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sábado, 14 de octubre de 2023

EEUU mantiene sanciones a Maduro pese a acuerdo migratorio

 Informe Otálvora del 07 de octubre de 2023

Alejandro Mayorkas (der.) anunció acuerdo migratorio con régimen chavista en reunión con gobierno de México el 05OCT23. Foto: Departamento de Seguridad Nacional EEUU



El gobierno de EEUU y la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro han mantenido conversaciones y alcanzado un acuerdo en materia migratoria pero la Casa Blanca, en declaraciones exclusivas para este Informe, reitera que mantiene sus sanciones y no reconoce al régimen chavista.

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En una entrevista del 01SEP23 con Carolina Chimoy de la agencia alemana Deutsche Welle, el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González, describió el estado de las relaciones de su gobierno con el régimen chavista. González afirmó que EEUU “no ha dicho que no tenemos diálogos o intercambios con representantes de, de, de, de… Nicolás Maduro. De hecho, yo fui en marzo pasado [marzo 2022]. Tenemos al enviado especial Roger Carstens quien aboga por la liberación de americanos detenidos. Él tiene diálogos con ellos y si tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos… pero el enfoque nuestro es apoyar los esfuerzos de la plataforma democrática…”. El tartamudeo de González al intentar calificar a la contraparte venezolana con la cual se reúnen, delataba las dificultades prácticas que el gobierno de EEUU tiene al momento de determinar cuál es el legítimo gobierno en Venezuela.

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El 05OCT23 el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual informaba que EEUU “anuncia hoy que reanudará las repatriaciones directas de nacionales venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan un base legal para permanecer”. El tema de los migrantes se ha convertido en un asunto político de alto impacto en EEUU y el gobierno Biden intenta atenderlo para frenar su impacto negativo con vista a las elecciones presidenciales del 2024.

Mientras amplía instrumentos legales para la permanencia de venezolanos y otras nacionalidades, el gobierno Biden igualmente está adelantando una política de expulsión de migrantes ilegales lo cual ha incluido a cubanos y ahora a venezolanos. En el caso de Cuba, EEUU reanudó los vuelos para repatriación de cubanos el 24ABR23 con base en lo acordado en la reunión sostenida en Washington el 12ABR23 entre  enviados de la cancillería de Cuba y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Las palabras “repatriaciones directas” utilizadas en el caso venezolano dejaron al descubierto el asunto de las relaciones entre la Casa Blanca de Biden y el régimen chavista. Dado que los vuelos directos entre EEUU y Venezuela están suspendidos en razón de las sanciones impuestas al régimen venezolano, las “repatriaciones directas” implican la realización de vuelos directos a territorio venezolano desde EEUU lo que supone acuerdos previos entre el gobierno estadounidense y quien controla los aeropuertos de Venezuela.

El comunicado emitido por el Departamento de Estado utiliza una frase que inmediatamente desató la atención de quienes hacen seguimiento al asunto de las relaciones entre EEUU y Venezuela, muy especialmente entre quienes tienen intereses financieros en juego. El documento del Departamento de Estado afirma que “este anuncio sigue a la decisión de las autoridades de Venezuela de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos”. El portavoz del Departamento de EEUU, Matthew Miller, calificó como “autoridades de Venezuela” a la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. El asunto de quién representa a Venezuela oficialmente, tema central en decenas de procesos judiciales en EEUU y Europa, nuevamente fue colocado en el escenario con el texto de Miller.

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El anuncio del Departamento de Estado sobre deportaciones de venezolanos coincidió con la realización de un encuentro de los gobiernos de EEUU y México realizado el Ciudad de México el 06OCT23 denominado Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. Uno de los temas tratados fue el de las migraciones que circulan por México hacia EEUU enfocado como parte de los problemas de seguridad fronteriza. La representación estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, el fiscal General  Merrick Garland quienes tuvieron como contraparte a sus homólogos mexicanos liderizados por la ministra de Exteriores Alicia Bárcena.

