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miércoles, 14 de noviembre de 2018

Socialistas intentan ablandar posición europea ante Maduro



Informe Otálvora del 13 de octubre de 2018

Federica Mogherini, Alta comisionada de la Unión Europea con el Primer Ministro de Portugal Antonio Costa el 09OCT18 en Lisboa. Foto: Unión Europea.
Jair Bolsonaro estaría tomando posesión de la Presidencia de Brasil el 01ENE19 según indican los resultados de todas las encuestas públicas realizadas después de la primera vuelta electoral del 07OCT18.
Las votaciones del primer domingo de octubre, en las cuales se medían 13 candidatos, confirmaron el extremo nivel de polarización política existente en Brasil, la cual quedó dibujada en el 46,03% de los votos recaudados por Bolsonaro contra el 29,28% obtenido por Fernando Haddad el candidato de Lula da Silva.  La segunda vuelta electoral presidencial está prevista para el 28OCT18.


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A media mañana del lunes 08OCT18, pocas horas después de conocerse los resultados de las votaciones en Brasil, el candidato Fernando Haddad visitó el edificio de la Superintendencia de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, para sostener su usual reunión de los lunes con Lula da Silva. A su salida del edificio, Haddad no ofreció sus acostumbradas declaraciones a la prensa ante el edificio donde permanece preso su jefe político. El candidato prefirió esta vez hablar con la prensa en un alejado local de su partido. Al día siguiente, la presidente del partido PT, la senadora Gleisi Hoffmann, anunció que por instrucciones de Lula, el candidato Haddad no visitaría al expresidente preso durante las semanas faltantes para la segunda vuelta de las elecciones. La estrategia comunicacional buscando que el poco conocido Haddad heredara automáticamente la votación teórica de Lula no funcionó. De hecho, a medida que transcurrió la campaña, el rechazo de los encuestados contra Haddad comenzó a subir hasta alcanzar el 38% el día antes de las elecciones. El desprestigio del partido de Lula impactó severamente en las cuentas de Haddad quien perdió en distritos tradicionalmente petistas como São Bernardo do Campo en el estado de São Paulo, cuna obrera del PT, donde Bolsonaro obtuvo 46% de los votos contra 22% del candidato de Lula.


La más notoria de las derrotas del PT fue la recibida por la exmandataria Dilma Rousseff quien procuró una silla en el Senado Federal por el estado de Minas Gerais. Rousseff logró solo el 15% de los votos viendo fracasar su intento de revestirse con privilegios judiciales como parlamentaria. La derrota de Rousseff en las urnas abriría las puertas para su enjuiciamiento por corrupción en algunos casos que ya están ventilándose en tribunales.
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La agenda de la reunión del Consejo de ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea, a celebrarse el 15OCT18 en Luxemburgo,  incluye el “tema Venezuela”. La reunión que contará con la participación del Alto comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) Filippo Grandi y del director general e la Organización Internacional de Migraciones OIM Antonio Vitorino, deberá tratar las “respuestas europea e internacional a la crisis migratoria y la situación de los refugiados venezolanos”. Grandi podrá transmitir a la audiencia sus impresiones de primera mano sobre la crisis migratoria venezolana luego que realizara una gira por Colombia, Perú y Ecuador que lo llevó incluso a la zona fronteriza colombiana con Venezuela para supervisar las operaciones de Acnur en el sitio.


Pero el epicentro de la conversación en Luxemburgo sobre Venezuela debería centrarse “en encontrar maneras de reiniciar el proceso político en este país, en particular colaborando con los actores regionales e internacionales”. Según Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, en la reunión del 15OCT18 se explorarán medidas para “abrir el camino para el diálogo político” en Venezuela. A nivel del  “Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores”  ya estaría circulando un texto con la propuesta de Mongherini para “modificar la Decisión 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”, según un documento oficial de la UE. El “Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores” tiene previsto reunirse a media mañana del 15OCT18, en paralelo a la reunión de ministros, para considerar los textos sobre Venezuela.
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Mongherini, con el apoyo de los gobiernos socialistas de Portugal y España estaría promoviendo una reorientación de la política europea hacia el regimen chavista, según varias fuentes consultadas en Madrid y Ginebra. El 09OCT18 Mongherini fue recibida por el primer ministro portugués António Costa con quien analizó el caso venezolano. Costa se habría comprometido a encabezar una iniciativa para promover el “diálogo” en Venezuela, sin que existan muchas precisiones sobre esa propuesta. En medios diplomáticos corre la versión sobre la oposición que los gobiernos de Alemania y Francia estarían presentando a lo que temen se trate de un “ablandamiento” de la línea de la UE ante el régimen chavista. Mientras Mongherini, Costa y el canciller español Josep Borrell planeaban su acción para el 15OCT18 en la UE, en Caracas realizaba una visita el Secretario de Estado para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe de España Juan Pablo de Laiglesia.  El emisario español anunció en Caracas la nueva política hacia Venezuela para complacencia del regimen chavista que procedió  a la liberación de un preso político venezolano que fue inmediatamente desterrado a España.


La Decisión 2017/2074 cuya modificación estaría bajo consideración de las cancillerias europeas es la que ordena a los países miembros de la UE imponer “medidas restrictivas específicas a determinadas personas físicas y jurídicas responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de actos de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, y a personas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades suponen un menoscabo de la democracia o el Estado de derecho en Venezuela, así como a las personas, entidades y organismos asociados con ellas”.
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La continuidad como presidente del gobierno español del socialista Pedro Sánchez depende en mucho del respaldo del partido Podemos aliado y beneficiario del régimen chavista y del gobierno de Irán. En medios políticos madrileños se da como un hecho que los acuerdos no escritos entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos Pablo Iglesias incluyen una reorientación de la línea diplomática española ante Venezuela, en lo cual el gobierno socialista se muestra igualmente interesado.


