a Maduro y a sus acompañantes, habrían intentado burlar los sistemas de rastreo de aeronaves,

En la mañana del 29MAY23, Lula y su esposa recibieron en la cumbre de la rampa del Palacio de Planalto a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores quienes llegaron con un notable esquema de seguridad. El programa contemplaba una sesión fotográfica del recibimiento, una sesión privada entre Lula y Maduro, una reunión de trabajo, una rueda de prensa y, en la usual rutina brasiliense, Lula ofrecería en el Palacio de Itamaraty un almuerzo a Maduro y su delegación.

En la reunión de trabajo de las delegaciones se produjo un hecho inusual. La primera dama de Brasil, Janja de Lula, fue sentada en la mesa de reunión a la derecha de su marido desplazando al canciller Mauro Viera. Al otro lado, Maduro sentaba a su derecha a su esposa Cilia Flores y pocas sillas a la derecha, colocó a su hijo Nicolás Maduro Guerra. Aquello parecía una reunión de familias y no un evento oficial. La visita era de carácter político y así quedaba confirmado. Un acto de firma de documentos prevista para la tarde debió ser suspendida ya que los documentos apenas estaban siendo negociados y redactados.

Tras la “reunión de trabajo” se produjo una “rueda de prensa” que duró más de una hora, en la cual Maduro y Lula pronunciaron largos discursos y tomaron sólo un par de preguntas. La “rueda de prensa” fue el evento principal de la jornada. Lula se tomó su tiempo para defender a su camarada Maduro.

Durante sus intervenciones ante la prensa el 29MAY23, Lula afirmó que Maduro era víctima de una “narrativa” creada por sus enemigos. Atacó al ya desaparecido gobierno interino de Juan Guaidó a quien calificó como “impostor”. No hizo referencia alguna a la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Confesó haber hecho gestiones ante sus “amigos europeos” y de EEUU para que desistieran de las sanciones impuestas a altos jerarcas chavistas y a empresas estatales venezolanas. En un momento de alucinación afirmó que pretendía retomar la compra de electricidad venezolana para surtir al amazónico estado de Roraima, olvidando u obviando que el suministro eléctrico fue suspendido por la incapacidad del gobierno Maduro de garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico venezolano. En alguna de sus palabras, también Lula anunció que pretende impulsar un nuevo acuerdo de defensa suramericano como el creado en el marco de Unasur.  

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Al día siguiente del encuentro Lula-Maduro fueron firmados y publicados dos acuerdos y una “Declaración Conjunta”. Un acuerdo genérico sobre cooperación entre cancillerías que invocaba un acuerdo firmado en 1973 por Rafael Caldera y Emílio Garrastazu Médici. Un acuerdo mediante el cual el gobierno Lula se compromete a apoyar “en materia agroalimentaria” al Ministerio de las Comunas y Movimientos sociales de Maduro.

La Declaración Conjunta contempla 55 párrafos-temas. Algunos de ellos en el límite del absurdo como el punto 54 donde se comprometen a “apoyar la promoción y protección de los derechos humanos” contrastando con las investigaciones que a nivel de la ONU y de la Corte Penal Internacional se siguen al régimen chavista por sistemática violación de DDHH.  

Llamativo el punto 38, que parece imitar el esquema que está utilizando la dictadura venezolana para infiltrar a los organismos de seguridad e inteligencia de Colombia con la venia del gobierno Petro. Lula y Maduro se comprometieron a “aumentar la conexión (usaron la palabra articulação) de los órganos de inteligencia” y “fortalecer las redes de informantes”. El 23MAR23 en Washington, el expresidente colombiano Iván Duque había denunciado que entre los temas que manejan Petro y Maduro se encontraría el intercambio de información sobre operaciones de inteligencia. La dictadura venezolana está interesada en tener acceso a información sobre las operaciones de inteligencia de las fuerzas militares colombianas han desarrollado con EEUU y el Reino Unido en las últimas décadas. Además, Duque dejó saber que el gobierno Petro abrió, a solicitud de Maduro, investigaciones a altos oficiales de Colombia que han participado en operaciones contra organizaciones narcoguerrilleras colombianas protegidas por el chavismo. Pareciera que Maduro intenta valerse de su alianza con Lula para intentar infiltrar los servicios de inteligencia brasileños.

En el punto 18, Lula y Maduro se comprometen a “retomar discusiones sobre la suspensión de Venezuela en Mercosur”, obviando que uno de los motivos de la expulsión de Maduro del Mercosur el 05AGO17 fue la violación de la “cláusula democrática” del organismo por parte del régimen chavista.

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Salvo el gobierno de Perú que se hizo representar por el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, los mandatarios de Suramérica asistieron a la reunión convocada por Lula. El evento tuvo lugar, a puertas cerradas, en el Palacio de Itamaraty donde Lula igualmente ofreció un almuerzo de estado a los asistentes y se contemplaba una inusual cena de Estado en el Palacio de la Alvorada en horas de la noche. Desde varios días antes se produjo un choque de posiciones que quedó patente en las deliberaciones. Un texto con el pretensioso título de “Consenso de Brasilia” que habría sido redactado en la presidencia de Brasil y no en su cancillería, fue enviado a los participantes pocos días antes del evento. Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron su rechazo al texto que exaltaba a Unasur y establecía un mecanismo para que en un plazo de 120 días propusieran una ruta para recrear Unasur. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou fue el líder de la reacción contra el intento de imponerse por parte del bloque castrochavista. En su discurso inaugural, el único transmitido por la Tv, Lula se refirió largamente a Unasur, alabando a la organización suramericana colonizada por el castrochavismo y abandonada por la mayoría de los gobiernos de la subregión. Como es usual en estos casos, mientras los mandatarios hacían sus discursos, sus delegaciones negociaban el contenido del texto que sería suscrito. Al final, Lula no pudo imponer su proyecto de revivir Unasur, palabra que no aparece en la declaración final. El perentorio plazo de 120 días que exigía Lula fue diluido en una convocatoria sin fecha ni sede, en la cual los cancilleres presentarán “una hoja de ruta para la integración de América del Sur”.

