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miércoles, 28 de febrero de 2024

Enviados de EEUU piden consejo a Petro sobre Maduro

Informe Otálvora del 10 de febrero de 2024 

Los funcionarios de la Casa Blanca Jon Finer y Juan González reunidos el 05FEB24 con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia de Colombia

 


La Casa Blanca negó que un asesor presidencial estadounidense hubiera mantenido una reunión secreta con enviados de Nicolás Maduro, los primeros días de febrero luego que EEUU anunciara una reanudación dosificada de las sanciones al aparato económico del régimen venezolano.

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, en respuesta del 09FEB24 off the record a consultas realizadas por el Informe Otálvora, aseguró que no hubo una reunión entre el asesor presidencial Juan González y el usual negociador por el chavismo Jorge Rodríguez. La versión fue divulgada por varios medios suramericanos previo a un periplo a Guyana y Colombia realizado por el segundo a borde en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer, quien viajó acompañado por el colombo-estadounidense Juan González.  

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El 26ENE22, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana, anunció que la dirigente María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias realizadas por la oposición, está inhabilitada para concurrir a las votaciones presidenciales. La decisión, sin piso legal, fue tomada por el régimen pese a acuerdos no escritos entre la Casa Blanca y emisarios de Maduro. El régimen se basó en un ambiguo esquema aceptado por el negociador opositor Gerardo Blyde que colocó las “inhabilitaciones” de candidatos en manos de la instancia judicial controlada por el chavismo.

La decisión contra MCM desató un nuevo capítulo en la política de EEUU hacia Venezuela. Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, han sido los principales diseñadores y operadores de la política del gobierno Biden hacia Venezuela, incluyendo negociaciones directas con el régimen. Esa política ha estado basada en la ilusa teoría de las “concesiones” expresada repetidamente por el asesor Juan González, es decir, en el levantamiento progresivo de las sanciones en la medida que el régimen se direccione hacia una ruta democrática y en la amenaza de retornar a las sanciones si no se cumplen los acuerdos hacia elecciones democráticas y libres.

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El Departamento del Tesoro emitió el 18OCT23 un paquete de “licencias” temporales suavizando sanciones para los sectores de petróleo y gas (licencia 44) y minería (licencia 43) manejados por el régimen, como premio por la firma el día anterior del “Acuerdo de Barbados” entre enviados de Maduro y de la opositora “Plataforma Democrática” el cual contemplaba lo que voceros del gobierno de EEUU calificaron como una “hoja de ruta electoral”. Esas “licencias” se sumaban a otras previamente emitidas por el Departamento del Tesoro a favor de empresas y gobiernos facilitando la realización de negocios petroleros con el régimen venezolano.

La política de sanciones hacia el régimen venezolano, desde tiempos del gobierno de Donald Trump, ha sido blanco de un fuerte lobby de empresas petroleras y de ingeniería petrolera, encabezadas por Chevron, con apoyo de poderosos medios como Bloomberg, think tanks washingtonianos y “analistas” de opinión y encuestadores venezolanos. Esas empresas procuraron y lograron abrir una brecha que les permite operar en Venezuela desde el 26NOV22 mediante una licencia denominada 41. Igualmente, la presión de otras empresas petroleras y de gobiernos de la región fueron logrando que EEUU emitiera licencias parciales que permitieron al régimen reactivar el negocio petrolero y suscribir acuerdos a futuro.

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La reacción de EEUU a la esperada violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen comenzó un día después de la “inhabilitación” de MCM y en medio de una nueva ola represiva contra dirigentes opositores. Mediante un comunicado emitido el 27ENE24 el Departamento de Estado anunció que comenzaba a “revisar” su política de “sanciones a Venezuela”. El 29ENE24 el Departamento del Tesoro revocó la polémica licencia 43 que había legalizado el comercio del oro producido por el régimen mediante la destrucción masiva de la Orinoquia venezolana. El 30ENE24 el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando expire el 18 de abril de 2024”.

De esa manera, el gobierno Biden abrió un nuevo plazo de más de dos meses en espera de cambios en la política del régimen, amenazando con dejar sin efecto la licencia general para que ciudadanos y empresas estadounidenses (o con operaciones en EEUU) puedan hacer negocios con el régimen en petróleo y gas. Los operadores de la Casa Blanca, pese al sonoro fracaso de su política de “incentivos”, pareciera que mantienen esa línea y comenzaron a hablar de un plazo a Maduro “hasta la primavera”. En una publicación explicativa del estado de las sanciones hacia Venezuela, difundida por el Departamento del Tesoro el 02FEB24, aclararon que se mantendrían vigentes otras licencias emitidas antes del 18OCT23.

La respuesta del régimen fue la inmediata suspensión de uno de los acuerdos informales alcanzados con la Casa Blanca: los vuelos directos EEUU-Venezuela con venezolanos deportados.

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En caso de llegarse a la no renovación el 18ABR24 de la licencia general (Licencia 44) que permite hacer negocios con el régimen en petróleo y gas, quedarían aún vigentes tres licencias públicas: Licencia 8M que beneficia a las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International y Public Limited Company y que vence el 16MAY24. Licencia 41 que vence el 01JUN24 y que permite operar en Venezuela a la petrolera Chevron, principal socia petrolera del régimen venezolano. Licencia 40B que permite negocios de exportación de gas la cual vence el 10JUL24. Además, existen licencias específicas concedidas por EEUU, entre ellas, las que benefician a la española Repsol y a la italiana ENI o, licencias entregadas a Trinidad & Tobago y a la petrolera Shell para desarrollar un campo gasífero costa afuera en territorio venezolano. Igualmente, EEUU mantiene la licencia para el funcionamiento de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, propiedad estatal venezolana que opera en Colombia. En este último caso, la Casa Blanca se ha comprometido con el gobierno colombiano a mantener la licencia a la empresa propiedad venezolana en cuya directiva figuran dos políticos colombianos allegados a Gustavo Petro.

Los operadores de la Casa Blanca han dejado saber que no desean regresar al esquema de sanciones totales y han estado procurando auxilio de gobiernos de la región para “ablandar” la posición de Maduro.

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El 31ENE24 se produjo en la residencia del Embajador de Colombia ante EEUU, según diversas fuentes incluyendo un reportaje de Bloomberg, un encuentro de funcionarios de la Casa Blanca con diplomáticos de varios países latinoamericanos basados en Washington. El colombiano Luis Gilberto Murillo fue el anfitrión para que el asesor Adjunto de Seguridad Nacional Jon Finer y el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, expusieran a dos decenas de diplomáticos la aspiración y el pedido de EEUU para que sus gobiernos ayuden a tender puentes con el régimen chavista con el propósito de retomar la agenda electoral. Pocos días después, Finer, quien ha sido uno de los rectores de las negociaciones de EEUU con el régimen chavista y González emprendieron viaje a dos países fronterizos con Venezuela, Guyana y Colombia. Al menos en lo atinente a Venezuela, la diplomacia de EEUU la está ejerciendo directamente la Casa Blanca.

Por cierto. Luis Gilberto Murillo, quien no es un militante de izquierda ni forma parte de los equipos de Petro, pudiera convertirse en los próximos días en el nuevo ministro de Exteriores de Colombia. El canciller colombiano Álvaro Leyva a partir del 07FEB24 comenzó a cumplir una pena de tres meses de suspensión del cargo impuesta por la Procuraduría General, quien lo investiga por corrupción en un proceso de licitación. En vez de designar como ministro encargado a uno de los actuales directivos de la Cancillería, Petro optó por llamar a Murillo para que, sin dejar de ser su representante ante la Casa Blanca, asuma el interinato como ministro. Las relaciones con EEUU son de particular relevancia para Petro y Murillo, sin experiencia diplomática previa, ha resultado un buen actor en la capital estadounidense.