El ministro de relaciones exteriores español, Josep Borrell, expuso el 16JUL18 la posición del  gobierno de Pedro Sánchez hacia Venezuela y, en general, hacia los gobiernos del eje castrochavista. España “no va a abanderar la línea dura de las sanciones cada vez que haya un problema en Latinoamérica” advirtió Borrell durante una reunión de cancilleres europeos y latinoamericanos en Bruselas, durante la cual sostuvo la primera de una serie de encuentros que el español ha mantenido desde entonces con el canciller de Nicolás Maduro. Argumentaba Borrel que “no querríamos repetir lo que pasó con Cuba, que abanderamos la línea dura y cuando llegó el deshielo lo lideró el francés Hollande”. Antes de iniciar su gira que lo llevó a Bolivia, Colombia, Chile y Costa Rica a finales del mes de agosto pasado, Sánchez afirmó que buscaba mostrarse ofreciendo tratamiento similar a todos los gobiernos latinoamericanos. El actual gobierno socialista español se muestra ansioso por abrir negocios en Latinoamérica y no oculta su deseo de servir de intermediario entre empresas españolas y los gobiernos de Bolivia y Cuba. Una de las tareas prioritarias asignadas por Sánchez a su cancillería fue tender puentes hacia el régimen Cubano y exponer su deseo de visitar La Habana. Si bien Sánchez ha criticado al gobierno de Maduro al cual calificó como “no democrático”, el anterior activismo del gobierno español de Mariano Rajoy sobre la crisis venezolana ha sido reemplazado por una política de conciliación hacia los regímenes de La Habana y Caracas. Ahora, pareciera que el PSOE intenta torcer la política de sanciones que Europa mantiene hacia altos jerarcas del gobierno chavista. Fuentes madrileñas aseguran que existe un alto rechazo europeo a la orientación de los socialistas.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

viernes, 8 de junio de 2018

Cambios en España no frenan sanciones a gobierno Maduro

Informe Otálvora del 02 de junio de 2018
El nuevo Presidente de Gobierno español Pedro Sánchez y el jefe de Podemos Pablo Iglesias el 01JUN18. Foto: PSOE
La crisis venezolana y la creciente ola de represión política en Nicaragua estarán presentes en los debates de la OEA. El 04JUN18 comienza en Washington la Asamblea General anual del organismo continental donde los cancilleres  discutirán durante dos días una larga lista de asuntos. En el lugar 24 de la agenda figura el tema “La situación en Venezuela”, título bajo el cual fue incorporado oficialmente un debate sobre la ruptura democrática en Venezuela. La elaboración del temario de la Asamblea General corre a manos de una comisión preparatoria que sin mayores debates suele sumar los temas que los miembros individual o colectivamente proponen para el debate. La incorporación del “tema Venezuela” ameritó una votación en la comisión preparatoria donde contó con 19 apoyos, 6 rechazos y 5 abstenciones.  


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El Grupo de Lima más EEUU aspiran que la Asamblea General de la OEA apruebe una resolución condenatoria del gobierno de Nicolás Maduro la cual está siendo negociada entre las distintas delegaciones. Una de las opciones que se maneja sería la aprobación de la convocatoria a una “Reunión de Consulta” de los Ministros de Relaciones Exteriores para debatir la suspensión de Venezuela de la OEA. Para aprobar la convocatoria a esa reunión extraordinaria, que podría tener lugar el propio 05JUN18 aprovechando la presencia en Washington de los cancilleres, sólo se requieren 18 votos con los cuales ya cuentan los promotores de la acción. La suspensión de Venezuela de la OEA requeriría 23 votos y aún existen dudas sobre acuerdos políticos que pudieran permitir esa votación.


El expediente formado en la OEA contra el gobierno Maduro se vio incrementado esta semana. El 29MAY18 fue presentado el documento final elaborado por un grupo de expertos designados por Luis Almagro para conocer y analizar casos de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. La Secretaria General de la OEA informó que según el informe “existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014”.


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La salida de Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno español el 01JUN18 y la designación del socialista Pedro Sánchez como sucesor en el cargo, representa una incógnita sobre el papel que la política exterior de España jugará en el futuro inmediato en la crisis venezolana. Rajoy desarrolló una muy estrecha relación con los variados sectores de la oposición venezolana la cual se materializó en diversas acciones de gobierno desde la concesión de residencia y nacionalidad española a perseguidos políticos hasta la definición y promoción de iniciativas ante la Unión Europea para presionar el régimen chavista. De hecho, los altos jerarcas del régimen chavista celebran la caída del gobierno Rajoy como una victoria propia.