Por cierto. Cada participante en la reunión tenía derecho a hacerse acompañar de su canciller y de dos asesores. Maduro llevó a su “canciller” y colocó a sus espaldas a su hijo Nicolas Maduro Guerra y a su ayudante de cámara el capitán Juan Escalona. Petro colocó a sus espaldas a la ahora defenestrada Laura Sarabia.

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Los términos en los cuales se había referido Lula a Maduro y a la situación venezolana el día anterior, generó reacciones públicas de los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay Lacalle Pou. El uruguayo, al momento de su intervención en la reunión, optó por transmitirla vía streaming desde su celular con lo cual logró hacer público su rechazo a la posición del anfitrión ante la situación en Venezuela. “Esta reunión estuvo antecedida, no sé si de forma planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Yo me quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa” afirmó Lacalle ante Lula, Maduro y los restantes participantes. “Si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela, se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”. Por su parte, el presidente chileno hizo conocer a la prensa lo que había sido su posición en el evento a puertas cerradas: “la situación de los derechos humanos [en Venezuela] no es una construcción narrativa, es una realidad seria”.

Por su parte, sectores opositores brasileños reaccionaron ante la presencia de Maduro en Brasilia. La Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil, celebró una sesión el 31MAY23 para debatir sobre el recibimiento de Maduro por parte de Lula. En la sesión fue aprobada una declaración “repudiando la visita oficial del presidente y dictador de Venezuela”. “Esta comisión repudia el tratamiento omiso, inadecuado y lamentable que el gobierno brasileño está concediendo al dictador venezolano…”. En una segunda sesión, la misma comisión se reunió para sostener una conversación, vía Internet, con Juan Guaidó. Por cierto, María Teresa Belandria, quien actuara como embajadora de Venezuela en Brasil designada por Guaidó, estuvo presente en las sesiones de la comisión por invitación especial.

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Gustavo Petro y Maduro sostuvieron un encuentro en el Palacio de Itamaraty en Brasilia el 30MAY23, en paralelo a la cumbre convocada por Lula. En la ocasión sus cancilleres Álvaro Leyva e Yván Gil suscribieron un acuerdo elaborado por la cancillería colombiana, mediante el cual se crea una “Comisión de Vecindad e Integración” encabezada por los cancilleres “para revisar los temas de interés común” especialmente en asuntos fronterizos. Curiosamente, mientras Petro y Maduro negociaban y firmaban documentos, el embajador de Petro ante Maduro, Armando Benedetti, se localizaba en California, EEUU, visitando a uno de sus hijos.

Petro permaneció en Brasilia hasta la noche del 31MAY23, ya que ese día estaba planificada una visita oficial de trabajo con Lula. Mientras Petro permanecía en Brasil, en Colombia se desarrollaba una crisis que involucraba a la poderosa jefa del gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, y a Benedetti, el hombre fuerte de la campaña electoral de Petro y candidato a ocupar altos cargos en su gobierno. Casualmente los dos operadores más importantes en las relaciones entre Petro y Maduro. Benedetti y su antigua secretaria Sanabria mantenían una creciente pugna de poder que se materializó en un caso de secuestro de una empleada doméstica que había trabajado primero en casa de Benedetti, sirvió en la campaña de Petro y fue contratada como niñera por Sarabia. La niñera Marelbys Meza fue sometida a polígrafo y su teléfono fue intervenido por la policía colombiana ante la acusación de la pérdida de una fuerte suma de dinero de casa de Sarabia ocurrido en febrero pasado. Benedetti habría intervenido en el caso, trasladó a Meza en vuelo privado a Caracas y la hospedó en la residencia de la Embajada, mientras el caso de Meza se hacía público y se convertía en un escándalo político.

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El 02JUN23 Petro anunció la salida de Sarabia y de Benedetti de su gobierno. El hecho, además, representa que el manejo de los temas con Venezuela estará regresando nuevamente a la Cancillería de San Carlos.

La embajada de Colombia ante Maduro será objeto de una total revisión. Benedetti había exigido que la segunda posición en la misión diplomática fuera ocupada por Lorena Arboleda, periodista con maestría en Relaciones Internacionales que participó del comando de campaña de Petro y que nunca formó parte del personal diplomático colombiano. Tras un corto curso de introducción en la Cancillería de Colombia, Arboleda fue enviada a Venezuela como segunda de Benedetti quien solía encargarla de representarlo en actividades diplomáticas en Caracas. Dadas las rutinarias y largas ausencias de Benedetti y de su asistente Arboleda de territorio venezolano, usualmente sin el necesario permiso de la cancillería de Colombia, Germán Castañeda habría estado encargado de la misión en Caracas en varias ocasiones. Castañeda, funcionario de la cancillería colombiana y quien ya anteriormente fue Encargado de Negocios en Venezuela y encabezaba la misión cuando Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos en 2019.

Publicado originalmente en:



jueves, 30 de marzo de 2023

Develados turbios negocios de Maduro y familia Petro

Armando Benedetti, Gustavo Petro, Laura Sarabia y Alvaro Leyva en la embajada de Colombia en Caracas el 07ENE23.  Foto:@aabenedetti 

Informe Otálvora del 10 de marzo de 2023


El gobierno de Gustavo Petro rápidamente se ha cubierto de señales de corrupción y vínculos con el narcotráfico que habrían comenzado incluso desde la propia campaña electoral.

Información hecha pública por su exposa, dan cuenta que el hijo del presidente de Colombia, Nicolas Petro Burgos, recibió importantes sumas de dinero de reconocidos narcotraficantes destinados a financiar la campaña electoral de su padre.

Nicolas Petro Burgos, además, tras haber triunfado su padre en las elecciones del 19JUN22, adelantó a su exesposa Day Vásquez que él haría grandes negocios con la empresa petroquímica Monómeros, propiedad del estado venezolano y localizada en Barranquilla, Colombia. “Esto es para una vaina grande que vamos a manejar” habría dicho Nicolas Petro a su exposa, según la Revista Semana.