Durante la rueda de prensa posterior a las reuniones de trabajo, el asunto de las migraciones fue tocado por Blinken y Mayorkas. El encargado de la seguridad nacional de EEUU, ejemplificando luego de mencionar medidas acordadas para la seguridad fronteriza, dijo que “justo hoy, EEUU anunció su acuerdo con el país de Venezuela [with the country of Venezuela, sic] para repatriar a los ciudadanos venezolanos que no aprovechen las vías legales y, en cambio, lleguen de manera irregular a nuestra frontera sur y no califiquen para el alivio”. Luego, ante una solicitud de ampliación por parte de la periodista Eileen Sullivan de The New York Times, Mayorkas afirmó que “hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que hayan llegado a EEUU después del 31 de julio y no tengan una base legal para permanecer aquí. Y ahora hemos negociado con éxito un acuerdo [successfully negotiated an agreement, sic] con el país de Venezuela para repatriar a aquellos ciudadanos venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio y no tengan una base para permanecer en los EEUU”.

La periodista Sullivan igualmente pidió que los altos funcionarios estadounidenses explicaran “¿qué cambió en la perspectiva de EEUU sobre Venezuela?”, “¿ha cambiado las relaciones diplomáticas?” y ahora “¿tienes diferentes relaciones con ellos?”. No hubo respuesta a estas preguntas.

El secretario de Estado sintió la necesidad de relativizar las expresiones de su colega Mayorkas y complementó: “Y Eileen, solo para agregar una nota al pie de página, tenemos un compromiso férreo de brindar protección a quienes califiquen.  Eso sigue siendo primordial en todo lo que estamos haciendo.  Y, por cierto, también esperamos que todos los demás países del hemisferio hagan lo mismo, para asegurarnos de que están cumpliendo con sus propias obligaciones”.

El tema del tratamiento a los migrantes venezolanos quedó debidamente explicado, no así el asunto de las relaciones diplomáticas con el régimen chavista con el cual, según Mayorkas, se habría alcanzado un acuerdo.

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En Caracas, mientras tanto, el régimen emitía un comunicado exaltando sus relaciones con EEUU y acusándolos, a su vez, de ser causantes de la migración venezolana “por la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo”. En el comunicado del régimen chavista del 05OCT23 se leía que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela anuncia que, en el marco de las conversaciones sostenidas entre las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los Estados Unidos de América, ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos”.

Los voceros de EEUU no usaron la expresión “firmar” o “suscribir” pero según la doctrina más pura sobre el tema, cualquier acuerdo en derecho internacional es derecho, no necesita firma ya que se da como implícita.

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Este Informe consultó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de EEUU sobre las implicaciones del comunicado calificando al régimen chavista como “autoridades venezolanas” y del hecho de haber negociado y alcanzado un acuerdo con “el país de Venezuela”.

Las preguntas enviadas al alto gobierno estadounidense fueron: ¿El gobierno de EEUU reconoce a Nicolás Maduro como autoridad de Venezuela?. ¿EEUU reconoce dos gobiernos en Venezuela, uno encabezado por Nicolás Maduro y otro por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera?. ¿El gobierno de EEUU firmó un acuerdo con el "gobierno bolivariano de Venezuela"?.

Un vocero oficial del Consejo de Seguridad Nacional el 07OCT23 remitió sus comentarios a la consulta hecha a la Casa Blanca por el Informe Otálvora. Según el vocero, “nada ha cambiado en el reconocimiento. Nuestras sanciones contra Venezuela siguen vigentes y continuaremos haciéndolas cumplir. Seguimos apoyando firmemente el restablecimiento pacífico de la democracia, el retorno de elecciones libres y justas, y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos.”.

En relación al acuerdo alcanzado en materia de repatriación de venezolanos, el vocero de la Casa Blanca afirmó que “La acción es parte de un esfuerzo regional para abordar el desafío histórico de la migración irregular, y se limita solo a ese tema”.