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Los enviados de la Casa Blanca arribaron a Georgetown, camino a Bogotá, el 04FEB24. La comitiva de Finer incluía a Juan González y al secretario adjunto principal en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Mark Wells y la asesora superior del Consejo de Seguridad Nacional Laura Updegrov. En su reunión con los estadounidenses, el presidente Irfaan Ali se hizo acompañar por su secretario de Relaciones Exteriores Robert Persaud; el jefe de Estado Mayor brigadier Omar Khan y por el Asesor de Seguridad Nacional Gerry Gouveia. Según la nota oficial guyanesa se “debatieron cuestiones de gobernanza democrática, estabilidad económica, seguridad regional y otros asuntos hemisféricos urgentes”. Según la nota emitida por la Casa Blanca, los enviados “refirmaron” el “apoyo inquebrantable a la soberanía, la integridad territorial y las capacidades de defensa de Guyana” Y “discutieron formas de fortalecer nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad regional, lucha contra el cambio climático y seguridad alimentaria”. El tema de seguridad fue central en las conversaciones, en las cuales las amenazas militares de Nicolás Maduro contra Guyana estuvieron en el centro del temario.

Al día siguiente, la agencia AP distribuyó un cable según el cual autoridades militares guyanesas habían confirmado que se esperaba que EEUU aumente su ayuda militar. “EEUU se ha comprometido a ayudar a Guyana a comprar nuevos aviones, helicópteros, una flota de drones militares y, por primera vez, tecnología de radar”, decía AP.

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El 05FEB24 Finer y González fueron recibidos por Gustavo Petro en la presidencial Casa de Nariño en Bogotá. En un inusual “comunicado conjunto” emitido por la presidencia de Colombia y por la Casa Blanca el 06FEB24, dejaron constancia de haber conversado sobre los temas de migración hemisférica, tráfico de narcóticos, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y, “también sostuvieron una discusión en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada”.

A la salida del encuentro con Petro, Juan González acompañado del encargado de la Embajada de EEUU en Colombia y embajador para Venezuela, Francisco Palmieri, sostuvo un encuentro con un corresponsal de la agencia Bloomberg y con un reportero del diario bogotano El Tiempo. González dijo a los periodistas que la visita a Bogotá era para “buscar consejos con el fin de abordar esta tensa situación en la que se encuentran en este momento Washington y Caracas”. El asesor presidencial estadounidense, uno de los teóricos del esquema usado por EEUU con el régimen chavista dijo además que “Colombia puede servir como un puente importante no solo para construir el diálogo entre la oposición y el chavismo, sino también, francamente, entre EEUU y Venezuela”. Acudir a Petro para abrir puentes con Maduro sonó a una desesperada movida ante la ausencia de planes tras el fracaso de la política de “estímulos”.

Ese mismo día en Caracas, el embajador colombiano Milton Rengifo, recibió en su residencia oficial al representante opositor Tomás Guanipa y divulgó una fotografía del encuentro. No es usual que los embajadores ante Maduro se reúnan públicamente con líderes opositores, lo cual suele generar alto malestar entre los jerarcas del régimen.  

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La ONU podría quedar sin recursos para operar el próximo mes de agosto. El 26DIC23 el secretario General de la ONU remitió una carta al personal de la organización informando sobre la crisis de financiamiento que enfrenta. “Esperamos que la situación de liquidez del presupuesto ordinario sea mucho más difícil en 2024, ya que partimos con muy poco efectivo.  Con el fin de evitar un incumplimiento de pago a lo largo del año, mientras lidiamos con la imprevisibilidad de los cobros intraanuales, nuestras estimaciones iniciales son que necesitaremos conservar alrededor de $350 millones en efectivo disminuyendo la velocidad y reduciendo el gasto hasta que tengamos la certeza de que tenemos suficiente efectivo para cumplir con nuestras obligaciones cada mes.  Esto significa que tendremos que introducir restricciones al gasto de inmediato o arriesgarnos a quedarnos sin efectivo para agosto”.

Asegura Guterres que “los gastos de personal representan más del 70% del presupuesto ordinario.  A fin de garantizar la liquidez para el pago de los sueldos del personal, será necesario adoptar algunas medidas difíciles. Las restricciones de contratación deberán mantenerse durante 2024”.

Publicado originalmente en:





jueves, 1 de febrero de 2024

Fracasa política de EEUU con incentivos a Maduro

Informe Otálvora del 26 de enero de 2024

El presidente Joe Biden con su Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan el 30AGO23. Foto: Casa Blanca.

 

 Apenas un mes después que el gobierno de EEUU se mostrara “feliz” por los acuerdos alcanzados con la dictadura venezolana, el Departamento de Estado emitió el sábado 27ENE24 un comunicado informado que EEUU está “revisando nuestra política de sanciones a Venezuela”.

La declaración fue la primera reacción de EEUU ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano del 26ENE24 que declaró inhabilitada por quince años a la dirigente opositora y candidata presidencial María Corina Machado. La decisión del órgano judicial controlado por el chavismo se sumó a una seguidilla de desapariciones forzadas, apertura de procesos judiciales, vandalismo contra locales de partidos opositores y encarcelamientos de opositores realizados por el régimen en las últimas semanas. La política de “incentivos” diseñada en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, consistente en el alivio de sanciones económicas al régimen chavista a cambio de garantías electorales, quedó ya abiertamente en entredicho. No funcionó.

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MCM, la dirigente opositora que logró convertirse en la abanderada para una hipotética elección presidencial en Venezuela, hizo el 23ENE24 un llamado a “todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones libres y limpias en Venezuela” a los cuales les preguntó “¿cómo se hace una campaña si te llevan a tu gente secuestrada y desaparecida?”. Hasta ese momento, Machado se había mostrado confiada en el peso que las negociaciones entre EEUU y Maduro tendrían para garantizar su participación en las elecciones. Desde el 06DIC23 el régimen, por intermedio de su Fiscalía General, desató una nueva ola represiva y propagandística, teniendo como uno de sus blancos el aparato que MCM ha logrado armar como soporte a su actividad política. En diciembre fueron imputados varios ejecutivos del equipo de MCM incluyendo a su jefe de relaciones internacionales Pedro Urruchurtu a quienes el régimen acusó de “traición a la patria”, “legitimación de capitales” y “conspiración con potencia extranjera”. Luego, varios coordinadores regionales del equipo de MCM fueron secuestrados por la policía política del régimen a mediados de enero, como parte de una cacería de opositores organizada por el régimen alegando que durante el año 2023 habían sido descubiertas “cinco conspiraciones” que incluirían intentos de asesinato contra Maduro. Como parte de las promesas del régimen a EEUU, a cambio del indulto del presidente Biden al testaferro chavista Alex Saad, aparecía la liberación de los colaboradores de MCM, algunos de los cuales permanecían bajo protección de gobiernos extranjeros. Sin embargo, Urruchurtu, el experto electoral  Roberto Abdul y otros operadores de MCM están siendo procesados, el “libertad” pero bajo medidas de control como la asistencia obligatoria a un tribunal.

El mensaje de MCM “a todos los actores de la comunidad internacional que hablan de elecciones libres” tenía un claro destinatario: el gobierno de EEUU, cuyos emisarios habían logrado que Machado aceptara el modelo impulsado por la actual Casa Blanca en sus negociaciones con la dictadura chavista y que, según los operadores de Biden, forzaría a que Maduro llamara a elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Convencida o forzada por los representantes del gobierno Biden sobre que el régimen eliminaría la inhabilitación política en su contra, MCM repitió a todos los que le preguntaron que se estaba en “medio de una negociación nacional, e internacional muy compleja y difícil”. MCM hacía referencia al acuerdo firmado el 17OCT23 en Barbados por los representantes opositores (que no incluían representantes de MCM) y de Maduro, altamente exaltado por el gobierno de EEUU y que establecía un supuesto esquema para la realización de elecciones presidenciales en 2024 para lo cual, entre otros aspectos se contemplaba “la autorización a todos los candidatos presidenciales”, en obvia referencia aun grupo de dirigentes opositores que están inhabilitados por órganos administrativos del régimen.