Tal como reportara este Informe, Petro y su embajador ante Maduro, Armando Benedetti, mostraron especial interés en avanzar rápidamente en la devolución de Monómeros a la dictadura chavista ya que la empresa permanecía bajo control de representantes de la oposición venezolana.

La junta directiva designada por Maduro, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 09SEP22, incluyó a dos ciudadanos colombianos, Rodrigo Ramírez Salazar y Cristóbal Padilla Tejeda vinculados con el gobierno Petro. El 19SEP22, el embajador de Maduro en Bogotá, Félix Plasencia, firmó con el superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, un acuerdo mediante el cual Colombia devolvía Monómeros al régimen chavista y reconocía la junta directiva designada por Maduro. Tres días después, el embajador Benedetti ya anunciaba el primer gran negocio entre el gobierno Petro y Monómeros con la compra de 16 mil toneladas de urea a Venezuela.

Hoy en día se sabe que Rodrigo Ramírez, el directivo de la empresa Monómeros designado por Maduro, es amigo, socio y compañero de política del hijo de Gustavo Petro. Además, el embajador Benedetti y Nicolás Petro son aliados políticos en la costa colombiana. Benedetti fue el jefe de campaña de Gustavo Petro la cual habría recibido dinero del narcotráfico por intermedio de Nicolas Petro. Mucha tela de donde cortar…

La noche del 11MAR23 circulaban en Bogotá rumores sobre la renuncia o virtual destitución de Benedetti. Gustavo Petro llamó con carácter de urgencia a su embajador a Bogotá y lo recibió el 09MAR23 en la Casa de Nariño. El tema de Nicolás Petro habría sido el asunto que motivo esa citación del embajador y asesor a Palacio.

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Y por si fuera poco. La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, incluyó en su viaje a Italia con visita al papa Francisco en el Vaticano el 14ENE23 y en su viaje a Caracas para reunirse con Cilia Flores en el Palacio de Miraflores el 31ENE23, a un empresario amigo de la familia de nombre Manuel Grau, a quien presentó como funcionario público asesor del despacho de la Primera Dama. Grau forma parte de un grupo de españoles que recibieron la nacionalidad colombiana a pocas semanas de la toma de posesión de Petro, alguno de ellos relacionado con la banda terrorista Terra Lliure. Verónica Alcocer visitó el Palacio de Miraflores sin hacerse acompañar de funcionarios de la cancillería colombiana.

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Por cierto. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, viajó a Venezuela el 07MAR23 con el exclusivo propósito de sostener una reunión privada con Nicolás Maduro. El encuentro se produjo en momentos cuando en Ciudad de México se discutían detalles finales de un acuerdo entre Petro y la narcoguerrilla del ELN. Como ya había ocurrido durante la visita de la primera dama colombiana a Miraflores, Leyva Durán no se hizo acompañar del embajador Benedetti o alguno de los funcionarios diplomáticos acreditados por Colombia en Caracas. Muchos secretos al parecer corren entre Gustavo Petro y Maduro.  

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A propósito de los diez años del anuncio de la muerte de Hugo Chávez, se produjo el 05MAR23 en Caracas una concentración de las principales cabezas del castrochavismo continental. En el evento central con Nicolás Maduro como maestro de ceremonia, tomaron la palabra el nicaragüense Daniel Ortega, los exmandatarios de Bolivia, Ecuador y Honduras, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya, el primer ministro de San Vicente y Granadinas Ralph Gonsalves presentado por Maduro como “el King león del Caribe”, el presidente de Bolivia Luis Arce y el cierre correspondió a Raúl Castro. En el presídium, en segunda fila aparecía entre otros activistas extranjeros, el brasileño João Pedro Stédile, jefe del violento “Movimiento de Trabajadores Sin Tierra”, encargado de los “movimientos sociales” de la alianza castrochavista ALBA y cabeza del aparato de choque callejero del partido de Lula da Silva.  

El acto formó parte de un conjunto de eventos para la exaltación de Chávez y la celebración de diez años de permanencia de Maduro en el poder. El chavismo se siente cómodo, la presión internacional se ha reducido, la oposición interna está enfocada en una lucha intestina por la candidatura para unas hipotéticas elecciones y, como en tiempos de Chávez, nuevamente el régimen organiza eventos festivos de amalgamiento político en Caracas con sus aliados extranjeros. La presencia de Castro, poco dado a viajar fuera de Cuba, dejaba ver la continuidad del eje La Habana - Caracas como epicentro de la agenda política castrochavista que a su vez extiende manto protector a la dictadura de Daniel Ortega. El colombiano Gustavo Petro no asistió al evento de recordación de su viejo amigo Chávez pero estuvo representado por su embajador ante Maduro, Alberto Benedetti. La ausencia de Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Lula da Silva dejó en el ambiente que no todo es armonía entre las distintas alas de la izquierda continental.

La posición crítica del chileno Gabriel Boric con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, el distanciamiento preventivo de Lula y Petro con la dictadura de Nicaragua, los enfrentamientos entre Evo Morales y el presidente Luis Arce en Bolivia y de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández en Argentina, mantienen focos de perturbación al interior de la aparentemente homogénea izquierda continental.

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Lula da Silva se está proponiendo como intermediario en el conflicto político venezolano. Celso Amorim, mano derecha de Lula en asuntos de diplomacia paralela, tras visitar Caracas afirmó que “Brasil será ciertamente un actor importante y reconocido” (…) “oí palabras de agradecimiento por la visita de todos con quienes conversé”. Al parecer Amorim se refería al proceso de negociaciones que Maduro y algunos sectores opositores han mantenido en México con auspicio de EEUU y que permanece paralizado desde noviembre pasado por decisión del régimen chavista.

