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viernes, 30 de junio de 2023

Dinorah Figuera preside Gobierno de Venezuela según EEUU

Informe Otálvora del 23 de junio de 2023

Dinorah Figuera presidiendo una sesión de la Asamblea Nacional via Zoom el 13JUN23. Fotograma: @asambleanacional2023 



El gobierno de EEUU reconoce a la diputada Dinorah Figuera como la presidenta del Gobierno de Venezuela, según declaraciones brindadas el 21JUN23 por el Departamento de Estado a este Informe.

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En un intercambio vía email, oficial y citable, entre este Informe y un portavoz del Departamento de Estado concretado el 21JUN23, se pudo conocer que “la Presidenta de la Asamblea Nacional, Señora Dinorah Figuera, notificó al secretario Blinken que la Asamblea Nacional de 2015 está actuando como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. En consecuencia, “EEUU reconoce a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela (Government of Venezuela)”. Ergo, la diputada Figuera sería la presidenta del Gobierno de Venezuela. Las declaraciones del Departamento de Estado obtenidas el 21JUN23 confirman la información divulgada previamente por este Informe.

Hasta ahora, diversos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado se referían a la IV Asamblea Nacional de Venezuela como “la única institución elegida democráticamente que queda en Venezuela hoy”, pero las nuevas declaraciones de EEUU ahora la califican como “el Gobierno de Venezuela”.



Este Informe solicitó el 23JUN23 a Figuera un comentario sobre su reconocimiento por EEUU, pero no se obtuvo respuesta.

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El 20MAY23 este Informe reporto que, en la práctica, la diputada Figuera se había convertido el 05ENE23 en la Presidenta Interina de Venezuela al ser designada como Presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. Esa Asamblea, previamente presidida por Juan Guaidó, es reconocida por EEUU ante la ilegitimidad de las votaciones convocadas por el chavismo en 2018 para reelegir a Nicolás Maduro y en 2020 para elegir la Asamblea Nacional. 

“Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela” fue el título del Informe del 20MAY23, el cual anotaba que “la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer Presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó”. “Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho”.

Aparte del aspecto "noticioso" de las declaraciones del Departamento de Estado emitidas el 21JUN23 a este Informe, su contenido tiene consecuencias políticas, diplomáticas y legales. Finalmente se conoce los pasos seguidos por el gobierno de EEUU para el reconocimiento del nuevo gobierno interino venezolano y la justificación jurídica para los actos de gobierno que ejecute ese gobierno interino y sean válidos ante la justicia de EEUU. Semejante razonamiento es válido en el caso del Reino Unido.

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Este Informe hizo referencia a una conversación sostenida el 18MAY23  con Figuera quien rechazó que hubiese asumido la condición de “presidenta interina”, pero sí admitió que estaba ejerciendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Al ser consultada sobre cuáles funciones ejecutivas ya había asumido, afirmó que prefería no aportar detalles que pudieran “poner en peligro la seguridad de quienes están trabajando con nosotros desde Venezuela”. Es decir, si existía ya algún tipo de equipo ejerciendo funciones típicas del poder Ejecutivo, es decir, funciones de Gobierno.

Figuera, en aquella conversación anunció su inminente viaje a Washington planeado para finales del mes de mayo o principios de junio con el objeto de sostener reuniones, entre otros, con el Departamento de Estado. Para aquel entonces la agenda aún estaba en proceso de negociación. Figuera  autorizó a este Informe para difundir esa noticia pero, pocas horas después, solicitó que no fueran publicados los detalles de su planeado viaje alegando razones de su seguridad. El régimen chavista, por medio de su Fiscalía General, mantiene orden de captura contra Figuera.

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La publicación del Informe del 20MAY23 desató una curiosa ola de ataques, desde las llamadas redes sociales, procedentes del partido Primero Justicia en el cual pertenece Figuera. En su cuenta ella tuiteó “Ante la nueva ola de desinformación les digo a todos NO soy presidenta interina”. Este tuiteo fue borrado por su autora pocas horas después. Un vocero del partido Primero Justicia y asesor económico de Capriles Radonski, José Guerra, tuiteó que “hay una campaña orquestada (…) para destruir a Primero Justicia (…) se valen del desprestigiado Informe Otálvora”. Guerra también borró su tuiteo. Por su parte, la Asamblea Nacional tuiteó “ATENCION. Ante falsas informaciones publicadas en algunos medios, la AN legítima aclara: En diciembre del 2022 se dio fin al Gobierno Interino, NO está planteado ni es agenda de esta Institución retomar dicha figura”. 

Diversas fuentes revelaron que la cúpula del partido Primero Justicia no deseaba verse asociada a un nuevo gobierno interino temiendo que impactara negativamente en la figura de Henrique Capriles, su precandidato para las hipotéticas elecciones del 2024. Destituir a Guidó y elegir como Presidenta de la Asamblea Nacional a una militante de Primero Justicia habría sido parte de los acuerdos con otros partidos opositores, además de una ofrenda hecha al régimen procurando la celebración de las elecciones del 2024. La existencia desde 2019 hasta 2022 de un “gobierno interino”, sin poder real pero con reconocimiento legal y político internacional, ha sido una serie limitante a la capacidad de acción financiera internacional del régimen. La destitución de Guaidó y el supuesto fin de la “presidencia interina” eran objetivos de común interés para el régimen y para algunos sectores opositores.

La realidad política y jurídica se habría impuesto y al final la diputada Figuera, sin ella misma haberlo procurado, terminó siendo Presidenta de un gobierno interino reconocido por EEUU. Su viaje oficial a Washington habría sido pospuesto o suspendido porque los jefes de su partido intentan incluso disolver la Asamblea Nacional que una de los suyos preside.

 

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Sobre el planeado y suspendido viaje de Figuera a Washington, el Departamento de Estado dijo a este Informe que “EEUU se relaciona regularmente con actores democráticos venezolanos para discutir oportunidades de cooperación y esfuerzos para revitalizar la democracia en Venezuela. Remitimos a la Asamblea Nacional todas las preguntas relacionadas con el posible viaje de Dinorah Figuera”.

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Una nueva visita realizó a Venezuela el Enviado Especial Presidencial de EEUU para asuntos de rehenes, Roger D. Carstens. La visita del enviado especial y su delegación se realizó entre el 19 y el 21JUN23 durante la cual el enviado estadounidense habría sostenido encuentros con altos funcionarios del régimen en un intento para lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados y a quienes se siguen procesos judiciales amañados. Uno de ellos, el experto en computación Jarrel Lloyd Kenemore, se encontraría en una larga huelga de hambre en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según reportó la periodista basada en Venezuela Sebastiana Barraez.

Según Bloomberg, Carstens igualmente tenía en su agenda procurar la extradición del empresario malayo Leonard Glenn Francis acusado en EEUU por un caso de corrupción que involucra a las fuerzas navales estadounidenses.

El régimen chavista, como el cubano, utiliza a los presos estadounidenses como activos de negociación ante el gobierno de EEUU.

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El viernes 23JUN23 terminó la gestión de Armando Benedetti como Embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro. El exsenador y excoordinador de la campaña electoral de Petro presentó su renuncia en medio de una crisis de poder y corrupción entre Benedetti y la también renunciante jefa del gabinete presidencial Laura Sarabia.

La embajada colombiana en Caracas queda en manos de German Castañeda en calidad de Encargado de Negocios a,i. Castañeda ya en el pasado actuó como el segundo de la embajada colombiana en Caracas y era también el jefe de la misión  en 2019 cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y expulsó a todos los diplomáticos y funcionarios consulares colombianos. Castañeda, a su regreso a Bogotá, formó parte del equipo de la cancillería de su país que hacía seguimiento a Venezuela y fue seleccionado para escoltar a Benedetti dado su conocimiento del terreno.

Petro designó y, Maduro le otorgó en pocas horas el respectivo beneplácito, a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador de Colombia ante el régimen chavista. Rengifo politólogo tenido como experto en asuntos medioambientales, al igual que su antecesor Benedetti, carece de experiencia en misiones diplomáticas y estaría recibiendo entrenamiento básico en el Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana. Previamente, Rengifo trabajó como asistente durante el paso de Petro como parlamentario y luego lo acompañó en la Alcaldía de Bogotá.

Publicado originalmente en:



martes, 30 de mayo de 2023

Conformado nuevo gobierno interino en Venezuela

Informe Otálvora del 20 de mayo de 2023

Dinorah Figuera en la Embajada de EEUU en Madrid junto al diplomático Mark Wells el 15MAR23. Foto: @WHAAsstSecty 

El departamento de Estado de EEUU estaría organizando una agenda de reuniones de trabajo con el nuevo “gobierno” de Venezuela encabezado por Dinorah Figuera. Los encuentros tendrían lugar en las próximas semanas sin que aún se defina el lugar, barajándose a Madrid o Washington como posibles lugares, para lo que sería la confirmación oficial del reconocimiento por EEUU a un nuevo “gobierno provisional”. De esta manera, la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer Presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó.  

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En conversación para este Informe el 18MAY23, Figuera insistió que no se trataría de un nuevo “gobierno provisional”, ratificando su condición de presidenta de la Asamblea Nacional y reacia a ser considerada como cabeza del poder Ejecutivo. Figuera, en todo caso, dejó saber que estaba asumiendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Pero esas “funciones constitucionales” son precisamente las que corresponderían a una jefatura de gobierno, distinto a las funciones del poder legislativo. La situación “sui generis” a la cual se refiere la nueva Presidenta de Venezuela, es la inexistencia de un gobierno legítimamente electo dado el carácter usurpador del gobierno de Nicolás Maduro, sustento constitucional para que Guaidó asumiera la Presidencia interina el 10ENE19 y que le valió el reconocimiento de varias decenas de gobiernos, con las implicaciones legales, política, diplomáticas y administrativas que ello ha supuesto.

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El Informe Otálvora del 25MAR23 reportaba que el 15MAR23 se había producido una reunión en la sede de la Embajada de EEUU en Madrid entre Dinorah Figuera  y Mark Wells en su condición de subsecretario Adjunto para Brasil y Cono Sur, Asuntos Andinos y Política Económica de la Oficina de Asuntos de hemisferio occidental del Departamento de Estado. Esa reunión significó la ratificación del reconocimiento de EEUU a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única instancia constitucional representativa del estado venezolano. Pero, indicaba este Informe que “ese reconocimiento no basta para desentrabar los embrollos legales y políticos causados por la ausencia de un gobierno reconocible en Venezuela. Figuera habría sido informada de la posición de EEUU y advertida sobre el cuadro creado a raíz de la disolución del “gobierno interino”. Ese Informe también adelantaba que “en altos niveles del aparato diplomático y de seguridad de EEUU se estaría debatiendo sobre salidas a la falta de una representación legal de Venezuela, el vacío legal provocado por la disolución del “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó. En todo caso, la administración Biden mantiene la posición de no reconocer a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela pero tampoco dará reconocimiento diplomático a un “gobierno legislativo” como el dibujado por quienes defenestraron a Juan Guaidó”.

Ahora, corridos varios meses, ya el gobierno de EEUU precisó junto a Dinorah Figuera una respuesta a esa situación.

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Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho. En el caso de EEUU, diversas decisiones que han sido emitidas en las últimas semanas tienen como condición legal la existencia precisamente de una autoridad ejecutiva venezolana reconocible, distinta a un inaceptable “gobierno parlamentario”, la cual encarna la diputada Figuera.

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Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, conocida en argot internacional como la “IV Asamblea Nacional de Venezuela”, reconocida por EEUU y otros países, decidieron el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” y la no renovación de Guaidó como presidente del poder legislativo, mediante la aprobación de una nueva versión del llamado “Estatuto de Transición a la Democracia”.  De esta manera, el 05ENE23 fue electa una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Dinorah Figuera, militante del partido Primero Justicia. Según lo aprobado por los rivales de Guaidó, Figuera no asumiría la condición de Presidenta Encargada de la República. La alianza opositora llamada G4, formada por los partidos Voluntad Popular (de Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia (de Julio Borges y Henrique Capriles Radonski), Acción Democrática (de Henry Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo (de Manuel Rosales) mantenía ya desde 2021 una creciente confrontación a propósito de la continuidad del “gobierno provisional” de Guaidó a quien veían como un rival para unas eventuales futuras elecciones presidenciales. Con la no renovación de Guaidó en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y la disolución del “gobierno de transición”, algunos sectores de la oposición creyeron abrir el camino para que el régimen convoque a elecciones en 2024 y retire las trabas “legales” que impiden que algunos dirigentes presentes sus candidaturas. La defenestración de Guaidó y la posterior presión del aparato represivo del régimen forzándolo a salir al exilio, parecían satisfacer tanto al chavismo como a varias toldas opositoras.

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La decisión de la Asamblea Nacional recibió la censura de eminentes juristas venezolanos como Allan Brewer Carías, Asdrúbal Aguiar o Román Duque Corredor. “La pretendida reforma del Estatuto de Transición a la Democracia que supuestamente “elimina” el gobierno interino, no es más que un gran e inconstitucional disparate, porque dicho gobierno no fue “creado” por la Asamblea Nacional ni puede por tanto ser “eliminado por la misma”, escribió Brewer.

Aguiar escribió: “esa figura constitucional del Encargado de la Presidencia de la República, que ha operado de pleno Derecho desde el 10 de enero de 2019 – por falta de un presidente electo – no es discrecional.”

Brewer remató el argumento: “Juan Guaidó asumió como Presidente Encargado de la República a partir del 10 de enero de 2019, conforme a la obligación constitucional que tenía derivada del artículo 233 de la Constitución, al no haber Presidente legítimo que pudiera tomar posesión de su cargo en esa fecha.

La interpretación invocada por Brewer y Aguiar habría sido retomada por el gobierno de EEUU. La señora Figuera sería la Presidenta Encargada de la República con base en el artículo 233 de la constitución redactada por mandato de Hugo Chávez.

La base jurídica de la aplicación del artículo 233 está reunida en el libro “El final del encargado de la presidencia y el gobierno parlamentario en Venezuela” publicado en enero de 2023 bajo la coordinación de Brewer y Aguiar.

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El 09ENE23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual ratificaba el levantamiento de sanciones para las transacciones que personas o empresas de EEUU puedan realizar con las autoridades de la “IV Asamblea Nacional”. De esta manera, la nueva directiva de la AN podría manejar cuentas bancarias y realizar transacciones financieras en EEUU, a los efectos del flujo de los recursos del estado venezolano que permanecen represados en EEUU y son utilizados para financiar la operación de la AN y del “gobierno de transición”. En todo caso, esa licencia no podría traducirse en la liberación de dinero por parte del Departamento del Tesoro hasta tanto la contraparte venezolana no cumpliera con condiciones legales reclamables en EEUU que permitieran la “certificación” por parte del Departamento de Estado de la condición de representantes legales. En ese momento la interpretación del articulo 233 de la Constitución chavista debió ser  retomada por Dinorah Figuera y por el Departamento de Estado de EEUU.

El 01MAY23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual autorizó a la “IV Asamblea Nacional” para negociar con acreedores del Estado venezolano que buscan cobrar deuda mediante el embargo y venta de activos estatales venezolanos en el exterior. La inmensa deuda externa venezolana, causada por el endeudamiento de los gobiernos de Chávez y Maduro y las sentencias judiciales por expropiaciones ejecutadas y no pagadas por el régimen, amenazan los activos de la República. La negociación de la deuda externa es una atribución típicamente del poder Ejecutivo según la constitución venezolana. En otras palabras, los procesos de negociación con acreedores que están ávidos de embargar a la petrolera Citgo, que estuvieron en manos del “gobierno interino” de Juan Guaidó ahora dependen del “gobierno interino” de Figuera.

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El gobierno Trump creó en el Departamento de Estado el cargo de “Representante Especial para Venezuela” que fue asignado a Elliot Abrams. Este cargo permanece vacío desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.  A su vez, la administración Trump logró la aprobación por el Senado de la designación del diplomático James Story como embajador en Venezuela, pero la ruptura de relaciones hizo que el jefe de misión estadounidense debiera actuar como jefe de la “Oficina Externa de los EEUU para Venezuela”, basada en Bogotá y sin las cualidades de una verdadera Embajada.

En medios políticos de Washington, Story es señalado junto al asesor presidencial el colombo-estadounidense Juan González, como los autores del plan de acercamiento a Nicolás Maduro a cambio de negociaciones con la oposición y de disolución del “gobierno de transición”. Story fue removido de su cargo con fecha 19MAY23 y, hasta la fecha, no se conoce que le fuera asignado un nuevo destino diplomático. El Departamento de Estado decidió no enviar a un nuevo diplomático para hacerse cargo de la Oficina para Venezuela en Bogotá. La Oficina ha sido puesta bajo control de Francisco Palmieri quien se encuentra en Colombia como jefe de la misión diplomática en calidad de “Encargado de Negocios a.i.” ante la inexistencia de un Embajador estadounidense en Colombia.

A su vez, la conducción de la política hacia Venezuela en el gobierno Biden pareciera estar cambiando de manos y probablemente de rumbo. El Departamento de Estado pareciera estar reasumiendo la conducción operativa de las relaciones hacia Venezuela que han estado concentradas, durante el gobierno Biden, en el Consejo Nacional de Seguridad. El diplomático Mark Wells estaría asumiendo plenamente el tema Venezuela en el Departamento para el Hemisferio Occidental.  Muchos rumores sobre el tema…

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Lula da Silva podría ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligaría a permanecer lejos de los espacios públicos por varios meses.

Luego de su actual viaje a Japón para participar en la Cumbre del G7, Lula deberá ser objeto de exámenes médicos. En mentideros brasilienses se comenta que Lula, de 77 años de edad, podría ser sometido a una intervención para reemplazo de cadera y de fémur. Tal circunstancia complicaría la agenda internacional que el brasileño tiene prevista para los próximos meses, incluyendo una cumbre de mandatarios suramericanos muy esperada por la dictadura venezolana. 


Publicado originalmente en:



 


lunes, 15 de mayo de 2023

Petro amenaza con incendiar Colombia

Informe Otálvora del 05 de mayo de 2023

Gustavo Petro el 01MAY23 hablando desde un balcón de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia Colombia


Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está ya abiertamente promoviendo una ola de violencia política en su país.

Petro logró convencer a varias decenas de gobiernos sobre su idea de una “conferencia internacional” para estimular el reinicio de las pláticas entre Nicolás Maduro y la “plataforma unitaria” opositora, las cuales se encuentran suspendidas desde el 26NOV22.

El evento promovido por Petro tuvo lugar el 25ABR23 en el Salón Simón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana, se denominó “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela” y contó con la asistencia de representantes de veinte gobiernos y la Unión Europea. El primer punto de la confusa agenda de la reunión consistió en un discurso de Petro quien estaba acompañado de su omnipresente secretaria Laura Sarabia.

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El discurso de Petro fue una exaltación a la violencia política. Algunas frases: “Latinoamérica es la región más desigual del mundo (…) un problema que tiene que ver con la política antidrogas, la más violenta”. “Somos la sociedad más desigual del mundo, toda América Latina, unos más, otros menos. Y eso ha hecho que unas fuerzas de izquierda, libertarias, una tensión política, casi que insurgente, haya aparecido en todo nuestro continente para buscar igualdad (…)  de niños, de niñas, muchos latinoamericanos en esta y en pasadas generaciones han querido sacrificarse, incluso, por la lucha por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por un mejor vivir, por un mundo mejor. Yo hago parte de esa corriente”. “En Colombia no hubo uniformados en la Presidencia, pero las mismas prácticas que se hicieron en Argentina y en el Uruguay se reprodujeron en nuestro país (…) era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego (…) y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas”. “¿América Latina volverá a los años 70? Nuestra incapacidad de convivir en medio de la diferencia en la sociedad más desigual del mundo, ¿nos llevará de nuevo a las guerras?”.

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El 01MAY23, Petro discurseó desde un balcón del palacio presidencial. Citó a Hegel, expuso tesis marxistas del capitalismo y exaltó en el mejor estilo chavista “la alianza entre ejército y pueblo” supuestamente creada por Simón Bolívar y destruida por “las élites” según Petro. Dedicó largas frases a exaltar las acciones violentas que la izquierda colombiana ejecutó contra el gobierno de Iván Duque en 2021. “Un pueblo que supo estallar en manifestaciones, que supo poner la problemática social en la mesa de la discusión (…) gracias a esa lucha yo estoy aquí”. “Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social; que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida. El hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia”. Después hizo el llamado: “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución (…) lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado”. “No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados”. De no concretarse las “reformas” que intenta imponer Petro, el mandatario colombiano amenaza con desatar la violencia que ya impulsó en el pasado.

Mientras Petro en Bogotá aseguraba que la violencia callejera lo había llevado a la Presidencia y garantizaría ahora las “reformas”, la vicepresidenta Francia Márquez en un evento análogo en Cali lanzaba vivas a los grupos violentos conocidos como “primera línea” responsables de las acciones violentas del año 2021 contra el gobierno de Iván Duque: “no me da miedo decir aquí que viva la primera línea”.  

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La conferencia sobre Venezuela convocada por Petro resultó el fracaso anunciado. Al encuentro asistieron los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas el “camarada” Ralph Gonsalves y de Barbados Mia Mottley; el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell, los ministros de exteriores de Argentina, Bolivia, Honduras; el “asesor presidencial” brasileño Celso Amorim; altos funcionarios de las cancillerías de Canadá, Portugal, México, España, Noruega, Reino Unido; el embajador de Francia en Caracas; los embajadores en Bogotá de Turquía, Alemania, Sudáfrica e Italia y, la delegación de EEUU encabezada por el Consejero adjunto de seguridad nacional Jonathan Finer. Petro estaba escoltado por su jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien además posó en la foto de familia junto a los partivcipantes. ras el discurso de Petro y con la prensa ya fuera del salón, comenzó una caótica sesión presidida por el canciller colombiano en la cual se escucharon las intervenciones de cada gobierno asistente. Las delegaciones de gobiernos aliados del chavismo ratificaron la posición de Maduro en cuando a la condición previa de levantar las sanciones que EEUU y la UE mantienen sobre altos jerarcas del régimen chavista y sobre empresas estatales venezolanas.

El diseño del evento, sin trabajo previo de las delegaciones, adelantaba que no habría una declaración conjunta de consenso. Antes de finalizar el evento, Ralph Gonsalves voló a Caracas para informar personalmente a Maduro sobre lo ocurrido en Bogotá. Al final del día, el canciller colombiano compareció ante la prensa para leer un breve comunicado: “se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas: La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”. El texto leído por Leyva, sin firmas de respaldo de los gobiernos participantes, fue la fusión acomodaticia de las exigencias que la oposición y el chavismo tienen en la mesa.

Para demostrar que se trataba de un evento para promocionar la imagen internacional de Petro, en un acto de extrema adulación, su canciller dijo que “sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado”. Es decir, la perorata de Petro sobre las costumbres sexuales y las cualidades de bailarín de Bolívar (y del actual embajador de EEUU en Bogotá) y del carácter libertario de la guerrilla colombiana habría servido de guía a las deliberaciones, según el canciller de Colombia.

En Caracas Maduro y Jorge Rodríguez confirmaban que no regresarían a la mesa de negociaciones hasta que EEUU levante todas las sanciones, libere recursos del estado venezolano congelados y una nueva condición: que la Corte Penal Internacional detenga el proceso de investigación por violación de Derechos Humanos en Venezuela “porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes”.

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Juan Guaidó, quien ejerciera como presidente interino por tres años desde 2019, con reconocimiento de varias decenas de gobiernos, debió realizar una arriesgada operación para salir de Venezuela en procura de “protección” para él y su familia.

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 reconocida por EEUU y otros países, había decidido el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” encabezado por Guaidó. Además, tres de los partidos del llamado G4 decidieron no renovar la presidencia de Guaidó al frente de esa Asamblea Nacional. Guaidó, seguido de cerca por el aparato represivo del régimen, pasó de ser “presidente interino” a la condición de precandidato presidencial de su partido, Voluntad Popular, para las hipotéticas elecciones que convocará el régimen en 2024.

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La noche del 23ABR23 circulaban en Caracas versiones según las cuales Guaidó y su familia habrían solicitado protección diplomática de la embajada del gobierno francés, ante las amenazas de encarcelamiento que el propio Guaidó había denunciado desde principios de mes. Voceros de Guaidó descartaron que estuviera refugiado en una embajada y ofrecieron que en pocas horas se conocerían detalles de su suerte. En ese momento ya Guaidó se encontraba en territorio colombiano, según se deprende de los hechos posteriormente conocidos. Salió de Venezuela evadiendo los controles militares y migratorios del régimen e ingresó a Colombia secretamente sin notificación previa al gobierno de Petro. Una de las primeras medidas de política exterior de Petro al llegar a la Presidencia el 07AGO22 fue desconocer a Guaidó, enviar un embajador a Caracas y visitar a Maduro, manteniendo una posición agresiva contra la oposición venezolana.

En el pasado reciente, el embajador de Petro ante Nicolás Maduro, Armando Benedetti, había calificado a Guaidó con expresiones como “huevón”, “pendejo” y aseguraba que “Guaidó no es nadie en Venezuela”. De hecho, Benedetti quien suele abandonar rutinariamente su misión en Caracas para viajar a la costa colombiana, no ha sostenido reuniones con la oposición venezolana desde su llegada al país. Ni Gustavo Petro ni su canciller Álvaro Leyva, en sus ya usuales visitas a Caracas, han incluido encuentros con la oposición. La única reunión oficial del gobierno Petro con opositores venezolanos ocurrió el 22ABR23, cuando el mandatario y su canciller recibieron a los integrantes de la delegación negociadora encabezada por Gerardo Blyde, cita a la cual no asistió el representante del partido de Juan Guaidó. Por cierto, la reunión de Petro con la representación opositora como antesala a la “conferencia sobre Venezuela”, fue organizada por la presidencia de Colombia para tener lugar en horas nocturnas y en la residencia presidencial campestre de Hato Grande situada en Sopó, a cincuenta kilómetros del centro de Bogotá. De esta manera Petro dejaba entendido su decisión de no recibir a los opositores venezolanos en el palacio de Gobierno. Petro abandonó pronto la reunión y dejó a la delegación venezolana reunida con su secretaria Laura Sarabia y con el canciller Leyva.

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La mañana del 24ABR23 fue difundido un comunicado en el cual Guaidó decía: “acabo de llegar a Colombia (…) he venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”. En otro párrafo afirmaba: “en los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro”.  La nota de Guaidó dejaba entender que su salida de país respondía a “buscar apoyo del mundo para los venezolanos” y se centraba en el evento que comenzaría pocas horas después y al cual él ni estaba invitado ni pretendía forzar su asistencia. Pocas horas después, en la noche del 24ABR23, Guaidó embarcó en un vuelo comercial rumbo a Miami, presionado por el gobierno de Colombia. Había transcurrido un día de ajetreo diplomático en Bogotá durante el cual diplomáticos de EEUU se encargaron de los enlaces con el gobierno Petro para garantizar la salida de Guaidó hacia territorio estadounidense, abortando cualquier opción de deportación hacia Venezuela. Varios días después, el 01MAY23, la esposa de Guaidó y sus dos hijas arribaron a Miami, procedentes de Colombia, con lo cual se completó la operación para evacuar a Guaidó de Venezuela.

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Con su familia a resguardo, Guaidó viajó a Washington para iniciar una serie de contactos políticos a nivel de congresistas de ambos partidos y para comparecer en varios foros académicos. El 05MAY23 fue recibido en el Departamento de Estado por el subsecretario para el Hemisferio Occidental embajador Brian Nichols, quien estuvo acompañado del asesor presidencial y encargado del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional el colombo-estadounidense Juan González. Se trató de una reunión de cortesía dado que Guaidó no ocupa posición de gobierno.

Ese mismo día en Caracas, el partido de Guaidó anunció la designación de un reemplazo para competir en las elecciones primarias de la oposición. El anuncio que fue secundado por el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, significa en la práctica que la estadía de Guaidó en el extranjero será por tiempo indefinido sumándose a la lista de dirigentes opositores venezolanos en el exilio. De hecho, la presencia de Guaidó en EEUU provocó la celebración en Washington de una reunión de trabajo de los más altos dirigentes del partido Voluntad Popular, la mayoría en el exilio y que no realizaban un encuentro presencial en casi una década.

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Para el 30MAY23 está convocada una cumbre de mandatarios suramericanos convocada por Lula da Silva. Tal como adelantara este Informe el 05ABR23, el mandatario brasileño extendió invitación a todos los gobiernos suramericanos, incluyendo a la dictadura chavista, para concentrarse en Brasilia. Las invitaciones fueron remitidas durante el mes de abril y oficialmente la cancillería brasileña informó el 04MAY23 sobre la realización del “Encuentro de Presidentes de los Países de América del Sur”. Según el comunicado de Itamaraty, el evento tendrá como objeto “promover un diálogo franco entre todos, con miras a identificar denominadores comunes, discutir perspectivas para la región y reactivar la agenda de cooperación sudamericana”. La reconstrucción de UNASUR, de la cual por ahora sólo seis de los doce miembros originales se mantienen afiliados, es uno de los propósitos de la cita brasiliense con la cual Lula aspira a asumir una suerte de liderazgo subregional.

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Salvo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, la mayoría de los invitados entre los cuales la mitad son asociados al Grupo de Puebla, habrían ya confirmado su asistencia. La probable presencia de Nicolás Maduro entre los asistentes está creando malestar entre varios de los mandatarios invitados. Aparte de su asistencia a la reunión multilateral, según versiones en medios diplomáticos de Brasilia, la estadía de Maduro en la capital brasileña sería orientada como una visita oficial bilateral para lo que sería presentado como el relanzamiento de las relaciones entre los dos países. El asunto fue parte de los temas tratados por el encargado de diplomacia paralela de Lula, el excanciller y actual asesor especial de la Presidencia Celso Amorim, en su visita a Caracas el 09MAR23.

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Gustavo Petro realizó una visita de Estado de cinco días a España. El 04MAY23 al término de su agenda española, el colombiano suscribió una declaración conjunta con su homólogo el presidente de gobierno Pedro Sánchez. En el largo documento aparece un curioso aparte en el cual los gobiernos de España y Colombia se comprometen a efectuar acciones en territorio venezolano. Los firmantes “manifiestan su voluntad de explorar opciones para el apoyo de la Cooperación Española a las iniciativas de desarrollo y cooperación transfronterizas con Venezuela y para la puesta en marcha de proyectos de cooperación triangular que permitan compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas inclusivas en beneficio de los derechos de todas las personas de Colombia y Venezuela”, reza el documento.

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El 13ABR23 Lula da Silva inició una visita oficial a China en la cual realizó polémicas declaraciones acusando a EEUU y a la Unión Europea de la guerra en Ucrania. La reacción del gobierno de EEUU fue de tal grado que Lula envió a su “asesor” y encargado de la diplomacia paralela presidencial, Celso Amorim, para que entrara en contacto con la Casa Blanca y bajara presión. El 18ABR23 Amorim se comunicó con el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan al cual garantizó que Brasil no estaba alineado con la posición de Rusia ante Ucrania.

La primera actividad de Lula en China fue asistir a un acto fastuoso para la toma de posesión de Dilma Rousseff de la presidencia del banco del grupo de países BRIC, el NBD, con sede en Shanghái. El cargo rotatorio corresponde a Brasil para el periodo 2020-25 y fue ocupado desde el 2020 por un representante del gobierno de Jair Bolsonaro. Durante el acto Lula pronunció un discurso en el cual promovió la sustitución del dólar como moneda en el intercambio comercial mundial.

Pocos días después de la ceremonia de encumbramiento de Rousseff y del exaltado discurso de Lula, el NBD anunció la emisión de un nuevo bono con el cual el banco pretende sumar recursos para financiar “proyectos verdes”. El detalle es que la emisión, anunciada el 20ABR23 por el surafricano Leslie Maasdorp quien ejerce como vicepresidente del banco, está nominada en dólares estadounidenses. La retórica de Lula no parece haber afectado el realismo de los banqueros que operan la institución basada en China. 

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miércoles, 1 de febrero de 2023

Lula busca liderar castrochavismo continental

Informe Otálvora del 27 de enero de 2023

: Lula da Silva, Alberto Fernández y Evo Morales en el Centro Néstor Kirchner. Buenos Aires 23ENE23. Foto: Presidencia Argentina. 

En la decisión de Nicolás Maduro para no viajar a Buenos Aires a la cumbre presidencial de la CELAC, habría influido su amiga Cristina Kirchner. La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, quien ejercita una franca confrontación contra Alberto Fernández y se mantuvo al margen de las actividades de la CELAC, opinó en contra del viaje.

Maduro, temeroso de una acción judicial por violación de DDHH durante su estadía en Buenos Aires, anunció a última hora la suspensión del viaje previsto para el 23ENE23. Lula da Silva, quien llegó a Buenos Aires el 22ENE23 en horas de la noche para celebrar al día siguiente una larga agenda bilateral con Fernández, había abierto espacio en sus actividades para una reunión privada con Maduro al final de la tarde. Fernández y Lula habrían sido sorprendidos durante una rueda de prensa al final de su reunión de trabajo bilateral, cuando fueron consultados sobre la ausencia de Maduro.

La señora Kirchner sólo se reunió con los presidentes de Colombia, Honduras y Bolivia a quienes exigió que se trasladaran a su oficina en la sede del Senado argentino alegando razones de seguridad y su negativa a trasladarse al Hotel Sheraton donde ocurría la cumbre de CELAC. Imágenes divulgadas muestran a la vicepresidenta, vistiendo una suerte de pijama, mientras recibe a un sorprendido Gustavo Petro. En medios políticos argentinos causó sorpresa que Lula, en su primer viaje como presidente, no dedicara tiempo para encontrarse con quien fue una de las iniciales promotoras de su candidatura.  

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La llegada de Lula da Silva a Buenos Aires marcó su primera salida al exterior como presidente, la cual fue complementada con una breve visita a Montevideo el 25ENE23. Establecer unas relaciones especiales con Argentina y confirmar el regreso de Brasil a la alianza castrochavista continental fue el mensaje que transmitía Lula. Durante su primer día en Argentina, Lula y Fernández se hicieron acompañar de Evo Morales quien encabezaba la creación de lo que denominan un “CELAC social”, versión reducida del Foro de São Paulo.

Durante las sesiones de la cumbre presidencial de la CELAC, Lula fue colocado en la cabecera de la gran mesa, compartiendo la posición privilegiada con el anfitrión en el evento del organismo del cual Brasil había dejado de ser parte por decisión de Jair Bolsonaro. Alberto Fernández necesita financiamiento para intentar palear la crisis económica que ha creado en su país, Lula necesita una plataforma de acción política continental… Fernández y Lula se proponen reactivar la fenecida Unasur, el organismo de integración suramericano ideado por Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, posteriormente creado y colonizado por Chávez y demás gobiernos izquierdistas dominantes en la década pasada.

La izquierda uruguaya organizó un acto masivo para recibir a Lula quien pronunció un discurso, confirmando su rol de referente de la izquierda regional. Lula fue recibido por Luis Lacalle y posteriormente visitó a Pepe Mujica.

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Lula y Fernández publicaron el 21ENE23 un artículo en el periódico bonaerense Perfil, en el cual adelantaban algunos temas de la nueva relación. Anunciaban, sabiendo que el asunto llamaría la atención global, que “decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”. La prensa mundial rápidamente compró el tema y comenzó a difundir la versión de la inminente creación de una moneda entre Argentina y Brasil para competir contra el dólar. En una larguísima declaración con 82 párrafos temáticos firmada por Fernández y Lula el 23ENE23, más parecida a una “lista de propósitos de año nuevo”, “acordaron iniciar estudios técnicos, incluyendo a los países de la región, sobre mecanismos para profundizar la integración financiera y mitigar la escasez temporaria de divisas, incluyendo mecanismos a cargo de bancos centrales. Compartieron también la intención de crear una moneda de circulación sudamericana en el largo plazo”.. Por lo demás, la creación de una moneda común, al menos para el Mercosur, ha sido objeto de debate ya por varias décadas e incluso llegó a tener un nombre: gaucho. En catorce años de gobierno de Lula y su partido, en el cual incluso coincidió con socios ideológicos en los restantes países del Mercosur, la idea de la moneda común no prosperó. Durante la rueda de prensa conjunta con Fernández, al ser interrogado sobre la moneda común y si se trataría de una versión virtual inicialmente, Lula respondió que “si yo supiera todo lo que preguntó el periodista yo sería ministro de Hacienda y no presidente de la República”. Lo de la moneda común resultó un globo propagandístico. Lula anunció que su gobierno ampliaría de 180 a 366 días el plazo en el cual el Banco de Brasil financia compras argentinas de productos brasileños, igualmente anunció que el estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social reiniciará programas de financiamiento a empresas constructoras brasileñas para ejecutar obras en países de la región. Lula ofreció, además, financiar la construcción de nuevos tramos del llamado gasoducto “Néstor Kirchner”. El gobierno argentino pareciera haber encontrado al benefactor que reemplace al Hugo Chávez que financió los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El anuncio de la reactivación del financiamiento del BNDES para que constructoras brasileñas ejecuten obras en el extranjero, dejó en evidencia que Lula pretender regresar al esquema que impuso durante su mandato otorgando créditos a gobiernos extranjeros aliados políticos para la ejecución de obras por empresas brasileñas que luego entregaban regalos a Lula, su partido y su familia. Además, los créditos como en el caso del Puerto de Mariel en Cuba y una ampliación nunca ejecutada del Metro de Caracas resultaron en pérdidas patrimoniales para el estado brasileño.

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La CELAC es un organismo que incluye a Cuba y excluye a EEUU y Canadá. Reactivado por Manuel López Obrador en 2021, se perfila como un intento de la alianza castrochavista continental para reemplazar a la OEA y convertirla en un foro conformacional contra EEUU. Incluso la CELAC cuenta con representante permanente de China y en su reunión del 24ENE23 fue escuchado un mensaje grabado enviado por Xi Jinping.

Llamó la atención que en la sala donde prácticamente todos los oradores atacaban a EEUU, se encontraba un enviado del gobierno de Joe Biden quien en su momento tomó la palabra. Se trata de Christopher Dodd, el exsenador designado por Biden como su Asesor Especial Presidencial para las Américas quien posó en la foto de familia de la cumbre de la CELAC junto al mandatario cubano Diaz Canel y a los ministros de exteriores de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. El gobierno de EEUU hizo saber a Fernández que la presencia de un representante en la reunión de CELAC había sido una cortesía dado que el argentino, convencido por Dodd, había aceptado participar en la Cumbre de las Américas de junio del 2022 en Los Ángeles.

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El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, al contrario de Maduro, si viajó a Buenos Aires a donde arribó el 22ENE23, a bordo de un avión de matrícula comercial venezolana y con cuarenta y ocho horas de anticipación al evento de la CELAC. El cubano realizó diversas reuniones con grupos políticos argentinos así como reuniones bilaterales con Lula da Silva, Alberto Fernández y la hondureña Xiomara Castro. De regreso a Cuba, Díaz-Canel hizo una parada en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela donde fue recibido con honores militares por Nicolás Maduro. Reunión de dictadores en el terminal presidencial del aeropuerto de Maiquetía, al amparo de la normalizada dictadura venezolana. La alianza castrochavista vive tensiones internas por los enfrentamientos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Argentina y, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, por el protagonismo ganado por el Grupo de Puebla y las versiones “progresistas” del chileno Gabriel Boric y Gustavo Petro, y más recientemente por la tendencia de Lula da Silva a procurar un nuevo protagonismo internacional en una versión no confrontacional con EEUU. Había temas para tratar en Maiquetía por los dictadores de Venezuela y Cuba.

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La presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC durante el año 2023 será ejercida por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. La decisión, tomada sin votación y abiertamente impuesta por los gobiernos de izquierda de la región, confirma la clara orientación que la CELAC posee como aparato de acción política de la alianza castrochavista continental. Por tratarse de una pequeña nación caribeña, la gran prensa suele no prestar mucha atención a las usuales correrías de su primer ministro. El 10ENE13, cuando buena parte de los líderes castrochavistas del continente viajaron a Caracas para una farsa de toma de posesión de un ausente Hugo Chávez, el orador de orden fue Gonsalves. Aliado de la dictadura cubana, beneficiario de dinero de las arcas del gobierno venezolano, Gonsalves es el principal operador político del castrochavismo en el Caribe. Recientemente, a finales del año 2022, el cubano Diaz-Canel en uno de sus poco usuales viajes al exterior, pasó casi una semana en San Vicente y las Granadinas. Allí pudo apreciar la pared donde figuran fotos en homenaje a Fidel Castro y Hugo Chávez en un espacio del aeropuerto internacional de Argyle construido por Gonsalves con financiamiento de Venezuela.

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“Vamos a tener una relación muy buena con Venezuela” fue la afirmación del embajador Celso Amorim, excanciller de Brasil, fundador del Grupo de Puebla, agente de Lula en el exterior en los últimos años y quien fue designado ahora como encargado de política exterior del Palacio de Planalto, es decir, el operador para la diplomacia paralela a la cancillería de Itamaraty. Si bien el canciller Mauro Vieira acompañó a Lula en su viaje a Buenos Aires, en la delegación también estaba Amorim muy activo en las reuniones sostenidas. Amorim fue entrevistado por la periodista de izquierda Cynthia García y confirmó que el gobierno brasileño había aceptado credenciales de un funcionario diplomático, con rango de embajador, designado por Nicolás Maduro como encargado de negocios en Brasilia. “Tendremos relaciones normales con Venezuela” redondeó Amorim. Por cierto, Amorim descartó que hubiese algún “problema” entre Lula y Cristina Kirchner y contó que la vicepresidenta alegó razones de seguridad para exigir que un posible encuentro se realizara en sus oficinas.

Por su parte, Lula afirmó en Buenos Aires que “Brasil y los países que componen la CELAC tienen que tratar a Cuba y Venezuela con mucho cariño” y afirmó que él (usando la expresión “a gente” en portugués) se dispone a “solucionar el problema venezolano” con “diálogos y no con amenazas de ocupación, lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales”. Se ignora que tipo de intervención se propone realizar Lula en Venezuela, aunque en su intervención en Buenos Aires rechazó a quienes “le piden comprensión a Maduro”.

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La decisión de poner fin al “gobierno de transición” de Juan Guaidó, tomada por parte de la oposición venezolana, ha tenido inmediatas repercusiones. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos el 23ENE23 en Bruselas abordaron el tema.   Una fuente oficial de la UE, consultada para este Informe, precisó que el tema Venezuela fue “brevemente” tratado por los ministros de Asuntos Exteriores en el marco del punto del orden del día "Asuntos de actualidad". Según la fuente, el Alto Representante, Josep Borrell, “ha informado al Consejo sobre los últimos acontecimientos políticos, en particular la decisión de la Asamblea Nacional de disolver el Gobierno interino dirigido por Juan Guaidó, y la reanudación de las negociaciones el pasado mes de noviembre en México”. Tras el intercambio sobre el tema “no se tomó ninguna decisión”. La UE si bien desconoció la fraudulenta reelección de Maduro en 2018, nunca reconoció colectivamente al gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó, ya que era una decisión que requería unanimidad. El reconocimiento a Guaidó fue decidido individualmente por los diversos gobiernos que componen a la UE muchos de los cuales optaron por no romper relaciones diplomáticas, mantener sus misiones diplomáticas en Caracas algunas de ellas sin embajador, pero en manos de encargados de negocios. Esta situación ha tendido a cambiar en los últimos meses y diversos gobiernos europeos están en la vía de reenviar embajadores a Caracas como ya ocurrió con España que, en una poco ortodoxa maniobra diplomática, elevó el rango de su encargado de negocios, Ramón Santos Martínez, al de Embajador ante el gobierno de Nicolás ;Maduro. Los gobiernos no izquierdistas de Uruguay y Costa Rica están en el mismo propósito: Uruguay solicitó en noviembre de 2022 el beneplácito para enviar embajador a Caracas. Costa Rica realizó gestiones ante los enviados de Maduro a Argentina en la reunión de CELAC, para acordar el restablecimiento de relaciones a nivel consular.

Por su parte, el “gobierno legislativo” constituido por la oposición venezolana decidió designar un representante ante el gobierno de EEUU que reemplace al Embajador que Juan Guaidó mantenía en Washington, Carlos Vecchio,  quien contaba con reconocimiento oficial como funcionario diplomático acreditado ante el Departamento de Estado. En los mentideros de Washington se pone en duda que el gobierno de Biden otorgue al nuevo enviado de la oposición venezolana, Fernando Blasi militante del partido “Un Nuevo Tiempo”, el reconocimiento, los privilegios e inmunidades usuales a un embajador extranjero. Blasi sería un “representante” oficial de la oposición venezolana pero no un “Embajador”.

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Lula da Silva y Gustavo Petro se negaron a prestar apoyo militar al gobierno de Ucrania, en un obvio cuadre a favor de Rusia.

El brasileño fue consultado por el entonces comandante del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda, en reunión sostenida el 20ENE23 con el alto mando militar, sobre una solicitud hecha por el gobierno de Alemania. El gobierno alemán está interesado en comprar municiones para los carros de guerra Leopard-1 que forman parte del arsenal del ejército brasileño y que serían parte de los carros de combate a ser entregados a Ucrania. Lula, según el diario Folha de São Paulo, habría afirmado que “no vale la pena provocar a los rusos”. El conflicto en Ucrania está causando escasez de municiones y Alemania está recurriendo a Brasil que tiene en su parque.

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La solicitud de municiones para Leopard-1 se trataría de la segunda ocasión en la cual los diplomáticos alemanes consultan a Brasil para comprar equipos bélicos con destino en Ucrania. Aún durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Alemania habría intentado adquirir unidades del carro blindado Gepard de combate antiaéreo o, en todo caso, municiones para ese sistema. Los Gepard, comprados por Brasil a Alemania la década pasada, serían útiles en Ucrania para sumarlos a las defensas contra ataques de drones rusos. Por cierto, el general Arruda fue destituido por Lula al día siguiente de la reunión en la cual se discutió la venta de armamento para uso en Ucrania.

El gobierno ucraniano llegó a ver con buenos ojos el arribo de Lula a la presidencia brasileña e incluso envió a Brasilia a la viceprimer ministra, Yulia Svyrydenko, para la toma de posesión el 01ENE23. Pero Lula está dando continuidad a la línea de Jair Bolsonaro al declarar a Brasil como “neutral” ante la invasión rusa a Ucrania en obvio respaldo a Moscú.  

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La general Laura J. Richarson, jefe del Comando Sur de EEUU, durante una conferencia el 19ENE23 en el Atlantic Council de Washington evaluó las amenazas que enfrenta su país en el continente. Reveló las gestiones realizadas para convencer a seis países latinoamericanos, sin mencionarlos y descartando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son poseedores de equipos bélicos de origen ruso. EEUU intenta que esos países reemplacen sus equipos militares rusos por equivalentes de fabricación estadounidense. EEUU estimula que los equipos rusos sean donados a Ucrania. Brasil, Perú, Chile, Colombia, México y Bolivia son usuarios de armamento ruso especialmente de helicópteros de combate. El 24ENE23, durante su intervención en la cumbre presidencial de la CELAC, Petro comentó el pedido estadounidense y dijo haber respondido que no entregaría las armas de fabricación rusas “para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra”.

En sus recientes viajes a Latinoamérica, Richardson ha visitado Colombia en dos ocasiones tras la toma de posesión de Gustavo Petro. El 25ENE23 el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Helder Hiraldo, visitó a Richardson en el cuartel general del Comando Sur en Miami, Florida. Colombia, tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, reemplazó a Venezuela como el principal aliado militar estadounidense en el continente. El triunfo de Petro en Colombia está poniendo en duda la continuidad de la alianza militar de EEUU y Colombia.

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martes, 31 de enero de 2023

EEUU no tiene el dinero para acuerdo Maduro-Oposición

Informe Otálvora del 14 de enero de 2023

El canciller mexicano felicita a Gerardo Blyde por la firma de un acuerdo con el régimen chavista el 26NOV22. Foto: @SRE_mx

El sábado 07ENE23, sin avisos previos, el presidente de Colombia Gustavo Petro viajó a Caracas para una reunión de urgencia con Nicolás Maduro. Se trataba de la segunda visita a Venezuela por parte del colombiano desde su toma de posesión, mientras que Maduro, aconsejado por sus servicios de seguridad cubanos, ha descartado una eventual visita a territorio colombiano.  

Según las versiones oficiales, Maduro y Petro pasaron revista a diversos temas comerciales, de infraestructura, de regulación de inversiones, sobre los cuales estarían trabajando. Todos ellos son asuntos que no ameritaban un viaje presidencial. En realidad, Petro viajó a Caracas para solicitar a Maduro su intervención ante los jefes guerrilleros de ELN quienes se muestran reacios a declarar un cese al fuego bilateral. El 31DIC22, Petro anunció un cese al fuego bilateral y ordenó la paralización de las operaciones militares ofensivas contra el ELN, las disidencias de la Farc, grupos paramilitares y demás grupos alzados en armas en Colombia. El anuncio de Petro fue rápidamente desmentido por la jefatura del ELN quien informó que en las negociaciones que sigue con el gobierno y que han tenido a Caracas como sede, no se había acordado un cese al fuego. El 04ENE23 Petro ordenó reactivar operaciones militares contra el ELN aunque en la práctica esperaba los resultados de las gestiones de su socio Maduro.

La estrecha relación del régimen chavista con el ELN, organización que controla extensas zonas en territorio venezolano, fue el motivo para que el colombiano apelara a Maduro. Como consecuencia de las gestiones, el ELN aceptó realizar en Caracas una reunión extraordinaria con el gobierno Petro probablemente el 17ENE23.  

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A su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 07ENE23, Petro era esperado al pie de la escalerilla por la vicepresidenta del régimen Delsy Rodríguez quien estaba acompañada por un hombre cano quien fue colocado en la fila de saludo en segunda posición, antes que el embajador colombiano. El hombre, un desconocido para los analistas políticos de ambos países, es el “empresario” venezolano Luis Salas quien actuó como secreto enlace y correo entre Maduro y Petro una vez que el colombiano ganó las elecciones. Salas marchó en el callejón de honor junto a Petro y Rodríguez cuando el colombiano recibió honores militares en el aeropuerto. Después, Salas fue visto en los pasillos del Palacio de Miraflores durante la estadía de Petro para sus reuniones con Maduro. Ya el 01NOV22 en la primera visita de Petro a Maduro, el “enlace secreto” Salas acompañó a Delsy Rodríguez para dar el recibimiento al colombiano.

 

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Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22, Mediante ese acuerdo crearon un mecanismo para la “protección social del pueblo venezolano” y que sirvió para justificar el ablandamiento de sanciones de EEUU al régimen chavista.

El 16SEP21 Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la opositora “Plataforma Unitaria”, organizadas por diplomáticos de Noruega, auspiciadas por EEUU y que contaban con Ciudad de México como sede. Mientras la oposición decía procurar negociar condiciones adecuadas para unas próximas elecciones presidenciales, el régimen exigía el fin de las sanciones impuestas por EEUU y otros gobiernos. Una hipotética suspensión de algunas sanciones, especialmente la bregada por el lobby de la petrolera Chevron para retomar operaciones en Venezuela, estaba condicionada a un regreso de Maduro a la mesa de México.

El mal llamado reinició de las negociaciones se produjo el 26NOV22, cuando las delegaciones encabezadas por el opositor Gerardo Blyde y el negociador del régimen Jorge Rodríguez, comparecieron en México para una sesión de fotografías y declaraciones. También para firmar dos documentos previamente acordados que no requerían del viaje. Se trataba del “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo sobre la puesta en funcionamiento del acuerdo. En ese documento las partes se comprometieron a designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió. El acuerdo firmado establecía que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. Entre 3.000 y 5.000 millones de dólares era la cifra que chavismo y opositores aseguraban que pondrían en el fondo creado. En aquel entonces el Informe Otálvora del 02DIC22 advertía que “en realidad, se desconoce cuánto dinero del estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos”.

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Tras la firma del acuerdo “social”, la oposición esperaba retomar las conversaciones en breve sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las elecciones que teóricamente tendrán lugar en el año 2024, liberación de presos políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia EEUU, el gobierno Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones durante el mes de diciembre. El 31DIC22 Jorge Rodríguez dijo que estaban intentando “aterrizar” el acuerdo ya firmado. El 01ENE23 el propio Maduro se quejó porque EEUU no estaba liberando los recursos ofrecidos.  Según Rodríguez, sería “atemporal” (sic) avanzar en otros temas “sin cerrar uno anterior” con lo cual nuevamente las negociaciones quedaban congeladas pese a los ya usuales contactos entre el régimen y voceros de la “oposición”.

En tanto, en mentideros de Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de dólares que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del Tesoro. Colocar esos fondos en manos de la ONU para cubrir los supuestos planes acordados entre Maduro y la oposición, de los cuales no se tiene noticias concretas, dependería además de decisiones administrativas y políticas que pudieran no contar con el pleno respaldo del alto funcionariado estadounidense en razón de las responsabilidades legales que pudieran acarrear. Las cifras fantasiosas de miles de millones de dólares forman parte de una hipotética contabilidad que reúne inciertas cifras de activos venezolanos retenidos por gobiernos a lo largo del mundo.

El 13ENE23, mediante un tuiteo del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se conoció que la decena de negociadores de la Plataforma Unitaria encabezados por Gerardo Blyde, habían sostenido una nueva reunión con el Departamento de Estado. Los enviados de la oposición fueron recibidos por un grupo de funcionarios de tercer y cuarto escalón del Departamento de Estado. Según la fotografía divulgada la parte estadounidense estaba encabezada por Mark Wells, el segundo a bordo de la subsecretaría para el Hemisferio Occidental, quien estaba acompañado por el Embajador de EEUU para Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá y viajó a Washington para la ocasión. El tuiteo adjudicado a Nichols informó que el encuentro fue para “reafirmar el apoyo de EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en Venezuela en 2024”. Todavía la administración Biden insiste en la ruta de lograr que el régimen chavista permita elecciones libres en Venezuela.

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La visita de la numerosa delegación partidista opositora venezolana a Washington se produjo poco después que la Asamblea Nacional opositora (denominada “IV Asamblea Nacional” electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única institución electa democráticamente en Venezuela) decidiera poner fin a la figura del “gobierno provisional”, destituir a todos los funcionarios designados durante las gestiones de Juan Guaidó como “presidente provisional” y designar una nueva directiva integrada por militantes de los tres partidos (AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo conocidos como el G3) que coordinaron la destitución de Guaidó. Por cierto, entre las medidas acordadas por el bloque de tres partidos está la disolución del aparato diplomático del “gobierno provisional” que incluía las misiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU y en la OEA. Mientras cualquier gobierno del planeta, incluyendo a los anti-estadounidenses, hace esfuerzos para mantener su sede diplomática y el reconocimiento diplomático de Washington, los opositores venezolanos desecharon esta herramienta con la cual contaban.

La disolución del “gobierno de transición” fue realizada con el visto bueno del gobierno de EEUU, que les garantizó al G3 la continuidad del reconocimiento a la Asamblea Nacional opositora. Ese reconocimiento no sólo sería de carácter político sino que el Departamento de Estado se comprometió a autorizar que la Asamblea y los organismos que designara para el manejo de recursos fueran autorizados por el Departamento de Tesoro como ya había ocurrido con el “gobierno de transición” de Guaidó. El 09ENE23, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permitirá que la Asamblea Nacional opositora opere como un virtual “gobierno legislativo” con capacidad para realizar transacciones con entes estadounidenses. Probablemente el financiamiento que desde EEUU reciben los diputados opositores continúe fluyendo de esta manera, pero el tema central del control de los activos congelados en el exterior, algunos de ellos en procesos de litigios con acreedores, quedó latente.

Si bien Guaidó no ejercía real gobierno en Venezuela, la existencia del “gobierno provisional” y su reconocimiento legal por importantes gobiernos, creó una situación jurídica que impide que el régimen chavista tenga acceso a activos del Estado situados en el exterior, a la vez que impide que ansiosos creedores a quien el chavismo expropió bienes se hagan de esos bienes como pago. La disolución del “gobierno provisional” por parte de la propia oposición dejó abiertas puertas para que acreedores aumenten sus apuestas para hacerse de propiedades estatales venezolanas como la petrolera Citgo que opera refinerías, redes y gasolinerías en EEUU.

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Por cierto. El gobierno de EEUU está jugando a obviar el caso de la empresa propiedad estatal venezolana situada en Barranquilla, Colombia, cuyo manejo fue devuelto por Gustavo Petro a Maduro. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos como parte de la estatal venezolana Pdvsa vía la filial Pequiven, fue objeto de sanciones por el gobierno de EEUU el 28ENE19. La imposibilidad de realizar transacciones comerciales con empresas de EEUU paralizó en la práctica las operaciones de Monómeros que contaba desde el mes de mayo con una junta directiva designada por el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. Ante este hecho, el 07JUN19 el gobierno Trump emitió una licencia que liberó a Monómeros de las sanciones.

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 07AGO22, Colombia dejó de reconocer al “gobierno provisional” venezolano y entró en inmediatos negocios con el régimen chavista. Uno de los primeros movimientos de Petro ante Maduro fue facilitar la retoma del control de la empresa por enviados de Caracas, mediante la inscripción el 09SEP22 de una junta directiva en la cual fueron incluidos dos colombianos vinculados con el nuevo gobierno y una venezolana relacionada con el entorno íntimo de la familia Maduro. La empresa productora y comercializadora de fertilizantes quedaba nuevamente bajo control del chavismo. El asunto habría sido tratado por Petro con emisarios del gobierno Biden, exigiendo que Washington no reimpusiera sanciones a Monómeros, bajo el argumento de que el mayor afectado es el sector agrícola colombiano. En la práctica, uno de los resultados de la línea de no confrontación con Petro decretada por EEUU ha sido mantener a la empresa retomada por Maduro fuera de la lista de sanciones.

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La eliminación del “gobierno provisional” en Venezuela fue recibida como entusiasmo por el gobierno ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, emitió el 09ENE23 un comunicado señalando que “la oposición radical venezolana, con el apoyo y la instigación de los patrocinadores occidentales, continuó sus intentos de dar nueva vida al trabajo de la "Asamblea Nacional paralela" para retener el acceso a las palancas del gobierno por las buenas o por las malas. Al mismo tiempo, se tomó la decisión correcta y lógica de abolir el “gobierno interino” encabezado por J. Guaidó”.

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En Perú está en desarrollo una insurrección impulsada por la alianza entre narcotráfico y el castrochavismo impulsado desde Bolivia por Evo Morales. La agenda de las violentas protestas que se registran en el sur peruano, con decenas de muertos, se limita a aspectos de carácter político: exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolución del parlamento, convocatoria a elecciones y realización de una asamblea constituyente.  

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