El acuerdo entre EEUU y la dictadura venezolana pareciera emular el previamente alcanzado con Cuba sobre la misma materia. La diferencia es que oficialmente existen relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, mientras las relaciones con Venezuela están formalmente rotas pese a que mantienen conversaciones directas según confirman los voceros estadounidenses.

El 08OCT23, un vocero del Departamento de Estado comunicó al Informe Otálvora que “la reanudación de los vuelos de repatriación no indica un cambio en el estatus de nuestras relaciones diplomáticas”.  

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El 02NOV17, Nicolás Maduro suspendió de forma unilateral el pago de la deuda pública financiera que mantiene Venezuela. Algunas estimaciones colocan esta deuda en el monto de aproximadamente US$ 60 mil millones. Los tenedores de bonos de esta deuda basada en leyes de Nueva York tienen un plazo de seis años, que comenzó en 2017, para hacer reclamos relacionados con la falta de pago de esta deuda.

La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única instancia constitucional, aprobó el 08AGO23, una prorroga de cinco años en el plazo de prescripción de esos bonos. Tras esa decisión, el siguiente paso sería la firma de un acuerdo entre los representantes del estado venezolano reconocidos por EEUU y los acreedores. En varios documentos oficiales, incluyendo citaciones de tribunales de EEUU que procesan demandas contra el estado venezolano, se ha mencionado la existencia de un "Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela" como el representante designado por la Asamblea Nacional para representar a Venezuela en EEUU. Se desconoce el nombre de este “Comisionado Presidencial” designado por el “gobierno interino” encabezado por Dinorah Figuera y reconocido por EEUU. Este Informe infructuosamente consultó a la presidenta Figuera sobre este asunto.

El comunicado del Departamento de Estado del ‘05OCT23 sobre deportaciones de venezolanos calificando a Maduro como “autoridad” y las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional sobre un acuerdo alcanzado con Venezuela, desataron nuevas dudas sobre quién ejerce la titularidad de la representación oficial venezolana a los efectos de EEUU. Miles de millones de dólares estarían en juego…

Publicado originalmente en:




domingo, 27 de diciembre de 2020

Bolsonaro cobra a Guaidó deuda de Chávez y Maduro

 Informe Otálvora del 28 de noviembre de 2020

Jair Bolsonaro y Juan Guaidó el 28FEB19 en Brasilia. Foto: Agencia Brasil


El ministro de economía de Jair Bolsonaro solicitó a Juan Guaidó el pago de la milmillonaria deuda que el régimen chavista mantiene con el gobierno de Brasil.

Según fuentes consultadas en Brasilia y Caracas, a finales del pasado mes de agosto el Ministerio de Economía dirigido por Paulo Guedes hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela. El 03SEP20 la cancillería brasileña Itamaraty envió esa carta, mediante una nota verbal, a la representante diplomática de Guaidó en Brasilia, la embajadora María Teresa Belandria. Itamaraty, de esta manera, ratificaba que a los efectos del gobierno brasileño es Juan Guaidó el jefe del Ejecutivo venezolano y en consecuencia el destinatario de la nota de cobranza emitida por Guedes.

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Desde el año 2018 el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda adquirida con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES y con bancos privados brasileños. Oficialmente esta deuda corresponde con adelantos realizados para el pago a los proveedores brasileños de exportación a Venezuela de servicios, aviones y alimentos. Constructoras y productoras de cárnicos involucradas en el esquema de corrupción de Lava Jato, como la Odebrecht, Andrade Gutierrez y JBS figuran entre los beneficiarios del esquema de “promoción de las exportaciones” direccionado por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff para respaldar a socios políticos extranjeros. Fue notoria la visita del cogobernante chavista Diosdado Cabello en junio del 2015 a varias ciudades de Brasil, en la cual tras encuentros con Lula da Silva y la para entonces presidenta Dilma Rousseff, concretó acuerdos de suministro de productos cárnicos con la empresa JBS cuyos dueños atendieron personalmente al jerarca venezolano.