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El 18OCT23, como premio por la firma del acuerdo de Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias que dejaban temporalmente sin efecto las sanciones que prohibían que personas y empresas de EEUU o con actividad en EEUU, tengan relaciones de negocios con la petrolera estatal venezolana y con la empresa de minería estatal. Ese mismo día, el Departamento de Estado emitió un comunicado dejando saber que esperaba que antes de finalizar el mes de noviembre, el régimen presentara “un cronograma y un proceso específico para la reinstalación acelerada de todos los candidatos” además de proceder a la “liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos”.

El mes de noviembre llegó a su fin y el régimen no procedió a liberar a los estadounidenses presos injustamente en Venezuela, ni adelantaba un esquema para garantizar la participación de los candidatos opositores “inhabilitados”, básicamente MCM y Henrique Capriles Radonski. El 30NOV23 el negociador por la oposición venezolana, el jurista Gerardo Blyde, y su contraparte chavista Jorge Rodríguez, invocando el Acuerdo de Barbados hicieron público un documento denominado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”. En el texto, el negociador opositor aceptó que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuya totalidad de miembros son militantes oficialistas designados por el régimen, recibiera las solicitudes “de los interesados” para “ejercer el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República”, controlada también por el régimen. Además, el negociador opositor aceptó que este proceso, que es un derecho constitucional sin restricciones temporales, sólo fuera posible ejercerlo durante los primeros quince días del mes de diciembre.  Además, los solicitantes debían “cumplir con el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar la soberanía… y un largo lista de condicionantes que adelantaban la trampa montada por el chavismo, permitida por los negociadores opositores y convalidada por algunos funcionarios de la Casa Blanca encargados de las negociaciones con Maduro. Reacia inicialmente a verse involucrada en un esquema que no le daba ninguna garantía legal, MCM accedió a presentarse ante el alto tribunal chavista tras inocultables presiones internas y externas. El 26ENE24 el alto tribunal chavista anunció, sin haber realizado un juicio o mostrado el expediente, que MCM estaba inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales.

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Con las sanciones ya suavizadas desde mediados de octubre, permitiendo que el régimen reactive negocios petroleros, reciba el pago por intermedio del sistema financiero internacional y suscriba acuerdo, el gobierno de EEUU se vio obligado a continuar con unas negociaciones paralelas con representantes del régimen, facilitadas por Catar, para lograr la liberación de los estadounidenses presos. Para la dictadura venezolana, el alivio de las sanciones no era suficiente pago para liberar a los estadounidenses secuestrados en cárceles venezolanas: el chavismo exigía la liberación del colombiano Alex Saab, operador comercial y financiero del chavismo y quien permanecía en una cárcel de EEUU procesado por lavado de dinero procedente de las arcas del estado venezolano.

El 15DIC23 el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva otorgando perdón total a Alex Naim Saab Moran la cual se haría publica el 20DIC23. El indulto de Biden a Saab fue el precio pagado por EEUU para lograr la liberación de diez estadounidenses presos en cárceles venezolanas, la entrega de un estadounidense prófugo de la justicia de EEUU y el compromiso de Maduro de, en el futuro, extraditar expeditamente a cualquier estadounidense que sea detenido en Venezuela. El intercambio de Saab por los estadounidenses se produjo en el aeropuerto de Canouan en San Vicente y las Granadinas. Uno de los estadounidense liberados fue entregado postrado en una camilla como consecuencia de sesiones de tortura recibidas en la sede de la policía política venezolana.

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 La liberación de los estadounidenses presos en Venezuela y el esquema de revisión de las inhabilitaciones a líderes opositores, más el supuesto “cronograma electoral” acordado por Maduro y la oposición en Barbados, hizo que el gobierno de EEUU se mostrara extasiado el 20DIC23 ante lo que ocurría en Venezuela.

Biden, al bajar del avión que lo llevó ese día a Milwaukee, fue interrogado por los periodistas que cubren la Casa Blanca y que lo acompañaban. La noticia del intercambio de presos ya corría por las redacciones de los medios y Biden ofreció más noticias al terminar el evento al cual asistiría. Pero afirmó que lo del intercambio de prisioneros con Venezuela “tiene buena pinta y parece que Maduro, hasta ahora, está manteniendo su compromiso de celebrar elecciones libres. Pero aún no está hecho. Aún queda un largo camino por recorrer. Pero... pero hasta ahora todo va bien”. Los asesores de Biden le habían transmitido la versión de un rotundo éxito en el manejo del caso venezolano.

Juan González, el colombo-estadounidense que actúa como asesor de Biden y encargado del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, a quien se le adjudica la teoría de los “estímulos” para las negociaciones con el chavismo, ofreció el 20DIC23 al canal colombiano NTN24 unas declaraciones que develaban el increíble e injustificado estado de satisfacción ante Venezuela de los colaboradores de Biden. Interrogado acerca de si el régimen chavista estaba cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Barbados, Gonzáles dijo: “Si están cumpliendo. Después que se firmaron los acuerdos del 17 de octubre [Barbados], lo que nos faltaba era la liberación de americanos [estadounidenses] y el compromiso de liberar a presos venezolanos. Ellos han cumplido y han ido más allá de eso”. Agregó que además de MCM, “se espera que todos los candidatos y candidatas se puedan presentar”. El chavismo acabó con esta fantasía el 26ENE24 mediante una sentencia de su tribunal supremo.

 

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Mientras Biden volaba desde Washington a Wisconsin, la oficina de prensa de la Casa Blanca celebrara una teleconferencia con tres altos funcionarios (por lo menos uno de ellos a bordo del avión presidencial) cuyos nombres, como es usual en este tipo de intercambios, se reveló a los periodistas conectados con el compromiso de no mencionarlos. La rueda de prensa igualmente tenía un embargo y sólo podría ser divulgada una vez que la Casa Blanca recibiera confirmación del intercambio de presos que estaba por ocurrir en San Vicente y Granadinas.

De esa rueda de prensa se derivaron diversos elementos del proceso de negociación entre EEUU y la dictadura venezolana. Las negociaciones fueron planeadas y realizadas directamente por la Casa Blanca por intermedio de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. “El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, supervisó las negociaciones” afirmó uno de los voceros oficiales quien agregó que el segundo del Consejo de Seguridad, Jonathan “Jon” Finer, también había participado del proceso y habría dictado “instrucciones en tiempo real al equipo negociador de EEUU” ante Maduro. De hecho, Finer habría sido quien reactivó las negociaciones entre EEUU y Maduro a raíz de la reunión sobre Venezuela convocada por Gustavo Petro y celebrada en Bogotá el 22ABR23. “Este es el resultado de muchos, muchos meses de negociaciones, consultas periódicas con el Presidente, una gran cantidad de trabajo que involucró a nuestro liderazgo superior” comentó uno de los participantes en la teleconferencia.

Sobre el trabajo conjunto de la Casa Blanca con el Departamento de Estado se supo que “desde mayo, Jake [Sullivan] y el Secretario de Estado han celebrado reuniones estratégicas periódicas sobre Venezuela y se han comprometido personalmente con socios de la región, Europa y Medio Oriente, en apoyo de las elecciones en Venezuela y la liberación de estadounidenses”. Según otro de los voceros oficiales en la rueda de prensa, los negociadores de EEUU “interactuemos directamente con representantes de Nicolás Maduro pero también participemos activamente en la consulta con miembros de la oposición venezolana, la Plataforma Unitaria incluida la candidata presidencial María Corina Machado”. Otro de los voceos, probablemente un embajador del Departamento de Estado afirmó que “hoy estamos muy, muy felices y orgullosos de que meses de largo trabajo estén dando frutos para permitir que los estadounidenses se reúnan con sus familias, así como que los prisioneros venezolanos se reúnan con sus amigos y familiares en Venezuela”. El régimen chavista mantiene más de dos decenas de presos políticos en sus mazmorras.