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El PSOE que llega al gobierno es una organización dividida incluso en cuanto al enfoque sobre el chavismo como lo han estado los partidos socialdemócratas europeos en las últimas dos décadas. El PSOE, como miembro de la Internacional Socialista y Pedro Sánchez personalmente han asumido posiciones de creciente crítica al régimen chavista rechazando, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente creada por Maduro en 2017. En diversas ocasiones Sánchez y el PSOE se han pronunciado por la libertad de líderes presos como Leopoldo López. Pero el PSOE, a juicio de opositores venezolanos que hacen vida política en Madrid, se ha mostrado poco activo en iniciativas parlamentarias de apoyo a los sectores democráticos venezolanos. Las posiciones de los expresidente socialistas Felipe González y José Rodríguez Zapatero son diametralmente opuestas ante el régimen venezolano: mientras Zapatero es un habitué del Palacio de Miraflores, González no visita Venezuela ya que según Maduro “ese señor vino a desconocer las instituciones venezolanas, a apoyar a grupos extremistas que han querido derrocarme”. El 09JUN15, González salió de Venezuela a bordo de una aeronave de la presidencia de Colombia ante la inminente expulsión con la que lo amenazaba el gobierno Maduro. Es un hecho que dentro del PSOE existen sectores que apoyan la línea implementada por Zapatero mostrada al público como un esfuerzo de “mediación”. Las gestiones de Zapatero en Venezuela son aplaudidas por el partido Podemos vinculado con el chavismo y socio de Sánchez en la maniobra para expulsar a Rajoy del gobierno.


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El 21MAY18 pocas horas después de las “votaciones” en Venezuela en las cuales no participó la oposición, el Secretario de Relaciones Internacionales del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, el tinerfeño Héctor Gómez, emitió un comunicado  reconociendo en nombre su partido “el papel y el esfuerzo incansable del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por alcanzar una solución dialogada”, “un trabajo difícil y complejo que requiere de muchísima voluntad y que merece todo nuestro reconocimiento”. La posición socialista contrastó con la opinión procedente del interior del gobierno Rajoy según el cual la credibilidad de Zapatero estaba agotada ante su evidente actuación a favor de los intereses del gobierno chavista.


Aparte del reconocimiento a Zapatero, el vocero internacional del PSOE afirmó que Venezuela vive una “situación de anormalidad política” y adelantó que “los socialistas seguirán trabajando para que la convivencia en paz y la normalidad democrática sea una realidad para el pueblo venezolano, algo imposible mientras haya presos políticos, no se supriman las prohibiciones sobre políticos de la oposición para participar en una campaña electoral con garantías y mientras no se asegure la composición equilibrada e imparcial de los órganos de la administración electoral”. Esta declaración se produjo cuando el retorno del PSOE al gobierno parecía remoto. El gobierno de Sánchez que arranca el 02JUN18 y podría tener fin en pocos meses, nace débil al ser producto de una confluencia circunstancial con intereses de Podemos y organizaciones independentistas y secesionistas. A cambio de sus votos en el parlamento, los aliados del chavismo en España están exigiendo entrar al gobierno de Sánchez y desarrollar un “programa de gobierno progresista”.


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La capacidad del nuevo gobierno español para modificar la orientación de la Unión Europea hacia Venezuela parece escasa o nula. El 28MAY18 los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en respuesta a las votaciones del 20MAY18 en Venezuela, acordaron actuar “rápidamente, con arreglo a los procedimientos establecidos, con el fin de imponer medidas restrictivas adicionales, selectivas y reversibles”. Las nuevas sanciones europeas a altos jerarcas chavistas y a su gobierno podrían ser anunciadas el 25JUN18 desde Luxemburgo donde se realizará la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.


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Por instrucciones del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, fue creada una “Plataforma Regional Interagencias” para dar “una respuesta operativa” a los “millones de venezolanos que han abandonado y continúan abandonando su país”. La tarea fue asignada por Guterres el 12ABR18 a dos organismos dependientes de la ONU: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En correspondencia dirigida a Guterres con fecha 28MAY18, el director de OIM William L. Swing y el Alto Comisionado para los Refugiados Filippo Grandi  “habiendo concluido las elecciones en Venezuela” dan cuenta de los pasos organizativos realizados para coordinar acciones de distintas agencias internacionales y de gobiernos de la región para atender el flujo de venezolanos que se están dirigiendo hacia países de Latinoamérica y el Caribe. La italiana Renata Dubini como Directora de ACNUR para las Américas y el uruguayo Diego Beltrand Director Regional de OIM para Suramérica fueron designados  coordinadores regionales de esa plataforma para atender la masiva migración venezolana en la región.


Dubini, por cierto, viajó a Caracas en octubre de 2017 escoltando al jefe de Operaciones de ACNUR George William Okoth-Obbo junto a quien participó en reuniones con funcionarios de la cancillería. Irónicamente en aquella fecha el ugandés Okoth-Obbo fue a Caracas para “reforzar y profundizar la gestión que impulsa el gobierno venezolano para los refugiados”. Seis meses después ya ACNUR había descubierto que el problema real es la llegada de desplazados venezolanos a los países del vecindario.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

domingo, 29 de abril de 2018

Europa y Panamá no le siguen el juego a Maduro


Informe Otálvora del 21 de abril de 2018

Presidente dominicano Danilo Medina (al centro) conversa con su colega panameño Juan Carlos Varela y la canciller Isabel de Saint Malo el 14ABR18 en Lima. Foto: Cancillería de Perú.
Unasur, el organismo que reúne a los doce países suramericanos, está en camino de disolución. Seis gobiernos miembros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú informaron el 19ABR18 al canciller boliviano Fernando Huanacumi su decisión de no participar en reuniones y actividades de Unasur. Las decisiones en Unasur deben ser tomadas por unanimidad con un quorum mínimo de siete miembros por lo que la ausencia de seis países paraliza la organización. Los seis gobiernos exigen la designación de un nuevo Secretario General que adelante una reforma a fondo del funcionamiento del organismo.     

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Unasur fue originalmente un proyecto propuesto por el gobierno del brasileño Fernando Henrique Cardoso en 2000. Su creación en 2008 cuando Hugo Chávez detentaba poder e influencia continental hizo que Unasur deviniera en pieza de la diplomacia chavista. Salvo el corto lapso de un año cuando la Secretaría General fue ejercida por la colombiana María Emma Mejía en 2011, Unasur ha estado controlada por operadores castrochavistas.

El 17ABR18, Bolivia asumió la presidencia rotativa sucediendo a Argentina. Pero desde que el colombiano Ernesto Samper se retirara de la Secretaría General el 31ENE17, Unasur está “acéfala” ya que Venezuela y Bolivia vetan cualquier acuerdo para elegir un nuevo jefe del aparato burocrático de la organización. El edificio de Unasur situado en las afueras de Quito y construido por Ecuador a un costo superior a los US$ 60 millones se ha convertido en fuente de señalamientos sobre uso indebido de recursos, asedio laboral y hasta acoso sexual por parte de encargados dejados por Samper y respaldados por los gobiernos de Maduro y Evo Morales.

La tarde del 19ABR18, el canciller boliviano visitó la sede de Unasur tratando celebrar una reunión con los representantes de los doce gobiernos la cual no se  concretó ante la ausencia de la mayoría de delegados permanentes. Huanacumi se limitó a pronunciar una “conferencia” ante empleados del organismo.

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Tres días después que la Unión Europea impusiera sanciones a siete altos jerarcas del régimen chavista, Nicolás Maduro declaró el 25ENE18 como “persona non grata” al embajador de España en Caracas Jesús Silva Fernández quien abandonó Venezuela el 31ENE18. El régimen chavista acusa a Mariano Rajoy de ser el principal promotor de las sanciones europeas y con la expulsión del  Embajador español, Maduro pretendía responder a la medida impuesta desde Europa aunque sólo se atrevió a expulsar al diplomático de un país. A los demás miembros de la UE sólo le fue entregada una nota de protesta. La línea del gobierno español y en general de los gobiernos europeos es mantener sus misiones diplomáticas en Caracas con sólida representación política al mando de un Embajador, pero el ministro de Exteriores de España debió reaccionar “con proporcionalidad y reciprocidad”. El 26ENE18 declaró “persona non grata” al embajador de Maduro en Madrid, Mario Isea, quien ya para la fecha se encontraba en Caracas. En todo caso, las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos no fueron rotas, pasando a “nivel de encargados de negocios”.

El 28FEB18, el Consejo de Asuntos Exteriores europeo emitió un comunicado “manifestado su solidaridad con España” y ratificando que seguirían “supervisando de cerca la situación [en Venezuela] y manteniendo abiertos los canales de comunicación tanto con la oposición como con el Gobierno”. La expulsión del embajador español se había convertido en un nuevo elemento de conflicto entre la UE y el régimen chavista.

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La decisión del Secretario General de la ONU de no involucrar a esa organización en un proceso de observación de las elecciones convocadas inconstitucionalmente por el gobierno Maduro para el 20MAY18, hizo que la diplomacia chavista procurara la presencia de la Unión Europea, en un intento desesperado por ganar algún reconocimiento externo para el objetado proceso electoral. Además, la incorporación de la UE a la línea de EEUU y Canadá de aplicar sanciones al régimen chavista se ha convertido en otro frente de presión. Intentar granjearse el interés de la UE pasaba, así lo entendía el gobierno chavista, por superar la crisis con España para lo cual Maduro solicitó una vez más el concurso de su operador internacional José Rodriguez Zapatero quien llegó a Caracas el 06ABR18 con noticias y recomendaciones para actuar ante el gobierno español.    

Tras la visita de Zapatero a Caracas, el canciller de Maduro remitió al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España una comunicación entregada personalmente en Madrid el 11ABR18 por el viceministro para Europa de la cancillería chavista Yvan Gil al secretario de Estado de Cooperación Internacional español Fernando García Casas. Mediante aquella carta, Maduro daba un paso atrás en su diplomacia fanfarrona y pedía que Mariano Rajoy restableciera las relaciones a nivel de Embajador. Ese mismo día el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, se reunía en Bruselas con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, para solicitarle el envío a Venezuela de una delegación para el “acompañamiento” de las votaciones del día 20MAY18 a fin de que puedan dar fe de la transparencia del proceso electoral”.

El 18ABR18 mediante un comunicado conjunto, los gobiernos de Rajoy y Maduro anunciaron haber “convenido el regreso en los próximos días de sus Embajadores, con el fin de restituir los canales de diálogo diplomático entre los dos gobiernos”. La cancillería de Maduro  exigió que el párrafo incluyera la frase “en el marco del respeto mutuo y del Derecho Internacional”. Al día siguiente, el 19ABR18, un comunicado público y una carta de Federica Mogherini dirigida a Arreaza, dejó en evidencia que la maniobra de la cancillería chavista resultó infructuosa: la Unión Europea no convalidará las “elecciones” del 20MAY18 en Venezuela.