Cuba y Venezuela recibieron financiamiento del BNDES por órdenes de Lula y Rousseff y ahora se encuentra en estado de insolvencia. De acuerdo a la legislación brasileña, el BNDES cobrará al estatal Fondo de Garantía de las Exportaciones las cuotas vencidas y que no sean pagadas por los deudores, por lo cual las insolvencias de Maduro y Raúl Castro están siendo financiadas por el tesoro brasileño.

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Finalizando el mes de agosto de 2020, el Estado venezolano adeudaba poco menos de un mil trescientos millones de dólares al gobierno brasileño. Probablemente el monto de pagos ya vencidos superaba los setecientos millones de dólares para esa fecha.

La deuda que el gobierno Bolsonaro ahora cobra a Guaidó fue adquirida por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro. Los beneficiarios fueron empresas involucradas en esquemas de corrupción que han desatado decenas de procesos judiciales en Brasil incluso sobre el propio Lula da Silva quien ya ha sido encontrado culpable por tribunales de segunda instancia en dos de los juicios que le siguen. Según diversos documentos publicados en el portal del BNDES, el tema de la deuda venezolana ha sido reiteradamente tratado en las instancias directivas y en el comité de auditoría.

Tras la cobranza del ministro Guedes a Guaidó por intermedio de Itamaraty, se han celebrado varias reuniones entre la embajadora Belandria y directivos del BNDES y del Ministerio de Economía. La más reciente, según el portal del BNDES, se habría realizado el 26OCT20, vía teleconferencia, entre Belandria y la directora del área financiera del banco Bianca Nasser. La enviada de Guaidó habría solicitado una relación de los distintos contratos de financiamiento así como los cronogramas de pago.

El gobierno de Jair Bolsonaro es un claro aliado de Guaidó y las gestiones de Guedes parecieran, según una fuente oficial brasileña que sigue el proceso, un trámite formal para cubrir procedimientos legales internos y no una acción deliberada contra el gobierno provisional venezolano.  Hasta la fecha el tema ha sido manejado con discreción tanto por la cancillería brasileña como por el “gobierno Guaidó”.

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Fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, como una forma de debilitar a la OEA, es uno de los propósitos que la alianza castrochavista continental se ha propuesto como objetivo.

La CELAC fue creada en 2010 impulsada en ese momento por una ola izquierdista que dominaba la escena política continental. Conceptualmente ha sido presentada como una organización rival de la OEA, en la cual participa Cuba y el gobierno Maduro, y en su constitución fueron expresamente excluidos EEUU y Canadá. Al igual que ocurriera con Unasur, la CELAC fue colonizada por los gobiernos de la alianza castrochavista. La organización fue rápidamente perdiendo relevancia y la última cubre presidencial tuvo lugar en República Dominicana el 24ENE17.

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En enero del 2020 México asumió la presidencia protempore como un esfuerzo del gobierno de Andrés López Obrador para revivir la instancia que es vista por la izquierda como la contrapartida ante la OEA. El 08ENE20 coincidieron en Ciudad de México los cancilleres de Argentina, Cuba, Nicaragua, del saliente gobierno izquierdista de Uruguay y el alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, junto a representantes de otros gobiernos de la región. Buena parte de las cancillerías del continente ven con desgano a la CELAC e incluso Brasil y el gobierno transitorio de Bolivia en aquel entonces anunciaron su separación. Pero el regreso del castrochavismo a la presidencia boliviana y la nueva ofensiva izquierdista en el continente está dando alta prioridad a la reactivación de CELAC. De hecho, la cancillería boliviana emitió el 20NOV20 un comunicado según el cual el nuevo gobierno “retoma” la participación en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”.