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El gobierno de Guyana confirmó al régimen chavista, una vez más y ante testigos de diversos países, que no mantendrá negociaciones bilaterales sobre los límites entre los dos países. De esta manera, el gobierno guyanés desmintió la versión hecha correr por el aparato de propaganda del chavismo, según la cual Nicolás Maduro habría logrado que el presidente guyanés Irfaan Ali, con quien se reunió el 14DIC23 en Argyle, San Vicente y Granadinas, aceptara crear una comisión bilateral para discutir el diferendo territorial.

Con la “Declaración Conjunta de Argyle”, Guyana y Maduro se comprometieron a crear una “comisión conjunta” de ministros de Exteriores “para tratar los asuntos mutuamente acordados”, sin precisar cuáles serían esos temas. Según la propaganda chavista, en ese listado estaría incluido el diferendo limítrofe que actualmente es objeto de un proceso judicial, impulsado por Guyana, ante la Corte Internacional de Justicia.

El 25ENE24 en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, se produjo la primera reunión de esa “comisión conjunta”, celebrada bajo los auspicios del gobierno de Brasil y en la cual participaron además un enviado del Secretario General de la ONU y el embajador de San Vicente y Granadinas en Brasil. El canciller brasileño, Mauro Viera, actuó como “interlocutor y facilitador principal” en correspondencia con el rol de virtual arbitro que los dos gobiernos le confirieron a Lula da Silva ante las amenazas de acción militar sobre Guyana expresadas por Maduro. Los enviados de Guyana y de Maduro, Hugh Todd e Yván Gil, expusieron las agendas de temas que proponen debatir en ese foro y acordaron celebrar próximamente una nueva reunión. En resumen, la conclusión de la reunión fue acordar una nueva próxima reunión. El enviado de Maduro se hizo acompañar del ministro de “ecosocialismo” y del representante permanente del régimen en la ONU.

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El periódico caraqueño Ultimas Noticias, usual vocero de la dictadura chavista, titulo el 25ENE24 que “Venezuela y Guyana acuerdan evitar intervención de potencias extranjeras” basado en declaraciones del canciller Yván Gil. El 22NOV23 fue Gil justamente quien en la sede de la cancillería brasileña había anunciado una acción militar contra Guyana en presencia de los ministros de Defensa suramericanos.

Observadores de la reunión celebrada en el Palacio de Itamaraty el 25ENE24 confirmaron a este Informe que el canciller guyanés ratificó que su país no atenderá los pedidos de Maduro de regresar a un esquema bilateral para resolver el diferendo limítrofe. Mientras Gil hablaba de “evitar la intervención de potencias extranjeras en la controversia” el enviado guyanés expuso una lista de temas de comercio bilateral. Un comunicado publicado el 25ENE24 por el gobierno de Guyana señaló que “la posición de Guyana con respecto a la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela no ha cambiado”. Según el texto oficial, la solución de esta controversia está en “la Corte Internacional de Justicia”  y por lo tanto “deberá permanecer allí hasta que la Corte dicte su decisión final sobre el fondo del caso” por lo cual, “Guyana no socavará el proceso judicial ni el Acuerdo de Ginebra participando en cualquier otro medio de solución de la controversia mientras esté pendiente ante la Corte”. Como premio de consolación, Guyana ofreció que la comisión en sus futuras reuniones se enfoque en mejorar los acuerdos ya existentes en materias de drogas, combustible de aviación y “seguridad alimentaria”. Mientras Maduro alega que logró una “victoria histórica” sobre Guyana en el tema limítrofe, el gobierno guyanés prefiere hablar de sus ventas de arroz a Venezuela y retomar un acuerdo por el cual Hugo Chávez se comprometió a vender jet A1 a Guyana.

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Una mujer latinoamericana ocupará, muy probablemente, la Secretaría General de las Naciones Unidas durante el quinquenio que comienza el 01ENE27. Si bien la elección del nuevo secretario debería producirse sólo a mediados del año 2026, en los corrillos de la ONU y en importantes cancillerías ya se debate el nombre del reemplazo del portugués Antonio Guterres quien cumple actualmente su segundo periodo en el cargo.

Un consenso, no escrito, establece que el próximo titular de la Secretaría deberá ser una mujer, la primera en ocupar tal posición planetaria. Igualmente, por una hipotética rotación, el próximo secretario deberá prevenir de un país de América Latina (y el Caribe). Además, los rumores insistentes entre la burocracia de la ONU sugieren un eventual final apresurado de la gestión de Guterres sin esperar el fin de su mandato.

En ese contexto el nombre de la chilena Michelle Bachelet, dos veces presidenta de su país y ex alta Comisionada para DDHH de la propia ONU, está corriendo como la posible sucesora de Guterres. El nombre de Bachelet fue hecho público por la represente de Chile en la ONU, Paula Narvaes, durante una entrevista el 22ENE24 con una radio chilena. Narvaes aseguró que representantes de varios países ya le han indicado “informalmente” su apoyo a la candidatura de Bachelet.

La lista de potenciales candidatas a la Secretaría General de la ONU también incluye a la ecuatoriana María Fernanda Espinoza, quien fuera ministra de Exteriores y de Defensa de los gobiernos del izquierdista Rafael Correa y, además, fue presidenta de la Asamblea General de ONU en el periodo 2018-19. La actual Secretaria de Exteriores del gobierno de México, miembro del izquierdista Grupo de Puebla y ex Secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, es otro nombre que podría competir por el cargo. Igualmente, algunos observadores de los movimientos en la ONU, sugieren el nombre de la costarricense Rebeca Grynspan quien actualmente ejerce como Secretaria General de UNCTAD, el órgano de la ONU dedicado al comercio y desarrollo.

Publicado originalmente en:



sábado, 11 de noviembre de 2023

EEUU y María Corina Machado extienden plazo a Maduro

Informe Otálvora del 04 de noviembre de 2023

María Corina Machado conversa con Mario Vargas Llosa el 24OCT23. Foto: @MariaCorinaYA



La oposición venezolana entró en una línea de choque contra el secretario General de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo, está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna. A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las bocas del rio Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto no existe una delimitación marítima.

El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.

Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”.

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La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del continente.  En general, tal posibilidad no parece realista.

Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon (45%), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25%) y la estadounidense Hess (30%). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el 55% de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por autorización de Guyana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero esas empresas son en realidad socias del chavismo.

El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y futura explotación, esta vez en aguas no profundas.

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El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité, decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro   en el que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”

El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para las hipotéticas elecciones de 2024. Mediante la sentencia, la sala electoral del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la entrega de innumerables documentos incluyendo “el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía General, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta clausula fue presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.

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La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.

Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados. El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en Washington.

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La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta, pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que opera desde Bogotá.  Palmieri, en declaraciones a Gabriela Perozo del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a sólo dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo, por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato presidencial de la oposición democrática”.

Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.

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María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección política”.  En aquellos días, , Machado no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están representados”.

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Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23, en las cuales según los organizadores logró el 92,35% de los votos válidos, Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.

El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portar argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.

Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el gobierno de Maduro.

El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Este Informe consultó infructuosamente al comando de María Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.

Publicado originalmente en:




sábado, 28 de octubre de 2023

EEUU descubre que Maduro incumplirá acuerdos de Barbados

Informe Otálvora del 20 de octubre de 2023

Acto de firma de acuerdos entre oposición y representantes de Maduro, Bridgetown, 17OCT23. Foto: Cancillería Colombia



El Departamento de Estado de EEUU confirmó al Informe Otálvora que el gobierno de EEUU adquirió compromisos con representantes de Nicolás Maduro.

"Estados Unidos se comprometió con representantes de Nicolás Maduro y coordinó cuidadosamente con la Plataforma Unitaria los pasos necesarios para avanzar en una solución negociada que conduzca a elecciones competitivas y la restauración de la democracia en Venezuela”, asegura un vocero del Departamento de Estado en email recibido por este Informe.

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Menos de 24 horas después de suscrito el 17OCT23 un acuerdo entre la dictadura venezolana y negociadores opositores, a cambio de lo cual EEUU aliviaría sanciones económicas al régimen, en el gobierno Biden comenzaron a sentir que Nicolás Maduro se dispone a burlar los compromisos firmados en Barbados y aquellos a los cuales acordó privadamente con enviados estadounidenses.

Una rueda de prensa virtual organizada por el Departamento de Estado para el 18OCT23, en la cual participarían dos voceros oficiales estadounidenses, del propio Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, bajo compromiso de anonimato, habría sido movida de hora reiteradamente en espera de la emisión de un comunicado oficial sobre las medidas tomadas ese día por EEUU a favor de la dictadura chavista. Pese a que los textos estaban preparados con anticipación, el Departamento de Tesoro esperó hasta el final del día para publicar las licencias que permitirían a las empresas del mundo regresar a Venezuela para hacer negocios con el régimen chavista en gas, petróleo y en la desbastadora explotación de oro en la Amazonía y la Orinoquia venezolanas.  

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El día anterior el Departamento de Estado y la Casa Blanca se habían mostrados exultantes ante las firmas en Barbados. El vocero del Departamento de Estado escribió el 17OCT23 en la red X “acogemos con satisfacción el acuerdo electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, un paso crucial hacia unas elecciones competitivas. Seguimos apoyando la restauración pacífica de la democracia”. Demostrando que el contenido de lo firmado unas horas antes en Barbados, ya era de conocimiento de una larga lista de gobiernos aunque no de los venezolanos, pocas horas después circuló un comunicado suscrito por los jefes de asuntos exteriores de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea mostrando “beneplácito” por el acuerdo de Barbados como “un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela”. Pero tras las firmas de los acuerdos electorales y desde la misma sala donde se habían suscrito los textos, el enviado de Maduro, Jorge Rodríguez, había desinflado las expectativas creadas por EEUU y los negociadores opositores. Rodríguez aseguró que toda la materia electoral pactada estaría condicionada a las leyes venezolanas, que no aceptarían delegaciones para monitoreo electoral sino “delegaciones técnicas” de observadores, igualmente desmintió que el régimen se propusiera dejar a un lado las inhabilitaciones políticas impuestas a importantes líderes políticos opositores, entre ellos María Corina Machado quien ha ganado alta figuración en las llamadas “elecciones primarias” de la oposición. Ya de regreso en Caracas, Rodríguez junto a Maduro confirmaron que los acuerdos con EEUU y con la oposición no significarán cambios en las normar electorales venezolanas ni concesiones a la oposición. Maduro de esa manera atendía a la incertidumbre creada dentro del chavismo sobre las concesiones que estaba dispuesto a hacer a cambio del prometido ablandamiento de las sanciones de EEUU.

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La noche del 18OCT23, el Departamento de Estado emitió un comunicado a nombre del Secretario de Estado Antony Blinken quien a esa hora viajaba junto a Biden desde Israel con escala en Alemania. El comunicado de Blinken, describía sumariamente el contenido de las licencias emitidas pocas horas antes por el Departamento del Tesoro. Pero reiteradamente resaltó que las licencias con vigencia de seis meses no tendrían renovación automática y estarían sujetas a que Venezuela [es decir, el régimen chavista] “cumpla con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”. El comunicado reiteró que “el gobierno de EEUU tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”. La respuesta de Washington a las expresiones de Maduro y su negociador fue colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física” y antes de terminar noviembre el régimen debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado afirmó que el Departamento del Tesoro “está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”.

Por su parte, Juan González el teórico de los “incentivos” al régimen chavista, amenazó en entrevista con la agencia EFE distribuida el 19OCT23 con “calibrar la política de sanciones” en caso de que “antes de fines de noviembre” el régimen no defina un camino para la rehabilitación de candidatos y se comience a liberar a los estadounidenses detenidos injustamente y a los prisioneros políticos”.

Desde Caracas, Maduro y Rodríguez dejaron saber que el plazo del mes de noviembre no formaba parte de lo acordado en las reuniones secretas con EEUU y amenazaron con hacer públicos los pormenores de esas negociaciones. La huella  de la “diplomacia” del régimen cubano no pasa desapercibida en la respuesta del régimen chavista a los sorprendidos funcionarios estadounidenses.

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El acto de firma de los acuerdos entre el régimen chavista y la oposición del 17OCT23 fue en idioma inglés. La maestra de ceremonias, proporcionada por el gobierno de Barbados, se dirigió preferentemente a los presentes en inglés pese a su dominio del español. Y las delegaciones formadas por venezolanos curiosamente suscribieron dos versiones de los dos acuerdos, una en español y otra en inglés. Entre los firmantes se encuentra la modelo italiana Camilla Fabri, acusada de lavado de activos en Italia y esposa del operador financiero del chavismo Alex Saab quien permanece preso en EEUU. El régimen se opuso a que el asesor político Lester Toledo, opositor actualmente en el exilio, firmara los acuerdos por considerarlo un “prófugo”. Dado que los textos a ser firmados llegaron a Barbados ya impresos, el nombre de Toledo aparece en las versiones firmadas pero sin la rúbrica del opositor.  

El evento tuvo sede en el centro de convenciones de Barbados, el Lloyd Erskine Sandiford Centre. En la mesa principal fueron colocados los dos jefes de las delegaciones negociadoras, Jorge Rodríguez por el chavismo y Gerardo Blyde por la oposición. Junto a ellos se encontraba el ministro de exteriores de Barbados, Jerome Walcott, en representación de la primer ministra de Barbados Mia Mottley, quien el 08JUL23 visitó Caracas para suscribir acuerdos con Maduro. Desde el año 2019 Mottley ha sido anfitriona de diversos encuentros entre el régimen chavista y negociadores opositores. En la mesa también se encontraba el mexicano Efraín Guadarrama Director de Organismos Regionales en la cancillería mexicana quien el día antes estuvo reunido con Maduro en Caracas como parte de la delegación encabezada por la canciller de México y miembro del Grupo de Puebla Alicia Barcena. El quinto miembro de la mesa fue el diplomático noruego Dag Nylander, encargado de las funciones de facilitador.

Para el evento en Bridgetown, el Departamento de Estado de EEUU movilizó a su encargado de Negocios ante el gobierno de Colombia y jefe de la “Oficina Externa para Venezuela”, Francisco Palmieri, quien asistió con la embajadora estadounidense local Linda Taglialatela. El gobierno de los Países Bajos, quien junto a Rusia actuó como acompañante de las negociaciones, envió a su embajador en Trinidad & Tobago Cor Hersbach y a funcionarios que viajaron desde La Haya. La Unión Europea estuvo representada por su embajadora en Barbados Małgorzata Wasilewska, Francia comisionó a su embajador en Santa Lucia Francis Etienne y, el Reino Unido se hizo representar por su Alto Comisionado para varios países del Caribe Scott Furssedonn-Wood.

Los invitados especiales del evento fueron los representantes de gobiernos controlados por el Grupo de Puebla, aliados del chavismo. Gustavo Petro envió a su canciller Álvaro Leyva y Lula da Silva se hizo representar por su “asesor presidencial”, fundador del Grupo de Puebla y jefe real de la diplomacia brasileña Celso Amorim. Alberto Fernandez comisionó a su Embajador local Ciro Ciliberto Infante. También estuvo presente el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien viajó a Barbados como parte de la comitiva de Jorge Rodríguez.

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El 17OCT23, tras negociaciones “secretas” entre EEUU, la dictadura chavista y un sector de la oposición venezolana, fue suscrito en Bridgetown, Barbados, un “acuerdo parcial” en materia electoral.  

A los efectos de buena parte de los numerosos actores extranjeros involucrados, con la firma del acuerdo concluye el proceso de negociaciones que debería llevar a elecciones presidenciales aceptables internacionalmente. La izquierda continental congregada en el Grupo de Puebla aupó el esquema propuesto por EEUU de aliviar sanciones económicas a cambio de un compromiso político entre el chavismo y la “Plataforma Democrática”. Juan González, el encargado por la Casa Blanca para las negociaciones con el chavismo, colombo-estadounidense que sirve como asesor del presidente Biden y como responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, gusta usar la expresión “incentivos” para referirse a la política de apaciguamiento a la dictadura que se ha materializado en una  secuela de medidas adoptadas desde el 2021 con el ablandamiento  de sanciones a cambio de negociación política, con las cuales han ido satisfaciendo simultáneamente a empresas petroleras estadounidenses deseosas de hacer negocios en Venezuela y a la dictadura chavista sedienta de petrodolares.

El último en unirse en esa dirección fue el brasileño Lula da Silva quien el 19JUL23 afirmó en Bruselas que "la situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el Gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas "y a paso seguido, "el compromiso de que empiecen a caer los castigos impuestos por EEUU”. Las declaraciones del brasileño se produjeron a la salida de un encuentro promovido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con participación del colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernandez y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea Josep Borrell, al cual asistieron la vicepresidenta ejecutiva del régimen venezolano Delcy Rodríguez y el negociador opositor Gerardo Blyde.

Lula, Petro y Fernandez, miembros del izquierdista Grupo de Puebla pero deseosos de mantener buenas relaciones con Washington, se habían comprometido con EEUU, cada uno en su ocasión, para servir de puentes con el régimen chavista. De hecho, junto al mexicano Manuel López Obrador, los mandatarios de Argentina, Brasil y Colombia crearon una instancia para acompañar las conversaciones entre Maduro y los opositores.

La presencia de Delcy Rodríguez en Bruselas el 19JUL23, confirmaba que ella y su hermano Jorge Rodríguez estaban actuando en las conversaciones, pláticas y negociaciones que Maduro mantenía simultáneamente con EEUU y con la oposición. Voceros de EEUU han asegurado que Catar prestó su asistencia a las negociaciones, confirmando las versiones según las cuales Doha, donde fue reiteradamente vista Delcy Rodríguez a lo largo del año 2023, fue sede de diversas reuniones de las negociaciones.

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Los puntos del acuerdo firmado por los representantes de Maduro y de la Oposición en Barbados el 17OCT23 son todas de carácter dubitativo, sujetos a futuras interpretaciones.  Como resaltaron Maduro y Rodríguez en diversas intervenciones, la aplicación del acuerdo sobre “promoción de derechos políticos y garantías electorales” estarán sujetos a la aplicación de “la Constitución”, las leyes electorales y “demás normas jurídicas aplicables”, lo cual coloca el acuerdo en el terreno controlado por el régimen, desde las instancias judiciales hasta las autoridades electorales. Según el texto, las partes “reconocen y respetan” el derecho a que cada actor selecciones su candidato presidencial. Las partes “promoverán de manera conjunta ante” las autoridades electorales [designadas y controladas por el régimen entre sus propios militantes] un “conjunto de garantías”. Esas garantías “que serán promovidas” incluyen “proponer” que las elecciones se realicen en el segundo semestre del 2024, actualización del registro de votantes, auditorias al sistema electoral, invitar “misiones técnicas de observación” [no de monitoreo, insisten los chavistas] de la Unión Europea, ONU, Unión Africana, Centro Carter, y un grupo denominado “Unión Internacional de Organismos Electorales”. El chavismo expresamente vetó la posibilidad de invitar representantes de la OEA. Las partes igualmente acordaron “requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos”. En otro aparte acuerdan “promover” el equilibrio en los medios de comunicación”. Por cierto, el 20OCT23, pocos días después de haber sido suscrito el acuerdo en Barbados, el régimen chavista prohibió a las estaciones de radio y TV, informar sobre el proceso de las elecciones primarias planeadas por los partidos opositores para el 22OCT23.

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Hasta la fecha desde que EEUU impusiera las primeras sanciones financieras al régimen chavista en 2017, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden habían emitido licencias públicas y privadas que permitían obviar las sanciones económicas impuestas. Trump autorizó a Chevron y a varias empresas de ingeniería petrolera estadounidenses a permanecer en Venezuela, con mínimas operaciones, bajo el argumento de que de lo contrario Rusia se apropiaría de las empresas situadas en territorio venezolano. Desde finales del año 2022 EEUU había autorizado la reactivación de exportaciones petroleras por parte de Chevron, la italiana ENI y la española Repsol, así como el suministro a Venezuela de insumos necesarios para la producción. Esas licencias eran de carácter individual, prohibían el pago de impuestos y regalías el régimen chavista y no contemplaban el inicio de nuevas operaciones de exploración y apertura de nuevos pozos. Igualmente, el gobierno de EEUU había autorizado al gobierno de Trinidad y Tobago y a la petrolera Exxon a pactar con el régimen un acuerdo para la explotación de gas en la fachada oriental venezolana para su transferencia a plantas en territorio trinitario.

Las licencias emitidas el 18OCT23 obvian la obtención de permisos individuales para que personas y empresas con actividad en EEUU puedan realizar operaciones petroleras y gasíferas en asociación con el régimen chavista  y pagarle en divisas los impuestos, regalías y ganancias. Las licencias tendrán vigencia de seis meses no prorrogables automáticamente. Para el cumplimiento de lo anterior, EEUU ha autorizado al sistema financiero estadounidense para permitir que la banca estatal venezolana sirva de intermediario financiero en los flujos monetarios correspondientes a las operaciones petroleras, gasíferas y mineras. El gobierno Biden no autorizó operaciones en las cuales estén involucrados el gobierno o empresas de Rusia. Esto habría sido la razón para el rápido viaje de Delcy Rodríguez a Moscú, el 11OCT23, luego de una rápida visita a Catar, antes de que se hicieran públicos los acuerdos. Además, el gobierno Biden autorizó operaciones con algunos de los bonos de deuda pública venezolana.

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Uno de los tantos temas polémicos alrededor de las licencias concedidas por EEUU a la dictadura venezolana tiene que ver con autorizar operaciones internacionales de la empresa estatal minera Minerven. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Estado se han visto, sin que nadie se lo preguntara, en la situación de justificar esa decisión. Alega el gobierno de EEUU que “emitió una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendría el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro”.

Al respecto, el grupo SOSOrinoco, que hace monitoreo y documenta  la destrucción de la Amazonía y Orinoquía venezolanas por parte de la explotación aurífera promovida y ejecutada por el régimen chavista, emitió el 21OCT23 un comunicado respondiendo al Departamento de Tesoro: “mucho antes de la imposición de sanciones, e l decreto del Arco Minero impulsó un modelo de negocio caótico, violento y criminal, sin tomar en cuenta derechos humanos ni regulaciones ambientales, que ahuyentó a las grandes compañías mineras internacionales”. Agrega que “con este levantamiento de sanciones el régimen de Maduro tiene un nuevo incentivo para profundizar aún más la política del Arco Minero ya que por la puerta de Minerven podrán sacar más oro al mercado internacional "legalmente": Maduro y su grupo de beneficiarios (militares, altos personeros políticos y financistas del régimen) ahora seguirán traficando, pero abiertamente”.

Otro aspecto, de grandes consecuencias, que está siendo comentado en medios judiciales y políticos en EEUU es el referente al reconocimiento implícito que el gobierno Biden habría hecho del gobierno de facto de Maduro como representante legal del estado venezolano. Oficialmente EEUU no reconoce a Maduro como titular de un gobierno venezolano, pero en las licencias emitidas y en el lenguaje utilizado queda implícito que “los representantes de Maduro” son los representantes de un gobierno. Esta interpretación pudiera tener consecuencias inesperadas pero predecibles en procesos judiciales que se siguen en diversos países sobre la titularidad de los bienes estatales venezolanos… y de la deuda que mantiene.

Publicado originalmente en:




lunes, 31 de julio de 2023

EEUU delega en Francia y Grupo de Puebla el tema Venezuela

Informe Otálvora del 29 de julio de 2023

Reunión presidida por Emmanuel Macron sobre situación de Venezuela el 17JUL23 en Bruselas. Foto: Presidencia de Brasil. 

La Fiscalía de Colombia arrestó la mañana del 29JUL23 a Nicolas Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, investigado por “lavado de activos y enriquecimiento ilícito” en el marco de la campaña electoral que llevó a su padre a la Presidencia de Colombia en las elecciones del 19JUN22.

Petro Burgos, de 37 años de edad, entró a la política de la mano de su padre cuando este ejercía como Alcalde de Bogotá. Posteriormente se convirtió en un operador político de su padre en la costa Caribe, actuando en alianza con el jefe de la campaña de Petro, el ahora exembajador Alberto Benedetti. Posteriormente, con Gustavo Petro ya presidente electo, Nicolás Petro y Benedetti comenzaron a preparar la entrega de la empresa venezolana basada en Barranquilla, Colombia, Monómeros Colombo-Venezolanos a Nicolás Maduro a cambio de la designación en la junta directiva de dos colombianos. Los planes de Petro Burgos para hacer negocios con la empresa Monómeros fueron hechos públicos por su exesposa, Daysuris Vásquez, quien también fue arrestada el 29JUL23 acusada por la Fiscalía de “lavado de activos y violación de datos personales”.

Petro Burgos habría recibido altas sumas de dinero para la campaña de su padre de manos de un viejo jefe del contrabando y el narcotráfico local, Samuel Santander Lopesierra, conocido desde los años noventa como “el hombre Marlboro”. El dinero aportado por Santander no habría entrado a la contabilidad de la campaña de Gustavo Petro.

Benedetti quien detentó el cargo de Embajador ante el gobierno de Maduro hasta el 19JUL23, fue citado para el 03AGO23 a la sede de la Fiscalía en Bogotá para declarar sobre financiamiento ilegal a la campaña de Petro.

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La alianza del régimen chavista con la guerrilla colombiana del ELN incluye la comercialización internacional de petróleo, según se desprende de resultados de una investigación seguida a lo largo de varios años por la dirección de investigación judicial DIJIN de la Policía Nacional de Colombia.

La Fiscalía colombiana descubrió un esquema de robo de crudo colombiano que transita por el oleoducto Caño Limón-Coveñas desde los llanos orientales de Colombia hasta la costa Caribe. Blanco de ya innumerables ataques dinamiteros por parte del ELN desde finales de los años ochenta, el oleoducto se habría convertido en otra fuente de ingresos para la organización narcoguerrillera que participa directamente o brinda protección a empresas que realizan la sustracción. El crudo colombiano propiedad de la estatal Ecopetrol robado por el ELN y sus socios de empresas privadas colombianas, se habría estado sumando a cargamentos de crudo venezolano ingresados de contrabando a Colombia para su reexportación buscando evadir las sanciones de EEUU. La artimaña de disfrazar el crudo venezolano con el colombiano para su venta incluso a EEUU ya había sido reportado por la empresa Ecopetrol desde el año 2022. La novedad ahora es que dentro del esquema participa la guerrilla del ELN, aliada y protegida por el régimen chavista.

Por cierto, durante una interpelación convocada por la congresista por Florida María Elvira Salazar, el 27JUL23, un alto representante del Departamento de Estado afirmó que EEUU no se sumaría a las negociaciones que el gobierno de Gustavo Petro adelanta con el ELN. Mark Wells quien ejerce como Subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental, afirmó que EEUU no está considerando retirar al ELN de la lista de organizaciones terroristas y que las negociaciones de esa narcoguerrilla con el gobierno Petro son vistas por Washington con “un sano escepticismo”.

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El presidente francés Emmanuel Macron decidió involucrarse directamente en el “tema Venezuela”, procurando convertirse en promotor de las paralizadas negociaciones entre el régimen chavista y un sector de la oposición denominado “Plataforma Unitaria”. Francia habría retirado a principios de año a Venezuela de una lista de restricciones comerciales y, el pasado mes de abril optó por cambiar a su jefe de misión diplomática en Caracas, el embajador Romain Nadal, molesto a los ojos del régimen chavista, a quien está enviando como Embajador a Buenos Aires.    

Según diversas fuentes, Macron se valió del presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, para establecer un puente directo con Nicolás Maduro. Sissoco visitó Caracas el 02NOV22 y pocos días después, el 07NOV22, fue el encargado de reunir “casualmente” a Macron con Maduro en un pasillo del Centro Internacional de Convenciones de Sharm El-Sheikh, Egipto, durante la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático CO27. Allí Macron solicitó a Maduro el envío de un representante para el encuentro inminente que tendría lugar en el marco del “Foro de París sobre la Paz,” el 11NOV22, en el cual el francés reuniría al colombiano Gustavo Petro y al argentino Alberto Fernández para conversar sobre la situación venezolana. En esa ocasión, Macron reunió al enviado del régimen chavista, Jorge Rodríguez, al jefe negociador de la oposición Gerardo Blyde, a los mandatarios de Argentina y Colombia a quienes se sumó la ministra de exteriores noruega Anniken Huitfeldt. El propósito era estimular el reinicio de las negociaciones de México.

El mandatario de Guinea-Bisáu regresó a Caracas nuevamente el 07MAY23.

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EL 17JUL23 en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, Macron realizó una nueva reunión sobre Venezuela paralela a la “cumbre” entre gobiernos de la UE y de la CELAC. El cartelón que identificaba a los asistentes lo calificaba como “Monsieur le Président” mientras el cartelón de los restantes mandatarios presentes rezaba “Son Excellence Monsieur”. La declaración conjunta, emitida al día siguiente, fue redactada y distribuida en francés.  No quedaba duda que se trataba de una gestión francesa a la cual se sumaba como invitados el colombiano Petro, el argentino Fernández y un nuevo convidado, Lula da Silva, quien intenta hacer ver en su país que es un líder global y trata de adjudicarse la reunión sobre Venezuela. Los tres mandatarios latinoamericanos invitados por Macron son miembros fundadores o asociados del izquierdista Grupo de Puebla. En el encuentro de Bruselas participó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. El representante de la oposición nuevamente fue Gerardo Blyde, quien una semana antes había viajado a Washington para conversaciones con el Departamento de Estado, según reveló este Informe en su edición del 15JUL23. La representación del régimen chavista estuvo en la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez quien momentáneamente sustituyó a su hermano en las funciones de contraparte con Blyde. El encuentro de Bruselas fue una reunión informal, sin agenda previa y obviamente sin resultados esperables.

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Delcy Rodríguez forma parte desde el 25JUN18 de los jerarcas del régimen chavista con prohibición de ingreso a territorio de la UE, en razón de las sanciones aprobadas mediante la Decisión 2017/2074 del Consejo de la UE del 13NOV17 contra “las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela” y, personas “cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela”. La asistencia de Rodríguez fue posible mediante la emisión de un permiso especial amparado en que la Decisión del año 2017 contempla el ingreso a territorio de la UE de sancionados que asistan a eventos convocados por una “organización internacional intergubernamental” de la cual forme parte el país receptor. Dado que a los efectos de la CELAC la representación de Venezuela la ejerce Nicolás Maduro y la cumbre era un evento del cual la UE era anfitrión, Rodríguez podría estar en Bruselas para la cumbre. En la tónica usual de la “diplomacia” chavista, Rodríguez violó los términos del permiso concedido que limitaba su acción a la cumbre UE-CELAC, y la noche del 17JUL23 participó en un evento proselitista denominado “Cumbre de los Pueblos” organizado por el régimen de Cuba y varios partidos comunistas europeos en la sede de la “Universidad Libre de Bruselas”.  

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El comunicado emitido en francés por los gobiernos de Francia, Argentina, Brasil y Colombia informando de la reunión del 17JUL23 sobre Venezuela, afirmó que los suscriptores “alentaron al gobierno venezolano y a la plataforma unida de la oposición a retomar el diálogo y la negociación en el marco del proceso de México para acordar, entre otros puntos de la agenda, las condiciones de las próximas elecciones”, agregando que “este proceso debe ir acompañado del levantamiento de las sanciones de todo tipo, con miras a su levantamiento total”. Acuerdo político para elecciones “justas para todos, transparentes e incluyentes” a cambio de poner fin a las sanciones es la receta esgrimida por Francia y sus asociados en el tema. El comunicado adelanta que los participantes realizarán en París el 11NOV23 un nuevo balance de la situación venezolana. Pese a que Gerardo Blyde en su intervención se refirió a la liberación de los presos políticos, los firmantes no incluyeron alguna referencia al tema en su declaración.

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En la reunión de Bruselas sobre Venezuela surgió repetidamente el nombre de María Corina Machado, la líder opositora actual precandidata presidencial, a quien la “Contraloría General” del régimen chavista declaro el 30JUN23 inhabilitada por 15 años para ejercer cargos de elección popular. En el pasado los equipos diplomáticos de la Unión Europea, dirigidos por Josep Borrell y su predecesora Federica Mogherini, obviaron a Machado en sus viajes de consulta a Venezuela. Ahora, la inhabilitación de Machado fue uno de los asuntos recriminados a la enviada de Maduro.

El comando de campaña de Machado hizo público el 20JUL23 un comunicado redactado por su “Consejo Político Internacional” el cual rechazó “la utilización de la Cumbre UE-CELAC como bastidor para organizar una reunión con representantes de algunos sectores de la oposición venezolana y la Sra. Delcy Rodríguez, con el objetivo de tratar de reanudar un diálogo desbalanceado y sin objetivos precisos”. En el “Consejo Político Internacional” de figuran los diplomáticos Milos Alcalay, Diego Arria, Adolfo Salgueiro, además de personalidades del mundo político como Carlos Blanco, Humberto Calderon Berti y  Antonio Ledezma entre otros. Machado, quien se ha mantenido al margen de las negociaciones de México, no reconoce la representatividad de Gerardo Blyde como negociador y ha dejado saber que tras las elecciones primarias opositoras, en las cuales aspira obtener una suerte de comprobante de liderazgo único opositor, ella se dispondrá a negociar con el régimen “desde una posición de fuerza”. “Abrir negociaciones para la salida del régimen no para la quedada” es una frase reiterada por Machado en sus intervenciones públicas.

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La reunión de la CELAC y la UE fue utilizada por el presidente de gobierno de España Pedro Sánchez para celebrar un encuentro y tomar la respectiva fotografía de familia pocos días antes de las elecciones españolas, acompañado de mandatarios izquierdistas “progresistas” de ambos lados del Atlántico. En el encuentro convocado por el ex primer ministro sueco Stefan Lofven, realizado en Bruselas el 18JUL23 en obvio apoyo a la candidatura de Sánchez, participaron, además de mandatarios de Portugal, Alemania y Dinamarca, los “progresistas” Lula da Silva, Alberto Fernández, Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y la mexicana Alicia Bárcena que llegó en representación de Manuel López Obrador. El Grupo de Puebla de esta manera dejaba constancia de su apoyo a la reelección de Sánchez.

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 En Bruselas el 19JUL23, Lula ofreció una rueda de prensa en la cual fue consultado en relación a la reunión sobre Venezuela. Lula, quien anda activo en reactivar la presencia de Maduro en los foros internacionales americanos, dejó saber que se sumaba a quienes procuran un acuerdo político entre el régimen chavista y la oposición. “La situación de Venezuela va a ser resuelta cuando los partidos en Venezuela junto con el gobierno llegaran a una conclusión sobre la fecha de la elección, y llegaran a la conclusión sobre las reglas que van a establecer las elecciones. Y con base en eso, el compromiso de que los castigos impuestos por EEUU comiencen a caer.  Si ellos acordaran las reglas y la fecha de las elecciones, creo que nosotros tendremos autoridad moral para pedir el fin de las sanciones”.

Lula estará recibiendo nuevamente a Nicolás Maduro el 09AGO23 en la ciudad de Belem do Pará, donde se realizará una reunión presidencial de los suscriptores del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, base de la paralizada Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

 

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Mientras Macron reunía en Bruselas al Grupo de Puebla para hablar sobre Venezuela, en Washington el asesor presidencial y negociador del gobierno Biden con el régimen chavista, el colombo-estadounidense Juan González, se refería a la situación de Venezuela en entrevista con la Voz de América. González se refirió el 20JUL23 a la oferta de suspensión de sanciones a jerarcas chavistas y a empresas estatales venezolanas como “incentivos” para que el régimen “tome una ruta diferente” y amenazó con que esa oferta tiene “fecha de caducidad”. La inhabilitación a María Corina Machado y a otros opositores estaría cerrando la opción de “elecciones libres y justas” en Venezuela según el también responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

 

Con Lula aún en viaje a Europa y África, aterrizó en Brasilia la subsecretaria de Estado para Asunto Políticos de EEUU, Victoria Nuland, para sostener encuentros con el asesor presidencial Celso Amorim y con la Secretaria General de la cancillería María da Rocha. Amorim, quien acompañaba a Lula en Bruselas, voló directamente a Brasil para el encuentro con la enviada estadounidense. En entrevista con O Globo publicada el 21JUL23, Nuland comentó la reunión sobre Venezuela en Bruselas: “Fue muy bueno ver no sólo al régimen de Maduro además de políticos de la oposición trabajando juntos, apoyados por líderes europeos y del hemisferio, con todos presionando en la misma dirección que es llegar a una elección libre y justa”. Y sobre el papel de Lula afirmó que “el liderazgo de Brasil, su habilidad diplomática, esperamos que influencie a Maduro para realmente permitir un campo libre y justo para las elecciones”. Agregó que “es importante que EEUU y Brasil estén alineados en la presión para una elección libre y justa. Es eso lo que queremos ver de ahora en adelante y esperamos que permita relaciones mucho más normales. Y obviamente si EEUU tuvieran relaciones mas normales con Venezuela eso mejoraría la capacidad de todos trabajar juntos en el hemisferio”. La diplomática estadounidense confesó a O Globo que el propósito de su viaje a Brasilia fue “para oir un poco sobre lo que Brasil está pensando”.  Las declaraciones de González desde Washington y de Nuland en Brasilia dejaban al descubierto, una vez más, la ausencia de un plan del gobierno de EEUU para apoyar el proceso de democratización venezolano y mostrando un incomprensible optimismo sobre las gestiones que puedan adelantar los miembros del Grupo de Puebla, compañeros de ruta de la dictadura venezolana.

 

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Por cierto. Lula mantiene su posición de no contribuir con el esfuerzo bélico de Ucrania contra la invasión rusa. Pese a las solicitudes de sus aliados y amigos del gobierno alemán, Lula no permitió la venta a Alemania de municiones de artillería que estarían destinadas a Ucrania. Más recientemente, la cancillería brasileña prohibió la venta a Ucrania de vehículos blindados para uso como ambulancias y para evacuación de civiles en zonas de conflicto. El gobierno de Ucrania aspiraba comprar hasta 450 carros blindados Guarani producidos en Brasil en un proyecto conjunto de la italiana IDV y el Ejército brasileño.

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