Para una primera aproximación directa con Nicolás Maduro tras la toma de posesión del 01ENE23, Lula da Silva no envió a Caracas a su canciller Mauro Vieira, sino a su asesor presidencial, excanciller, fundador del Grupo de Puebla y ahora encargado de la diplomacia presidencial directa Celso Amorim. La selección de Amorim para esta misión reveló el carácter estrictamente político de la agenda. El viaje del enviado de Lula se mantuvo en total secreto en Brasilia y sólo se hizo público cuando Amorim se encontraba, el 08MAR23, ya reunido con Maduro en el Palacio de Miraflores, lugar bien conocido por el brasileño quien en el pasado actuó como emisario directo entre Lula y Hugo Chávez. El actual cargo oficial de Amorim es “Asesor Especial de la Presidencia de la República” pero en la práctica está ejerciendo como un canciller en paralelo.

Según la versión de Maduro la visita tenía como propósito reactivar las relaciones entre los dos países. En Brasilia, en tanto, voceros del gobierno dejaron correr la versión según la cual el principal propósito de la conversación era ratificarle a Maduro la posición de Lula en cuanto a la necesidad de realizar elecciones presidenciales “competitivas” en 2024, ya que según Amorim, Brasil “da gran importancia al proceso democrático que se está diseñando” en Venezuela. No queda muy claro a cuál “proceso democrático” se refiere el brasileño, pero en medios diplomáticos y de prensa en Brasilia se daba por descontado que este mensaje a Maduro se corresponde con el ofrecimiento de Lila al gobierno de EEUU para actuar como moderador en la crisis venezolana. En todo caso Amorim dejó saber a la periodista Janaina Figueiredo de OGlobo que al momento de tocar el tema electoral al dictador venezolano lo hizo suavemente, “no de manera que pareciese que yo estaba colocando en duda que eso [las elecciones] ocurrirá”. Ya en Brasilia, Amorim dijo a la prensa que había visto en Venezuela “un clima muy grande de incentivo a la democracia”.

El enviado de Lula sostuvo además un encuentro con varios representantes de la oposición, el cual no fue hecho público por los participantes en Caracas. Amorim sólo precisó haberse encontrado con miembros del grupo de partidos denominado G4, específicamente con Henrique Capriles Radonski del partido Primero Justicia archirrival de Juan Guaidó en el actual pleito por una candidatura opositora para las hipotéticas elecciones de 2024. En 2012 y 2013 el entonces candidato presidencial Capriles Radonski habría recibido respaldo financiero de empresas brasileñas que simultáneamente hacían donaciones al partido oficialista PSUV.

Amorim también se habría reunido igualmente con Gerardo Blyde, el jefe de la delegación opositora en las paralizadas negociaciones de México y con otros representantes partidistas como el prooficialista Timoteo Zambrano.

La opositora María Corina Machado no estuvo en la lista de los visitados por el enviado de Lula.

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Según Amorim, entrevistado por Figueiredo el 10MAR23, Maduro habría reconocido que el gobierno de Venezuela adeuda a Brasil cerca de mil millones de dólares y habría ofreció pagar “cuando pueda”. Este punto desmintió la versión expuesta el 23ENE23 por Lula en Buenos Aires, donde afirmó que Maduro estaba en mora con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, porque el gobierno de Jair Bolsonaro no quería recibir los pagos.  Según cifras oficiales, al 30SEP22 los pagos vencidos y no cumplido por Venezuela sumaban US$ 682 millones además de US$ 120 millones prontos a vencer. Esta deuda corresponde con desembolsos por más de 1,5 millardos que el BNDES, bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, realizaron especialmente a favor de constructoras brasileñas que mantenían contratos con el régimen chavista y que, simultáneamente, financiaban a Lula y su partido.

Tras el paso de Amorim por Caracas, la cancillería de Maduro envió el 10MAR23 a Brasilia un funcionario de tercer escalón, el viceministro para América Latina, con el objeto de sostener reuniones de coordinación con la cancillería brasileña de Itamaraty para diseñar una agenda de trabajo bilateral.

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Apenas dos días después del paso del enviado de Lula por Caracas pidiendo elecciones “competitivas”, el régimen chavista confirmó lo que no es secreto. Jorge Rodríguez, alto jerarca del régimen y negociador en nombre de Maduro, dejó saber que “no va a firmar ningún acuerdo, con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté cien por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales”.

Los sectores de la oposición que participan en las pláticas llamadas negociaciones de México, han alegado que persiguen justamente, alcanzar acuerdos para unas elecciones generales “competitivas”. Cuando fueron retomadas las conversaciones el 26NOV22, la oposición empujada por el gobierno de EEUU, suscribió un acuerdo para procurar la liberación de recursos financieros del estado venezolano congelados por gobiernos y bancos extranjeros. El gobierno de Joe Biden, dando como bueno ese acuerdo, procedió ese mismo día a liberalizar algunas sanciones al régimen incluyendo el permiso para que la petrolera Chevron reiniciara explotación y exportación de crudo desde Venezuela y suministrara a la estatal Pdvsa de insumos procedentes de EEUU. Desde entonces el gobierno Maduro se ha negado a retomar las conversaciones con la oposición la cual había prometido que a partir de una segunda ronda, a celebrarse en diciembre de 2022, comenzaría la negociación “de fondo” sobre los aspectos políticos, es decir, condiciones electorales entre otros.

El régimen chavista nuevamente ha dejado saber que no negociará condiciones electorales, condicionando posibles acuerdos a que EEUU y la Unión Europea anulen las sanciones que pesan sobre cientos de altos jerarcas del chavismo y sobre las empresas estatales.

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jueves, 7 de enero de 2021

Tema Venezuela en espera de decisiones de Biden

Informe Otálvora del 26 de diciembre de 2020

Joe Biden reunido el 12FEB15 con opositores venezolanos encabezados por Lilian Tintori. Foto: Twitter Juan S. Gonzalez @Cartajuanero



La crisis venezolana no es un tema prioritario en la agenda de arranque del gobierno de Joe Biden, como tampoco lo fue para los anteriores mandatarios de EEUU.