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El argentino Alberto Fernández está muy activo procurando ganar simpatías hacia CELAC argumentando que la OEA se encuentra paralizada en razón de conflictos ideológicos y políticos.  El 19NOV20, Fernández viajó a Uruguay, sin aviso previo a los medios, para un almuerzo con Luis Lacalle Pou con quien no se había reunido desde que el uruguayo tomara posesión del cargo el 01MAR20. El anfitrión recibió a Fernández en la Estancia Presidencial de Anchorena donde personalmente preparó el asado con el cual brindó al visitante quien llegó sin su canciller Felipe Solá. La reunión en espíritu de camaradería había sido convenida entre Fernández y su amigo el canciller uruguayo Francisco Bustillo cuando ambos coincidieron en la toma de posesión de Lucho Arce en La Paz el 08NOV20. No hubo documentos oficiales sobre lo tratado por los mandatarios salvo una genérica declaración de la Casa Rosada. Diversas fuentes aseguran que entre los temas tratados, en la “reunión de amigos”, estaban la reactivación de Celac, así como acordar pasos en común dentro del Mercosur.

La reactivación de Unasur, con la eventual apertura de una oficina en Buenos Aires que reemplace a la antigua sede en Quito, es una idea que está siendo acariciada por la izquierda continental, en un intento de reconstruir el andamiaje que el castrochavismo había  logrado controlar.

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En medios diplomáticos sureños se aprecia la falta de un intento de liderazgo regional por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, demasiado comprometido en pugnas intestinas. Ese espacio estaría abierto para el mandatario argentino, una de las cabezas visibles del izquierdista Grupo de Puebla, quien, además, próximamente asumirá la presidencia rotativa del Mercosur. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro han pasado un año sin comunicarse directamente. Nunca se han encontrado personalmente y por el contrario, los medios y las redes sociales han sido escenario para choques de posiciones entre ambos. Incluso el clan Bolsonaro llegó a plantearse la opción de romper relaciones diplomáticas con Argentina tras conocerse los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a Fernández y a Cristina Kirchner. La primera conversación oficial entre los mandatarios de Argentina y Brasil desde que el argentino tomara posesión del cargo el 10DIC19 fue discretamente negociada por los cancilleres Felipe Sola y Ernesto Araújo y se acordó que fuera una teleconferencia el 30NOV20.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 14NOV20, Joe Biden señaló el 23NOV20 al diplomático Antony Tony Blinken como su futuro Secretario de Estado. Blinken, ha hecho carrera en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca y luego de las elecciones del 03NOV20 ha estado atendiendo los enlaces de Biden con mandatarios extranjeros.

El 24NOV20, aún sin haberse iniciado oficialmente la transición, Biden presentó colectivamente a quienes se propone designar como Secretarios de Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, así como al Asesor de Seguridad Nacional, a la Directora de Inteligencia Nacional y a la representante permanente ante la ONU En su intervención inicial, Biden proclamó que “es un equipo que refleja el hecho de que EEUU está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”. Cada uno de los designados realizó una breve exposición. Antony Blinken afirmó que EEUU debe “proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad porque, como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza porque EEUU en su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

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Son pocas las señales expresas sobre cuál sería la política Biden hacia Latinoamérica. La designación del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional pareciera ser una señal de relevancia para el tema migratorio. En su intervención en la presentación del 24NOV20, Mayorkas dijo que “el Departamento de Seguridad Nacional tiene una noble misión, ayudarnos a mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como un país de bienvenida”.

Tanto Blinken así como Jake Sullivan quien fue indicado como próximo Asesor de Seguridad Nacional, se han manifestado en entrevistas de prensa en los últimos años y en foros académicos, favorables a la política de sanciones contra el régimen chavista, pero el componente “diplomacia” pareciera que estará fuertemente presente en la política exterior del gobierno Biden.

Publicado originalmente en: