Informe Otálvora del 21 de abril de 2018
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Presidente dominicano
Danilo Medina (al centro) conversa con su colega panameño Juan Carlos Varela y
la canciller Isabel de Saint Malo el 14ABR18 en Lima. Foto: Cancillería de
Perú.
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Unasur, el organismo
que reúne a los doce países suramericanos, está en camino de disolución. Seis
gobiernos miembros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú informaron
el 19ABR18 al canciller boliviano Fernando Huanacumi su decisión de no
participar en reuniones y actividades de Unasur. Las decisiones en Unasur deben
ser tomadas por unanimidad con un quorum mínimo de siete miembros por lo que la
ausencia de seis países paraliza la organización. Los seis gobiernos exigen la
designación de un nuevo Secretario General que adelante una reforma a fondo del
funcionamiento del organismo.
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Unasur fue
originalmente un proyecto propuesto por el gobierno del brasileño Fernando
Henrique Cardoso en 2000. Su creación en 2008 cuando Hugo Chávez detentaba
poder e influencia continental hizo que Unasur deviniera en pieza de la
diplomacia chavista. Salvo el corto lapso de un año cuando la Secretaría
General fue ejercida por la colombiana María Emma Mejía en 2011, Unasur ha
estado controlada por operadores castrochavistas.
El 17ABR18, Bolivia
asumió la presidencia rotativa sucediendo a Argentina. Pero desde que el
colombiano Ernesto Samper se retirara de la Secretaría General el 31ENE17,
Unasur está “acéfala” ya que Venezuela y Bolivia vetan cualquier acuerdo para elegir
un nuevo jefe del aparato burocrático de la organización. El edificio de Unasur
situado en las afueras de Quito y construido por Ecuador a un costo superior a
los US$ 60 millones se ha convertido en fuente de señalamientos sobre uso
indebido de recursos, asedio laboral y hasta acoso sexual por parte de
encargados dejados por Samper y respaldados por los gobiernos de Maduro y Evo
Morales.
La tarde del 19ABR18,
el canciller boliviano visitó la sede de Unasur tratando celebrar una reunión
con los representantes de los doce gobiernos la cual no se concretó ante la ausencia de la mayoría de
delegados permanentes. Huanacumi se limitó a pronunciar una “conferencia” ante empleados
del organismo.
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Tres días después que
la Unión Europea impusiera sanciones a siete altos jerarcas del régimen
chavista, Nicolás Maduro declaró el 25ENE18 como “persona non grata” al
embajador de España en Caracas Jesús
Silva Fernández quien abandonó Venezuela el 31ENE18. El régimen chavista acusa
a Mariano Rajoy de ser el principal promotor de las sanciones europeas y con la
expulsión del Embajador español, Maduro
pretendía responder a la medida impuesta desde Europa aunque sólo se atrevió a
expulsar al diplomático de un país. A los demás miembros de la UE sólo le fue entregada
una nota de protesta. La línea del gobierno español y en general de los
gobiernos europeos es mantener sus misiones diplomáticas en Caracas con sólida
representación política al mando de un Embajador, pero el ministro de Exteriores
de España debió reaccionar “con proporcionalidad y reciprocidad”. El 26ENE18
declaró “persona non grata” al embajador de Maduro en Madrid, Mario Isea, quien
ya para la fecha se encontraba en Caracas. En todo caso, las relaciones
diplomáticas entre los dos gobiernos no fueron rotas, pasando a “nivel de
encargados de negocios”.
El 28FEB18, el Consejo
de Asuntos Exteriores europeo emitió un comunicado “manifestado su solidaridad
con España” y ratificando que seguirían “supervisando de cerca la situación [en
Venezuela] y manteniendo abiertos los canales de comunicación tanto con la
oposición como con el Gobierno”. La expulsión del embajador español se había
convertido en un nuevo elemento de conflicto entre la UE y el régimen chavista.
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La decisión del
Secretario General de la ONU de no involucrar a esa organización en un proceso
de observación de las elecciones convocadas inconstitucionalmente por el gobierno
Maduro para el 20MAY18, hizo que la diplomacia chavista procurara la presencia
de la Unión Europea, en un intento desesperado por ganar algún reconocimiento
externo para el objetado proceso electoral. Además, la incorporación de la UE a
la línea de EEUU y Canadá de aplicar sanciones al régimen chavista se ha
convertido en otro frente de presión. Intentar granjearse el interés de la UE
pasaba, así lo entendía el gobierno chavista, por superar la crisis con España
para lo cual Maduro solicitó una vez más el concurso de su operador
internacional José Rodriguez Zapatero quien llegó a Caracas el 06ABR18 con
noticias y recomendaciones para actuar ante el gobierno español.
Tras la visita de
Zapatero a Caracas, el canciller de Maduro remitió al ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España una comunicación entregada personalmente en
Madrid el 11ABR18 por el viceministro para Europa de la cancillería chavista Yvan
Gil al secretario de Estado de Cooperación Internacional español Fernando
García Casas. Mediante aquella carta, Maduro daba un paso atrás en su
diplomacia fanfarrona y pedía que Mariano Rajoy restableciera las relaciones a
nivel de Embajador. Ese mismo día el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, se
reunía en Bruselas con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, Federica Mogherini, para solicitarle el envío a Venezuela de una
delegación para el “acompañamiento” de las votaciones del día 20MAY18 “a fin de que puedan
dar fe de la transparencia del proceso electoral”.
El 18ABR18 mediante un
comunicado conjunto, los gobiernos de Rajoy y Maduro anunciaron haber “convenido
el regreso en los próximos días de sus Embajadores, con el fin de restituir los
canales de diálogo diplomático entre los dos gobiernos”. La cancillería de
Maduro exigió que el párrafo incluyera
la frase “en el marco del respeto mutuo y del Derecho Internacional”. Al día
siguiente, el 19ABR18, un comunicado público y una carta de Federica Mogherini
dirigida a Arreaza, dejó en evidencia que la maniobra de la cancillería
chavista resultó infructuosa: la Unión Europea no convalidará las “elecciones”
del 20MAY18 en Venezuela.
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En un comunicado
emitido el 19ABR18, Federica Mogherini en nombre de la UE afirma que “lamentamos
profundamente que se hayan convocado elecciones sin un amplio acuerdo sobre el
calendario electoral ni sobre las condiciones para un proceso electoral creíble
e inclusivo. También lamentamos la existencia continua de presos políticos y
los obstáculos para limitar la participación de los partidos políticos y los
candidatos. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de
limitar la participación en las elecciones locales y regionales a aquellos
partidos que presentan candidatos para las elecciones presidenciales es un
golpe más a la credibilidad del proceso”. A su vez, Mogherini remitió una
comunicación oficial a Arreaza y al Consejo Nacional Electoral declinando
enviar una delegación para “acompañar” las votaciones. “Nuestras misiones
cumplen una metodología muy concreta basada en los mayores estándares
internacionales (…) las misiones conllevan una preparación de muchos meses
antes de las elecciones y la presencia de expertos en el país durante un largo
plazo alrededor del día electoral. Los expertos disfrutan de libre circulación
y acceso a todos los partidos políticos, candidatos, funcionarios electorales,
así como a representantes de la sociedad civil y de los votantes”, escribió
Mogherini. “La participación en programas de acompañamiento del tipo propuesto
por las autoridades de Venezuela no cuenta entre las posibles modalidades de
acompañamiento ofrecidas por la UE y por eso no nos resulta posible dar curso
favorable a su invitación”, concluye la carta. La UE no está dispuesta a enviar
emisarios a Venezuela en plan de turismo electoral y, por el contrario, pone en
duda la credibilidad de las próximas “elecciones”.
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Maduro solicitó al
presidente de República Dominicana, interceder ante el gobierno de Panamá para
superar la crisis entre los dos gobiernos. El 28MAR18, el gobierno panameño
divulgó una lista de 55 altos jerarcas chavista, que incluía a Maduro,
designándolos “personas consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva”. Para el gobierno de Panamá la difusión del listado
no es una sanción ya que el mismo es ya utilizado por “la comunidad
internacional”. El anuncio panameño fue seguido del retiro de los respectivos
embajadores y la emisión por el gobierno Maduro de una curiosa resolución
ministerial ordenando “la inmediata suspensión de toda relación económica,
comercial y financiera” con altos funcionarios y empresas panameñas que incluía
a Copa Airlines, una de las pocas aerolíneas que aún atendían al mercado
venezolano. Panamá actuó en reciprocidad suspendiendo operaciones de empresas
venezolanas.
En presencia del
canciller dominicano Miguel Vargas, la vicepresidente y canciller de Panamá Isabel
de Saint Malo sostuvo una discreta reunión en República Dominicana con dos
ministros enviados por Maduro. La fecha del encuentro no ha sido revelada pero
pudo haber tenido lugar el 11ABR18 cuando Saint de Malo visitó República
Dominicana para atender una invitación de su homóloga Margarita Cedeño o, más
probablemente, en un viaje secreto el 17ABR18. Los presidentes de Panamá y R. Dominicana,
Juan Carlos Varela y Danilo Medina sostuvieron varias conversaciones oficiales
e informales en Lima, durante la Cumbre de las Américas, en las cuales
mencionaron la solicitud hecha por Maduro. Según Maduro la reunión no llegó a
acuerdos porque “la persona que encabezaba” la delegación panameña “llegó a
insultar” a los venezolanos. La “persona” que presidía la delegación de Panamá
era la Vicepresidente y canciller de ese país. La cita en Santo Domingo fue un
fracaso porque Panamá se niega a dejar sin efecto la resolución de su Comisión
nacional contra el blanqueo de capitales. El gobierno de Panamá, junto a los de
Colombia y México forman parte de una red multinacional de “inteligencia
financiera” que hace seguimiento a las operaciones financieras de jerarcas y
empresas asociadas al régimen chavista.