Los primeros movimientos de Biden hacia Latinoamérica, incluyendo una conversación con el mandatario mexicano del 19DIC20, adelantan el interés de Biden en atender el tema migratorio. Por cierto, el comunicado del equipo de Biden sobre su conversación con López Obrador deja ver que la nueva administración estadounidense seguirá intentando frenar la llegada de migrantes latinoamericanos. Según el comunicado, Biden y AMLO hablaron de “lidiar con las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México” y “discutieron la colaboración en un nuevo enfoque de la migración regional que ofrece alternativas a emprender el peligroso viaje a los EEUU”. Biden ofreció “un nuevo enfoque ordenado y humano de la migración que respete las normas internacionales sobre el trato de las solicitudes de asilo”. Hasta la fecha sólo AMLO ha recibido una llamada telefónica desde la oficina del presidente electo.

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Diversas fuentes aseguran que no existe una posición definitiva sobre el enfoque que el gobierno Biden asumirá ante la crisis venezolana, tema que está concatenado con las líneas de acción hacia Rusia, Irán, China y Cuba.

El venezolano Pedro Mario Burelli Briceño, quien reside en Washington y sigue con minuciosidad la política de EEUU hacia Venezuela, en un artículo del 19DIC20 solicitado por la revista bogotana Semana, expuso sus predicciones sobre las medidas de Biden hacia Venezuela: “se mantendrán las sanciones individuales, las sectoriales serán revisadas”, “no se detendrá la actuación de un poder judicial semiautónomo”, “continuará la presión de decenas de aliados democráticos”, se implementarán “sanciones inteligentes”, habrá más “más acción multilateral” con “mejor engranaje con Europa”, “la reactivación del Grupo de Lima” y “negociaciones para lograr la entrada masiva de ayuda humanitaria”.

Pero el tema epicentral del modelo que la nueva Casa Blanca implemente hacia Venezuela pasa por la posición que adopte ante el status quo creado con la existencia de un gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó que se sustenta en el desconocimiento de los resultados de las votaciones parlamentarias efectuadas por el régimen el 06DIC20. El gobierno Trump ha dejado saber que mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa el 06DIC15 y a Guaidó como el Presidente de esa Asamblea y en consecuencia como Presidente encargado de Venezuela. A ese status quo se le denomina en Venezuela como “continuidad constitucional”. En esa posición coinciden Colombia, Canadá, Reino Unido, Brasil y el departamento de Estado de Trump, pero en la Unión Europea y dentro de la propia alianza opositora venezolana ese esquema está siendo puesto en duda.

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La Unión Europea no reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela debido a que por lo menos cuatro gobiernos del total de veintisiete miembros no lo aceptan. Pero hasta ahora la UE reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional. La UE no reconoció el proceso de votaciones del 06DIC20 y por lo tanto no reconocerá la legitimidad de los diputados que el 05ENE21 comenzarán funciones legislativas bajo el amparo del gobierno Maduro. Se espera que a más tardar el 06ENE21 el Alto Representante Josep Borrell emita un comunicado dejando constancia del desconocimiento a la legislatura que instalará el chavismo. Pero como manifestara Borrell en rueda de prensa del 07DIC20, los cancilleres de la UE no han llegado a una conclusión sobre la posición que asumirán ante lo que parece un vacío legal de poder por cuanto la Unión Europea no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y tampoco dará valor a su poder legislativo. De hecho, en la reunión de ministro de Exteriores de la UE y Latinoamérica convocada por Alemania y celebrada el 14-15DIC20 no fue invitado ninguno de los dos gobiernos de Venezuela.

Aparte de las consideraciones de política exterior, la falta de una decisión sobre Venezuela por parte de la UE refleja el compás de espera abierto en múltiples temas internacionales, en espera de los cambios de señas que podrían comenzar a llegar desde Washington a partir del 20ENE21.

La próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE está convocada para el 25ENE21, la agenda aún no ha sido confeccionada pero en esa ocasión podría concretarse la posición europea ante la nueva situación en Venezuela. Mantener el reconocimiento a Guaidó como cabeza de la Asamblea Nacional, el reconocimiento a regañadientes del gobierno Maduro, mantener un estado de indefinición que permita la permanencia en Caracas de las embajadas europeas y de la oficina de la UE. Las opciones siguen barajándose entre los ministerios de Exteriores europeos mientras desde Caracas las distintas facciones en que se ha dividido la oposición, así como aliados y operadores internacionales del chavismo, intentan influir en la postura europea.

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Según un operador de Juan Guaidó localizado en EEUU quien no forma parte de su cuerpo “diplomático”, consultado para este Informe, aseguró que ya habrían sostenido contactos con miembros del equipo de transición de Biden, aunque no precisó el nivel de esos contactos y las conclusiones del mismo El embajador de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, no atendió las consultas para este Informe sobre el mismo tema. Fuentes venezolanas situadas en Washington vinculadas con Henrique Capriles Radonski aseguran que el excandidato presidencial quien ahora reta el liderazgo de Guaidó, mantuvo contactos directos con el equipo de Biden antes de las elecciones del 03NOV20. En esos contactos Capriles habría expuesto su tesis sobre la finalización del mandato de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015 y la necesidad de que EEUU cese en su apoyo a Guaidó y respalde un nuevo esquema. En general, todo indica que se ha estado generando un flujo de mensajes desde los varios grupos opositores y desde el gobierno Maduro hacia posibles interlocutores en el entorno de Biden. Un consultor político venezolano que asesora campañas en diversos países de la región y que opera desde Washington, aseguró a este Informe que son más los mensajes que salen desde Caracas que las respuestas que llegan desde el equipo Biden. Además pareciera que el equipo más cercano a Biden está actuando con particular discreción evitando o limitando contactos directos con voceros extranjeros tratando de evitar una situación equiparable a la sostenida por el equipo de Donald Trump con respecto a Rusia en las elecciones y la transición del año 2016.

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El frente opositor que dio piso al gobierno provisional de Juan Guaidó se encuentra en trámites de disolución o, en todo caso, en procura de un difícil modus vivendi entre liderazgos que no se muestran dispuestos a congeniar una táctica compartida y mucho menos una estrategia común. No es un secreto que Henrique Capriles Radonski y Julio Borges (este último aún funge desde el exilio como canciller de Guaidó) están abiertamente enfrentados a Leopoldo López y a Guaidó. Radonski y Borges preparan su aparato partidista para participar en elecciones regionales que convocará el régimen. López y Guaidó se mueven dentro de un esquema promovido también por el Departamento de Estado de Trump que busca un gobierno de transición con participación del chavismo sin Maduro. No existe un plan opositor común que pueda ser presentado al nuevo gobierno de EEUU y, por el contrario, cada grupo está procurando ganar la voluntad de los asesores de Biden. 