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​En un comunicado emitido el 19ABR18, Federica Mogherini en nombre de la UE afirma que “lamentamos profundamente que se hayan convocado elecciones sin un amplio acuerdo sobre el calendario electoral ni sobre las condiciones para un proceso electoral creíble e inclusivo. También lamentamos la existencia continua de presos políticos y los obstáculos para limitar la participación de los partidos políticos y los candidatos. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de limitar la participación en las elecciones locales y regionales a aquellos partidos que presentan candidatos para las elecciones presidenciales es un golpe más a la credibilidad del proceso”. A su vez, Mogherini remitió una comunicación oficial a Arreaza y al Consejo Nacional Electoral declinando enviar una delegación para “acompañar” las votaciones. “Nuestras misiones cumplen una metodología muy concreta basada en los mayores estándares internacionales (…) las misiones conllevan una preparación de muchos meses antes de las elecciones y la presencia de expertos en el país durante un largo plazo alrededor del día electoral. Los expertos disfrutan de libre circulación y acceso a todos los partidos políticos, candidatos, funcionarios electorales, así como a representantes de la sociedad civil y de los votantes”, escribió Mogherini. “La participación en programas de acompañamiento del tipo propuesto por las autoridades de Venezuela no cuenta entre las posibles modalidades de acompañamiento ofrecidas por la UE y por eso no nos resulta posible dar curso favorable a su invitación”, concluye la carta. La UE no está dispuesta a enviar emisarios a Venezuela en plan de turismo electoral y, por el contrario, pone en duda la credibilidad de las próximas “elecciones”.

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Maduro solicitó al presidente de República Dominicana, interceder ante el gobierno de Panamá para superar la crisis entre los dos gobiernos. El 28MAR18, el gobierno panameño divulgó una lista de 55 altos jerarcas chavista, que incluía a Maduro, designándolos “personas consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Para el gobierno de Panamá la difusión del listado no es una sanción ya que el mismo es ya utilizado por “la comunidad internacional”. El anuncio panameño fue seguido del retiro de los respectivos embajadores y la emisión por el gobierno Maduro de una curiosa resolución ministerial ordenando “la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera” con altos funcionarios y empresas panameñas que incluía a Copa Airlines, una de las pocas aerolíneas que aún atendían al mercado venezolano. Panamá actuó en reciprocidad suspendiendo operaciones de empresas venezolanas.

En presencia del canciller dominicano Miguel Vargas, la vicepresidente y canciller de Panamá Isabel de Saint Malo sostuvo una discreta reunión en República Dominicana con dos ministros enviados por Maduro. La fecha del encuentro no ha sido revelada pero pudo haber tenido lugar el 11ABR18 cuando Saint de Malo visitó República Dominicana para atender una invitación de su homóloga Margarita Cedeño o, más probablemente, en un viaje secreto el 17ABR18. Los presidentes de Panamá y R. Dominicana, Juan Carlos Varela y Danilo Medina sostuvieron varias conversaciones oficiales e informales en Lima, durante la Cumbre de las Américas, en las cuales mencionaron la solicitud hecha por Maduro. Según Maduro la reunión no llegó a acuerdos porque “la persona que encabezaba” la delegación panameña “llegó a insultar” a los venezolanos. La “persona” que presidía la delegación de Panamá era la Vicepresidente y canciller de ese país. La cita en Santo Domingo fue un fracaso porque Panamá se niega a dejar sin efecto la resolución de su Comisión nacional contra el blanqueo de capitales. El gobierno de Panamá, junto a los de Colombia y México forman parte de una red multinacional de “inteligencia financiera” que hace seguimiento a las operaciones financieras de jerarcas y empresas asociadas al régimen chavista.
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

sábado, 7 de octubre de 2017

Sanciones internacionales presionan a jerarcas chavistas

Informe Otálvora del 30 de septiembre de 2017
Mariano Rajoy y Donald Trump en la Casa Blanca el 26SEP17. Foto: Palacio La Moncloa.


La liberación de los presos políticos venezolanos es una condición previa para que la Oposición venezolana se siente en una mesa de negociaciones con el gobierno Maduro, según fuentes directamente involucradas en las “aproximaciones” entre la MUD y el gobierno de Nicolás Maduro. Para el día 27SEP17 estaba acordada una nueva sesión de trabajo entre enviados de Maduro, la MUD y el presidente dominicano Danilo Medina. La MUD anunció que no enviaría a sus representantes dado que el gobierno no ha cumplido las precondiciones previstas.


En medios políticos caraqueños circuló la versión según la cual el gobierno Maduro, por medio de su Consejo Nacional Electoral, realiza jugarretas contra la oposición con vistas a las elecciones de gobernadores estadales previstas para el 15OCT17. Una de las razones para no viajar a República Dominicana fue la decisión del CNE de impedir que los partidos de la oposición postularan candidaturas únicas en cada estado. La alianza opositora, temerosa de que estas noticias contribuyeran a estimular la abstención, no lo denunció oportunamente y sólo se hizo público por el contenido de una carta enviada por la MUD a Medina el 26SEP17.  


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El anuncio del inicio de un eventual nuevo “diálogo” o “negociaciones” entre Maduro y la MUD fue recibido con escepticismo por la mayoría de los gobiernos de la región, así como por mandatarios europeos que siguen con interés el desenvolvimiento de la crisis venezolana. De hecho, tras la reunión Gobierno-MUD del 13SEP17 en Santo Domingo, las sanciones internacionales contra el gobierno Maduro lejos de detenerse tendieron a incrementarse. El 26SEP17, el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, de visita en la Casa Blanca, pidió junto a Trump que la Unión Europea aplique sanciones a los miembros del gobierno venezolano, tema que transita en las cancillerías europeas y en las instancias del Consejo Europeo.


Incluso, pese a las intensas gestiones en Nueva York del canciller de Maduro, Jorge Arreaza, los países miembros de la Celac (gobiernos de América sin EEUU ni Canadá) y de Europa, acordaron posponer la cumbre prevista para el mes de octubre en El Salvador. Los cancilleres del Grupo de Lima se propusieron (¡y lograron!) evitar el evento que podría ser utilizado por Maduro como un escenario internacional.


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El 05SEP17, los gobiernos de EEUU y Canadá suscribieron un acuerdo para tomar medidas conjuntas contra el gobierno de Venezuela y contra personas “responsables de la actual situación de Venezuela”. Canadá forma parte, junto a otros once gobiernos del continente, del “Grupo de Lima” el cual anunció el 18AGO17 desde Lima un paquete de acciones diplomáticas de presión colectiva sobre el gobierno Maduro.


Tras la segunda reunión del Grupo de Lima, celebrada el 20SEP17 en paralelo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York  y en la cual no se aprobaron nuevas medidas sobre Venezuela, el gobierno canadiense decidió imponer sanciones unilaterales al gobierno Maduro sin esperar por sus homólogos latinoamericanos. El Gobernador General de Canadá emitió el 22SEP17 un reglamento para la aplicación de sanciones a personas “involucradas en actividades que directa o indirectamente socaven la seguridad, estabilidad o integridad de las instituciones democráticas de Venezuela”, a “altos funcionarios del gobierno de Venezuela” y a los miembros de la “Asamblea Nacional Constituyente” impuesta por Maduro. Las sanciones se extienden a los familiares directos, a las empresas propiedad de los sancionados y a los altos ejecutivos de esas empresas.  


Las sanciones implican que la prohibición legal a los ciudadanos canadienses (dentro y fuera del territorio de Canadá) para negociar propiedades, realizar o facilitar transacciones comerciales o financieras con las personas que aparecen en la lista.


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Altos voceros del régimen chavista calificaron las sanciones canadienses como “irrelevantes” o “ridículas”, mientras un comunicado de la cancillería de Maduro  del 22SEP17 las llamó “pretendidas” e “ilegales”. Sin embargo, las sanciones de Canadá tienen alto significado internacional por las razones para imponerlas, por el alto nivel  de los sancionados y porque representan una ampliación de la red de instituciones financieras a nivel mundial que tenderán a distanciarse de los negocios con los gobernantes de Venezuela y sus asociados “empresariales”. 


El listado de sancionados por Canadá abarca a todos los altos niveles del régimen: Nicolás Maduro y su esposa, así como los miembros del comando de la revolución Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Elías Jaua. Las sanciones canadienses alcanzan todas las instancias nacionales del Estado venezolano controladas por el chavismo partiendo del Vicepresidente Ejecutivo, siguiendo con el abogado de la Presidencia de la República y llegando hasta los altos estamentos militares y judiciales. La línea de mandos militares sancionados por Canadá incluye desde el Ministro de Defensa y el jefe del Comando Estratégico Operacional hasta los comandantes generales del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, así como los altos oficiales que ocupan cargos de director de la policía política Sebim, Ministro de Relaciones Interiores,  Jefe del Distrito Capital y encargado militar del centro de la ciudad capital. Las sanciones alcanzan al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a otros siete de sus magistrados. Igualmente están sancionados el Fiscal General, el Contralor General, cuatro de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral incluyendo a la presidente de ese organismo, la excanciller y presidente de la asamblea constituyente, así como varios de los principales cuadros dirigentes chavistas que actúan como “constituyentistas”. La lista confeccionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá incluyó también al embajador Roy Chaderton, quien ejerce como el gran asesor de la política exterior del régimen. Por cierto, Chaderton fue embajador en Canadá de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez en tiempos de la democracia venezolana.


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Algunos nombres del listado canadiense marcaron una diferencia con las sanciones aplicadas hasta ahora por EEUU. Desde el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Estado de EEUU aparentemente influido por las opiniones del subsecretario de Estado Thomas Shannon, ha mantenido a Diosdado Cabello, a los hermanos (Jorge y Delsy) Rodríguez y a Roy Chaderton fuera de los listados de funcionarios chavistas sancionados, ya que ellos han jugado el papel de puentes entre Washington y el Palacio de Miraflores. Esta visión no es compartida por la Casa Blanca de Donald Trump y tampoco por el gobierno del Canadá. De hecho, los cuatro enviados por Maduro para “dialogar” con la MUD en República Dominicana (los hermanos Rodríguez, Chaderton y Jaua) fueron sancionados por Canadá.


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El gobierno de EEUU está ampliando las sanciones contra el régimen chavista, resaltando ahora los temas “narcotráfico”, “lavado de dinero” y “seguridad nacional”. El 20SEP17, el Departamento del Tesoro de EEUU, emitió una advertencia dirigida a las instituciones financieras de su país, pero con directo e inmediato impacto en el sistema financiero global. El gobierno de EEUU advirtió sobre la “corrupción endémica” en Venezuela y pidió al sistema financiero observar con atención las operaciones de organismos y empresas gubernamentales venezolanas en el extranjero. Las empresas citadas fueron Cantv, Corpoelec, los bancos estatales Bancoex y Bandes, la importadora Suministros Venezolanos Industriales así como el Centro Nacional de Comercio Exterior. El boletín incluye un listado de esquemas de lavado de dinero procedente del robo de las arcas públicas en Venezuela, tales como compras de bienes raíces especialmente en los estados de Florida y Texas por exfuncionarios públicos venezolanos; exportaciones desde Florida hacia Venezuela, pagos desde cuentas no oficiales en Panamá o el Caribe de contratos del gobierno venezolano,  depósitos en efectivo o transferencias a cuentas de empresas vinculadas con el gobierno venezolano, entre otras. Este boletín no es una nueva sanción, pero si es una alerta que incrementa las restricciones al gobierno chavista en el sistema financiero de EEUU.


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El 24SEP17, la Casa Blanca escaló un paso más en las sanciones al gobierno Maduro. Ese día, Donald Trump incluyó a Venezuela en la lista de países con restricciones para ingresar a territorio estadounidense por razones de seguridad nacional. De esta manera, el régimen chavista logró sumar a Venezuela a la lista negra integrada por Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen. Las instrucciones de Trump sobre Venezuela sólo afectan a funcionarios del gobierno, al dejar sin efecto las visas de turismo y negocios estadounidenses emitidas a empleados gubernamentales y sus familiares directos, afectando por ahora a las nóminas de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, de la policía política Sebim, de la policía CICPC, así como de los organismos encargados de emisión de documentos de identidad y de control de migración.  


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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se dispone a convocar una consulta popular para eliminar la reelección indefinida. Moreno defiende la “alternabilidad” como valor democrático y califica de “aberración política” la reelección sin límites impuesta por Correa en 2015, a la usanza de Hugo Chávez y Daniel Ortega, mediante una reforma constitucional aprobada por Asamblea Nacional controlada por el correismo. La pugna entre Correa y su antiguo aliado político arrancó casi desde el día del cambio de gobierno el 24MAY17 y se ha radicalizado en las últimas semanas. Moreno  entregaría el 02OCT17 a la Corte Constitucional las preguntas que quiere someter a consideración popular, la primera de las cuales está referida a la reelección indefinida. El castrochavismo pareciera que está a punto de sufrir una nueva derrota a manos del sucesor de Correa.      
Publicado originalmente en:
 http://www.diariolasamericas.com/4963_america-latina/2830381_el-chavismo-desenfunda-sus-leyes-contra-los-opositores.html

sábado, 5 de agosto de 2017

Lula en camino a la inhabilitación política

Informe Otálvora del 15 de julio de 2017


Lula da Silva reunido con el presidente brasileño Michel Temer el 02FEB17 en São  Paulo. Foto: Presidencia de Brasil


El 16JUL17 tuvo lugar en Venezuela un hecho sin precedentes en el país: la Asamblea Nacional convocó a una consulta popular cuya realización práctica está en manos de los partidos de la Oposición con el concurso de miles de colaboradores dentro y fuera del país. El esquema de una consulta popular fue conceptualizado y diseñado por técnicos de la oposición venezolana desde el año 2016, cuando el régimen impidió la celebración del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La decisión de Maduro de hacer elegir e instalar una inconstitucional “asamblea constituyente” con la cual amenaza profundizar la cubanización de la sociedad venezolana, hizo que la Oposición recurriera a la opción de la consulta popular entendida como un mecanismo pacífico de presión política. Los venezolanos debían emitir su apoyo o rechazo a constituyente convocada por Maduro e igualmente se les llama a demandar de las fuerzas armadas la defensa de la Constitución. La consulta igualmente buscaba que los votantes confirmaran la decisión de la Asamblea Nacional de proceder a renovar los poderes públicos y apoyar la conformación de “un gobierno  de Unidad Nacional para restituir el orden constitucional”.


Todo el aparato del Estado estuvo volcado para boicotear o impedir la realización de la consulta popular en Venezuela. Los medios de comunicación electrónica fueron prohibidos de promocionar y hacer cobertura del evento. Mientras que desde los púlpitos, la Iglesia católica llamó a acudir a votar en la consulta popular para de esta manera rechazar la constituyente planeada por el régimen chavista.  “Todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo”, afirman los obispos venezolanos en un comunicado emitido el 12JUL17 sobre la pretendida asamblea constituyente convocada por Maduro.


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A la usanza castrista, Nicolás Maduro ha utilizado por tres años la prisión del dirigente opositor Leopoldo López como una carta de negociación con la Oposición, pero mantenerlo en la cárcel se convirtió en un activo político de alto costo para el régimen venezolano. Su traslado el 08JUL17 desde la cárcel militar donde estaba aislado y preso hasta su residencia familiar para seguir cumpliendo una condena de catorce años, ha sido vista como un intento del régimen para bajar presión política interna tras más de tres meses de protestas populares, tal como lo insinuara la cancillería rusa en un pronunciamiento del 14JUL17.


El traslado de López, según la sentencia emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue otorgado por “presentar complicaciones médicas” y  existir “serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución”.  Además de prohibírsele abandonar su residencia, la única limitación impuesta a López ha sido la de “dar declaraciones con respecto al presente procedimiento ante cualquiera de los medios de comunicación”.


Desde su cambio de lugar de reclusión, López ha mantenido conversaciones telefónicas con el secretario general de la OEA Luis Almagro, con los mandatarios de España, Argentina y Brasil, Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Michel Temer y con diversas personalidades políticas internacionales. En medios políticos caraqueños corre el sarcasmo según el cual López en estos días tiene más acceso a jefes de Estado extranjeros que el canciller de Maduro.


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El expresidente brasileño Lula da Silva, líder de la izquierda latinoamericana y aliado de los gobiernos de Cuba y Venezuela, fue condenado por la justicia de su país acusado de recibir un apartamento playero en Guarujá (litoral de São  Paulo) de manos de la empresa constructora OAS. Esta “propina” recibida por Lula formó parte de las entregas de bienes y dinero que OAS realizó a “agentes” del partido PT a cambio de contratos otorgados por la empresa petrolera estatal Petrobras. Si bien Lula niega la titularidad del bien, la justicia brasileña recopiló pruebas sobre visitas de Lula y su fallecida esposa Marisa Leticia al inmueble, declaraciones patrimoniales de Lula y su esposa que incluían el apartamento, declaraciones de personas involucradas en trabajos de acondicionamiento del apartamento (incluyendo la instalación de un ascensor privado) solicitadas por la esposa de Lula, amén de la confesión de uno de los propietario de la empresa OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, sobre los regalos realizados al líder izquierdista.


La sentencia en primera instancia, emitida el 12JUL17 por el juez federal Sergio Moro con sede en la ciudad de Curitiba, impone una condena de  nueve años y medio de cárcel los cuales deberán ser en “régimen cerrado” en “el inicio del cumplimiento de la pena”. Además, Moro impuso a Lula la prohibición de ejercer cargos públicos por un lapso de siete años durante los cuales tampoco podrá ser directivo de empresas del sector financiero, inmobiliarias, de mercadeo de joyas, entre otros ramos La sentencia manda la confiscación del apartamento de Lula y el pago de costas procesales y, ordena a la OAS el pago de una indemnización  por el daño patrimonial sufrido por el Estado brasileño.


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Pese a las evidencias de que Lula ordenó la destrucción de pruebas y realizó abiertos actos de intimidación a testigos y al propio juez, Moro anotó: “considerando que la prisión preventiva de un ex Presidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento por la Corte de Apelaciones antes de cumplir con la condena. Así el ex presidente podrá presentar su apelación en libertad”. Moro pudo ordenar el encarcelamiento inmediato de Lula pero, alegando razones de Estado, permitió que el condenado permanezca en libertad. El encarcelamiento de Lula, su inhabilitación política y las restantes sanciones serían efectivas cuando el tribunal regional de Curitiba confirme la sentencia. Pero Lula puede apelar en varias instancias judiciales escalando hasta el Supremo Tribunal Federal, lo cual pudiera demorar una sentencia definitiva por varios años.


Las próximas elecciones presidenciales de Brasil, en las cuales Lula aspira postularse, están previstas para el 07OCT18. Teóricamente para esa fecha aún Lula podría estar peleando en los tribunales para revertir la sentencia e, incluso, de prosperar medidas de  habeas corpus, pudiera estar en libertad y no inhabilitado para postularse a la Presidencia. La sentencia ya emitida no cierra la posibilidad legal para que Lula se postule y gane nuevamente la Presidencia de su país. Pese a la alta popularidad de Lula reflejada en encuestas, su eventual candidatura, sin embargo, deberá enfrentarse no sólo a un candidato aún no seleccionado, sino al creciente deterioro político provocado por  otros procesos judiciales pendientes.


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Aparte del caso ya sentenciado, Lula enfrenta otros graves procesos judiciales por corrupción en dos de los cuales ya fue imputado.


Lula está imputado junto a su hijo Luís Cláudio en el proceso que cursa en un tribunal federal de Brasilia, acusado de tráfico de influencias durante el gobierno de Dilma Rousseff para favorecer la compra de aviones de combate suecos y para la emisión de “medidas provisorias”  (decretos presidenciales con fuerza de ley) que favorecieron a empresas automotrices. Lula y su hijo son acusados de los delitos de lavado de dinero y formar una organización criminal. Otro caso en el cual Lula es imputado está referido al tráfico de influencias para la aprobación de financiamiento del estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a favor de la constructora Odebrecht para operaciones en Angola. Este caso puede diversificarse por las investigaciones sobre el financiamiento otorgado por el BNDES a Odebrecht para contratos con gobiernos amigos de Lula como Venezuela y Cuba donde el brasileño habría actuado como intermediario de los dueños de empresas constructoras en sus negocios con Raúl Castro y Hugo Chávez.


El expresidente brasileño está acusado de obstrucción de la justicia mediante el ofrecimiento de un plan de fuga y pagos a la familia del ex director de Petrobras Nestor Cerveró, para impedir que este delatara el esquema de corrupción entre la petrolera, empresas de construcción y la dirigencia del partido de Lula. El caso está en manos de la justicia federal en Brasilia.


Lula igualmente es acusado por la Fiscalía brasileña por haber recibido y ocultado financiamiento de Odebrecht mediante pagos al Instituto Lula destinados a la compra de un terreno en São  Paulo y un apartamento en São Bernardo do Campo, todo ello a cambio de ocho contratos de Petrobras para la constructora. Las empresas Odebrecht y OAS habrían financiado, además, una mansión campestre en Atibaia (interior del estado de São Paulo) utilizada usualmente por la familia Lula da Silva. El caso de Atibaia, el cual está en manos del juez federal Moro, es análogo al del apartamento en Guarujá por lo que diversos analistas judiciales prevén que Lula igualmente será sentenciado por este caso.


La lista anterior no incluye otras investigaciones en curso, sobre las propinas recibidas por Lula, parientes y asociados.


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El 19JUL17 comienza en Mendoza, Argentina, la reunión de las máximas instancias de dirección del Mercosur, incluyendo la Cumbre de Jefes de Estado que tendrá lugar el 21JUL17. Los mandatarios del grupo no se reúnen desde el mes de diciembre de 2015 cuando Paraguay transfirió la presidencia semestral a Uruguay. La crisis provocada en Mercosur que llevó a la suspensión de Venezuela, hizo que durante el año 2016 no se realizara un encuentro de mandatarios. En Mendoza, el argentino Mauricio Macri transferirá la presidencia semestral al brasileño Michel Temer. El boliviano Evo Morales, quien está en proceso de ingresar a Mercosur, ya confirmó su asistencia. Por el contrario, el gobierno de Nicolás Maduro no fue invitado al evento


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