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Los aliados internacionales del régimen chavista y sectores empresariales domésticos, propugnan una fórmula que ha sido expuesta por el expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero, el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano y por el empresario venezolano  Alberto Vollmer de Marcellus.

Samper resumió en un tuitéo del 23DIC20 la versión que maneja la izquierda global para “encontrar una salida pacífica a la crisis de Venezuela”, la cual supone que la Unión Europea “se baja de la entelequia de Guaidó” y “Biden flexibiliza el bloqueo económico”, mientras tocaría a Maduro aceptar “una refrendación democrática de un acuerdo”  y la oposición deberá “coincidir en algo”. No queda muy claro a que se refiere Samper con el término de una “refrendación democrática”.

Zapatero, en entrevista con el canal Antena 3 reiteró lo que había afirmado el 06DIC20 desde Caracas. Zapatero califica como “un experimento” el apoyo de la Unión Europea a Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Zapatero propone que la UE cambie de posición, desconozca a la Asamblea Nacional, retire el reconocimiento a Guaidó y ponga final a las sanciones al régimen chavista. Supone Zapatero que el gobierno de Biden debe reconsiderar la política de EEUU hacia Venezuela e incluso hizo una afirmación sin mucho fundamento, exigiendo que EEUU “devuelva” a Venezuela fondos por “30 mil millones de euros”. "El diálogo es el único camino" en Venezuela insiste Zapatero quien opera internacionalmente como un asociado del gobierno Maduro.

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Alberto Vollmer de Marcellus, heredero de una largo encadenamiento de apellidos de las familias ricas venezolanas de varios siglos, se ha mantenido por dos décadas como un cooperador del régimen chavista. Preside una empresa productora de licores en cuyo directorio figuran empresarios de vieja estirpe. Sus empresas han crecido durante la dictadura y se califica como un “optimista”. En una entrevista con BBC difundida el 22DIC20, en la cual se muestra como vocero de sectores empresariales, se desmarca del tema político: “con respecto a lo político, es un tema de los políticos”, dijo. “El conflicto político en el que se encuentra el país va a requerir llegar a un acuerdo para tener una solución viable (…)  “y ese acuerdo  debe ser impulsar la economía y lograr que Venezuela se reinserte en la comunidad internacional”.  Vollmer critica a la oposición venezolana que ha rodeado a Guaidó afirmando que “había una tesis: una parte del país decía que para que hubiera cambio económico debía haber un cambio de los actores. Llevamos dos años y medio bajo el manto de esa estrategia y no ha funcionado”. Igualmente Vollmer pone en duda la efectividad de las sanciones internacionales contra el régimen: “ha habido una política de presión internacional a través de sanciones que ha limitado ingresos a Venezuela y esa reducción bárbara de ingresos, tanto por los errores del gobierno venezolano, por supuesto, pero además complementados por las sanciones. Y eso no obligó a un cambio político. Parece mentira pero ha obligado a un cambio económico obligado”. La evaluación y propuesta de Vollmer es que “grupos de ambos lados pensaron que podían lograr su objetivo sin sentarse a negociar y yo creo que poco a poco se ha ido dando cuenta de que la única forma de tener un futuro sostenible en el tiempo es a través de un acuerdo”.

El editor venezolano Rafael Poleo, cronista y actor del proceso político venezolano de los últimos sesenta años, al referirse a la posición Vollmer recordó los nexos de varias generaciones de esa familia caraqueña con el Vaticano.

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En Amazon, ya disponible el más reciente libro de Edgar C. Otálvora. Venezuela Juego Trancado. En versión digital y en papel.

 

martes, 13 de octubre de 2020

Fracasa maniobra europea para convalidar votaciones en Venezuela

 Informe Otálvora del 03 de octubre de 2020

El presidente de gobierno español Pedro Sánchez y el Alto Representante europeo Josep Borrell el 23SEP20 en Bruselas. Foto: La Moncloa - Gobierno de España.

Por tercera vez en lo que va del año, la Armada de los EEUU realizó y publicitó una misión de “libertad de navegación” en aguas aledañas al mar territorial de Venezuela. Según informó el Comando Sur de EEUU, el destructor misilístico USS William P. Lawrence navegó el 30SEP20 en aguas frente a las costas de Venezuela a una distancia superior a las doce millas náuticas, es decir, fuera del  mar territorial venezolano. Previamente los destructores misilísticos USS Nitzey y USS Pinckney realizaron el 23JUN20 y el 15JUL20 respectivamente, maniobras análogas a la efectuada en septiembre. Las tres naves, todas de la clase Arleigh Burke que pueden portar decenas de misiles incluyendo los Tomahawk, están actualmente adjudicadas a la Cuarta Flota de EEUU bajo el mando de Comando Sur y con área de acción en el Caribe y aguas suramericanas del Atlántico y el Pacífico. Las tres embarcaciones han navegado a quince y dieciséis millas náuticas de las costas venezolanas. La Armada de EEUU ha realizado misiones de “libertad de navegación” frente las costas de Venezuela desde el año 2000, coincidiendo con el inicio del gobierno chavista, pero en el año 2020 se ha incrementado notablemente la frecuencia sistemática de ese tipo de acciones.

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La cancillería de Nicolás Maduro, en su usual estilo propagandístico panfletario de inspiración cubana, en un comunicado del 01OCT20 calificó la presencia del USS William P. Lawrence como “un acto deliberado de provocación, por demás errático e infantil”. Según el comunicado del gobierno chavista se habría producido un intercambio de comunicaciones radiales entre la nave estadounidense y la Armada venezolana en la cual la embarcación de EEUU informó que realizaba operaciones antinarcóticos. El comunicado del Comando Sur no hace referencia a esta radiocomunicación y declara que la USS William P. Lawrence “desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela en aguas internacionales”.

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició el 14SEP20 su 45° período de sesiones, el tercer período de sesiones del año 2020. Como parte de las decisiones tomadas por el propio Consejo en el año 2019, en el 45° período de sesiones fueron presentados cuatro informes oficiales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Todos ellos evidenciaron la sistemática violación de los DDHH por parte del régimen chavista.

El Consejo de DDHH, integrado por 47 Estados, se ha convertido en uno de los campos de batalla diplomática donde gobiernos que promueven la redemocratización de Venezuela se enfrentan abiertamente contra el régimen de Nicolás Maduro quien aún detenta la representación del país en la ONU y cuenta con la protección de Rusia y China a nivel del Consejo de Seguridad. Durante el periodo 42° de sesiones celebrado en septiembre de 2019, el régimen chavista recibió la primera gran derrota en el contexto de la ONU. La presión internacional sobre el régimen lo llevó a aceptar la creación de un mecanismo mediante el cual la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, mantendría una pequeña unidad permanente en Caracas para hacer seguimiento a las denuncias de violaciones de DDHH. La medida quedó contemplada mediante un memorando de entendimiento entre Maduro y Bachelet suscrito el 20SEP19 y que fue acogido por la resolución 42/4 que fue aprobada por el Consejo de DDHH con el beneplácito del chavismo y con el voto favorable de sólo 18 países del total de 47 de los cuales 23 se abstuvieron. De esta manera el chavismo suponía que lograba neutralizar las denuncias oficiales sobre DDHH, dosificando el acceso de los enviados de Bachelet. Para disgusto del régimen chavista, la resolución 42/4 obligaba a Bachelet a continuar presentando informes verbales y escritos sobre el cumplimiento del acuerdo con Maduro y sobre el estado de DDHH en Venezuela.

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Dado que cualquier gobierno miembro de la ONU puede presentar proyectos de resolución, un grupo de 30 países sometieron a consideración del Consejo de DDHH una segunda resolución en la cual, entre otras razones, expresaron “gran preocupación por la alarmante situación” de los DDHH y “la erosión del estado de derecho” en Venezuela. La resolución 42/25, que marcó una gran derrota para la diplomacia chavista, fue aprobada el 26SEP19 por 19 votos a favor, 21 abstenciones y el voto en contra de Cuba, China y otros cinco gobiernos. De esta manera el Consejo ordenó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” con vigencia de un año y con el mandato de viajar a Venezuela para investigar expresamente “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Los miembros de esa misión contarían con el apoyo logístico y financiero de la Oficina encabezada por Bachelet pero serían escogidos por el Presidente del Consejo, cargo ejercido para la fecha por el senegalés Coly Seck. Los tres miembros de la “Misión Independiente Internacional” MII fueron designados el 02DIC19 liderados por la portuguesa Marta Valiñas y con el concurso del británico Paul Seils y el chileno Francisco Cox. De acuerdo al mandato recibido, el informe de esta misión debía ser entregado en septiembre de 2020. El gobierno Maduro no aceptó la resolución 42/25 del Consejo de DDHH y no permitió el ingreso a Venezuela de los miembros de la misión quienes debieron operar desde Panamá.

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El 14SEP20 Bachelet presentó al Consejo su informe sobre la “cooperación y la asistencia técnica” entre su oficina y el gobierno Maduro en el cual concluía que en el último año se había “fortalecido su presencia en Venezuela” ya que el gobierno había permitido algunas visitas a centros de reclusión. El gobierno chavista recibió complacido este informe oral de la Alta Comisionada y anunció que había renovado por un año el acuerdo de cooperación con la oficina de Bachelet.

El 16SEP20 el Consejo de DDHH escuchó una presentación verbal de los tres miembros de la MII, mientras en la página oficial de las Naciones Unidas eran publicados dos documentos: “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos” de 443 páginas y el “Informe de la misión” de 21 páginas. El informe de la MII concluye que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad en el período que se examina: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física”. La MII señaló responsabilidades: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe”.

El 25SEP20 la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó al Consejo su informe de actualización sobre DDHH en Venezuela, cubriendo el lapso junio-septiembre. “Represión de protestas”, muertes de manifestantes, muertes de 2.000 jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad, fueron algunos de los señalamientos. Pero además de reseñar diversas violaciones de DDHH, Bachelet incluyó en su informe una referencia directa a la manipulación que el régimen chavista ha hecho para convocar a votaciones legislativas el 06DIC20. “Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.

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La reacción del régimen chavista y de su aparato diplomático y de propaganda ha sido intentar desacreditar a la MII calificándola como instrumento del “Grupo de Lima” y atacando la idoneidad profesional y personal de los juristas que la integran. El informe de Bachelett del 25SEP20 hizo disparar nuevamente el aparato de propaganda chavista contra la chilena: “Sra @mbachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos” tuiteó el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez. El embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, afirmó ante el propio Consejo que el informe de Bachelet era una “hostil iniciativa” (…) “promovida por un reducido grupo miembros de este Consejo” obviando que se trataba de un mandato expreso del Consejo de DDHH mediante la resolución que el gobierno Maduro había promovido en 2019. El 01OCT20 Maduro solicitó una teleconferencia con Bachelet la cual fue calificada como “respetuosa” por la cancillería chavista pero de la cual no existió una versión de la oficina de la Alta Comisionada.

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Tras la divulgación de los cuatro documentos se desataron los usuales movimientos diplomáticos en procura de votos para aprobar una nueva resolución sobre Venezuela. Los enviados de Maduro intentan que el Consejo apruebe una resolución que confirme el esquema implementado por Bachelet con presencia controlada en territorio venezolano. Curiosamente el proyecto de resolución favorable a Maduro fue presentada el 28SEP20 con el solitario apoyo de Irán, país que no forma parte del Consejo. Ninguno de los amigos del régimen chavista que este año integran el Consejo se prestó para apadrinar el proyecto pro Maduro. Cuba y China no forman parte este año del Consejo de DDHH.

Por otra parte, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú presentaron el 25SEP20 un proyecto de resolución que se propone extender por dos años el mandato de la Misión Independiente Internacional. De aprobarse sería una situación excepcional ya que el Consejo sólo ha creado este tipo de misiones en casos de extrema crisis de violaciones de DDHH. De 37 misiones creadas por el Consejo de DDHH en lo que va del siglo XXI, sólo dos fueron dirigidas a países americanos, Honduras en 2009 y Venezuela en 2019, mientras las restantes corresponden a lugares de abierto conflicto en África y Asia. Los voceros del régimen chavista amenazan suspender la cooperación con la oficina de Bachelet en caso de que fuera aprobada la renovación de la MII. Los aliados internacionales de Maduro se están moviendo para intentar abortar esta resolución pero no parecieran contar con los votos suficientes en el Consejo. La votación de estas resoluciones podría tener lugar el 06OCT20.

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 Al término de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del 21SEP20 en Bruselas, Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, anunció que el Consejo de Exteriores había conversado sobre el “tema Venezuela” pese a no aparecer en la agenda. Borrell informó a los ministros sobre sus gestiones “ante el gobierno de Maduro y los principales grupos de oposición” en procura de un acuerdo para la celebración de elecciones parlamentarias en condiciones internacionalmente aceptables. Para ese momento el gobierno Maduro insistía para que la UE enviara un grupo de observadores que convalidaran el proceso electoral. Pero la opinión generalizada en el Consejo de Exteriores de la UE era que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para el envío de una misión de observación electoral cuya organización requeriría, además, de un mínimo de seis meses. Según Borrell, los ministros europeos lo autorizaron para “continuar esta negociación a fin de buscar la posibilidad de una elección que pueda ser observada por nuestras misiones” y agregó que “continuaremos acercándonos al gobierno de Maduro y a ambas partes de los grupos de oposición para ver cómo podemos ser útiles para una transición pacífica y democrática en Venezuela”. En Venezuela, en tanto, la alianza partidista que respalda a Juan Guaidó como Presidente Encargado se niega a participar en las votaciones legislativas, mientras el opositor Henrique Capriles Radonski rompía la alianza inscribiendo candidatos para el 06DIC20 aunque condicionando su participación a la presencia de la UE.

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Borrell, con el respaldo de los gobiernos izquierdistas de España y de Argentina (que participó en la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela del 17SEP20) y basado en una genérica aprobación del Consejo de Exteriores de la UE, optó por enviar a Caracas a dos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior. El gobierno español difundió una inusual fotografía en la cual el presidente de gobierno Pedro Sánchez comparte mesa con Borrell el 23SEP20 en un restaurante en Bruselas. La imagen y declaraciones posteriores del Ministerio de Exteriores español confirmaron que Sánchez estaba tras la jugada de Borrell. Tras ese encuentro en Bruselas, salieron hacia Caracas el vicesecretario general de Asuntos Exteriores de la UE y el director para América, Javier Niño Pérez y Enrique Mora respectivamente. El viaje de los dos funcionarios, realizado con especial sigilo, había sido coordinado con el gobierno Maduro a los efectos de permisos migratorios, seguridad y calendario de reuniones. La movilización de los emisarios era seguida de cerca desde el Departamento de Estado en Washington desde donde se criticó fuertemente la iniciativa de Borrell.

Las instrucciones de Niño y Mora fueron transmitir a los actores políticos en Caracas la opción de suspender las elecciones del 06DIC20 por un plazo mínimo de seis meses y abrir negociaciones para modificar las condiciones electorales atendiendo las exigencias de la oposición.  Curiosamente el comunicado del Servicio Exterior sobre el viaje a Caracas, emitido el 30SEP20, sólo cita a Juan Guaidó de forma expresa como interlocutor limitándose a referir que los mensajeros se reunieron con “funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal Venezolana, la sociedad civil y el sector privado”. Según la versión de la cancillería chavista, los funcionarios europeos llevaron “a cabo una agenda al más alto nivel con las instituciones del Estado venezolano y diversos actores políticos”.

Diversas fuentes en Caracas y en EEUU confirmaron al Informe Otálvora que los enviados sostuvieron encuentros con Juan Guaidó y con Henrique Capriles Radonski quienes representaban dos de las posiciones que pujan dentro de los sectores democráticos, Guaidó rechazando la participación en las votaciones del 06DIC20 y Capriles promoviendo la participación pero haciéndola depender de nuevas condiciones negociadas. María Corina Machado, quien mantiene una sostenida línea de no participar en las elecciones y promueve una salida de cambio de régimen con respaldo militar extranjero, no fue contactada por los funcionarios europeos.

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Las gestiones de Borrell, que él presenta como un intento para mediar entre el régimen y la oposición, fracasaron ante la decisión de Maduro de no abrir negociaciones para el cambio de las condiciones electorales y negarse a un cambio de fecha. Además, la oposición alrededor de Guaidó mantuvo la postura de no esperar nuevas negociaciones con Maduro. En un comunicado del 30OCT20, Borrell debió confesar que “la política de la UE con respecto a Venezuela se mantiene sin cambios: actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático”. Las votaciones legislativas del 06DIC20 en Venezuela no serán reconocidas por buena parte de América y Europa.

Como consecuencia inmediata del periplo de los funcionarios de Borrell, Henrique Capriles, quien no logró mayor apoyo para su postura, habría retirado sus candidatos para las votaciones del 06DIC20.

La alianza opositora optó, como una decisión de la Asamblea Nacional, por convocar a una consulta popular que permita legitimar la continuidad del gobierno transitorio encabezado por Juan Guaidó más allá de la fecha constitucional de vencimiento de su mandato. “Continuidad constitucional” es el concepto esgrimido por juristas opositores. En esa consulta se preguntaría a los electores si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos” y si “rechaza el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados”. El debate dentro de la oposición en este momento es sobre la fecha para la cual sería convocada la consulta existiendo dos posiciones: antes o el mismo 06DIC20.

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